El ataque en contra de periodistas y comunicadores sociales al interior de nuestro país, es una problemática que permanece en silencio, pero que se ha incrementado en los últimos meses. Los responsables de realizar este tipo de acciones van desde miembros de las Fuerza Armadas y de la policía hasta las autoridades municipales, quienes llegan al punto de levantar procesos penales para silenciar las voces que incomodan su no tan transparente accionar.
El ataque a balazos sufrido este 02 de mayo por el periodista Félix Molina, deja de manifiesto que los y las periodistas en Honduras ejercen su profesión sin ninguna seguridad y pueden ser objeto de atentados, seguimientos, amenazas y hostigamientos, sin que los perpetradores tengan consecuencias.
Periodistas fuera de las grandes ciudades se enfrentan cara a cara con el riesgo
Dentro de esta serie de casos se encuentra el de Cesar Obando Flores, comunicador social de la ciudad de Tocoa, en el Departamento de Colón quien al tocar temas considerados sensibles en materia de corrupción e industrias mineras, siente que su vida corre peligro.
Obando es un joven comunicador de Radio popular del Aguán, la tercer radio con mayor aceptación en la zona, además labora para la televisora local canal 34 en donde produce un noticiero y por último es el corresponsal de Radio Progreso en Tocoa.
Existen casos de procesos penales contra comunicadores sociales en la zona centro sur del país, quienes por denunciar irregularidades precisamente por parte de las autoridades municipales han estado a punto de enfrentar la prisión.
Gilberto Galvez en la ciudad de la Paz enfrentó una querella por parte de la alcaldesa Gilma Castillo, luego de que éste denunciara a través de su página en Facebook una fuerte suma de dinero para la construcción de un puente en las afueras de la ciudad.
Mientras que en Choluteca, Jairo López fue querellado por un empresario de medios de comunicación local, afín al Partido Nacional, por denunciar tráfico de plazas en la Dirección Departamental de Educación y conexiones ilegales a la red del agua.
Es a este escenario que se enfrenta Obando Flores, quien en el mes de septiembre de 2015, en el marco de una serie de acciones de protesta en diferentes ciudades del país, mientras cubría en su localidad, fue interceptado por militares quienes le pidieron que borrara lo captado con su cámara. Logró escapar pero le dieron seguimiento hasta que se refugió en la sede del Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), en Tocoa.
Cuando pretendía darle cobertura el pasado 12 de marzo de este año a un informe de auditoría realizado por el Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), a la municipalidad de Tocoa, elementos policiales le impidieron realizar su cobertura y 48 horas después fue objeto de persecución, razón por la que tuvo que refugiarse en la sede de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
En una entrevista realizada por pasosdeanimalgrande.com Obando relata los momentos de angustia que pasó cuando los policías lo obligaron a salirse del lugar donde se estaba presentando el informe por parte del TSC por las buenas o por las malas, según le advirtieron. Esta es la entrevista realizada:
PASOS DE ANIMAL GRANDE (PAG): ¿Cómo fueron los hechos?
CESAR OBANDO (CO): Todo fue porque me presté a cubrir una presentación de un informe de auditoría elaborado por el Tribunal Superior de Cuentas, (TSC), en la municipalidad de Tocoa. Me asignan ir a cubrir este evento, llego y saco mi equipo (cámara, grabadora y teléfono celular), logro grabar un poco, 15 segundos y de pronto sentí incómodas a las autoridades en el salón.
PAG: ¿Recibió maltrato policial entonces?
CO: Se pararon dos policías, uno de ellos el jefe de la policía municipal, de nombre Isaías y dos miembros de la Policía Militar de Orden Públic, (POMP), no me permitieron seguir grabando y me sacaron del evento. Se me dijo que había una prohibición para que llegasen los periodistas a cubrir y según uno de los miembros del Tribunal, la orden la giró el alcalde Adán Funes.
Me dijeron –los policías militares- que mejor me saliera por la buena, o si no sería por la fuerza que lo harían y efectivamente así pasó.
PAG: ¿Responsabiliza a las autoridades de la municipalidad por esta acción?
CO: Esto es lo que no les gusta a las autoridades en el departamento de Colón y por eso, porque saben de mi forma de actuar como comunicador es que se me impide darle cobertura a eventos oficiales de la municipalidad de Tocoa y en especial de su alcalde Adán Funes.
Se me impide mi trabajo porque simplemente como periodista, vengo evolucionando en mi trabajo periodístico, soy de los que no me quedo callado, ser la voz de los que denuncian a diario violaciones a los derechos humanos.
PAG: ¿Cómo toma el hecho de que un alcalde de un partido de oposición actúe de esta forma?
CO: Es lamentable. Que estén violentando los derechos humanos, la libre expresión. Se supone que están en el partido LIBRE porque es del pueblo que ha sufrido desde el golpe de Estado violaciones a sus derechos. Lo podemos ver normal que estas acciones vengan del Partido Nacional, pero no de LIBRE.
PAG: ¿Qué tipo de temas está abordando en sus espacios informativos?
CO: Además de hablar sobre la auditoría realizada a la municipalidad, también sobre la minería, porque es un tema que la gente ha denunciado y yo solo atiendo el llamado que hacen. Ha crecido el fenómeno de la minería, aunque de forma silenciosa. Y les molesta que denunciemos que la población se opone a estos proyectos porque existen varios empresarios y empresarias de medios de comunicación que están interesados en que se instalen proyectos mineros.
Mi labor solo es preguntar. Por ejemplo una de mis visitas a la comunidad de Malafalda, sector San Pedro, busque a los pobladores quienes están organizados en un comité de defensa del territorio porque es una de las tres zonas en donde se quiere establecer un proyecto minero.
PAG: Sumado el hecho de septiembre de 2015 en su contra ¿se siente perseguido?
CO: Claro que sí. Porque en el departamento de Colón se me ha catalogado como un periodista “de izquierda”, aquí somos contados los que nos gusta decir la verdad, investigar. Es una persecución que se agudizódesde el mes de diciembre, porque empezamos a cuestionar a las autoridades municipales, a diputados y diputadas de este departamento, incluso a dirigentes sociales (campesinos) y se han molestado.
Estas campañas que menciono se dan prácticamente entre otros colegas de aquí, que al momento de estar en una conferencia de presa, me señalan y no me dejan trabajar, me obstaculizan mi trabajo.
Otro punto es que en publicaciones en cuentas desconocidas de Facebook, han salido mensajes que denigran mi trabajo, siempre acusándome que soy de izquierda o en los que hacen referencia que aquí en Tocoa existen “malos reporteros”.
Esta misma frase ha sido dicha en entrevistas o pláticas con otros reporteros por el diputado nacionalista Oscar Nájera, quien a su vez ofreció una frecuencia de televisión (canal 50), según denuncias de la población como recompensa por abordar temas a favor del gobierno.
PAG: ¿Teme que su vida esté en peligro?
CO: Es una persecución silenciosa pero que ha agarrado más fuerza con campañas de desprestigio, ya que tengo hostigamiento porque al momento en que me voy a realizar una entrevista a diferentes municipios, siento que vienen siguiéndome personas civiles. Lo último fue dos días después de la cobertura, dos tipos civiles, uno de ellos sin camisa, en un vehículo Hilux, 3.0, blanco, sin placas, se paró frente a mí. Me amenazaron, bajaron el vidrio y sacaron la mano y me sentenciaron con el dedo. Y pues yo temo por mi vida. Han existido otro tipo de amenazas, pero por temor mismo, no puedo mencionarlas.
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/amenazas-a-la-libertad-de-expresion/item/1342-caso-cesar-obando-es-una-persecucion-silenciosa-con-campanas-de-desprestigio-en-mi-contra
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