domingo, 17 de junio de 2018

Honduras: Aunque no está vigente nuevo Código Penal, ya se está aplicando artículo que criminaliza la protesta social

Written by  Salvador Monroy
El nuevo Código Penal no está en vigencia pero se está aplicando artículo que criminaliza la protesta social, lo que deja evidenciado que la disidencia política se le ataca desde el Estado de Honduras con balas, palos y leyes lesivas a los derechos humanos.
El Artículo 335-A que castiga la protesta social y que se encuentra tipificado como un delito de terrorismo en el Código Penal de Honduras, recién aprobado por los parlamentarios, se mantiene igual y el mismo no está derogado aclaran diputados del Congreso Nacional.
                         El Artículo 335-A. señala que “Se deben aplicar las penas contempladas en el Artículo precedente a quien o a quienes como integrante de grupos de asociación ilícita de cualquier tipo, busque o busquen suplantar el ejercicio de las potestades de la autoridad pública, tales como, el control territorial, así como el uso legítimo de la fuerza por parte de las diferentes instituciones de Justicia y Seguridad, aterrorizando, poniendo en grave riesgo o afectando de forma sistemática y general los derechos fundamentales de la población o parte de ella, la seguridad interna del Estado o la estabilidad económica del país”.

Se mantiene igual
El diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional, abogado Oswaldo Ramos Soto indicó que el Artículo 335-A del Código Penal no ha sido derogado por el parlamento hondureño y el mismo será aplicado tal y como está establecido en la Ley.
“Lo que se derogó fue el 335-B, o sea la apología, el 335-A sigue vigente”, apuntó.

Sobre la tipificación que tendrá la protesta pública como delito de terrorismo, el legislador dijo que “mientras así se valore, así se castiga, pero yo quisiera consultar con los penalistas del Congreso, para ver qué me dicen, y yo le hablaría más tarde”.

En cuanto a los presos políticos que están en la cárcel de La Tolva en Danlí y otros en El Pozo, ambas de máxima seguridad, que pudieron haber sido acusados de terroristas, aplicándoles el artículo 335-A, Soto señaló que “yo de eso no le puedo contestar porque tendríamos que verlo y yo lo ignoro y no me gusta emitir criterios axiológicos de temas que ignoro. Lo que sí le puedo decir con certeza es que se derogó el 335-B, eso sí verdad, y sobre el 335-A, si no se derogó sigue vigente” concluyó.

Se pidió que se derogara
Al consultarle a la diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad (PINU), la parlamentaria indicó que aunque se pidió que se derogara, el mismo todavía se mantiene vigente.
“El Artículo 335-A del Código Penal, ese artículo no está derogado, el único que se derogó es el Artículo 335-B del Código Penal que tenía que ver con la Libertad de Expresión, pero el 335-A no se ha derogado y por esa razón hay compañeros presos en el Pozo, una cárcel de máxima seguridad en el país, porque participaron en la protesta”, indicó.

Gutiérrez destacó que “la criminalización de la lucha social se mantiene vigente en el Código Penal, a través de actos de represión, inclusive se les puede acusar de terroristas”, a todos aquellos que realicen protestas en las calles.

La parlamentaria explicó que todo acto que atente contra el Estado, tal y como lo especifica el Artículo 335 del Código Penal, será considerado como un acto terrorista, sin embargo, el Artículo 335-A queda enmarcado dentro de ese contexto y allí se ubica la lucha social que realizan en la calle diferentes organizaciones, estudiantes o personas indignadas con el Estado.

Para aclarar un poco sobre cómo quedaría tipificado el delito de la protesta pública, el Artículo 335 del Código Penal, referente al Delito de Terrorismo, señala que “Comete el delito de terrorismo:Artículo 335. Quien, realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves, incendios u otros estragos contra un ciudadano civil o su propiedad o contra cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto o evento por su naturaleza o contexto, sea el de intimidar o causar estado de terror en la población o, de obligar a un Gobierno o una organización internacional a realizar o abstenerse a realizar cualquier acto”.

Al consultarle a Gutiérrez si a partir de ahora la protesta seguirá criminalizada , la diputada expresó que “todo eso nosotros lo denunciamos, eso es parte de un Gobierno dictador, de un Gobierno represivo, un Gobierno que violenta el Artículo 3 de la Constitución de la República”.

Para la parlamentaria, “ese artículo 335 del Código Penal es inconstitucional y ya nosotros presentamos una propuesta para que se derogara de la ley, así mismo el 335-A y el 335-B, lo presentó el Partido Libertad y Refundación y lo presentamos nosotros como PINU, también el Partido Liberal y el mismo no ha sido derogado”, recalcó.

Por su parte, el diputado Rony Martínez, del Partido Libertad y Refundación, (Libre), señaló que lo único que se ha establecido en el seno del Congreso Nacional es la derogación del Artículo 335-B del Código Penal, sin embargo queda pendiente el Artículo 335-A del Código Penal que sanciona la protesta.
“El 335-A cataloga como terrorismo las manifestaciones públicas, supuestamente estos artículos quedaron derogados en el nuevo Código Penal, el cual ya se aprobó y va a entrar en vigencia en los próximos meses, sin embargo, de no ser así y si el 335-A se mantiene, como diputados nos tocaría presentar nuevamente una moción para que se derogen estos artículos o se reformen, para dejar claro que la protesta social no es un delito de terrorismo”.

Martínez destacó que como diputados no habían reparado en que a los manifestantes que protestaron en las calles porque exigen un Estado de Derecho, se les había aplicado el Artículo 335-A y ahora están presos en el Pozo.
“En este momento es preciso que ahondemos en este tema y una vez que regresemos de las vacaciones parlamentarias, vamos a trabajar en ese sentido”, concluyó el parlamentario al hacer referencia a los artículos que se deberán derogar el Código Penal.

Sigue vigente
Por su parte, Juan Barahona, diputado del Partido Libertad y Refundación, (Libre), afirmó que el Artículo 235-A del Código Penal continúa vigente, por lo cual la protesta social seguirá siendo catalogada como un delito de terrorismo en el país.
“Fue derogado en su inciso b, que era la ley mordaza para los periodistas, pero el 335-A continúa vigente, eso quiere decir que la protesta social sigue penalizada como un delito de terrorismo”, destacó.

Para Barahona, el Artículo 335-A “es una ley mordaza, porque la Constitución de la República faculta la libre movilización y la protesta, es una violación a los derechos humanos, a los derechos individuales y colectivos de las personas.“Hemos pedido varias veces que se deroge ese artículo, pero no se oye”, afirmó.
“Por la aplicación de ese artículo hay 5 presos políticos todavía, estos compañeros han sido procesados y vamos a seguir luchando por liberarlos y en algún momento vamos a derogar ese artículo y cuando los cachurecos no tengan esa aplanadora de hoy, a esos 67 votos, que es de donde toman las decisiones, 61 cachurecos, 4 de la Alianza Patriótica, 1 de la UD y 1 de la DC y con eso están haciendo todas las picardías en contra de este pueblo”, destacó.

Según el parlamentario Barahona, no existe explicación del por qué están presas varias personas por el derecho a protestar, si el nuevo Código entra en vigencia hasta el otro año y en el actual no está tipificado ese delito.
“Están presos porque el Gobierno así lo quiere, ellos tienen la Corte, la Policía, El Congreso, las Fuerzas Armadas, todo el Ejecutivo y además tienen la Fiscalía y esos procesos son ilegales e injustos”, concluyó.

En un comunicado que emitió la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), se menciona una célula terrorista o Comandos de Insurrección. Dicho comunico señala de manera disfrazada, relacionando las protestas de los movimientos populares o de la Sociedad Civil en las calles y señala que con instrucciones del jefe de FUSINA  para mantenerse alertas por atentados que se realizarán en Choluteca, Choloma y Tegucigalpa contra negocios, entre ellos gasolineras.
               

Este es el comunicado emitido por FUSINA donde alerta a los comandantes de las regiones para que estén pendientes de atentados que se llevarán a cabo en negocios de Choloma, Choluteca y Tegucigalpa, por lo que denominaron células terroristas, pero que se refiere a los comandos insurreccionales de los cuales ha venido hablando el partido LIBRE.

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