Miercoles 16 de mayo 2012 / 15:44 / Dina Meza
Fuente: defensoresenlinea.com
Tegucigalpa.
Mujeres de diversas organizaciones exigieron al Congreso Nacional que someta a discusión el decreto legislativo 54-2009 que prohíbe y penaliza el uso de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia, PAE, en una conferencia de prensa este miércoles 16 de mayo de 2012.
Representantes del Centro de Derechos de Mujeres, CDM, Centro de Estudios de la Mujer-Honduras, CEM-H, de la Red Lésbica, Cattrachas, AVAAZ.org, Comité de Derechos Reproductivo y del Comité Latinoamericano de Derechos de Mujeres, CLADEM, llegaron con centenares de cartas, faxes, correos electrónicos y firmas del mundo donde se le reclama al Estado de Honduras por violentar los derechos de las mujeres.
Las mujeres entregaron a los diputados y diputadas: Toribio Aguilera y Delmy Ordoñez de PINU-SD, de Perla Simmons del Partido Liberal, Sergio Castellanos de la UD y la Vice Ministra de Justicia y Derechos Humanos, Martha Sabillón, copia de las demandas de otras partes del mundo y denunciaron que el actual presidente del Congreso Nacional no se deja encontrar para que él mismo recibiera todas estas protestas.
Después de la conferencia de prensa llevaron a cabo una jornada cultural y denuncia donde con canciones, protestas y teatro reclamaron a los diputados y diputadas que aparte de derogar este decreto violatorio a los derechos humanos de las mujeres, dejaran de entrometerse en las decisiones que solo compete a éstas como es el hecho de decidir sobre su cuerpo.
Grupos fundamentalistas elaboraron anteproyecto de Ley
Las mujeres expresaron en un comunicado de prensa entregado a los distintos medios de comunicación que “Aprovechando la situación social en que estaba el país los meses previos al Golpe de Estado de 2009, la actual Ministra de Turismo, Nelly Jerez, presentó en la Cámara Legislativa, un proyecto de ley violatorio de los derechos de las mujeres. Dicho proyecto, fue elaborado por un grupo de fundamentalistas religiosos, como la Confraternidad de Iglesias Evangélicas de Honduras y el Opus Dei, que se esconden bajo el manto de organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas privadas y desde cargos públicos legítimos o no”.
Con manipulaciones y falacias, estos grupos lograron que el Congreso aprobara el Decreto Legislativo N° 54-2009, bajo el argumento de que la anticoncepción de emergencia es abortiva. En la actualidad no existe una sola evidencia científica, rigurosa y seria en todo el mundo, que concluya que la anticoncepción de emergencia tiene efectos sobre un ovulo fecundado, agregaron.
Según dijeron desde entonces han estado viviendo y resistiendo una estrategia nacional y regional, en contra la autonomía de las mujeres de parte de organizaciones como el Opus Dei, que reforzada por los partidos tradicionales, pretenden impedir a las mujeres el ejercicio de sus derechos humanos.
"No hemos aceptado arreglos que a manera de maquillaje seudo democrático, buscan esconder las enormes, constantes y casi siempre invisibilizadas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. A fin de cuentas, el militarismo, el estado policíaco, la violencia institucional y la manipulación de conciencias, son manifestaciones de la misma lógica patriarcal dominante", reiteraron.
Sobrevivientes de violencia sexual ya no pueden acceder a las PAE
Sólo en el año 2011, el Ministerio Público recibió 2,417 denuncias de abusos sexuales, en las que las víctimas eran mujeres y niñas, y si muy poco se hace por sancionar a los responsables de esos crímenes, menos esfuerzos se hace para prevenirlos. La falta de voluntad política para proteger los derechos de las mujeres, se evidencia casi en todas las instituciones del estado de Honduras. Cabe destacar acá, que la pastilla anticonceptiva de emergencia es el único método que puede utilizar una mujer sobreviviente de violencia sexual para evitar un potencial embarazo producto de una violación.
Ante el veto presidencial y la necesidad de esperar la opinión de la Corte Suprema de Justicia, se optó por la aprobación de un acuerdo ejecutivo para prohibir la promoción, comercialización y uso de las PAE, impidiendo que las mujeres hicieran uso de ella, luego de más de una década en que era distribuida y utilizada legal y legítimamente en el país.
Fue Mario Noé Villafranca, ministro de Salud del régimen de facto y ex presidente del Colegio Médico de Honduras, quien suscribió dicho acuerdo, desconociendo la evidencia científica existente sobre las PAE, y a pesar de no haber concluido el proceso parlamentario para la vigencia del Decreto Legislativo; razón por la cual, tiene una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos por delitos cometidos contra el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución.
El pasado 14 de febrero, la Corte Suprema de Justicia emitió la opinión solicitada por el Congreso Nacional, afirmando que prohibir y penalizar la promoción y el uso de las PAE no viola los derechos humanos de las mujeres, por lo que ahora y según el trámite constitucional corresponde al Congreso Nacional una nueva deliberación sobre el decreto, y ratificarlo o no.
Exigencias de las mujeres:
• Al Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, que someta a deliberación lo más pronto posible, el Decreto Legislativo N° 54-2009, y que el pleno actúe en consonancia con los mandatos de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la propia Constitución de la República, no ratificando el decreto.
• Al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y el Instituto Nacional de la Mujer, que asuman una postura pública de defensa a los derechos de las mujeres a informarse, acceder y hacer uso de la anticoncepción de emergencia, de acuerdo a sus mandatos institucionales.
• A la Secretaría de Salud, que derogue el Acuerdo Ejecutivo N° 2744 que prohíbe el uso de las PAE, emitido ilegalmente por un régimen de facto, contrario a políticas públicas nacionales y a opiniones, recomendaciones y mandatos de distintas instancias internacionales.
Miles de firmas del mundo exigen al estado de Honduras derogar decreto
Según los datos proporcionados a la prensa nacional, por medio de varias organizaciones se están recolectando firmas a un documento donde se le solicita al Estado hondureño respetar los derechos de las mujeres. Estas firmas ya suman más de medio millón y continúan.
Amnistía Internacional también está implementando una campaña mundial para que todos sus activistas en el planeta se pronuncien en contra de la criminalización de las mujeres que utilizan las PAE.
Indira Mendoza de la red Lésbica Cattrachas señaló que en ninguna evidencia científica en el mundo que demuestre que las PAE tienen efecto en el óvulo fecundado.
Por su parte Regina Fonseca, del CDM, señaló que tienen muchas denuncias de mujeres que son sobrevientes de violencia sexual que no pudieron tener acceso a la PAE tal como se hacía antes en las clínicas del Estado cuando ocurría un hecho de tal naturaleza, debido a la prohibición para la comercialización y el uso de la pastilla.
Advirtió que las mujeres no se quedarán con los brazos cruzados y en el caso de que el decreto sea ratificado, procederán a la demanda internacional contra el Estado de Honduras por violentar los derechos humanos de las mujeres con este tipo de leyes que promueven más violencia de la que ya viven las mujeres.
A la conferencia de prensa asistieron mujeres de diferentes partes del país, representantes de la cooperación internacional que escucharon atentamente el posicionamiento de las mujeres hondureñas.
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