Escrito por Redacción | Mayo 5 del 2016
• El proyecto de palma aceitera con la empresa asociativa "Sol Naciente" impulsado por el gobierno está valorado en 10 millones de lempiras.
• La jueza Ana Lourdes Valle Pinto del juzgado de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula ordenó un desalojo para este 5 de mayo.
• El terrateniente Ángel Edmundo Romero “se quedaría con nuestro proyecto sin costarle un centavo”.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Después de 20 años de permanecer en la aldea La Concepción, en Santa
Cruz de Yojoa, unas 21 familias campesinas pertenecientes a la empresa
asociativa de producción “Sol Naciente” deberán abandonar toda una vida
de trabajo arduo, y quedar en la completa miseria tras el aviso de un
inminente desalojo previsto para este jueves 5 de mayo.
El
Estado hondureño anunció su interés de legalizar las tierras de
producción de palma africana, en el marco del programa de reconversión
aceitera que impulsa el Presidente de la República, Juan Orlando
Hernández, para la siembra de 125,000 hectáreas de palma aceitera en el
país, en el cual también son beneficiarios la Asociación de Productores
de Palma de Yoro y Cortés (APROPAYCO), la Asociación Nacional de
Campesinos (ANACH), la empresa DICONSA para la entrega de viveros y el
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para el desarrollo del
plan de inversión.
El
relator especial de las Naciones Unidas ha destacado también que "la
cuestión de los traslados y los desahucios forzados se ha incluido en
los últimos años en el programa internacional sobre derechos humanos
porque se considera una práctica que inflige un daño grave y desastroso a
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
básicos de muchas personas, tanto en calidad de individuos como de
colectividades".
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/conflicto-agrario-y-minero/honduras-el-gobierno-nos-quit%C3%B3-la-tierra-despu%C3%A9s
• El proyecto de palma aceitera con la empresa asociativa "Sol Naciente" impulsado por el gobierno está valorado en 10 millones de lempiras.
• La jueza Ana Lourdes Valle Pinto del juzgado de Letras de lo Criminal de San Pedro Sula ordenó un desalojo para este 5 de mayo.
• El terrateniente Ángel Edmundo Romero “se quedaría con nuestro proyecto sin costarle un centavo”.
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-
Después de 20 años de permanecer en la aldea La Concepción, en Santa
Cruz de Yojoa, unas 21 familias campesinas pertenecientes a la empresa
asociativa de producción “Sol Naciente” deberán abandonar toda una vida
de trabajo arduo, y quedar en la completa miseria tras el aviso de un
inminente desalojo previsto para este jueves 5 de mayo.
Las
instancias legales para exigir el derecho a la tierra parecen estar
agotadas, por lo que las familias deberán enfrentar una dura cuota de
préstamos otorgados por el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE).
El
proyecto de palma de la empresa Asociativa de Producción “Sol Naciente”
se obtuvo a traves del gobierno de la República, siendo facultada la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y ampliando su desarrollo
con los participantes del BCIE y la Corporación Industrial de Sula
(COINSU), como facilitadores de la asistencia técnica.
El
Estado hondureño anunció su interés de legalizar las tierras de
producción de palma africana, en el marco del programa de reconversión
aceitera que impulsa el Presidente de la República, Juan Orlando
Hernández, para la siembra de 125,000 hectáreas de palma aceitera en el
país, en el cual también son beneficiarios la Asociación de Productores
de Palma de Yoro y Cortés (APROPAYCO), la Asociación Nacional de
Campesinos (ANACH), la empresa DICONSA para la entrega de viveros y el
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) para el desarrollo del
plan de inversión.
Olga
Marina Inestroza, pertenece a la empresa asociativa campesina de
producción “Sol Naciente”, ubicada en la comunidad en la aldea La
Concepción de Santa Cruz de Yojoa, zona central del país.
“Nosotros
nos organizamos e hicimos todos los trámites correspondientes en el
Instituto Nacional Agrario (INA) para que se nos fuera adjudicada la
tierra, porque el predio –donde se encuentran más de 20 familias- según
el extracto sucesivo que se realizó era de carácter nacional. Empezamos
a trabajar con la Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH)
para gestionar y conseguir proyectos”.
El
INA nos otorgó constancias de que los trámites de la tierra “iban por
buen camino”. En ese momento, conseguimos un proyecto de palma africana,
que fue otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), mientras la empresa privada se comprometió a apoyarnos en la
gestión del proyecto, especialmente porque nosotros no sabíamos de ese
producto, explicó.
Las
cifras de COINSU indican que en los últimos años se han capacitado
cerca de 450 familias de campesinos integrantes de las empresas
asociativas campesinas en el rubro de la palma aceitera.
De
acuerdo con Inestroza con la ayuda de la empresa privada y el Estado
hondureño se les brindó capacitaciones necesarias para ejecutar el
proyecto, el período que coincide con la decisión del Congreso Nacional
de apoyar a las empresas productoras de palma africana.
“El
actual presidente Juan Orlando Hernández era el presidente del Congreso
Nacional y se comprometió en apoyar a todas las empresas campesinas que
tuvieran palma, para titular las [tierras], pero ahora estamos con el
problema de que a través del Ministerio Público que se volvió parte
acusadora se nos dictó sentencia y se nos condena a pagar hasta con dos
años de cárcel”, apuntó.
El “gobierno lo entregó y ahora lo destruye”
Después
de dos años de tener el proyecto impulsado por el gobierno nos quieren
desalojar, el desalojo está programado para el 5 de mayo, lamentó.
Para
la líder campesina, resulta “inconcebible” el hecho que “el gobierno
nos dio el proyecto, ahora el mismo nos quiere destruirnos y cómo vamos
a quedar con la deuda adquirida, de dónde la vamos a pagar”.
Para
las 21 familias parte de la empresa, que viven de lo que generan sus
cultivos, resulta “decepcionante y triste” pues desconocen como hacer
frente a la educación de sus hijos, la salud, la pérdida de sus
viviendas y “la vida mejor que nos prometieron quedó en un sueño”.
“Todas las familias que sean desalojadas estaremos en total miseria, no
en pobreza”, insistió.
Deuda con el BCIE
Se
estima que el monto del préstamo para cada familia oscila entre los 35
mil lempiras anuales únicamente en intereses (Unos $1,500
aproximadamente), más el capital concedido a partir del cuarto año de
gracia, unos 55 mil lempiras anuales ($2,500 aproximadamente).
De
su lado, Sabina Hernández, considera que “existe una fuerte necesidad
de la tierra para poder subsistir. Cuando uno no tiene nada para poder
vivir decide adentrar a predios y así iniciar los procesos legales para
no morirse de hambre y cosechar”.
“Nosotros
pagábamos un quinto [alquiler] para poder cosechar la tierra y luego
decidimos organizarnos, por eso pedimos al gobierno que nos ayudara a
negociar la tierra. Luego de años de trabajar nos declararon la
sentencia en firme y enfrentamos hasta cuatro años de prisión, pero como
no teníamos ningún delito nos bajaron a dos años, la pena debería ser
pagada con trabajo comunitario, porque sin dinero siquiera para trabajar
cómo hacemos”, lamentó.
“La
deuda que adquirimos con el BCIE, por el proyecto de palma, es por
ellos mismos [el gobierno] pues en reuniones que sostuvimos se nos
aseguró que nos iban a legalizar nuestras tierras. Desde el momento que
son gobierno tienen que ayudar a los campesinos, porque si no hay tierra
de qué vivimos. Nos dijo que iban a ayudar a los campesinos palmeros y
ahora solo estamos gastados por el trabajo que realizamos y sin poder
sacar la producción”, sostuvo.
Hernández recordó que sus siete hijos que laboran junto a ella, se encuentran en la zona desde 1999.
El derecho a la tierra
Es
posible que, a primera vista, no se considere necesariamente que los
desalojos forzosos son una cuestión de derechos humanos, sino
sencillamente un efecto secundario del desarrollo o de la renovación
urbana, la consecuencia de un conflicto armado o un aspecto de la
protección del medio ambiente o la producción de energía, por ejemplo,
para la construcción de una presa. Sin embargo, la constante amenaza o
el hecho de ser desalojado por la fuerza de su casa o de su tierra es
sin duda una de las mayores injusticias que pueden cometerse contra una
persona, una familia, un hogar o una comunidad.
Los
derechos sobre la tierra son esenciales para garantizar el acceso a los
recursos productivos que, a su vez, resultan extremadamente importantes
para la realización del derecho a la alimentación. A la luz de las
presiones comerciales crecientes sobre la tierra, el Relator Especial se
ha dedicado con especial atención a los temas relacionados con la
tierra y ha hecho de ellos una de sus principales prioridades durante su
mandato.
“Durante
demasiado tiempo, los campesinos se han visto obligados a malvivir de
la agricultura de subsistencia e incluso a tener que ceder sus tierras
cuando ya no podían hacer frente a las deudas y verse forzados a
trabajar en grandes plantaciones bajo unas condiciones de absoluta
explotación y precariedad. Nuestro fracaso en el intento de ayudar a los
pequeños productores a acceder a los mercados, y vivir decentemente de
la agricultura, es una de las causas clave del hambre” advirtió en 2011
el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación,
Olivier De Schutter.
Obligaciones del Estado hondureño
El
relator especial de las Naciones Unidas ha destacado también que "la
cuestión de los traslados y los desahucios forzados se ha incluido en
los últimos años en el programa internacional sobre derechos humanos
porque se considera una práctica que inflige un daño grave y desastroso a
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales
básicos de muchas personas, tanto en calidad de individuos como de
colectividades".
Diversos
organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas han declarado que
los desalojos forzosos son "una violación grave de los derechos
humanos" y se ha pedido a algunos gobiernos que hagan todo lo posible
por suprimirlos.
Las
Directrices Completas para los Derechos Humanos en Relación con los
Desplazamientos Basados en el Desarrollo, adoptada por el Seminario de
expertos sobre la práctica de los desalojos forzosos, Ginebra, 11 a 13
de junio de 1997, establecen que “los Estados deben velar por que nadie,
ya sean personas, grupos o comunidades, pierda su hogar o se vea
expuesto a la violación de cualquier otro derecho humano a consecuencia
de un desalojo forzoso”.
Igualmente
establecen que “todas las personas, grupos y comunidades tienen derecho
a un reasentamiento satisfactorio, que comprenda el derecho a otras
tierras o vivienda, en condiciones de seguridad, facilidad de acceso,
precio abordable y habitabilidad”.
Finalmente,
los desalojos deben estar bien planificados y se deben establecer
procedimientos claros para evitar violaciones de los derechos humanos y
respetar la dignidad humana. Por ejemplo, no deben tener lugar durante
el mal tiempo, por la noche o cuando sea probable que las personas no
estén en su domicilio. No se debe obligar a los desalojados a destruir
sus viviendas y estructuras y se les debe ofrecer la oportunidad de
salvar la mayor cantidad de pertenencias posible. Los desalojos no deben
llevarse a cabo de una manera que ponga en peligro la salud o la vida
de las personas desalojadas, por ejemplo destruyendo estructuras donde
las personas todavía estén tratando de salvar sus pertenencias.
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