HONDURAS TIERRA LIBRE

Asesinado campesino del asentamiento la Aurora,

margen derecha, Bajo Aguán

Santos Seferino Zelaya Ruiz, 33 años, fue asesinado hoy alrededor de las 8:15 de  la mañana. Era miembro de la Empresa Flores del Aguán, del asentamiento La Aurora, perteneciente al Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA).

Distintas fuentes coinciden en que el hecho se dio cuando miembros de esa empresa campesina, que colinda con la finca San Isidro, propiedad de Miguel Facussé, se dedicaban a realizar labores culturales en la palma africana - en tierras que están en su poder como resultado del convenio que MUCA firmó con el régimen y este empresario- cuando 6 guardias de seguridad encapuchados dispararon contra ellos.

Hombre y mujeres huyeron cuando escucharon los disparos. Santos Seferino no tuvo esa suerte y deja en la orfandad dos niños, uno de 8 y otro de diez años, que se agregan a otros (as) de los más de 40 campesinos asesinados.

Vivimos ahora lo que temíamos al iniciarse el violento conflicto agrario en la región del Bajo Aguán. En la medida que aumentan los muertos menos impacto tienen en la conciencia de muchos ciudadanos, reina la impunidad y las autoridades responden con discursos muchas veces cínicos, con los que pretenden lavarse las manos y salir airosos con nuevas promesas.

Para muchos las víctimas han pasado de ser seres humanos sacrificados a números. No importa la pérdida de vidas humanas, ni las consecuencias que trae para sus familiares más cercanos, especialmente para aquellos que dependían material y espiritualmente de la víctima. La intervención de un clérigo ya había dado pauta a este comportamiento cuando en los primeros meses del gobierno de facto dijo públicamente que “apenas habían ocurrido dos muertes”, que resultaron de la resistencia al golpe de Estado.

Sorprendentemente funcionarios del mismo Estado lo califican de ser negligente como si fuera un ente abstracto, desligado totalmente de los intereses de quienes lo manejan para su provecho y olvidando su responsabilidad personal como funcionarios cuyo contrato de trabajo los obliga a defender los derechos fundamentales de los hondureños.

La violencia sigue causando víctimas y los funcionarios de estas instituciones siguen dando “respuestas inteligentes” a los medios de comunicación y participando en eventos internacionales donde se presentan informes que defienden sin pudor alguno la complicidad de las instituciones del Estado con la terrible situación actual.

Tegucigalpa D.C. 11 de octubre de 2011

Gilberto Ríos

Secretario Ejecutivo

FIAN Honduras