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Con un plantón realizado esta mañana frente a la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), se exigió a su titular, Roberto Herrera Cáceres que vele por la integridad de seis estudiantes universitarios que fueron requeridos el pasado martes con orden de captura, emitida por el Ministerio Público (MP), tras una manifestación en los predios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa.
Así mismo, según la denuncia que presentó un grupo de defensores y defensoras de derechos humanos, estudiantes y ex catedráticos universitarios, periodistas, familiares y amigos de las víctimas de persecución, se solicita al CONADEH que se pronuncie contra la criminalización de la protesta social como parte del derecho a la Libertad de Expresión, que forma parte de los derechos humanos de las personas y está protegida por la Declaración Universal de 1948 y las leyes de todos los Estados democráticos.Es así, que el CONADEH debe velar por el respeto a la libertad de expresión, al que los y las estudiantes aniversarios han hecho uso al manifestarse con asambleas, plantones, tomas de edificios, comunicados y demás, para manifestar su disconformidad con las reformas universitarias excluyentes y arbitrarias que dejan sin el derecho a la educación pública a miles de personas a nivel nacional.
El martes 7 de junio, el Ministerio Público emitió orden de captura contra Moisés David Cáceres, Cesario Alejandro Padilla, Sergio Luis Ulloa, Josué Armando Velásquez, Dayanara Elizabeth Castillo, quien desde hace un año se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica (UCR), obligada por la misma persecución desde la UNAH, que rectora Julieta Castellanos, y aparece el nombre de Izhar Isael Alonzo, quien es desconocido por la comunidad estudiantil.
Los mismos criminalizados, a través de una carta pública manifestaron ayer que solo uno de ellos estaba en la UNAH ese día de la toma, y es Cesario Padilla, quien realizaba acciones de cobertura periodística y defensor de DDHH. En el desalojo violento del pasado miércoles 1 de junio, Padilla fue agredido por el comisionado Víctor Sánchez, quien le pretendió arrebatar la cámara fotográfica, porque estaba documentando el desalojo.
También exigimos a Julieta castellanos, que cese el “orejismo” y no militarice la UNAH, que ahí no es un cuartel militar, rectora platique, dialogue con los estudiantes, porque ayer se movilizaron seis mil, después serán diez mil, 20 mil, ellos no están cometiendo delito, solo exigen sus derechos de revisión de la tabla académica.
“Como padre, hondureño y ex trabajador universitario, me siento orgulloso de mi hijo, de las compañeras y compañeros periodistas y defensoras, porque hacen un trabajo extraordinario”, expresó el docente.
Agregó que “no tengo nada en contra de la rectora Julieta Castellanos, pero le digo que dialogue”; con respecto a la acusación contra su hijo y los demás estudiantes afirmó que dicha persecución se va a lo personal, ella –Julieta Castellanos- “no acusa a mi hijo de poner una bomba porque ¡no!”, lo acusa de rebelión, insubordinación, incitar, ser cabecilla del movimiento estudiantil, pero de eso último, mi hijo fue quien inició la rebeldía universitaria. Tambien dijo que “ella le prometió un trabajo y mi hijo tuvo la dignidad de decirle que no, y si estoy equivocado, desmiéntame rectora”.
El comisionado de los derechos humanos, Roberto Herrera Cáceres, recibió a parte de los manifestantes con quienes dialogó y escucho sus manifestaciones de protesta y peticiones de solidaridad para con los estudiantes criminalizados. Expresándoles que pondrá atención en los hechos y la orden de captura del expediente 1566-2016 del pasado 7 de junio que libró el Ministerio Público.
A la petición básica es que el Comisionado de forma urgente interponga sus oficios para que a los estudiantes que están siendo criminalizados, perseguidos y que tienen orden de captura, se les garanticen sus derechos, en una clara represión mediática y política.
Las acusaciones contra los seis estudiantes, corresponden al delito de Usurpación de suelos de uso y dominio público, que según el artículo 231 del Código Penal es penado de 3 a 5 años de prisión. Cabe mencionar que cuatro de estos requerimientos son para estudiantes que tienen medidas sustitutivas a la prisión, ya que en julio del 2015 fueron requeridos por el mismo delito, por lo que podrían ir a prisión tras la orden solicitada por las autoridades universitarias, sin que se les haya probado su participación.
El delito también se tipifica si con la usurpación se pretende adueñarse del suelo o espacio físico, pero los estudiantes no tienen esa intención cuando realizan tomas, sino permanecer por determinado tiempo hasta ser escuchado en un diálogo abierto, a lo que la rectora Julieta Castellanos les response con presencia de cuerpos represiones y criminalización, han declarado los universitarios.
Desde ayer permanece tomado el edificio de Odontología en Tegucigalpa y el campus de la UNAH- VS en San Pedro Sula. Hoy continúan las asambleas públicas en la Ciudad Universitaria y movilizaciones con estudiantes e Indignados en apoyo a sus compañeros, que vienen siendo perseguidos desde el 2013, pro formar parte de la lucha estudiantil.
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4164:conadeh-debe-velar-por-la-integridad-de-estudiantes-criminalizados&catid=42:seg-y-jus&Itemid=159
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Por dar falsos datos para criminalizar a estudiantes, denuncian a fiscales del MP y agentes de la ATIC
Abogados defensores de derechos humanos interpusieron hoy en el Ministerio Público, MP, una denuncia contra fiscales de esa institución y agentes de la Agencia Técnica de Investigación criminal, ATIC, involucrados en la criminalización de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, y que emplean datos falsos.
Según la denuncia, los funcionarios han utilizado datos falsos, acusando a dos universitarios que no están en Tegucigalpa e involucrando a un diputado muerto como el que trasladó a manifestantes durante la reciente protesta en la Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, que rectora Julieta Castellanos.
Uno de los togados que presentó la denuncia, es el ex fiscal de DDHH, y ahora dirige el Comité por la Libre Expresión C-Libre, Edy Tabora, quien expresó que los agentes de la ATIC comenzaron a hacer investigaciones y vigilancias a estudiantes de la UNAH que habían sido acusados el año pasado y argumentan que se les daba vigilancia para comprobar si cumplían las medidas cautelares impuestas de no acercarse a los predios universitarios.
Cabe mencionar, según Tabora, quien es del equipo que representa legalmente a los estudiantes judicializados, que esa medida no estaba contemplada en las dictadas por el Tribunal respectivo y eso es un claro abuso de autoridad porque se están atribuyendo facultades que no le corresponden y además el decreto de la creación de la ATIC no contempla la investigación de los delitos de usurpación.
Resalta el hecho de que los fiscales presentaron una acusación contra Dayanara Castillo, quien hace un año no se encuentra en el país, ya que se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica (UCR) por lo tanto no ha participado en ninguna manifestación, afirmando que la acusación es nula y reitera un abuso de autoridad. Asimismo acusan en el expediente 1566-2016 del 7 de junio del 2016, a otro estudiante que estaba en el occidente del país.
La denuncia también expresa la gravedad que conlleva el que se está haciendo uso del delito de usurpación para criminalizar la protesta pública y ese derecho tiene una finalidad que consiste en que para acusar a alguien esa persona debe apropiarse del bien inmueble, ese no es el propósito de la lucha estudiantil, sino que pretende la reivindicación del derecho a la educación pública, por lo cual el tipo penal no se configura.
Entonces
hay varios hechos que se conjugan para configurar el delito de
violación a los deberes de los funcionarios o de abuso de autoridad,
explicó Tábora.Diputado muerto les facilitaba transporte
En las acusaciones presentadas por los fiscales del Ministerio Público también se menciona al diputado Wilfredo Paz, como facilitador del transporte para los estudiantes para realizar las protestas y el congresista falleció unos meses atrás, lo que demuestra que la investigación del MP está totalmente sesgada, manipulada y dirigida a criminalizar a ciertas personas.
Las actuaciones del MP y la ATIC demuestran que ambas instituciones están participando en la Doctrina de Seguridad Nacional aplicada por el actual gobierno de Juan Hernández.
El martes 7 de junio, el Ministerio Público emitió orden de captura contra Moisés David Cáceres, Cesario Alejandro Padilla, Sergio Luis Ulloa, Josué Armando Velásquez, Dayanara Elizabeth Castillo, quien desde hace un año se fue a estudiar a la Universidad de Costa Rica (UCR), obligada por la misma persecución desde la UNAH, que rectora Julieta Castellanos, y aparece el nombre de Izhar Isael Alonzo, quien es desconocido por la comunidad estudiantil.
Ante el estado de injusticias que vive el pueblo hondureño en general, el movimiento social está saliendo a las calles a protestar, haciendo uso del derecho que le concede la Constitución de la República y los convenios internacionales de los cuales Honduras es signatario.
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