Asesinado
campesino del asentamiento la Aurora,
margen
derecha, Bajo Aguán
Santos Seferino Zelaya Ruiz, 33 años, fue asesinado hoy alrededor de
las 8:15 de la mañana. Era miembro de
la Empresa Flores del Aguán, del asentamiento La Aurora, perteneciente al
Movimiento Campesino Unificado del Aguán (MUCA).
Distintas fuentes coinciden en que el hecho se
dio cuando miembros de esa empresa campesina, que colinda con la finca San
Isidro, propiedad de Miguel Facussé, se dedicaban a realizar labores culturales
en la palma africana - en tierras que están en su poder como resultado del convenio
que MUCA firmó con el régimen y este empresario- cuando 6 guardias de seguridad
encapuchados dispararon contra ellos.
Hombre y mujeres huyeron cuando escucharon los
disparos. Santos Seferino no tuvo esa suerte y deja en la orfandad dos niños,
uno de 8 y otro de diez años, que se agregan a otros (as) de los más de 40
campesinos asesinados.
Vivimos ahora lo que temíamos al iniciarse el
violento conflicto agrario en la región del Bajo Aguán. En la medida que
aumentan los muertos menos impacto tienen en la conciencia de muchos
ciudadanos, reina la impunidad y las autoridades responden con discursos
muchas veces cínicos, con los que pretenden lavarse las manos y salir airosos
con nuevas promesas.
Para muchos las víctimas han pasado de ser seres
humanos sacrificados a números. No importa la pérdida de vidas humanas, ni
las consecuencias que trae para sus familiares más cercanos, especialmente
para aquellos que dependían material y espiritualmente de la víctima. La intervención
de un clérigo ya había dado pauta a este comportamiento cuando en los
primeros meses del gobierno de facto dijo públicamente que “apenas habían
ocurrido dos muertes”, que resultaron de la resistencia al golpe de Estado.
Sorprendentemente funcionarios del mismo Estado
lo califican de ser negligente como si fuera un ente abstracto, desligado totalmente
de los intereses de quienes lo manejan para su provecho y olvidando su responsabilidad
personal como funcionarios cuyo contrato de trabajo los obliga a defender los
derechos fundamentales de los hondureños.
La violencia sigue causando víctimas y los
funcionarios de estas instituciones siguen dando “respuestas inteligentes” a
los medios de comunicación y participando en eventos internacionales donde se
presentan informes que defienden sin pudor alguno la complicidad de las
instituciones del Estado con la terrible situación actual.
Tegucigalpa D.C. 11 de octubre de 2011
Gilberto Ríos
Secretario Ejecutivo
FIAN Honduras
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