Escrito por Wendy Funes 26 Julio 2013
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-La
Fiscal especial de Derechos Humanos, Rosa Seaman, pidió a la sociedad
civil acuerpar a los fiscales que desean que las cosas marchen bien en
el Ministerio Público (MP).“El
sueño sería tener un fiscal general de carrera, con méritos, ética, una
buena hoja de vida y con experiencia en persecución penal, esa debería
ser una aspiración de toda la sociedad”, consideró, durante el
desarrollo del Foro “Escenario Jurídicos y Políticos en la Crisis
Institucional del Ministerio Público”.
"La sociedad civil tienen un papel
protagónico de incidir en tomas de decisiones, vigilar, estar pendiente
de lo que ocurre, tener una postura de denuncia, presentar propuestas,
de acompañar y de empoderarse del Ministerio Público y demás
instituciones de justicia. A la sociedad civil le toca vigilar que el
Ministerio Público tenga el rumbo adecuado", agregó.
Según Seaman, el MP debe tener una
política criminal, políticas a corto, mediano y largo plazo y una
carrera fiscal porque hasta ahora no existe. La
togana mostró su acuerdo con las pruebas de confianza para los
fiscales, que buscan depurar la Fiscalía y descubrir probables nexos con
la corrupción y el crimen organizado.
El foro realizado por la Coalición
contra la Impunidad, que aglutinó este miércoles en la capital hondureña
a unas 25 instituciones de la sociedad civil para analizar qué acciones
tomar para evitar que el Congreso Nacional elija al Fiscal General del
Estado y Adjunto, por cinco años porque esto violentaría la Ley del
Ministerio Público.
Algunos diputados tienen vínculos con el crimen organizado
"El Congreso Nacional tiene una
composición que favorece a la corrupción y favorece la protección del
crimen, en ese sentido sería bastante iluso pretender creer que el
Congreso Nacional nombre un Fiscal General que persiga la corrupción y
el crimen. El mal de origen de algunos los diputados es que a muchos los
financiaron cuerpos económicos mezquinos, incluso el crimen
organizado", sostuvo, Wilfredo Méndez, coordinador del Centro de
Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), y miembro
de la Coalición contra la Impunidad en Tegucigalpa.
"Por lo tanto, si nombran al Fiscal
General, lo que van a hacer es nombrar una persona que reúna las mismas
características y que proteja esas acciones", prosiguió Méndez. En
esta reunión se están recolectando insumos para después definir qué
posición adoptará la Coalición con el fin de lograr que la sociedad
civil sea enérgica en sus planteamientos.
"Si estuviésemos en la discusión de la
reforma o de un nuevo Ministerio Público estaría bien, pero
prácticamente se contamina esta iniciativa cuando en el fondo lo que hay
es la intención de elegir al nuevo fiscal por los próximos cinco años".
Méndez planteó que las organizaciones
de sociedad civil que conforman la Coalición deben establecer cuál es el
procedimiento correcto de frente a políticos "cínicos y mezquinos";
"que el Poder Legislativo le haga caso al clamor de la ciudadanía, ese
es otro asunto", apuntó.
Director de fiscales
La postura de la Coalición contra la
Impunidad en Honduras es que el director de fiscales debe asumir el
cargo en ausencia del fiscal general y fiscal general adjunto, tal como
lo establece el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público.
El presidente de la Asociación de
Jueces por la Democracia, AJD, en San Pedro Sula, Guillermo López,
señaló que este foro fue para analizar los escenarios jurídicos y
políticos en la elección del fiscal.
"Vemos con preocupación que el
Congreso Nacional quiere adelantar la elección del fiscal y elegirlo en
los próximos días por cinco años, ese es un acto de carácter arbitrario
ilegal y representa un golpe técnico a la institucionalidad".
La clase política hondureña está
pasando por encima de la institucionalidad y de todo el estamento
jurídico. Vamos a impulsar más acciones para frenar este acto ilegal que
pretende consumar el Congreso Nacional", concluyó López.
Mujeres sufren secuelas
Por su parte, la coordinadora
ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, sostuvo
que hay preocupación por altos niveles de impunidad, crímenes,
violencia doméstica y violencia sexual que viven las mujeres a diario.
Si hay impunidad en general, en el
caso de las mujeres es peor, casi un 93 por ciento de los delitos están
en la impunidad y sólo en 2 por ciento se obtienen resoluciones, que no
siempre son favorables para ellas. La
crisis que atraviesa el Ministerio Público también es importante para
las mujeres porque una institución debilitada genera mayor impunidad.
Rivera explicó que varias organizaciones de mujeres integran la Coalición. La
presidenta de las Abogadas por la Justicia de Honduras, Adís Margarita
Euceda, explicó por su parte que debido a los acontecimientos, ocurridos
en el Congreso Nacional la sociedad civil está pendiente de todo lo que
pueda pasar.
La crisis del Ministerio Público ha
sido generada porque el Congreso Nacional elige al fiscal general y al
ajunto. Ahora el partido en el poder quiere poner a su medida porque
quiere evitar acusaciones criminales por todos los abusos, cometidos en
su administración.
El nuevo Fiscal General, según la ley,
debería ser elegido en marzo de 2014, pero ellos temen porque el nuevo
Congreso Nacional será pluralista porque habrá nueva bancadas, dijo la
abogada en referencia a los nueve partidos políticos que participarán en
la próxima contienda electoral.
La sociedad civil propone que sea el
director de fiscales quien dirija la institución hasta marzo de 2014 y
que se abra un espacio de debate y diálogo para determinar el mecanismo
de elección del fiscal general.
"Elegir desde ahora al fiscal que
dirigirá la institución por los próximos cinco años es claramente un
artificio para seguir ocultando la corrupción y el compadrazgo político
económico existente en el país", dice una carta pública enviada por la
Coalición al Congreso Nacional.
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