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Por Carlos Suazo
Desde la aprobación del Plan Puebla Panamá el 2001 en México, el que se presenta como un proyecto socio-económico incluyente dando inicio a un proceso de integración de los países centroamericanos y donde se integran también los estados del sur-este mexicano, los que articulan un espacio político de cooperación y desarrollo, pero lo que realmente pretende es la venta de mano de obra no calificada a bajo costo. Y se diseñó con el único fin de apoyar económicamente a la región, para desarrollar las vías de comunicación que permitan a las grandes empresas estadounidenses, Europeo y cualquier capital interno o foráneo la extracción de las enormes riquezas naturales que hay en ella.
Uno
de los objetivos del (PPP) es facilitar la gestión y ejecución de
proyectos orientados a la extracción de recursos naturales en
Mesoamérica, así como la implantación de vías para interconectar los dos
océanos y facilitar la exportación de la producción obtenida y la
comercialización internacional con los recursos obtenidos en estos
países. Las demandas de la región son dinámicas, lo que obliga a revisar
continuamente las prioridades de la agenda regional y el desarrollo de
la región.
Después
de que la sociedad se diera cuenta de las verdaderas intenciones del
PPP y que sufriera un enorme rechazo social se vieron en la penosa
necesidad de cambiar de nombre llamándose hasta el momento como Proyecto
Mesoamérica PM pero que en el fondo esconde las mismas intenciones que
el PPP.
Los
caballos de Troya de el PM son las Alianzas Publico Privadas APP una
figura que fue aprobada en los dos últimos gobierno Nacionalistas, las
APP ponen en marcha una serie de reformas destinadas a mejorar el clima
de inversión y crear un mejor marco institucional para la participación
del sector privado en concesiones y asociaciones público-privadas. De
este modo, en 2010 se aprobó la Ley de Promoción de APPs y su posterior
reforma en Diciembre de 2014, fortaleció la normativa y creó un ambiente
más adecuado para la participación privada en la infraestructura
pública, y donde el pueblo hondureño ya tuvo una demostración cruda al
sufrir la privatización de casi en su totalidad de las principales
carreteras del país.
Bajo
la figura de las APP se han concesionado casi en su totalidad las
carreteras del país y ahora bajo la misma figura se está concesionando a
la ENEE una de las empresas de mayor importancia
estratégica de la nación, cediéndole a una empresa de capital
trasnacional. El cambio en el concepto de acceso a la electricidad como
bien público por el concepto de la electricidad como bien privado, esto
da inicio del marginamiento de esos sectores vulnerables que no tienen
la capacidad de costear los elevados costos tanto de la canasta básica
como los de la energía eléctrica y todo esto para fomentar las economías
de escala y la promoción de megaproyectos de transmisión y generación
en el sector, omiten de manera consciente e interesada alternativas
energéticas sustentables desde el punto de vista social y ambiental. Las
causas que dejan a un lado este tipo de proyectos se fundamentan en la
ausencia de rentabilidad económica para los intereses inversionistas.
Tal
es el caso de la empresa Consorcio Energía Honduras de capital
colombiano la que fue contratada por la ENEE para reducir las pérdidas
en un 17% en un máximo de 7 años y tendrá que invertir 358 millones de
dólares, para tal fin se menciona cambiar la forma de facturación por
medidores “inteligentes” los que se iniciaran a instalar en el país
alrededor de 250,000 los que funcionaran con la modalidad prepago
sistema similar al de las recargas de telefonía móvil, su
automáticamente un incremento adicional en la tarifa de hasta un 39%
debido a la inversión de esta empresa que de alguna forma tiene que ser
recuperada y por lógica empresarial estos gastos los debe de absorber el
“cliente”. Permitiendo de esta forma que la empresa recupere la
inversión y empiece a generar las ganancias a costa de la población.
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