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martes, 7 de febrero de 2017

Honduras: El informe de Global Witness y reacciones autoritarias - 07 Febrero 2017


El informe de Global Witness corrobora lo que viven los defensores y defensoras de derechos humanos en general y los del medio ambiente en particular, que “no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras”.
Aunque el caso de Berta Cáceres es el más emblemático, desde 2010 han sido asesinadas más de 120 personas que se opusieron a las represas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras, y muchas otras han sido amenazadas, atacadas o encarceladas. Los responsables son las fuerzas de seguridad del Estado, guardias de seguridad privada o asesinos a sueldo.

Como casi siempre ocurre, la violencia que provoca este tipo de proyectos extractivos vincula a las élites ricas y poderosas del país, quienes están implicadas en “acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos y acallar a la oposición”. Y no puede faltar el financiamiento estadounidense a las fuerzas policiales y militares “que son responsables de algunos de los peores ataques”.

La respuesta del gobierno a través de dos secretarios de Estado y otros funcionarios, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y de la clase política implicada era de esperar en un contexto de autoritarismo: ataques, insultos, amenazas, desacreditación y anuncios de interposición de acusaciones penales. Tampoco podía faltar la campaña de odio en las redes sociales por grupos anónimos.

La gravedad de la situación es tal que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras tuvo que rescatar literalmente a los representantes de Global Witness de una televisora en donde participaron en un programa que más parecía una trampa mediática llena de hienas intentando acabar infructuosamente con su presa.

Pese a las denuncias de violencia y corrupción que involucran a importantes sectores empresariales y políticos del país, solamente la Oficina del Alto Comisionado y de la MACCIH anunciaron el inicio de investigaciones al respecto; mientras tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público volvieron a quedarse callados evidenciando una vez más su papel cómplice.

La diferencia entre un gobierno democrático y un gobierno autoritario es que frente a este informe el primero anunciaría una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre los hechos denunciados, mientras que el segundo actuaría con violencia, discriminación y desacreditación contra quienes lo publican.

Es claro que el gobierno de Honduras ha vuelto a mostrar su verdadera cara autoritaria y que no está dispuesto a admitir ninguna crítica, disenso u oposición.





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