Tegucigalpa.Alzando pancartas con fotografías y exigencias al poder judicial, familiares del joven Ebed Jassiel Yánez Cáceres (15 años) se manifestaron a través de un plantón frente a la Corte Suprema, para demandar justicia al cumplirse dos años de la muerte violenta de su pariente.
Berlín Cáceres, madre de Ebed Jassiel expresó que para una madre aunque hayan pasado 2 años, es como si hubiera sucedido hoy, “hoy cumple dos años de haber partido y aunque se que está en un mejor lugar, también se que la muerte que él tuvo no se la merecía, ni muchos hondureños y madres que hoy están viviendo la misma tragedia que yo”.
“A pesar de que han pasado 2 años la herida sigue abierta, por eso mientras vivamos y mientras no se haga justicia en Honduras, seguiremos exigiendo justicia por la voz de muchas madres que por temor hoy callan decir quién ha matado a sus hijos y por la injusticia que prevalece en Honduras, Honduras tiene que cambiar, si seguimos permitiendo que exista impunidad estamos diciendo que estamos de acuerdo con ella”, lamentó Berlín Cáceres.
No nos cansaremos de alzar la voz hasta que se haga justicia, han pasado dos años y mientras siga en nuestra memoria, no estará en el olvido el caso de Ebed Jassiel y llegaremos hasta el final, sostuvo con lágrimas en sus ojos.
“Al señor presidente de la República (Juan Orlando Hernández) le recuerdo que en su discurso dijo: Estaré con las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¡señor presidente!, estoy esperando que usted haga algo en mi caso, son 2 años y no pueda ser que una élite como las Fuerzas Armadas que se siente protegida por usted, siga en la impunidad”.
“Así es que le recuerdo su promesa de presidente, nosotros pagamos impuestos señor presidente y pago tasa de seguridad y me siento desprotegida; solamente quiero recordarle lo que usted nos prometió a nombre de miles de madres que como yo, lloramos cada día la muerte de nuestros seres queridos, usted tiene hijos señor presidente y no está exento aunque usted tenga toda la seguridad del mundo, nosotros nos exponemos cada día de lo que pasa en este país”.
Por su parte, Wilfredo Yánez el padre de Ebed Jassiel, señaló que las Fuerzas Armadas fueron las responsables de la muerte de su hijo y el proceso judicial ha avanzado muy lento durante estos dos años.
“Creo que no hay nada que investigar todo está claro, esta gente debería estar juzgada y sentenciada en las cárceles del país. En la muerte de mi hijo fueron 3 las personas que dispararon, incluyendo al oficial a cargo de la patrulla (subteniente Josué Antonio Sierra) que además tuvo que haber dado la orden para que dispararan, pero ni él ni un cabo (Felipe de Jesús Rodríguez) están presos, solamente el sargento Eliázar Abimael Rodríguez. Estamos en Honduras y esperamos conseguir en el nombre del Señor que éstas personas sean juzgadas conforme a la responsabilidad en que incurrieron”, señaló Yánez.
La
muerte de Ebed Jassiel ocurrió la madrugada del 27 de mayo de 2012, el
14 de junio de ese año la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra
el sargento Eliázar Abimael Rodríguez por la comisión de los delitos de
homicidio, y abuso de autoridad y falta a los deberes de los
funcionarios en perjuicio de Ebed Jassiel Yánez Cáceres y por los
delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y falta a los deberes de
los funcionarios contra el subteniente Josué Antonio Sierra y el cabo
Felipe de Jesús Rodríguez en perjuicio de Ebed Jassiel Yánez Cáceres.Tanto Sierra como Rodríguez gozan de medidas sustitutivas a la prisión preventiva, no así el sargento Eliázar Abimael Rodríguez que guarda prisión en la Penitenciaría Nacional de Támara, según consta en el expediente Judicial 1311-2012. Los imputados pertenecen al Primer Batallón de Fuerzas Especiales.
En torno al requerimiento fiscal contra oficiales de alto rango que están acusados por encubrimiento, faltas a los deberes a los funcionarios y abuso de autoridad, Yánez dijo que el proceso jurídico está estancado, “solamente se tuvo la primera audiencia el año pasado y en lo que va de este año no ha habido absolutamente nada”.
Testigos aseguraron que oficiales de alta graduación del organismo castrense maniobraron para borrar evidencias, trataron de encubrir a los militares que mataron al menor y habrían manipulado los testimonios de los involucrados.
Los oficiales imputados son el Coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán y nombrado el 1 de febrero de 2013 como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES), el coronel de artillería Jesús Alberto Mármol Yánez, quien durante los meses de mayo y junio de 2012 fungió como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES) y comandante de la Operación Relámpago.
Este oficial tuvo bajo su mando de febrero a julio de 2012 a 300 efectivos militares, destacados en los silos del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) de la capital. El 1 de febrero de 2013 fue nombrado Jefe del Departamento de Recursos Humanos (E-1).
Asimismo la Fiscalía presentó requerimiento fiscal contra otros oficiales por el delito de encubrimiento y abuso de autoridad. Los imputados son: El Teniente Coronel Mariano Mendoza Maradiaga, quien se desempeñó como subcomandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales y nombrado comandante del XVI Batallón de Infantería el 21 de enero de 2013.
También fueron acusados el teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes, Subcomandante del X Batallón de Infantería con sede en Marcala, La Paz, nombramiento que se hizo efectivo el 1 de febrero 2013, el Alférez de Fragata José Emiliano Novoa Fúnez, el asesor legal de la Auditoría Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas, Juan José Flores Alvarez y el Contralmirante y Auditor Jurídico de las Fuerzas Armadas, Ramón Cristóbal Romero Burgos.
Pruebas testificalesUno de los testigos protegidos declaró que los fusiles fueron cambiados en el Batallón, el encubrimiento existió desde el día que sucedieron los hechos hasta el 5 de junio cuando la Fiscalía solicitó a las Fuerzas Armadas, las armas que tenían asignados los militares el día de los hechos. El testigo dijo que andaba un fusil Pietro Bereta M-16, pero que entregó una carabina A2.
Otro testigo reveló que quién les cambió las armas fue el comandante de batallón de Fuerzas Especiales de La Venta, coronel Raynel Enrique Fúne Ponce. Este testigo añadió que Fúnes Ponce les dio instrucciones de que al momento de brindar declaración a la Fiscalía, sostuvieran que no estuvieron en el desvío a la colonia Los Pinos, sino en las colonia Ulloa, en la colonia Honduras y en el IHMA.
El testigo señaló que después de haber cometido el delito de homicidio, no lo reportaron a las autoridades correspondientes, sino que el subteniente José Antonio Sierra lo hizo saber al Teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes.
La Fiscalía asegura que los militares pretendieron ocultar la verdad y dilatar el proceso de investigación. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos sostuvo que los militares generaron toda una manipulación para obstaculizar el proceso investigativo para que no se pudiera identificar a los culpables que participaron en el homicidio.
Otro testigo declaró que los coroneles Girón, Castro y Fúnes persuadieron a los militares “para que guardáramos silencio sobre la muerte del joven, eso fue el domingo 27 de mayo en horas de la tarde en el IHMA, porque ellos ya habían reportado al alto mando”.
En cuanto a los oficiales de alto rango que están acusados de encubrimiento, abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios públicos, la defensa interpuso dos recursos de apelación en el año 2013, uno que pretendía anular el proceso, el cual fue declarado sin lugar por la Corte de Apelaciones de lo Penal.
Y el otro recurso interpuesto está pendiente de resolución, lo que impide que se desarrolle la audiencia inicial y por ende que aún se esté a la espera de un juicio oral y público sobre este caso.
Lo que significa que en torno a la muerte violenta del joven Ebed Jassiel Yánez Cáceres existen dos procesos, uno por encubrimiento, faltas a los deberes de los funcionarios públicos en contra de los oficiales de alto rango y otro proceso incoado contra el sargento, el cabo y el soldado por el delito de homicidio, encubrimiento y faltas a los deberes de los funcionarios iniciado en 2012.
Cabe señalar que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) en su condición de “acusador privado” y considerando que existían suficientes medios de prueba, solicitó al juzgado de Primera Instancia que se ampliara la acusación por homicidio al subteniente Sierra y al cabo Rodríguez, sin embargo la petición fue denegada, aduciendo la jueza que conoció de la causa, que la resolución se emitió en base al requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público.
El capítulo XII, artículo 388 numeral 2 del Código Penal señala que el delito de encubrimiento tiene una pena de 3 a 5 años y refiere que cometen el delito de encubrimiento aquellos que procuren la desaparición de las pruebas y oculten al delincuente.
En el caso de los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios el Código Penal en su artículo 349, numeral 3 establece una pena de 3 a 6 años de cárcel.
El expediente del caso Yánez es el número 1311-1012 y la causa está abierta en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Seccional Judicial de Tegucigalpa. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es el representante legal de la familia Yánes Cáceres y ha llevado a cabo las diligencias judiciales.
Sucedió un 27 de mayo de 2012
Testigos protegidos declararon que los militares que integraban una patrulla de 7 efectivos dispararon contra el menor Ebed Jassiel Yánes Caćeres mientras la víctima se conducía en una motocicleta. Ebed Jassiel no acató la señal de parada que le hicieron los militares en un lugar oscuro de la colonia Los Pinos, salida a la carretera que comunica al oriente del país.
La patrulla militar persiguió a Ebed Jassiel en un vehículo marca Ford 350, donado por el gobierno de los Estados Unidos. Los militares dispararon en repetidas ocasiones y a dos kilómetros del retén aproximadamente, en uno de los callejones de la colonia Villa Vieja, el menor se desplomó producto del impacto mortal de un proyectil explosivo que le ingresó en la mandíbula izquierda muriendo en el acto.
Otros proyectiles rozaron el suéter de la víctima y varias partes de la motocicleta en la que se conducía Ebed Jassiel.
El expediente narra que a las 11:30 de la noche del sábado 26 de mayo de 2012, el menor de 15 años Ebed Jaasiel Yánez Cáceres, salió de su casa a escondidas de sus padres, sacó la motocicleta de su papá Wilfredo Yánez, se fue a un lugar de Villa vieja, en determinado momento pasó por un retén militar que se encontraba ubicado a la altura del desvío de la colonia Los Pinos y al no acatar señal de parada seguramente por no portar licencia de conducir ni documento de revisión de la motocicleta, es seguido por un vehículo militar tipo pick up marca Ford modelo 350, color verde, donado por Estados Unidos, abordado por 7 efectivos militares, quienes le dieron persecución al menor hasta que lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones produciéndole la muerte de manera inmediata.
El retén militar estaba a cargo del Alférez de Fragata, José Emiliano Novoa Fúnez y el oficial supervisor era el teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes.
A juicio del ente investigador los coroneles Raynel Enrique Fúnes Ponce y Jesús Alberto Mármol Yánez, hicieron caso omiso a las solicitudes de la Fiscalía, no remitiendo la información solicitada en tiempo y forma, entregando en fecha 7 de junio de 2012 un primer lote de armas que no tenían relación con el caso investigado, puesto que no eran las que habían sido asignadas a los militares el día de los hechos. Fue el ministro Marlon Pascua el que ordenó que se remitieran las armas que realmente tenían asignadas los militares cuestionados.
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