Por: Hugo Noé Pino
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Por
mucho tiempo he rehusado a aceptar el calificativo de Estado fallido
para Honduras. La razón, un Estado tiene funciones importantes que
realizar, siendo las básicas: educación, salud, seguridad ciudadana,
protección social, infraestructura económica y la administración de
justicia. Muchas de estas funciones, aunque con dificultades, se habían
venido cumpliendo.
Uno
de los aspectos centrales para el cumplimiento de estas funciones es la
institucionalidad, entendida ésta como el respeto a las leyes (Estado
de derecho) y el funcionamiento de las diversas instancias de gobierno
en el cumplimiento de sus objetivos.
El deterioro en Honduras se aceleró
con el golpe de Estado en 2009 por el burdo y torpe rompimiento de la
débil institucionalidad del país. Después de esto todo se vale:
destituir magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, nombrar irregularmente al fiscal general, nombrar
anticipadamente y arbitrariamente el Tribunal Supremo Electoral que
regirá las próximas elecciones de 2017, aprobar más de 100 leyes sin que
muchas de ellas hayan llegado al pleno del Congreso Nacional, etc.
Ante éste deterioro institucional, los retrocesos en el sistema de salud, el avance del narcotráfico, la delincuencia, la violencia generalizada, la corrupción y la impunidad en Honduras, sería muy fácil que los hondureños y hondureñas llegáramos a la conclusión de que el país es un Estado fallido, pero no lo hemos hecho.
El
que sí parece haber llegado a esa conclusión es nuestro vecino del
norte, Estados Unidos. Muy pocas veces en la historia reciente se había
visto una decisión y presión tan fuerte para llevar a la justicia
norteamericana los casos que les afectan directamente como son el
narcotráfico y el subsecuente delito de lavado de dinero. Se cansaron
que las instituciones que administran la justicia en Honduras no
hicieran nada y que fueran, más bien un escudo a los que delinquen. Y
esta vez no ha habido insinuaciones sutiles, ni esperas, o cumplen o
aténgase a las consecuencias.
Obviamente
que la debilidad estructural del Estado hondureño facilita el
cumplimiento de las presiones. Hay que liquidar un banco (aunque sea la
primera petición de tal forma a nivel internacional), hay que incautar
bienes (aunque esto sea en forma selectiva) y hay que deportar acusados
en el más corto tiempo posible. Lo paradójico es que todavía hay quienes
se atreven a decir que todo esto es resultado de la voluntad política
del actual gobierno.
Sin
embargo, lo más triste es que queda evidenciado nacional e
internacionalmente que nuestras instituciones no funcionan y que
internamente no somos capaces de administrar justicia. No es que no haya
hondureños y hondureñas honestos que puedan aprobar y aplicar las leyes
correctamente, el origen de la actual situación es el secuestro del
poder político por una camarilla corrupta cuyos intereses personales
están por encima de los intereses colectivos.
Esa
camarilla política, en alianza con una élite económica acostumbrada a
vivir a la sombra de los favores del Estado, ha recreado una estructura
de poder que ha llevado al país a su situación económica, política y
social actual. Precisamente esta alianza, junto a otros sectores
conservadores, mantiene el clima de polarización política que impide
alcanzar acuerdos nacionales, indispensables para corregir el rumbo del
país.
Prueba
de ello es el proceso de selección de la nueva Corte Suprema de
Justicia para un nuevo período de siete años. Desde su comienzo ha sido
una elección amañada, contralada desde las instituciones que postulan,
hasta la selección de los miembros de la Junta Nominadora. Por eso no es
extraño que la mayoría de los propuestos no sean abogados de renombre y
con una larga trayectoria profesional, sino los escogidos de los
partidos políticos que votarán y harán la mayoría en el Congreso
Nacional. Todo pasará, sin que pase nada.
De
esta forma el país continuará por el mismo camino que ha venido
recorriendo y serán actores externos, como en este caso Estados Unidos,
lo que exigirán cada vez más directamente lo que el Estado de Honduras
no es capaz de hacer.
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