Artículos de Opinión

LIBRE, balance cultural

de Ocotepecus Copantl Lempa Zumpul, el Lunes, 21 de noviembre de 2011, 15:51
Rebeca Becerra rebecab1969@gmail.com
para eforza
Estimados amigos/as, he estado leyendo los escritos y respuestas que por cierto son pocas, comparto lo que platea Ricardo Salgado, en este sentido (carencia de discurso político) la situación por la que atraviesa el Frente, el partido Libre y la resistencia en general es lamentable.
No conozco si en el Frente o en partido Libre existe algún grupo de asesores intelectuales serios, o quizás existen muchos? que, se dirigen no por intereses comunes si no individualistas, sectareos y dogmáticos, pero es necesario personas serias que hagan propuestas a partir de nuestra experiencia histórica y de nuestro sentido de nacionalidad pero que sean escuchadas.
En varias ocasiones quise a través de mis modestos artículos plantear esta idea sobre como construir un discurso a partir de lo nacional sin embargo fui tratada de traidora, mis artículos sensurados y en definitiva me retire de toda la pudrición que lamentablemente hace nido hasta en los sueños y las esperanzas de un pueblo que lamentablemente sólo tiene una y se llama Libre y se llama Frente Nacional de Resistencia.
Proponer un discurso político en lo económico, lo cultural, lo social, etc. supone que las personas que lo hagan conozacan el proceso o procesos histórico /s/culturales por los que ha atravezado el país, porque ese discurso debe partir de lo nacional.
Siempre le he apostado a la cultura, el ser humano es un producto cultural que comienza su formación a través de un proceso de oralidad, he aquí la importancia del lenguaje como costructor de lo que somos; he aquí las raíces de una identidad familiar, barrial, comunitaria, regional que debe desembocar en una identidad nacional, y recurro a García Canclini cuando dice “que la identidad es una construcción que se narra”. Por qué hablo de cultura y de indentidad, pues porque considero que los problemas identitarios no nos permiten tener claridad en un proceso revolucionario, es decir en consecuencia tenemos en vez de grupos políticos que hagan planteamientos con ideas a partir de lo nacional hacia cualquier punto... tenemos grupos necios queriendo imporner ideas exportadas que en vez de unificar desunifican. Es necesrio volver la mirada a lo nuestro, estudiarlo y construirnos.
Comparto lo que dice Ricardo crear nuestro proceso revolucionario, yo le agregaria construirlo y soñarlo para integrarnos a los sueños y luchas de los demás países Latinoamericanos y del mundo que transiten por el mismo camino. Bien sé que hay que estar informados de lo que sucede en el mundo y en nuestra Latinoamérica para poder lograr esa integración, pero lo estamos mal, veo en las redes sociales más preocupación por difundir noticias, hechos, etc del mundo, denuncias, comunicados vacíos y panfletarios que en buscar nuestro propio camino, hay mucho paternalismo ideológico, pasamos más preocupados por las reflexiones de Fidel, al cual le tengo mucho respeto, y por supuesto que hay que leerlas, que a los plantemientos que han hecho algunas personas como Julios Escoto o el Dr. Fasquelle, además de muchas otras personas que han pasado desapercibidas...
Por supuesto que un discurso político tiene que tener una orientación ideológica en eso estmoas más que claros, pero como dice Ricardo no sigamos confundiendo a la gente, no hay herramientas para cómo llegarles, cómo hablarles, qué decirles. Tampoco hay herramientas para enfrentar esa otra campaña publicitaria difamatoria, agresiva, burda y caduca con que nos atacan y atacarán siempre, ¿dónde están los que están trabajando en esto?
El mismo Manuel Zelaya Rosales aún maneja un discusro demagógico, viejo, con aires de querer...
No quiero alardear de la cultura y del arte pero los considero en sí mismos revolucionarios, quizás aprendamos de ella y de su dinámica para hacer la revolución... Si no miremos como han sobrevido nuestros pueblos étnicos, algunos desde la colonia, eso se llama cohesión cultural, se llama resistencia utilizando sus materiales culturales. Me pregunto cómo se puede llegar a una comunidad tolupan o cualquiera a hablar de revolución, de Marx, Lennin, Troski, etc, cuando se están muriendo de hambre o no se conoce el nombre de sus dioses. O a los metizos campesinos cuando se desconoce qué es lo que cohesiona a ese grupo, cuáles sus tradicones. Se trata de manejar varios niveles de estrategias. Si son hermosas las campañas políticas y ver como se le dice al pobre pueblo (la masa o masas) que me parece despectivo ya a estas alturas este sustantivo, batir las banderas del Frente o del partido, pero no hay fondo sólido...
El pueblo necesita comprensión en su dinámica cultural, en sus hechos heistóricos, en su cotidianeidad... muchos diran que eso viene después del proceso de la toma del poder, pues yo lo considero al contrario, la identificación con los valores culturales, además de los problemas sociales, políticos y económicos y igual de necesaria y valiosa.
Asombrosamente no hay una estrategia cultural, pues cuando se planteó la idea se nos aisló viéndonos como enemigos y aquellos representantes "de la cultura y del arte" en el Frente Nacional de resistencia carecen tristemente de capitales sociales...
Aludo a Rafael Heliodoro Valle que Honduras sigue siendo un país oral...
Saludos...







 ¿HAY MANZANAS PODRIDAS EN LA POLICIA?
Gustavo Zelaya

La muerte de dos jóvenes universitarios ha sacado a relucir la existencia de policías dedicados al asesinato de hondureños sin motivo alguno. Parece que en dos postas policiales completas, en el barrio La Granja y en el centro de Tegucigalpa: oficiales, radioperadores, conductores, agentes, conserjes, pasamanos, etc., estando en servicio y en su tiempo libre, asaltan y asesinan por el gusto de hacerlo o por acceder a ciertas comodidades que no pueden cubrirse con sus sueldos. Y eso apenas es una muestra de la pudrición que corroe a esa institución del Estado y el pus supurado parece salir de los investigadores, agentes de tránsito, en los preventivos, y en cualquier nivel de la jerarquía. Hay zonas de la ciudad en donde desde la estaciones de policía se controla y dirige la venta de drogas, el robo de vehículos, el secuestro de personas, el sicariato, la extorsión cotidiana a los conductores del transporte público, la relación armónica con la supuesta competencia representada por el crimen organizado y las maras. Dentro de las instalaciones policiales hay oficinas en donde se recolecta, contabiliza y distribuye el dinero robado a los ciudadanos, los bienes decomisados son utilizados según les convenga a los que están en turno, sean vehículos, armas o propiedades. Se podría creer que el llamado crimen organizado, las maras, los narcotraficantes, los sicarios, los lavadores de activos, los contrabandistas, los asaltantes, los rateros y la policía son parte orgánica de una misma estructura encargada de sostener la criminalidad y la impunidad en el país. Y para mayor inri, oficiales de la policía facilitan la fuga de los principales sospechosos de los últimos universitarios muertos. Parecía que la cosa culminaba con ese escape mal simulado, pero la sangrienta y pésima novela continúa cuando una parte de la cúpula de ese organismo de seguridad se atreve a brindar una conferencia de prensa para explicar qué ocurrió y se enredan entre ellos, no saben cómo decir las cosas, se confunden en todo, le piden ayuda al que está más cerca y casi terminan pidiendo a los periodistas que no sigan preguntando. Que no preguntan más porque pueden enviarlos a mejor vida. La noche del último domingo de noviembre estaba para reírse de esos oficiales de policía, en una conferencia de prensa trasmitida por la televisión nacional uno de ellos se identificó como el jefe de inteligencia, otro fue presentado como abogado y rector de la universidad policial, es decir, mandaron a lo más distinguido y con mejor capacidad intelectual para informar a los distintos medios de prensa; en otro programa de televisión quisieron mejorar las cosas y mostrarse más finos y elegantes en el decir y pusieron a otros, según ellos, mucho más inteligentes que los anteriores, y el asunto más bien empeoró. Entre ambos equipos de comunicadores del ministerio de seguridad se despacharon incoherencias tras incoherencias, excusas superficiales a granel y ningún argumento sólido que explicara el resultado de sus laboriosas investigaciones, solo salió a la luz pública su incapacidad y su ineptitud. Todo eso pudo ser divertido si se examinara lo dicho desde la lógica formal o pudo haber tomado la apariencia de un escándalo gramatical, pero tras esa sarta de mentiras, chistes mal contados, de falacias mal presentadas, de falsas poses de arrepentimiento y caras serias, porque así lo exigían las circunstancias, se encuentran miles de asesinatos nunca investigados, centenares de muertos de la Resistencia Popular, decenas de gay y travestis sacrificados, cientos de mujeres cruelmente martirizadas, más de sesenta universitarios muertos, muchos cuerpos de personas descuartizadas y esparcidos por todo el país, grandes cantidades de ciudadanos insultados y ofendidos por pura arbitrariedad de los que en teoría sirven y protegen vidas y bienes. Esos mismos que quisieron mostrarse como estrictos defensores de la legalidad y de la formalidad de los procesos, los que no pudieron ejecutar una detención administrativa porque no existía el respaldo del fiscal respectivo, son los mismos que integraron y ejecutaron los mandatos de la oficina de crisis que organizó el golpista cabeza de ajo con la ayuda del licenciado que ahora dirige Hondutel, y desde donde se asesinó, reprimió y se dieron palizas a los resistentes contra el golpe de estado; esos oficiales respetuosos de la norma legal son los mismo que con gran entusiasmo y alegría acataron cualquier orden ilegal que indicara reprimir con toda la fuerza posible a los que estaban defendiendo el orden constitucional. En ningún momento se debe olvidar la actuación de la policía después del 28 de junio en la represión de la Resistencia, esa macabra oficina de crisis, encabezada y dirigida por oficiales que ahora estás hablando de depurar y sanear esa institución represiva, ellos son los que mandaron toletear, reprimir, golpear: Danilo Orellana, Ivan Mejía, Chamorro, Molina, y otros que han servido y ahora quieren seguir sirviendo de “imagen” pública, distinguidos voceros, modelos del policía correcto. Y para seguir con la misma cantaleta van a cambiar a toda la jerarquía de la policía, otras caras, otro tono de voz, nuevos odres y el contenido se mantiene invariable. Hay algo putrefacto en el organismo policial y no es novedoso, no surge con el golpe de estado ni con el asesinato más reciente. Es una enfermedad que hunde sus raíces en todo el sistema de seguridad, que se vincula con la forma en que son reclutados los agentes de seguridad, con la manera en que son formados los oficiales, con el Curriculum que se imparte y con las asesorías recibidas: colombianas, israelitas, chilenas, taiwanesas y, sobre todo, norteamericanas. Desde ahí se pueden rastrear algunas de las causas de ese desprestigio. Es tan grave el descalabro que a nadie importó que el antiguo ministro de seguridad, Oscar Álvarez, dijera que al menos diez oficiales de policía servían de controladores aéreos del narcotráfico; que el Presidente del Consejo Nacional Contra el Narcotráfico y actual designado presidencial, Víctor Barnica, afirmara que la “Corporación Financiera Mundial sancionara económicamente a Honduras… porque no se combate el crimen organizado. Esto ha dado poder a los criminales que disfrutan de una vida ostentosa y se mueven impunemente por todo el país…hoy llegan en carros blindados y con ametralladoras a cobrar impuestos de guerra… los mismos policía se hacen acompañar de las personas que andan cobrando esos impuestos… al transporte de buses y taxis le cobran más de dos millones de lempiras anuales” (Diario Tiempo,3 de septiembre, 2011); no tuvo ninguna importancia que el mismo jefe del estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Osorio Canales, aceptara la presencia del narcotráfico y que “el narcosubmarino… será exhibido en la base naval de Puerto Cortés cuando sea extraído del fondo marino…para que la población lo observe”. Dándonos un poco de circo, diversión y ejemplo del heroico trabajo y que el estimado público en la gradería se calme un poco y no pidamos tanto. NI siquiera hay más pan, puro circo. Y muy malo por cierto. Parecido a lo que afirmó Oscar Álvarez en uno de sus reality show al mostrar los nuevos conos y chalecos color verde limón para uso de la policía, como una de las soluciones en el combate contra la delincuencia, según el nadie más podía adquirir tales equipos y serían su exclusivo patrimonio, ni la mafia rusa tendría capacidad de clonar esos colores. O la entrevista otorgada por Juan Carlos “el Tigre” Bonilla aparecida en diario La tribuna el 22 de octubre del presente año, mencionado como “el rudo jefe policial que se jacta de no temer a los narcos”, en donde menciona nombres de familias, alcaldes y municipalidades enteras al servicio del narcotráfico, hasta abarcar gran parte de la frontera con Guatemala, incluso, afirma que en zona por donde transita la droga en grandes cantidades en un año no capturó ni un solo gramo de cocaína. Y no pasa nada. Nadie renuncia, nadie es investigado, no hay la mínima noción de la dignidad y la honestidad en el ejercicio de la profesión, no ocurre ninguna cosa importante ni hay algo nuevo bajo este sol que sólo alumbra ese bajo mundo policial. Esa es la normalidad dentro del sistema de seguridad. Ha existido una constante en las declaraciones de los jefes policiales y de los secretarios de seguridad y defensa cuando dicen que el abuso de poder de alguno de sus integrantes, el involucramiento con el crimen organizado, la relación con el narcotráfico, las prácticas ilegales de la tortura en los centros de detención, la mala investigación de diversos crímenes, etc., es por culpa de unas cuantas manzanas podridas que existen dentro de la policía. Las excusas de siempre que intentan tapar una gran verdad: no es que existan manzanas podridas que contaminan a otras, lo podrido es el árbol entero, desde sus raíces hasta la rama más alta. Es el sistema de seguridad en su conjunto el que se ha descompuesto y de esa asesina putrefacción también participan otras partes de esa institución mayor que es el Estado. Es el sistema entero que no sólo se compone de seguridad, defensa, educación, salud, es el régimen social en su conjunto el que está llegando a un colapso que solo podrá ser corregido cuando la nueva fuerza política llegue al poder y transforme nuestra sociedad. Semejante posibilidad existe y sigue madurando, ese mismo domingo en donde los oficiales de policía demostraron su incapacidad también se demostró la pujanza de quienes pueden solucionar la crisis que golpea a tantas familias hondureñas. 31 de octubre de 2011


LA GUERRA QUE VIENE
(La Colombianizacion de Honduras)
Parte 1
La muerte de nuestros queridos compañeros Jerónimo y Emo Sadloo, símbolos de la lucha contra la dictadura, y ahora la reciente ofensiva del Operativo “Xatruch II” en la región del Valle del Aguán, han sacudido a la Resistencia hondureña. De igual manera el retiro de Oscar Alvarez y de la cúpula policial ha sacudido al gobierno de Porfirio Lobo.
Muchas interrogantes se han levantado a partir de estos y otros hechos similares, en busca de entender hacia dónde camina Honduras.
Este escrito pretende hacer un aporte para tener una comprensión global de la coyuntura actual y de su tendencia futura, para que podamos estar preparados con mejores estrategias.
Mi tesis principal es que en Honduras estamos viviendo la profundización de un modelo de dominación basado en el terrorismo de estado al estilo Colombia y México, caracterizado por la creciente militarización de nuestra sociedad y por una mayor intervención de las fuerzas militares norteamericanas, que conducirá a Honduras a una vorágine de violencia aún superior en el contexto de una guerra contra la “subversión” y el “narcotráfico”, cuyos contornos comienzan a verse en el horizonte.

Es a esto que llamamos la “colombianización” de Honduras.
He dividido la exposición en tres partes. En la primera hacemos un rápido repaso a lo que pasa en Colombia y México, países donde esta estrategia se modela; en la segunda parte analizamos los antecedentes inmedidatos de esta estrategia en Centroamérica, particularmente sobre la “Guerra contra las Maras”; y en la tercera, analizo la situación actual, los retos que plantea para el Pueblo hondureño y algunos lineamientos de estrategia que podrían servir frente  a ese escenario.
PRIMERA PARTE
LA EXPERIENCIA COLOMBIANA Y MEXICANA
El Plan Colombia
En Colombia existe un viejo conflicto político militar entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más fuerte de las organizaciones guerrilleras de ese país, y el estado burgues colombiano. Este movimiento insurgente ha sobrevivido por décadas a las embestidas militares apoyadas por Estados Unidos, gracias a su base de apoyo en el campesinado y a su elevada capacidad estratégica.
En el año 1999, el gobierno del Presidente Pastrana pactó con el presidente norteamericano Bill Clinton un plan de cooperación denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, conocido como Plan Colombia. Este fue presentado inicialmente como un plan de desarrollo del Estado de Derecho colombiano que canalizaría recursos de la cooperación externa hacia el fortalecimiento de una sociedad democrática.
Pero la intención era otra. El plan de Estados Unidos era fortalecer a las Fuerzas Militares en su lucha contra las FARC, dado que este movimiento armado se fortalecía en lugar de debilitarse. Otro motivo de preocupación para los Estados Unidos fue el triunfo de gobiernos progresistas y de izquierda en América del Sur desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1998.
De ahí que el Plan Colombia nunca fue una iniciativa para fortalecer la democracia colombiana, sino una operación político-militar del imperio para tender un cerco a la guerrilla de las FARC y de otros movimientos insurgentes, y para ejercer presión sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos.
El Plan incluye la presencia directa de centenares de “asesores” militares norteamericanos, el apoyo con servicios de inteligencia, la venta masiva de equipo bélico y entrenamiento a los militares colombianos, al costo aproximado de siete mil millones de dólares en los últimos diez años.
El estado colombiano “justifica” la militarización asegurando que es necesaria en la guerra contra el narcotráfico. De igual manera, Estados Unidos justifica su apoyo al Plan Colombia con el pretexto de ayudar al gobierno colombiano en su lucha contra las drogas, para lo cual hacen una campaña presentando a las FARC como “narco terroristas”.
La realidad es que con el Plan Colombia, la producción de droga aumentó en lugar de disminuir. John Walters, Director de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, brinda información que es resumida asi: En 2002 se produjeron 900 toneladas metricas, en 2006, se produjeron 1000 y en 2007 TM, 1400 TM (citado en: lacocalocacompany.blogcindario.com, edición del abril 2008)
Para Mark Schneider, vicepresidente del International Crisis Group, el Plan Colombia es un fracaso. "No redujo los cultivos, no bajó la producción, ni detiene la venta en los mercados. En 1999 se cultivaba hoja de coca en nueve departamentos colombianos, las fumigaciones han esparcido las siembras a 23 departamentos"[2].
Es obvio que el Plan Colombia no ha servido para frenar el narcotráfico. ¿Entonces para qué ha servido? Ha servido para intentar debilitar a las organizaciones revolucionarias colombianas, presionar a los gobiernos de izquierda de Suramérica y mantener oprimido al movimiento obrero y campesino colombiano.
En los últimos años, la acción combinada del ejército colombiano y del apoyo norteamericano en el marco del Plan Colombia y de su sucesor el Plan Patriota, tuvo como resultado importantes golpes militares a las FARC[3], pese a lo cual esta organización sigue activa, asi como el “ablandamiento” del gobierno de Hugo Chavez quien ahora colabora con el gobierno de Manuel Santos en la represión a la organización guerrillera[4], y, por otro lado, ha logrado la más brutal represión del movimiento obrero y campesino colombiano.
Colombia es hoy el país donde se asesinan más sindicalistas en el mundo[5] y es el segundo país donde hay más desplazados en su propio territorio[6]. En total han sido desaparecidas 62 mil personas, de las cuales 38 mil ocurrieron entre 2007 y 2009.[7]
Además de lo anterior, el Plan Colombia entró en 2010 en una nueva fase: la intervención militar directa de Estados Unidos. Un pacto hecho con el Presidente Obama en 2010, incluyó el establecimiento de siete bases militares estadounidenses que le permitirán intervenir en cualquier lugar de América del Sur.[8]
Eso significa que el combate a las drogas es solo una excusa para salirse con sus intereses geo estratégicos en la región.
La “Guerra contra el Narco” y la “Iniciativa Mérida” en México
El modelo del Plan Colombia fue posteriormente ensayado en México a partir de 2006 en la llamada “Guerra contra el Narco”.
Debe recordarse que México estaba en ebullición política desde la insurrección zapatista de 1994 y que sufrió una crisis de dominación a partir de 2006 cuando el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, se impuso mediante un escandaloso fraude electoral al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador. La mayoría del pueblo mexicano se levantó en una insurrección pacífica en 2006 saliendo por millones a las calles contra el gobierno fraudulento, de manera similar al levantamiento popular que hemos tenido en Honduras en respuesta al Golpe de Estado.
Para contrarrestar esa crisis política, el gobierno de Felipe Calderón y los estrategas norteamericanos diseñaron un escenario de “Shock”[9] ; esto quiere decir un escenario en el que, mediante una serie de acontecimientos traumáticos, se induce a la población a un estado de máxima alerta contra una supuesta amenaza, con el efecto de disminuir su atención a otros temas. En ese estado de “shock” la población se vuelve dócil ante el poder del Estado para aceptar un trato que en condiciones normales no permitiría. Es la misma estrategia que ha aplicado George Bush desde el 11 de septiembre 2011, para hacer aprobar leyes autoritarias que contradicen la tradición de respeto a los derechos civiles hasta entonces existente en los Estados Unidos.
Estudiosos han demostrado que ninguno de los argumentos esgrimidos por Calderon para justificar la “Guerra contra el Narco” estaba sustentado en la realidad.[10] De todos modos, la “Guerra” fue impuesta.
Los objetivos del gobierno mexicano han sido introducir el autoritarismo militar-policial en la vida cotidiana de los y las mexicanas, colocar en segundo plano la demanda social, criminalizar la protesta social y cerrar el conflicto político desatado con Lopez Obrador. Por su parte los Estados Unidos buscan fortalecer sus nexos con el ejército mexicano y crear una situación que justifique su creciente intervención militar directa, incluida la instalación de bases militares en ese pais.
La estrategia del gobierno fraudulento de Calderón fue aprovechar las disputas que los distintos cárteles del narcotráfico tienen por el mercado de la droga en Estados Unidos, exacerbándolas e interviniendo con una masiva presencia militar supuestamente para eliminar su poder. De esa forma Calderón le declaró la guerra a los narcos, arrastrando a toda la nación a un conflicto en donde los gringos ponen los dólares y los mexicanos y mexicanas los muertos.
En 2008 el gobierno de Felipe Calderón pactó con el Presidente George Bush la denominada “Iniciativa Mérida” que contempla un plan de apoyo al ejército mexicano en su campaña militar contra las bandas de narcotraficantes, a un costo de 1,600 millones de dólares en tres años (2008-2010). Además de México, este proyecto abarca también a Centroamérica, República Dominicana y Haití que recibirían una porción de esa cantidad, como veremos más adelante.
Estados Unidos ha donado una gran cantidad de equipamiento militar al ejército mexicano,[11] y este ha realizado miles de operativos contra los carteles de la droga. La reacción de los narcos ha sido espantosa. En cinco años (2006-2011) se cuentan alrededor de 35 mil personas asesinadas por ambos bandos, 20,000 desaparecidos y un número indeterminado de desplazados forzados por la violencia (en dos distritos de Chihuahua, por ejemplo, bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en promedio); son cientos los decapitados, descuartizados, quemados en ácido y enterrados en fosas comunes; asimismo muchos centroamericanos migrantes han muerto en decenas de masacres, como la reciente ocurrida en Tamaulipas, donde murieron decenas de hondureños y hondureñas[12]. La “Guerra contra el Narco” ha tenido efectos devastadores sobre el tejido social mexicano, disparando los niveles de inseguridad como pocas veces ha vivido ese país desde la guerra civil del siglo pasado.
Pese a ese costo, el Plan Mérida ha fracasado en su objetivo declarado de la lucha contra la droga. La provocación a los carteles de la droga derivo en una violencia aún mayor que la que supuestamente se quiso evitar, a la vez que se expandió a todo el país. 
Lo reconocen los mismos norteamericanos: “La forma de seguir adelante no es la Iniciativa Mérida…ha fracasado en colocar fechas concretas, metas tangibles o guías estratégicas para asegurar el uso exitoso de estos fondos… Y mientras tanto los carteles de la droga han continuado trabajando a partir de una estrategia coordinada para minar al Estado Mexicano a través de acciones insurgentes que incluyen violencia, corrupción y propaganda… Desde 2006, los cárteles de la droga han evolucionado hacia una forma de organización más resistente, más diversificada y más transnacional”, ha dicho Connie Mack, representante republicano ante la Cámara de Representantes por el Estado de Florida.[13] Por ello los republicanos abogan ahora por una política más “agresiva”, léase intervencionista.
Ese fracaso no impide a la oligarquía mexicana y a los Estados Unidos tener importantes beneficios de orden político, económico y militares. Estos son los efectos no declarados, ocultados por el gobierno mexicano:
a) México, país orgulloso por su formalidad democrática, ha visto reducidas sus libertades públicas, tanto por el temor del público a la violencia, como por la introducción de reformas a las leyes primarias y secundarias que restringen la libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta social;[14]
b) han aumentado, como pocas veces en su historia, los casos de violaciones a los derechos humanos (se contabilizan 6,518 quejas por violar derechos humanos contra la SEDENA y la Policía Federal)[15];
c) se criminaliza a los defensores de derechos humanos y muchos de estos han sido ejecutados extrajudicialmente;  
d) ha aumentado la represión al movimiento obrero y campesino mexicano y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades zapatistas del Sur de México;
e) se utiliza de la “Guerra contra el Narco” como un mercado en beneficio de la industria armamentista de Estados Unidos (por ejemplo, el 85% de las 104 mil armas decomisadas a narcotraficantes fueron vendidas en tiendas de Estados Unidos).[16]
Estos efectos han sido muy convenientes a la oligarquía mexicana y a la industria militar norteamericana y en eso el Plan Mérida no ha fracasado, desde el punto de vista de sus intereses. Más bien, existen indicios de que la continuación del narcotráfico y la sangrienta guerra contra este son convenientes a los sectores de poder por lo que podrían estarlo fomentando para tener logros aún mayores. Existen evidencias sobre la entrega clandestina de armas de parte de autoridades de Estados Unidos a bandas de narcotraficantes, como fue revelado en el escandaloso caso “Rápido  y Furioso”[17]. Incluso existen investigaciones que responsabilizan al gobierno de Calderón de favorecer al Cartel de Sinaloa en su guerra contra los otros carteles[18] acusación que también extienden a la DEA y al FBI[19], como una forma de prolongar el conflicto.
Las lágrimas de cocodrilo de los republicanos que se lamentan de los pocos resultados del Plan Mérida, no se deben a que les preocupe la salud de los jóvenes drogadictos de su país, sino que es un discurso para justificar el paso a una etapa superior de su intervencionismo. De hecho, se comienzan a dar denuncias sobre la construcción de una base militar norteamericana en Puebla[20].
Como bien ha dicho el Sub Comandante Marcos, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, "¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas body bags y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?"[21]
La Doble moral de la lucha contra las drogas
En ambos casos existe una doble moral sobre el tema de las drogas de parte de Estados Unidos y de los gobiernos colombiano y mexicano.  Esa ambivalencia no es nueva. En los años 80s quedó en evidencia la hipocrecía del discurso antinarco con  el escándalo Irán-Contras, el cual reveló que muchas operaciones encubiertas de la CIA incluían el fomento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos para financiar a sus aliados anti-sandinistas (ver recuadro). Conducta que ha sido común en otras regiones donde los norteamericanos han intervenido, como también sucedió y sigue sucediendo en Afghanistán[22].
Conclusiones de la 1a parte:
Algunas conclusiones de los casos colombiano y mexicano son:
1.    Ambas experiencias indican que los Estados Unidos desarrolla estrategias para contrarrestar movimientos de insurgencia armada (como las FARC en Colombia) y de insurrección pacífica (como la convocada por Lopez Obrador en México) fortaleciendo las Fuerzas militares y policiales en esos países mediante la inyección multimillonaria de recursos, lo que a su vez beneficia su industria armamentista.

2.    La lucha “anti drogas” sirve a los Estados Unidos como una cobertura política para justificar la militarización de las sociedades, aunque en realidad se trata de un pretexto con el que encubre sus verdaderos objetivos geo políticos, económicos y militares; éstos son apuntalar a regímenes opresores que estan en crisis, combatir la insurgencia armada o pacífica, presionar a gobiernos progresistas, generar una mayor dependencia de su “ayuda” militar, abrir mercado para sus armas,  posicionarse estratégicamente con personal “asesor” o combatiente, e incluso establecer bases militares en territorio local para para realizar sus objetivos de fondo, así tenga que eventualmente fomentar el narcotráfico.

3.    La política militarista es aplicada por los gobiernos locales con sus propios objetivos de consolidación política, con el efecto de fortalecer los rasgos más autoritarios y fascistas de sus Estados, dándole poderes omnímodos a sus cuerpos armados con el apoyo de los norteamericanos.

4.    El costo para la población de estas políticas militaristas y autoritarias es el sacrifcio de miles de vidas, la violación masiva de derechos humanos, la implantación de la violencia extrema en la cotidianidad, el cercenamiento de libertades y derechos ciudadanos y el desarrollo de tendencias autoritarias desde sus gobiernos.



[3] Algunos de los más duros golpes que la ofensiva militar colombiana-norteamericana han dado a las FARC son: la eliminación de algunos de los líderes de más alto nivel en la organización (Raul Reyes, el “Mono Jojoy” e Iván Ríos) las que se suman a la muerte por causa natural de Manuel Marulanda “Tiro Fijo”, líder histórico de la organización, y el operativo de rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancour.
[4] Los episodios de esta colaboración son múltiples pero el caso que desbordó la indignación latinoamericana fue el del periodista Joaquín Perez Becerra  y del cantautor Julián Conrado, ambos opositores al represivo gobierno de Bogotá, que fueran entregados por el gobierno venezolano a la policía colombiana, no sin antes despertar la condena de centenares de organizaciones y personalidades democráticas y populares de todo el mundo.
[5] Según la Confederación Sindical Internacional, en Colombia se presentó el 63,12% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo durante la última década. Entre el 1º de enero de 1986 y el 30 de abril de 2010, se han cometido al menos 10.887 hechos de violencia contra sindicalistas, de éstos 2.832 han sido homicidios. Durante el período de Gobierno del Presidente Uribe han asesinado a 557 sindicalistas (http://www.colectivodeabogados.org/Colombia-sigue-encabezando-lista)
[6] Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas (http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/desplazamiento-interno-en-colombia)
[7] www.diariocritico.com/colombia/2011 ediciones de mayo y agosto.

[8] Las bases son las de Malambo, en el departamento del Atlántico; La Base Militar de Palanquero, en la región del Magdalena Medio; La Base Militar Apiay, en el departamento del Meta; las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga el Pacífico; y ahora, el centro de entrenamiento de Fuerte Militar Tolemaida y el Fuerte Militar Larandia en el departamento de Caquetá.
[9] La Teoria del Shock ha sido desarrollada por la investigadora Naomi Klein a partir de su trabajo “La Doctrina del Shock. EL Auge del Capitalismo del Desastre”, Editorial Paidos (2007)
[10] Puede verse una refutación a todos sus argumentos en el análisis de Oyarvide Morales, Cesar, “Guerra contra el Narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia”, Universidad complutense, Madrid,  http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oyarvide.pdf, nº 50, Julio, Agosto y Septiembre 2011
[11] Para 2011 se habían entregado 612 millones de dólares en equipo, capacitación y otros materiales, según un Comunicado del Departamento de Estado de fecha 16 de septiembre de 2011 (“Estados Unidos defiende el Impacto Positivo de la Iniciativa Mérida”, Proceso Digital, 16-9-2011, disponible en; http://www.proceso.hn/2011/09/16/Internacionales/EE.UU.defiende/42355.html
[13] “Urgen en EU plan Contrainsurgente”, EL Universal, Mexico , edición del 14 de septiembre de 2011.
[14] Comité Cerezo, obre citada.
[15] Comité Cerezo, obra citada.
[17] Operación “Rápido y Furioso” fue el nombre con el que se denominó el plan de acción que tomó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BAFT, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para vender armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con México con el objetivo de poderlas rastrear y darle seguimiento, esperando identificar a los responsables que trafican armamento que luego va a parar a manos de narcotraficantes. Esto sucedió de octubre de 2009 a septiembre de 2010, tiempo en el cual se calcula que se traficaron de 1.500 a 2.500 armas que ingresaron a territorio mexicano de forma ilegal, de las cuales 797 fueron recuperadas. Todo esto pasó sin que las autoridades norteamericanas informaran o alertaran al Gobierno de México sobre el operativo y las posibles consecuencias que podría acarrear. El agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, John Dodson, asignado a la zona fronteriza de Phoenix, Arizona, declaró a la cadena de televisión CBS y a The Center of Public Integrity (CPI), detalles sobre el operativo “Rápido y Furioso” en el que participó por órdenes de sus superiores, permitiendo la venta y el tráfico de armas en la zona fronteriza. En sus afirmaciones, Dodson aseguró que el programa tuvo muchas críticas y que a pesar de eso, se mantuvo hasta septiembre de 2010. También señaló que uno de los argumentos que recibieron de sus superiores para no detener este operativo fue que “no se puede tener omellet sin romper algunos huevos”, como referencia al riesgo que implicaba esta acción. Pero según este agente, el peligro todavía no termina ya que la mayoría de las armas andan en la calle y en manos de grupos criminales: “no hay nada que podamos hacer para reunir las armas, se han ido”, dijo. (http://www.suite101.net/news/operacion-rapido-y-furioso-armas-de-alto-poder-en-mexico-a43192)
[19]DEA poya a `El Chapo`: `El Vicentillo`”. La Parada Digital, disponible en www.laparadadigital.com/noticias-de-chihuahua-mexico.cfm?n=631#axzz1Y4gWruds
[20] La denuncia fue realizada por Enrique Alcántara Dzgaip, miembro de Izquierda Democrática Nacional (parte del PRD), quien alertó sobre la construcción de una base militar de forma subrepticia en el estado de Puebla, en la zona central de México. Alcántara Dzgaip dijo en Orizaba, Veracruz, que la presentación del proyecto estuvo a cargo del gobernador Rafael Moreno Valle y Keith W. Mines, director general de Iniciativa Mérida. Aparentemente el Buró Federal de Investigación (FBI) Servicio Secreto, ICE, NCSI, entre otros tendrán injerencia directa en esta base, según recoge sus declaraciones el sitio Pluma Libre.
La construcción de la base militar habría iniciado este de 10 de mayo en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa un lugar destinado para reserva ecológica que ahora pasaría a ser reserva militar. Enrique Alcántara Dzgaip es coordinador del Frente Amplio Regional de Orizaba (FARO) del PRD (Denuncian que USA ya construye bases militares en México, Urgente24.com, 17-5-2011. Disponible en: http://www.urgente24.com/noticias/val/8544-168/denuncian-que-usa-ya-construye-bases-militares-en-mexico.html).
[21] “Subcomandante Marcos cuestiona la guerra contra el crimen organizado”, CNN, edición del Lunes, 14 de febrero de 2011
[22] Sobre el caso del fomento del opio en Afghanistan: “la adormidera (opio) financió la guerra contra las tropas soviéticas, con el beneplácito de EEUU. Según Alfred McCoy, Afganistán, productor de adormidera, y Pakistán, base de cientos de laboratorios, se convirtieron en los mayores productores de heroína del mundo. Los enormes beneficios de la heroína sirvieron además para financiar el programa nuclear del dictador islámico-integrista de Pakistán, general Zia Ul-Haq. En 1984, Osama Bin Laden fundó y organizó a instancias de la CIA la Oficina de Servicios para canalizar los millones de dólares que habían de poner en pie de guerra un ejército de mujahidines contra los soviéticos; una fuente importante de esos millones era el tráfico de heroína. Como ha reconocido Charles Cogan, que fue director de esa agencia para el sector de Afganistán, se sacrificó la guerra contra la droga por la Guerra Fría. (…)”. Fuente: Xavier Caño Tamayo La heroína como telón de fondo de la guerra en Afganistán, Las razones ocultas de la guerra. Centro de Colaboraciones Solidarias , Opinión - 09/12/2001



ENVIO LA SEGUNDA PARTE DE MI APORTE.
ES MUY PROBABLE QUE NO PUEDAN VER LOS GRAFICOS EN ESTE MENSJE DE CORREO ELECTRONICO, DEBIDO A LIMITACIONES DE ESTE SISTEMA DE COMUNICACION, PERO ANEXO EL ESCRITO CON LA PARTE 1 Y 2 INCORPORADAS, DONDE SI LOS PUEDEN VER.
QUEDO PENDIENTE DE ENVIAR LA 3a Y ULTIMA PARTE.

LA GUERRA QUE VIENE
(La Colombianización de Honduras)
Parte 2
PANDILLAS, NARCOS E INICIATIVA C.A.R.S.I. EN CENTROAMERICA
Un modelo similar al colombiano-mexicano fue aplicado en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) entre los años 2002-2010, salvo que en el caso centroamericano el “enemigo público” contra quien se declaró la “guerra” fueron las maras o pandillas juveniles y no los narcotraficantes. Esta política contó con el decidido apoyo de los Estados Unidos a través de la Iniciativa “CARSI”.
Periodo de la “Guerra a las Maras” en CA (2001 – 2010)
Como es sabido, los tres mencionados países sufrieron desde fines de la década de los 90s un fenómeno de violencia juvenil protagonizada por las pandillas o “maras”.
Las raíces del fenómeno de las maras son de orden social, entre otros factores causado por la falta de atención al segmento adolescente y juvenil de nuestras sociedades. Como es lógico eso amerita un tratamiento también social. Pero los Estados burgueses centroamericanos, acostumbrados a arreglar de forma violenta sus conflictos con los sectores populares, le dieron una “solución” represiva.
Desde el año 2002 se ejecutaron masivos operativos anti pandillas en los tres países centroamericanos (“Plan Libertad Azul” en Honduras, “Plan Escoba” en Guatemala, “Plan Mano Dura” y “Super Mano Dura” en El Salvador); también se endurecieron las legislaciones penales y se produjo una ola de discriminación y una cacería de brujas contra todo joven tatuado, que dejó un saldo de decenas de miles de jóvenes detenidos, asesinados y exiliados.
En El Salvador fueron encarcelados en ese período más de 12 mil jóvenes con los Planes “Mano Dura” y “Super Mano Dura”; mientras que en Honduras se detuvieron casi 6 mil jóvenes entre 2003 y 2005 con la política de “Cero Tolerancia”.[23]
La violencia llegó a tal extremo, que los sectores anti pandillas más radicalizados desde entonces utilizan escuadrones de exterminio contra los presuntos mareros. Sus masacres gozan de total impunidad en los gobiernos. En Honduras, la curva de la muerte  puede apreciarse en el siguiente gráfico.
(Esta tendencia se incrementó después del Golpe de Estado de 2009 en Honduras. La Plataforma de Derechos de la Niñez y la Juventud denuncio que durante el régimen de facto de Roberto Micheletti se incremento la tasa de ejecuciones arbitrarias de jóvenes en mas del 60%, pasando de 40 ejecuciones mensuales, como promedio, a 65 ejecuciones mensuales en los siete meses de la dictadura golpista.[24] A junio 2011 han sido asesinados por escuadrones de exterminio
 más de 6700 jóvenes en Honduras desde el año 1998. Estas cifras indican que en nuestros país se practica un verdadero genocidio contra la juventud marginal involucrada en estos grupos.
Sin embargo, los resultados de este genocidio han sido un total fracaso en el declarado propósito de frenar la criminalidad. Año tras año la violencia se incrementa en lugar de disminuir en los tres países centroamericanos.  En El Salvador el número de homicidios por cada cien mil habitantes (h/cmh) pasó de 32 h/cmh en 2002 a 56 hc/cmh en 2008; en Guatemala pasó de 34.1 h/cmh en 2002 a 46 h/cmh en 2009; y en Honduras pasó de 46 h/cmh e 2004 a 66 hcmh en 2009… y sigue aumentando[25]; en Honduras por ejemplo, se prevé que el año 2011 terminara con una tasa de 86 h/cmh, cuando la media mundial es de 9 h/cmh.
El gráfico 3 muestra el caso de Honduras, en donde los niveles de criminalidad crecen como la espuma, casi duplicándose del año 2004 al 2009.
Esto indica que, si bien es cierto las “maras” son grupos violentos, la práctica demuestra que nunca fueron los principales causantes de tanta violencia homicida. Otros estudios del UNICEF y del mismo Ministerio Publico, por supuesto conocidos por las autoridades policiales, llegaban a la misma conclusión.[26] 
Por tanto, los cuerpos policiales sobredimensionaron conscientemente las cifras[27] para hacer aparecer el fenómeno social de las maras como un problema de seguridad nacional, creando en la consciencia colectiva un “enemigo público” de imagen demoniaca, que amenazaba la existencia de la sociedad y contra el cual había que actuar sin piedad.
El apoyo gringo a la “solución” represiva: El CARSI
En ese contexto surgió la Iniciativa Regional de Seguridad Centroamericana (“CARSI” por sus siglas en inglés), parte de la Iniciativa Mérida para Centroamérica, con el objetivo declarado de fortalecer la institucionalidad policial-militar en la región. En su primera etapa, la iniciativa CARSI contemplaba U$ 258 millones para Centroamerica y $ 32 millones para dos países caribeños (República Dominicana y Haití). La institución más favorecida fue la policía y el tema principal fue la lucha contra las maras. En los últimos tres años, América Central recibió 490 millones de dólares en cooperación internacional para seguridad y lucha contra el crimen.
La misma Hillary Clinton en persona asiste a las cumbres regionales donde se toca el tema del CARSI. Esta iniciativa es justificada por el gobierno norteamericano ante sus contribuyentes diciendo que va dirigida a combatir el narcotráfico y las pandillas.
Sin embargo, es irrisorio que algunos de los más importantes funcionarios norteamericanos saben perfectamente que sus “justificaciones” no tienen sustento en la realidad:
“Aunque por el momento no existen indicios de esa situación (se refiere al vinculo pandillas y crimen organizado,.- NDRL), representantes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) creen necesario que el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) pueda extenderse hacia Guatemala y Honduras para reforzar la lucha contra las pandillas en la región.
Kenneth Kaiser es el subdirector de Investigación Criminal del FBI y asiste a la Quinta Cumbre Antipandillas que se celebra durante tres días en un hotel de playa de Sonsonate. Sostiene que por el momento no se ha logrado establecer algún tipo de relación entre los narcos mexicanos y los pandilleros en la región. "Siempre tenemos esa preocupación pero tenemos una excelente relación con la Policía de El Salvador y tenemos en funciones el CAT, pero a pesar de que esta preocupación existe no vemos que pueda suceder en estos momentos", dijo Kaiser. Los únicos vínculos confirmados entre miembros de pandillas y narcotraficantes se han dado en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. (Subrayados es nuestro)[28]
En otras palabras, aunque no tenían una sólida evidencia que los respaldara, y cuando el mismo Ministro de Seguridad de Honduras aseguraba que ya tenía controlado el problema[29], los Estados Unidos decidieron sumarse a la “Guerra contra las Maras” y potenciarla.
Peor aún, sabiendo que la deportación de migrantes hondureños y hondureñas agrava el problema –pues el modelo de la mara extremadamente violenta proviene de una imitación del modelo californiano de pandilla juvenil—el gobierno norteamericano no ha cesado de deportar decenas de miles de jóvenes, muchos de ellos pandilleros activos.
Es decir que Estados Unidos nos exporta el modelo y los jóvenes que fomentan las maras en Centroamérica y después traen sus dólares y sus armas para combatirlos.
Mano Dura contra los jóvenes y Mano Suave con los narcos
En Centroamérica el factor criminógeno de mayor crecimiento no son las maras sino el narcotráfico, aunque también es visible la inoperancia del Estado hondureño en combatirlo.
La producción de cocaína que se produce en Suramérica llegaba a las 587 toneladas métricas por año alrededor de 2004[30] y se ha llegado a afirmar que para el 2007 su producción llegaba a 1400 TM[31].. De ese total, pasa por las costas y fronteras de Honduras aproximadamente 100 TM de cocaina al año (cifra que podría quedarse corta), mismas que reportarían a las mafias ingresos entre 10 mil y 20 mil millones de dólares anuales.
La actividad del Estado hondureño frente a este monstruo es insignificante.
CUADRO No.1
DROGA CIRCULANTE Y DROGA INCAUTADA EN HONDURAS, POR AÑO

AÑO
1996*
1999*
2000*
2001*
2002*
2003**
2004**
2005**
2006**
2007**
Kg droga que transita (estimación)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Kg droga incautada
3,300
715
1139
182
76
5,500
5,500
290
3,400
1,600
Fuentes:  *Landaverde y Caldera, “Comportamiento Reciente del Narcotráfico”,  2004
                **  El Heraldo 30/7/07 “Decomisos de cocaina han caido estrepitosamente”
Nota: Cabe aclarar que el año 2007 refleja sólo las incautaciones hasta julio de ese año.

En comparación con estos pinches resultados, Costa Rica realizó en los años 2005 y 2006 incautaciones por valor de 44,000 kilos de cocaína (El Heraldo, 30 de julio 2007) contra 3,690 Kilos en Honduras en los mismos años. De hecho, las incautaciones en Honduras han oscilado entre los 55 kilos y las 11 toneladas en el período 1996 – 2007. y algo similar sucede con el lavado de activos.[32] La negligencia estatal es tan descarada que el Consejo Nacional contra el Narcotráfico fue disuelto por el Presidente Maduro, sin justificación alguna, y aunque fue reactivado en la época del Presidente Zelaya, no tuvo un papel efectivo contra este delito.[33]
Eso está ligado con la existencia de una creciente influencia de dinero del crimen organizado en las más altas esferas del Estado, desde el nivel policial hasta las campañas electorales.
GRAFICO No.4
Fuentes:  *Landaverde y Caldera, “Comportamiento Reciente del Narcotráfico”,  2004, op.cit. y  El Heraldo 30/7/07 “Decomisos de cocaina han caido estrepitosamente”.

Para muestra un botón: El Gráfico 4 muestra cómo las incautaciones de droga disminuyen en los períodos electorales (ver los años 2001-2002 y 2005). Los mismos políticos de la burguesía reconocen indirectamente que en las campañas se filtra dinero del crimen organizado, al abogar por el incremento de la “deuda política” dizque para “blindar” a los partidos de la ingerencia del dinero sucio.
La gran pregunta es ¿por qué entonces el Estado y los norteamericanos enfilaron sus recursos contra bandas de jovenzuelos violentos y no lo hacen contra las grandes mafias de narcotraficantes?
El verdadero propósito: fortalecer la capacidad contrainsurgente de las policías y los ejércitos centroamericanos
Como se ha dicho atrás, lo único que salió fortalecida no fue la seguridad ciudadana, mucho menos la juvenil, sino el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
Veamos el caso de Honduras: 
GRAFICO No.5
PRESUPUESTO DE DEFENSA Y SEGURIDAD, POR AÑO
Fuente: Elaboración propia en base a Presupuesto Nacional de Ingresos y Egresos del Poder Ejecutivo, varios años.

Puede verse en el gráfico que los presupuestos de las Secretarías de Defensa y Seguridad crecieron de un 250% a un 300% respectivamente en el lapso de seis años. En el mismo período se construyeron dos bases militares norteamericanas, una en Caratasca, La Mosquitia hondureña, y otra en el departamento de Intibucá. En El Salvador el FBI ha ubicado una oficina permanente con jurisdicción para el Triángulo Norte de CA denominada Centro Antipandillas Transnacionales (CAT) desde el cual coordina y apoya a las policías para combatir los nuevos “enemigos”. Mientras tanto, el Departamento de Estado influye en la formulación de políticas públicas de “Mano Dura” que se focalicen en las Maras para Centroamerica; asi como capacitación y tecnificación de las policías. Por su parte, el Comando Sur del ejército norteamericano, patrocina conferencias regionales anti pandillas; entre otras iniciativas.[34]
¿Por qué tanta movilización de recursos militares y para-militares a partir de 2006 si las pandillas ya habían sido diezmadas con los primeros planes antimaras de los años 2002-2004? Sencillo; porque al igual que en los casos de Colombia y México, el interés norteamericano no son las pandillas en sí, sino posicionar una estrategia geo político-militar sobre los gobiernos y los movimiento sociales de la región. En eso, el Plan CARSI tampoco estaba fracasando.
Como es sabido, en 2004 se establece la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que incluye a países como Nicaragua y Cuba en la Cuenca del Caribe, fronterizos con Honduras vía terrestre y marítima. Ambos países son el principal adversario estratégico de Estados Unidos en la región mesoamericana. Luego, en 2006 ascendió al gobierno en Honduras el gobierno de Manuel Zelaya, que adoptó muchas decisiones controversiales con sus intereses, especialmente su adhesión a la ALBA en 2008.
En ese marco, los norteamericanos buscaban fortalecer su posicionamiento estratégico en Honduras y también fortalecer a los cuerpos armados del Estado hondureño, que son un aliado ideológico sumamente fiel al Departamento de Estado y de Defensa de Estados Unidos. Ingenuamente, el mismo Presidente Zelaya se prestó a esa estrategia fortaleciendo como nunca antes a las Fuerzas Armadas e incluso inaugurando la base norteamericana de Caratasca.
Las pandillas “insurgentes”
Es interesante ver cómo los estrategas norteamericanos tuercen las explicaciones teóricas sobre las pandillas juveniles o maras para acomodarlas a sus intereses imperiales. Ejemplo de ello es que esta estrategia intervencionista se sustenta en el concepto de “Pandillas Transnacionales” o de “Tercera Generación” (Paul Sullivan, 2008), o en la tesis de la “Nueva Insurgencia Urbana” (Max Manwaring, 2005) según la cual las pandillas hoy son grandes organizaciones transnacionales que no solo causan inseguridad en las comunidades sino que tienen vínculos con otros actores (terroristas, narcotraficantes) con quienes los uniría el interés final de desestabilizar a los Estados.
“La naturaleza de las pandillas -afirma textualmente Manwaring- es mitad política y mitad criminal y esto se manifiesta en que generan inestabilidad e inseguridad nacional y regional; exacerban los problemas de las relaciones civiles-militares y policías-militares, reduciendo la efectividad civil-militar en el control del territorio nacional; y apoyan a organizaciones criminales e insurgentes, a los señores de la guerra y a los barones de la droga erosionando la legitimidad y la soberanía efectiva de los Estados-nación. Los delitos y la inestabilidad son sólo síntomas de la amenaza y la amenaza final es el colapso del Estado o la violenta imposición de una restructuración radical socioeconómica y política del Estado y su gobernabilidad.” (“Manwaring, Max, “Pandillas callejeras: La Nueva Insurgencia Urbana, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/display.cfm?pubID=597)
De esa cita puede apreciarse que la estrategia anti-pandillas de los norteamericanos tiene un claro caracter contrainsurgente,  razón por la cual están involucrados el Ministerio de Defensa de Estados Unidos y el FBI. Es sintomático que la petición de Bush para la asignación de fondos por parte del Congreso a la Iniciativa Mérida, fue hecha en el mismo paquete de presupuesto complementario para su guerra en Irak.
Con estos hechos se ha retrocedido a una nueva versión de la Doctrina de la Seguridad Nacional en un contexto latinoamericano en que los Estados Unidos militariza con su “ayuda”! o con sus bases militaes a nuestras sociedades. Solo a un ingenuo se le ocurriria pensar que el imperio va a invertir centenares de millones de dólares para luchar contra bandas de muchachos rapados y tatuados.


Conclusiones de la  2ª parte
  1. En Centroamérica los estados respondieron al fenómeno social de las “maras” con una política represiva, que incluye su aniquilamiento físico.

  1. Este fenómeno ha sido aprovechado por los estrategas de los Estados Unidos para implementar, mediante el proyecto CARSI, un proceso de fortalecimiento de los cuerpos armados del Estado y fortalecer su propia presencia militar en el país con el pretexto de ayudar al gobierno a combatir las pandillas.

  1. La guerra contra las pandillas, no trajo más seguridad al país, sino que, por el contrario, la violencia alcanza ahora niveles elevadísimos, lo cual indica el fracaso de esa estrategia para el tema de la seguridad de la población.

  1. La campaña contra las pandillas tiene como marco teórico las tesis contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, dándole el carácter de una campaña militar de Baja Intensidad.



[3] Algunos de los más duros golpes que la ofensiva militar colombiana-norteamericana han dado a las FARC son: la eliminación de algunos de los líderes de más alto nivel en la organización (Raul Reyes, el “Mono Jojoy” e Iván Ríos) las que se suman a la muerte por causa natural de Manuel Marulanda “Tiro Fijo”, líder histórico de la organización, y el operativo de rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancour.
[4] Los episodios de esta colaboración son múltiples pero el caso que desbordó la indignación latinoamericana fue el del periodista Joaquín Perez Becerra  y del cantautor Julián Conrado, ambos opositores al represivo gobierno de Bogotá, que fueran entregados por el gobierno venezolano a la policía colombiana, no sin antes despertar la condena de centenares de organizaciones y personalidades democráticas y populares de todo el mundo.
[5] Según la Confederación Sindical Internacional, en Colombia se presentó el 63,12% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo durante la última década. Entre el 1º de enero de 1986 y el 30 de abril de 2010, se han cometido al menos 10.887 hechos de violencia contra sindicalistas, de éstos 2.832 han sido homicidios. Durante el período de Gobierno del Presidente Uribe han asesinado a 557 sindicalistas (http://www.colectivodeabogados.org/Colombia-sigue-encabezando-lista)
[6] Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas (http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/desplazamiento-interno-en-colombia)
[7] www.diariocritico.com/colombia/2011 ediciones de mayo y agosto.

[8] Las bases son las de Malambo, en el departamento del Atlántico; La Base Militar de Palanquero, en la región del Magdalena Medio; La Base Militar Apiay, en el departamento del Meta; las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga el Pacífico; y ahora, el centro de entrenamiento de Fuerte Militar Tolemaida y el Fuerte Militar Larandia en el departamento de Caquetá.
[9] La Teoria del Shock ha sido desarrollada por la investigadora Naomi Klein a partir de su trabajo “La Doctrina del Shock. EL Auge del Capitalismo del Desastre”, Editorial Paidos (2007)
[10] Puede verse una refutación a todos sus argumentos en el análisis de Oyarvide Morales, Cesar, “Guerra contra el Narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia”, Universidad complutense, Madrid,  http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/oyarvide.pdf, nº 50, Julio, Agosto y Septiembre 2011
[11] Para 2011 se habían entregado 612 millones de dólares en equipo, capacitación y otros materiales, según un Comunicado del Departamento de Estado de fecha 16 de septiembre de 2011 (“Estados Unidos defiende el Impacto Positivo de la Iniciativa Mérida”, Proceso Digital, 16-9-2011, disponible en; http://www.proceso.hn/2011/09/16/Internacionales/EE.UU.defiende/42355.html
[13] “Urgen en EU plan Contrainsurgente”, EL Universal, Mexico , edición del 14 de septiembre de 2011.
[14] Comité Cerezo, obre citada.
[15] Comité Cerezo, obra citada.
[17] Operación “Rápido y Furioso” fue el nombre con el que se denominó el plan de acción que tomó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BAFT, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para vender armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con México con el objetivo de poderlas rastrear y darle seguimiento, esperando identificar a los responsables que trafican armamento que luego va a parar a manos de narcotraficantes. Esto sucedió de octubre de 2009 a septiembre de 2010, tiempo en el cual se calcula que se traficaron de 1.500 a 2.500 armas que ingresaron a territorio mexicano de forma ilegal, de las cuales 797 fueron recuperadas. Todo esto pasó sin que las autoridades norteamericanas informaran o alertaran al Gobierno de México sobre el operativo y las posibles consecuencias que podría acarrear. El agente de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, John Dodson, asignado a la zona fronteriza de Phoenix, Arizona, declaró a la cadena de televisión CBS y a The Center of Public Integrity (CPI), detalles sobre el operativo “Rápido y Furioso” en el que participó por órdenes de sus superiores, permitiendo la venta y el tráfico de armas en la zona fronteriza. En sus afirmaciones, Dodson aseguró que el programa tuvo muchas críticas y que a pesar de eso, se mantuvo hasta septiembre de 2010. También señaló que uno de los argumentos que recibieron de sus superiores para no detener este operativo fue que “no se puede tener omellet sin romper algunos huevos”, como referencia al riesgo que implicaba esta acción. Pero según este agente, el peligro todavía no termina ya que la mayoría de las armas andan en la calle y en manos de grupos criminales: “no hay nada que podamos hacer para reunir las armas, se han ido”, dijo. (http://www.suite101.net/news/operacion-rapido-y-furioso-armas-de-alto-poder-en-mexico-a43192)
[19]DEA poya a `El Chapo`: `El Vicentillo`”. La Parada Digital, disponible en www.laparadadigital.com/noticias-de-chihuahua-mexico.cfm?n=631#axzz1Y4gWruds
[20] La denuncia fue realizada por Enrique Alcántara Dzgaip, miembro de Izquierda Democrática Nacional (parte del PRD), quien alertó sobre la construcción de una base militar de forma subrepticia en el estado de Puebla, en la zona central de México. Alcántara Dzgaip dijo en Orizaba, Veracruz, que la presentación del proyecto estuvo a cargo del gobernador Rafael Moreno Valle y Keith W. Mines, director general de Iniciativa Mérida. Aparentemente el Buró Federal de Investigación (FBI) Servicio Secreto, ICE, NCSI, entre otros tendrán injerencia directa en esta base, según recoge sus declaraciones el sitio Pluma Libre.
La construcción de la base militar habría iniciado este de 10 de mayo en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa un lugar destinado para reserva ecológica que ahora pasaría a ser reserva militar. Enrique Alcántara Dzgaip es coordinador del Frente Amplio Regional de Orizaba (FARO) del PRD (Denuncian que USA ya construye bases militares en México, Urgente24.com, 17-5-2011. Disponible en: http://www.urgente24.com/noticias/val/8544-168/denuncian-que-usa-ya-construye-bases-militares-en-mexico.html).
[21] “Subcomandante Marcos cuestiona la guerra contra el crimen organizado”, CNN, edición del Lunes, 14 de febrero de 2011
[22] Sobre el caso del fomento del opio en Afghanistan: “la adormidera (opio) financió la guerra contra las tropas soviéticas, con el beneplácito de EEUU. Según Alfred McCoy, Afganistán, productor de adormidera, y Pakistán, base de cientos de laboratorios, se convirtieron en los mayores productores de heroína del mundo. Los enormes beneficios de la heroína sirvieron además para financiar el programa nuclear del dictador islámico-integrista de Pakistán, general Zia Ul-Haq. En 1984, Osama Bin Laden fundó y organizó a instancias de la CIA la Oficina de Servicios para canalizar los millones de dólares que habían de poner en pie de guerra un ejército de mujahidines contra los soviéticos; una fuente importante de esos millones era el tráfico de heroína. Como ha reconocido Charles Cogan, que fue director de esa agencia para el sector de Afganistán, se sacrificó la guerra contra la droga por la Guerra Fría. (…)”. Fuente: Xavier Caño Tamayo La heroína como telón de fondo de la guerra en Afganistán, Las razones ocultas de la guerra. Centro de Colaboraciones Solidarias , Opinión - 09/12/2001

[23] Andino, Tomás, “Evaluación de los Planes de Mano Dura en Centroamérica 2002-2009”, exposición en el IIdo Congreso Centroamericano de Juventud, Programa de Seguridad Juvenil, 2010.
[24] Plataforma de Derechos de la Niñez y Juventud en Honduras, “Informe de Violaciones mas Graves a los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Jóvenes provocadas o toleradas por el Estado”, 9 de septiembre 2010.

[25] Andino, Tomás, obra citada.
[26] Un conocido análisis del UNICEF, para el período 1996 - 1999, basado en cifras del Ministerio Público, establece que el fenómeno no tiene las dimensiones cuantitativas que la prensa alega:  (…), entre enero de 1996 y mayo de 1999 se presentaron ante la DGIC alrededor de 42,000 denuncia de delitos, de las cuales sólo el 5.5% acusaban menores de edad, y de estos en la mitad de los casos había adultos incitando el delito. Asimismo reveló que apenas un 16% de 5,000 de las personas halladas in fraganti en 1998 eran menores de edad. [26] (Botero, citada por Rubio, op.cit: p: 21 y 22). Y en otro análisis, comentado por Mauricio Rubio, dice que la composición del tipo de delitos en el mismo período, es relativamente benigna, siendo relativamente bajo el porcentaje de delitos contra la vida de las personas: “De cerca de 9000 jóvenes pertenecientes a las maras en la ZMVS, tan sólo el 10% podían, de acuerdo con la Policía, vincularse con problemas de amenazas serias y un poco mas del 1% con las manifestaciones extremas de violencia, como el homicidio (…) Las principales infracciones cometidas por adolescentes serían, de acuerdo con esta muestra de casos llevados ante la justicia, el robo y el hurto (55%), las lesiones (18%), amenazas (7%), daños a la propiedad (7%) y los delitos al pudor sexual (3%)." Citado por RUBIO, Mauricio (2002) La Violencia en Honduras y la Región del Valle de Sula, Banco Intermericano de Desarrollo, Serie de Estudios Económicos y Sectoriales (RE 2-02-004).

[27] Para el año 1999 la Unidad de Prevención de Pandillas contabilizó 25,940 miembros a nivel nacional; para el año 2000, la cifra oficial era de 31,164 miembros y desde entonces tanto los voceros policiales como la prensa, utilizan cifras que van de 32,000 a 35,000 pandilleros, sin hacer una revisión de la veracidad de ese dato. En cambio, la organización Jóvenes Hondureños Adelante - Juntos Avancemos (JHA-JA), especializada en este tema, estudió en dos ocasiones el asunto tres años después de ese censo policial, y concluyó que la cifra era mucho menor.  Refiriéndose a sus hallazgos en el Valle de Sula, región donde la policía aseguraba que existían 9 mil pandilleros, JHA-JA encontró que: "La cantidad de jóvenes miembros de pandillas registrados en el censo de clíkas asciende a 1,436. Esta es una cifra aproximada ya que la dificultad de acceder a información sobre los grupos pandilleros hace imposible la exactitud y ésta solo podría establecerse mediante la aplicación de un Censo de miembros de grupos pandilleros.[27] (Ver: Bardales, Ernesto, Diagnóstico Situacional de las Maras y Pandillas en los Municipios de la Zona Metropolitana del Valle de Sula, estudio de la Asociación JHA-JA  para el Proyecto Paz y Convivencia, Proyecto HO-0205, Banco Interamericano de Desarrollo, diciembre 2002, p: 2-3). En el estudio hecho en Tegucigalpa en junio de 2003, JHA-JA encontró algo similar. No eran 12,408 los miembros de pandilla que se encontraban activos en la calle, como afirmaba la policía, sino una proyección estimada de 919. Dispensando el margen de error en esa proyección, la diferencia es abismal e imposible de reconciliar. Una anécdota de este caso es que en un barrio donde la policía afirmaba que existían 2,146 pandilleros ¡sólo pudieron identificarse 30 realmente activos! (Ver: JHAJA: Actualización de datos del Fenómeno Pandilleril en la Zona Metropolitana del Distrito Central", por patrocinio de Save the Children y GOAL, junio 2003)

[28] Ver reportaje sobre la Va Cumbre Antipandillas en San Salvador, El Salvador, 28 de abril 2009. Disponible en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=6358&idArt=3586686

[29] El Ministro de Seguridad, Oscar ALvarez decía: “Quiero decirles de que a un año de haber establecido lo que es el artículo 332  mejor conocido como Ley Antimaras, los éxitos son contundentes, realmente el primer día que operamos hace un año, en la primera operación en Tegucigalpa, capturamos 100 individuos… El día de hoy que tenemos operaciones a nivel nacional, en celebración de este aniversario en Tegucigalpa, apenas tenemos siete  detenidos en San Pedro Sula, dos en La Ceiba y ocho en Tegucigalpa”.. (La Tribuna, 19 de agosto 04) “destaco como un hecho relevante la poca captura de personas, lo que a su juicio es un indicativo de que los mareros están desapareciendo…” (El Heraldo, 7 enero de 2004).

[30]  LANDAVERDE, Alfredo  y  Caldera, Hilda (2004) “Comportamiento reciente del Narco tráfico”.
Pág: 6
[31]  “Honduras: Puente Fácil para la Droga. Debil la Lucha”, Diario Tiempo,18/12/07
[32] De acuerdo a la ex Fiscal contra la Corrupción, Abogada Soraya Morales (Tiempo, 31/8/07), en el país se movilizan alrededor de 1 mil millones de lempiras en “blanqueo” (aproximadamente  53 millones de dólares). En un seminario dirigido a Fiscales, Jueces y Defensores Públicos, la ex funcionaria de justicia llamó la atención de que “En este momento no llega a 100 los casos de lavado de activos provenientes de actos de corrupción pública” (Idem). Para Diciembre de 2007 la cantidad de cuentas sospechosas de lavado de activos ascendía a 166, sin embargo, todos los procesos están en etapa de  investigación y no hay un tan solo detenido por ello.”  (Andino, Tomás, “Mano Suave y Mano Dura en Honduras”, Conferencia al Ier Congreso Centroamericano sobre Juventud Seguridad y Justicia, Antigua Guatemala, Guatemala, 15 y 16 de Marzo de 2008, patrocinado por  el Programa de Seguridad Juvenil.


[33] Landaverde, Alfredo, y Caldera, Hilda, obra citada.
[34] Otros programas vinculados a la Iniciativa Mérida son:  La Iniciativa Centroamericana de Explotación para Huellas Dactilares (Cafe, por su acrónimo en inglés, diciembre de 2008),  la Academia Internacional de Aplicación de la Ley, el Centro de Monitoreo, el Sistema de Documento Electrónico de Viaje y el Consejero Regional Anti Pandillas, todos ubicados en El Salvador.


ASPECTOS ESENCIALES SOBRE LA ILEGALIDAD DE LA CANDIDATURA DE JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ 

Joaquín A. Mejía Rivera


 1. A MANERA DE INTRODUCCIÓN El 20 de diciembre de 1907 los 5 Estados centroamericanos -Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica- adoptaron una Convención Adicional al Tratado General de Paz y Amistad con el fin de continuar con las buenas relaciones entre ellos y establecer las más sólidas bases para la existencia de un escenario de paz en el istmo. En virtud de ello, los Estados centroamericanos se comprometieron a cumplir 3 principios fundamentales para el fortalecimiento y la defensa común de la consolidación democrática en la región. En primer lugar, considerar una amenaza para la paz regional todo acto, disposición o medida que altere el orden democrático, ya sea que proceda de algún poder público o de particulares, y no reconocer a gobiernos de ninguna de las 5 repúblicas que surjan de un golpe de Estado. En segundo lugar, inhabilitar para las altas magistraturas del Estado a los líderes de una ruptura del orden constitucional. Y en tercer lugar, prohibir la reelección del Presidente de la República y adoptar todas las medidas necesarias para rodear de completa garantía el principio de alternabilidad en el poder. A la luz de lo anterior y debido al largo periodo de gobiernos autoritarios y golpes de Estado que provocaron una profunda inestabilidad política, la proscripción de la reelección se constituyó en un elemento esencial de nuestra forma de gobierno, a tal punto que fue establecida en una cláusula pétrea en nuestra Constitución nacional con el fin de blindarla y evitar que fuera modificada incluso por el procedimiento especial que requeriría el voto de 86 diputados y diputadas, y su ratificación en la subsiguiente legislatura. 2. LA REELECCIÓN A LA LUZ DE LAS NORMAS INTERAMERICANAS Las normas deben adaptarse a los cambios políticos y sociales, y los Estados tienen un margen para establecer el ejercicio de los derechos políticos conforme a los  Doctor en Derechos Humanos, investigador del ERIC-SJ y del IUDPAS-UNAH. estándares universalmente aceptados. En este sentido, la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha señalado que los derechos políticos tienen dos aspectos claramente identificables. Por un lado, el derecho al ejercicio directo del poder y por otro, el derecho a elegir a quienes deben ejercerlo. Ambos aspectos suponen una concepción amplia de la democracia representativa que descansa en la soberanía del pueblo, en la que las funciones a través de las cuales se ejerce el poder público son desempeñadas por personas escogidas en elecciones libres y auténticas1 . Estos aspectos están íntimamente ligados entre sí y representan la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política. La primera supone que las ciudadanas y ciudadanos pueden postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que pueden ocupar cargos públicos si logran obtener la necesaria cantidad de votos; y la segunda implica que pueden elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes les representarán2 . Formar parte del gobierno y participar en elecciones genuinas, libres y mediante el voto secreto, es un derecho fundamental para la salvaguardia de todos los derechos humanos, dado que sólo un gobierno derivado de la legítima voluntad popular, expresada en elecciones libres, puede proporcionar la más sólida garantía de que los derechos humanos sean respetados3 . Dado que los derechos políticos son elementos esenciales de la democracia, los Estados tienen la obligación de garantizar la organización de todos los partidos políticos y otras asociaciones, el debate libre de los principales temas de interés, y la realización de elecciones generales, libres y garantes de la voluntad popular4 . 1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002. Capítulo IV. Desarrollo de los derechos humanos en la región. Cuba. II. Los derechos civiles y políticos. a. los derechos políticos. 7 marzo 2003, párr. 11. 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama vs. Nicaragua. Sentencia de 23 de junio de 2006, párr. 197-199. 3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre la situación de los derechos humanos en El Salvador. Capítulo IX. Derecho al sufragio y de participación en el gobierno. 17 de noviembre de 1978, párr. 1. 4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1979-1980. Capítulo VI. 02 de octubre de 1980. La realización de las elecciones debe caracterizarse por su autenticidad, su periodicidad y su universalidad. La autenticidad está relacionada con la necesidad de que exista una correspondencia entre la voluntad de los electores y el resultado de la elección. En sentido negativo implica que no existan interferencias que distorsionen la voluntad popular. Para determinar la autenticidad de un proceso electoral es necesario analizar las condiciones generales en que dicho proceso se desarrolla, es decir, las condiciones para la participación política, ausencia de coerciones directas o de ventajas indebidas para uno u varios sectores y de un ambiente de temor e inseguridad; y las condiciones específicas relativas a la organización del proceso electoral y a la realización de la votación misma, es decir, las condiciones concretas en las cuales los derechos electorales puedan ser eficaces, tales como la ausencia de obstáculos normativos y fácticos sobre organización de partidos políticos, desarrollo de campañas electorales y todo aquello relacionado con la emisión del voto5 . La periodicidad tiene que ver con la necesidad de escrutinio popular sobre el desempeño de las autoridades y debe vincularse con la prohibición de la perpetuación en el poder o el ejercicio de éste sin plazo determinado. La universalidad implica que las elecciones deben ser realizadas por sufragio universal, a través del cual se tiende a asegurar la participación política de todas las personas facultadas para hacerlo, teniendo en cuenta que es posible establecer ciertas limitaciones o exclusiones, tales como las mencionadas en el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal6 . No obstante, hay que recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el caso Castañeda Gutman concluyó que “no es posible aplicar al sistema electoral que se establezca en un Estado solamente las limitaciones del 5 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991. Capítulo V. III. 2. Democracia representativa y derechos políticos. 22 de febrero de 1991. 6 Ibídem. párrafo 2 del artículo 23 de la Convención Americana”7 . En otras palabras, el derecho a ser elegido puede ser limitado por razones distintas a las ya mencionadas en dicha disposición, siempre y cuando no implique una restricción indebida a los derechos políticos. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró la inaplicabilidad del artículo constitucional que prohíbe la reelección presidencial argumentando que restringe, disminuye y tergiversa los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos como la Convención Americana. Sin embargo, la pregunta que la Sala debía responder no era si la Convención Americana limita o permite por sí misma y de manera expresa un supuesto derecho a la reelección, sino si este instrumento interamericano admite restricciones a los derechos contenidos en él, entre ellos, el de ser reelegido. Para admitir una restricción al derecho a ser elegido mediante la prohibición de la reelección, se requiere la aplicación de un “test tripartito” que analice su legalidad, su finalidad y su necesidad en una sociedad democrática, y su proporcionalidad8 . De esta manera, para que la prohibición de la reelección sea admisible y no se preste para una aplicación abusiva, es necesario que (a) esté definida en forma precisa y clara a través de una ley en el sentido formal y material9 . Por tanto, no se pueden restringir derechos mediante decretos ejecutivos, reglamentos o actos administrativos de otra índole; (b) esté orientada al logro de objetivos imperiosos y de finalidades generales legítimas como los derechos y libertades de las demás personas o las justas exigencias del bien común10; y (c) sea necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines que se buscan, estrictamente proporcionada a la finalidad 7 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008, párr. 161. 8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. La expresión “Leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986, párr. 27, 32 y 37; Íd. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, párr. 46. 9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos… op. cit., párr. 27, 32 y 37. 10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos... op. cit., párr. 180. perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. En otras palabras, que no pueda alcanzarse razonablemente por otro medio menos restrictivo11 . La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la palabra “necesarias”, sin ser sinónimas de “indispensables”, “implica la existencia de una ‘necesidad social imperiosa’ y que para que una restricción sea ‘necesaria’ no es suficiente demostrar que sea ‘útil’, ‘razonable’ u ‘oportuna’”. De esta manera, la “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones al “derecho a ser reelegido” dependerá de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, lo que significa que la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese objetivo que se presume legítimo12 . La Convención Americana no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y ser electo. Las normas interamericanas establecen lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permiten a los Estados que dentro de esos parámetros regulen tales derechos de acuerdo con sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos13 . A la luz de todo lo anterior es posible sostener que la prohibición de la reelección aprueba sin problemas este “test tripartito”. Sin embargo, no se puede ignorar que las normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales, y que cada Estado goza de soberanía para configurar los derechos políticos conforme a diversas causas sociales e históricas, y bajo ciertos principios universalmente aceptables. En este sentido, bajo el prisma de la Convención Americana un Estado podría permitir o prohibir la reelección sin incurrir en una restricción indebida al derecho a ser electo. 11 Corte Interamericana de Derechos Humanos. La colegiación obligatoria de periodistas… op. cit., párr. 71. 12 Ibíd., párr. 46. Las citas textuales corresponden al mismo párrafo. 13 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos… op. cit., párr. 162-163 y 166. En consecuencia, la prohibición o no de la reelección no es el problema de fondo, la cuestión es que es un asunto que debe ser debatido en un amplio espacio democrático de participación directa, ya que su modificación o eliminación fue reservada por la Constitución exclusivamente al poder constituyente, es decir, al pueblo hondureño, el único sujeto político legítimamente facultado para reformar aquellos principios incluidos en cláusulas pétreas por ser considerados fundamentales. 3. PROHIBICIÓN DE REELECCIÓN, CLÁUSULAS PÉTREAS Y PODER CONSTITUYENTE La Constitución hondureña tiene las características de una norma fundamental rígida, ya que (a) es escrita, (b) está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, en el sentido de que las normas constitucionales no pueden ser derogadas o modificadas si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional mucho más complejo que el procedimiento de formación de leyes y (c) contiene principios constitucionales que no pueden ser modificados en modo alguno. Estos principios están contenidos en cláusulas pétreas que, de acuerdo con el artículo 374 constitucional, no pueden ser modificadas en ningún caso. Uno de los principios establecidos en las cláusulas pétreas es la prohibición de la reelección presidencial (art. 239), no obstante, dichas cláusulas no están dirigidas al poder constituyente que es soberano, sino a los poderes constituidos, quienes en el ejercicio de sus facultades de reforma parcial de la Constitución pueden modificar cualquiera de sus disposiciones, menos las consagradas en tales artículos. Por tanto, las cláusulas pétreas operan contra los poderes constituidos y no contra el pueblo en el ejercicio del poder constituyente, ya que es el titular de la soberanía establecida en el artículo 2 de la Constitución de la República y el único facultado para realizar este tipo de reformas. Por esta razón, la propia Sala de lo Constitucional reconoció en su sentencia que “no tiene la atribución de reformar la Constitución”14 y por tanto, aunque no tuvo la rigurosidad técnica de plantearlo expresamente, nadie puede ignorar que la prohibición de la reelección está contenida en un artículo pétreo que ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo ni la Corte Suprema de Justicia pueden derogar o 14 Véase Sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Recurso de Inconstitucional vía Acción RI-1343-2014 acumulada con el RI-0243-2015, de fecha de fecha 22 de abril de 2015, considerando 18. modificar. La razón es simple, tales instituciones son poderes constituidos que emanan de la soberanía popular y no tienen la facultad de reformar las cláusulas pétreas que operan contra ellos para evitar que se transformen en poder constituyente. La inclusión de la prohibición de la reelección en una cláusula pétrea refleja que es uno de los principios supremos y sustanciales de nuestra Constitución y por su importancia fueron sustraídos de la competencia y la facultad reformadora de los poderes constituidos. En consecuencia, es absolutamente ilegal que dos poderes constituidos, es decir, la Sala de lo Constitucional con sus 5 magistrados y magistradas, y el Congreso Nacional con los 55 diputados y diputadas que votaron en contra del plebiscito para consultarle al pueblo hondureño sobre la reelección, puedan reformar la cláusula pétrea que la prohíbe. De hacerlo, implicaría suplantar la soberanía popular que reside en los más de 4 millones de hondureños y hondureñas habilitados para votar y que son los únicos legitimados como titulares del poder constituyente. A la luz de lo anterior, la reelección no puede considerarse legítima porque su prohibición está contenida en un artículo pétreo que actúa contra los poderes constituidos y cuya reforma únicamente corresponde al pueblo como poder constituyente. Por tanto, mientras el pueblo hondureño no se manifieste al respecto, la reelección se encuentra en suspenso y consecuentemente, las intenciones de Juan Orlando Hernández de optar nuevamente a la presidencia y su posible inscripción constituye un delito de traición a la patria por suplantación de la soberanía popular, tal como lo estable el artículo 2 constitucional. 4. REELECCIÓN Y ALTERNABILIDAD EN EL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA El último párrafo del artículo 4 de la Constitución establece que “[l]a alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria”. De acuerdo con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, la alternabilidad “procura que exista una rotación en el poder”15 y según el Diccionario de Derecho Constitucional emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, la alternabilidad implica que “las personas deben turnarse sucesivamente en los cargos, o que los cargos deben desempeñarse por turnos”16 . En otras palabras y en caso que aceptáramos la permisión de la reelección únicamente si así lo decidiera el titular del poder constituyente, el principio de alternabilidad obliga a que la persona titular de la Presidencia de la República cambie periódicamente y prohíbe a quien ostenta actualmente ese cargo, ejercerlo por otro período consecutivo sin mediar el intervalo de un período. En palabras del Dr. Edmundo Orellana, “por este principio no podría admitirse la reelección sucesiva o continua, aunque no sea prohibida la reelección”17 . La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras en ningún momento discutió o declaró inaplicable el artículo 4 constitucional y en consecuencia, siguiendo al Dr. Orellana, “[a]unque aceptáramos el absurdo de que la sentencia de marras es legal, tendríamos que convenir, entonces, que el único que no puede postularse como candidato a Presidente, es el actual Presidente, porque se lo impide el principio de la ‘alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia’” 18 . En otras palabras, el señor Juan Orlando Hernández no puede inscribirse como candidato a la presidencia pues tiene que esperar al menos a que pase un período presidencial. Si el Tribunal Supremo Electoral decide inscribir la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández, se violentaría nuevamente la Constitución y los responsables incurrirían en un grave delito de suplantación de la soberanía popular, de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, y de traición a la patria, que el Ministerio Público tiene la obligación de perseguir de oficio. 15 Poder Judicial. Principios desarrollados en la jurisprudencia constitucional. Sala Constitucional. Escuela Judicial. San José, Costa Rica. 2014, p. 10. 16 RICHTER, Marcelo Pablo Ernesto. Diccionario de derecho constitucional: con definiciones y conceptos jurídicos emitidos por la Corte de Constitucionalidad. Corte de Constitucionalidad. Guatemala. 2009. 17 ORELLANA, Edmundo. “La reelección en Honduras”. En Revista Envío-Honduras. Año 14. N° 50. Tegucigalpa. Septiembre de 2016, p. 15. 18 Ibídem. 5. A MODO DE CIERRE: EL PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO Argumentar la supuesta legalidad y legitimidad de la reelección del actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se enfrenta a importantes obstáculos para encontrar justificaciones éticas y jurídicas que permitan negar que la inscripción de su candidatura provocaría una nueva ruptura del orden constitucional con su consecuente crisis política y de derechos humanos. En el año 2009, quienes ahora defienden con dogmatismo la reelección presidencial, dieron un golpe de Estado por considerarla ilegal, con nefastas consecuencias para la institucionalidad democrática y los derechos humanos. Y lo más grave es que han despojado al pueblo hondureño de su facultad constituyente de modificar o no el artículo pétreo que la prohíbe. Por ello, la actuación del Ministerio Público puede ser fundamental para poner un alto a los abusos de quienes se consideran por encima de la Constitución y para evitar que las Fuerzas Armadas asuman la defensa de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, tal y como lo establece el artículo 272 constitucional. La participación de los militares como supuestos guardianes de nuestra democracia tendría nuevamente graves implicaciones para el Estado de derecho pues como lo señala Víctor Meza, su intervención y participación en la vida política nacional ha “sido una permanente pesadilla en la historia política contemporánea del país”19 . La inscripción de la candidatura de Juan Orlando Hernández implicaría para sus responsables la comisión de varios delitos contenidos en el Código Penal. En primer lugar, el delito de traición a la patria que de acuerdo con el artículo 310-A se sanciona con reclusión de 15 a 20 años. En segundo lugar, el delito contra la forma de gobierno establecido en el artículo 328 y que sanciona con reclusión de 6 a 12 años a quienes alteren el orden legítimo de suceder a la presidencia. Y en tercer lugar, el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios contenido en el artículo 349 y que sanciona con reclusión de 3 a 6 años 19 MEZA, Víctor. “La militarización de la seguridad pública en Honduras”. En MEZA, Víctor, ORELLANA, Edmundo, SALOMÓN, Leticia, et al. La militarización de la seguridad pública en Honduras. Centro de Documentación de Honduras. Tegucigalpa. Junio 2015, p. 1. al funcionario o empleado público que dicte o ejecute sentencias o resoluciones contrarias a la Constitución o se abstenga de cumplir lo dispuesto en ella. Frente a la inscripción de la candidatura de Juan Orlando Hernández, la ciudadanía tiene los elementos técnico-jurídicos suficientes para sustentar las denuncias penales respectivas ante el Ministerio Público y los recursos de impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral. Pero sobre todo, de acuerdo con el artículo 25 del Código Procesal Penal, el ejercicio de la acción pública en este tipo de delitos le corresponde al Ministerio Público, quien puede proceder de oficio. Por tanto, ante la ilegalidad de las intenciones reeleccionistas del presidente Hernández, el Ministerio debe de iniciar de oficio el procedimiento criminal respectivo en contra de quienes incurran en los delitos señalados en relación con la reelección presidencial. Sin duda alguna, esta es una oportunidad histórica para que el actual Fiscal General del Estado, Óscar Chinchilla, demuestre a la sociedad hondureña que pese a su cuestionado nombramiento, el Ministerio Público que rectora, en esta ocasión representará y defenderá los intereses generales de la sociedad.




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