Redacción Central / EL LIBERTADOR / Publicado: 22 Noviembre 2017
Tegucigalpa.
Este martes los diputados de oposición, Luis Redondo y Jorge Cálix,
acompañados de un grupo de abogados presentaron en conferencia de prensa
un informe llamado “Robo Parlamentario del Siglo”, que plantea todas
las irregularidades del Congreso Nacional que dirige el gobernante
Partido Nacional.
En
ese sentido, los diputados expusieron sobre los “delitos y violaciones
a la constitución que se han cometido por altos funcionarios del estado
de Honduras durante el periodo del individuo Juan Orlando Hernández,
como también las instituciones y empresas relacionadas en estos hechos”.
Según
Redondo, esto cumple con la continuidad de una serie de investigaciones
que ya habían iniciado la Organización de Estados AmericanoOTO s (OEA) y
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El
abogado René Adán Tomé que acompaño a los diputados dijo que dentro de
las irregularidades del Congreso, destaca el decreto 210-2013 “prorrogó
sucesiones de la legislatura del 2014 hasta el 19 de enero”.
El
especialista en constitucionalidad, mencionó que en lo referente a ese
caso, se identificó que la elección de magistrados del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) ocurrió el 20 de enero, cuando ya había finalizado la
prórroga.
La
investigación que realizaron reveló que el Congreso aprobó 67 decretos
en un mismo día, y por ende cuestionó que “esto no es posible, en un día
no se pueden aprobar 67 decretos”, según Tomé esa cantidad de leyes
equivale solo al 25 por ciento de la legislatura.
En
base al análisis los diputados encontraron que algunas de las leyes
aprobadas en ese tiempo fueron la “Ley de Secretos”; la Ley del
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUMPMEP); la Ley de Trabajo por
hora, la Ley del Presupuesto de la Republica del año 2014; y la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
Además
se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica; las reformas a la
Ley del Ministerio Público, donde se creó la Agencia Técnica de
Investigación Criminal (ATIC); la Ley de Propiedad. Para darle el
registro y matricula de vehículos al Instituto de la Propiedad; la
reforma a la Ley de Servicio Diplomático y Consular; y las reformas al
Código Tributario.
También
en ese periodo, bajo decreto 369-2013, se aprobaron 10 contratos de
fideicomiso con los bancos Atlántida y Ficohsa, tales concesiones tienen
una duración de 30 años.
Por
otro lado, se destaca que se aprobaron 52 contratos de energía
renovable y de esos 22 son en el municipio de Choluteca y el resto están
distribuidos en el resto del país. Como caso emblemático destaca la
aprobación del Trans 450.
Por
último, está la concesión de ocho obras para la municipalidad de
Tegucigalpa, donde se dio el visto bueno a la construcción del puente
aéreo de Camosa en la colonia Las Brisas. Como dato curioso, esta
construcción debe ser cerrada cada cierto tiempo para darle
mantenimiento.
Tomé
explicó que alrededor de 20 personas colaboraron en la investigación y
se basaron en la documentación de todas las ediciones del diario oficial
“La Gaceta”, según el togado el “robo parlamentario del siglo”,
involucra el desfalco de 300 mil millones de lempiras.
El
diputado Luis Redondo afirmó que para identificar a los autores del
“robo parlamentario”, primero se debe investigar a profundidad todo lo
sucedido; no obstante, reflexionó que “los delitos están claros después
de estas pruebas contundentes que nosotros hemos presentado y que van a
ser evaluadas en su momento por quien aplique justicia”.
Según
Redondo, en el documento se desvela que hubo delitos por usurpación de
funciones, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos,
entre otros. Además, consideró que “se tiene que hacer investigaciones
por la aprobación de contratos”.
Para
el caso, ejemplarizó que en Choluteca, se aprobó 25 concesiones a
empresas por más de 50 años y que incluso en “La Gaceta”, no se
publicaron varias páginas con la información referente. “Hay ocho
decretos que se aprobaron ese día 20 de enero que no fueron publicados
en La Gaceta”, entre ellas la alteración del periodo legislativo.
Cabe
destacar que en Honduras una legislatura dura 365 días naturales y un
mismo proyecto de ley no se puede discutir dos veces durante el mismo
periodo. Por otro lado, una ley para que sea válida debe publicarse en
el diario oficial “La Gaceta”.
Redondo hizo hincapié en que la elección de magistrados del TSE (foto), fue inconstitucional y que parte del trabajo realizado es para cumplir con una disposición en la Carta Magna del país “todos tenemos que defender y vigilar el respeto a la Constitución y sus leyes, nosotros hoy estamos cumpliendo con eso”.
Asimismo
refirió que “el señor Jiménez (Juan Jiménez vocero de la MACCIH) no
tiene pretexto, de hecho ahorita vamos a entregarle copia a él”. El
parlamentario argumentó que en base a esa denuncia se procedió a ir ante
la OEA y la CIDH, porque la Sala de lo Constitucional no daba una
respuesta.
El
legislador dijo a EL LIBERTADOR que incluso esta madrugada despertó por
una pesadilla en la que aseguró, se veía dando la orden para “fusilar a
los traidores”, añadió que esto se lo comunicó a los funcionarios de la
CIDH luego de reflexionar en todas las veces que los organismos de
justicia de Honduras ignoraron cada denuncia.
Luego
de que los parlamentarios presentaran a la población el informe, estos
procedieron a visitar las Oficinas del Ministerio Publico en la capital
para la presentación formal de la denuncia, además visitaron al Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA) y finamente a la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/noticias/nacionales/2525-congreso-de-joh-desperdicio-300-mil-millones
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