Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
26 agosto, 2016 | Tegucigalpa.-
h El gobierno hondureño al cerrar las jornadas nocturnas de los colegios,
está admitiendo su fracaso en brindar seguridad a los estudiantes de
esa jornada y está admitiendo que la estrategia fracasó.
Arabeska Sánchez
Lo
anterior lo manifestó la experta en criminología, Arabeska Sánchez,
quien puntualizó que las autoridades del presente gobierno nos están
diciendo que toda esa estratagema que se había desarrollado a partir de
esos planes cuadrantes que habían estimado para el distrito central, no
están dando los frutos que se esperaban.
Para
el caso, haciendo el análisis de la ubicación de los centros
educativos cerrados, refleja que en su mayoría corresponden a la zona de
Comayaguela en las zonas que corresponden al cuidado de la policía
escolar y de la policía comunitaria AUMEP 2, AUMEP 3 y hay también unos
centros que corresponden a la AUMEP 4 que están ubicados en la colonia
Kennedy en el barrio El Manchen y en el barrio Belén.
“Al
final, aunque se había anunciado que la medida era para la seguridad
pública y la seguridad ciudadana, llama la atención que la Kennedy
siendo una colonia que tienen la infraestructura de la DPI, de la
Policía de Tránsito y varias postas policiales porque es una colonia
grande, no se libra del cierre de centros educativos”, analizó Sánchez.
Sánchez,
es del pensamiento que lo peor que podría pasar es que esa medida de
cerrar los centros educativos se haga efectiva porque más de 14 mil
jóvenes que viven en esas zonas, están quedando sin acceso a la
educación.
Otro
elemento que hay que verificar es, cuál es la política de seguridad
que está implementando el gobierno porque no está llegando el mensaje
directo que prefieren cerrar los centros educativos que establecer una
redefinición de una política de seguridad que se ha vendido planteado.
Señaló
que se debe poner más énfasis en los temas de prevención que le
permitan a toda la población vulnerada de sus derechos, tener acceso a
la educación.
Agregó
que, la mayoría de esa población que asiste a las jornadas nocturnas,
trabaja y estudia y están quedando sin la oportunidad de estudiar,
aduciendo el gobierno que se hace por razones de inseguridad y porque
hay problemas de transporte público, pero tampoco logran resolver el
problema de las extorsiones al sector transporte.
“Esto,
según mi opinión, sería solo el inicio de unas medidas generalizadas
que se están comenzando a tomar desde la visión policía de la seguridad
por no comenzar arduamente en estratagemas de la prevención”, apuntó
finalmente la experta.
http://criterio.hn/gobierno-hondureno-admite-fracaso-brindar-seguridad-la-educacion-nocturna/
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En seguridad: ¿Dónde quedó la valoración por resultados?
Por: Arabeska Sánchez
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-Haciendo
una breve revisión de la inseguridad hacia la niñez y la juventud,
inevitablemente encontramos esas cifras que indican que esta violencia
no es sólo asunto de percepción, se observa así que entre 2007 y 2015,
fueron asesinadas un total de 25,125 personas que no lograron cumplir
sus 30 años de edad (2,080 mujeres y 23,045 hombres).
Por
otro lado, en el tipo de violencia sexual, se registran 17,744
víctimas en los últimos ocho años, entre los cuales 15,786 corresponden
al sexo femenino, indicando que las niñas entre los 10 y 19 años son las
que más sufren este abuso. Además del maltrato de niñas y niños en el
interior del ámbito familiar nos encontramos con 4,210 casos.
Tampoco pasa desapercibido el último informe de violencia contra estudiantes del Observatorio de la Violencia, que arroja resultados preocupantes sobre el asesinato de 1,183 estudiantes, que entre el enero del 2010 y el primer semestre del 2016, perdieron su vida; desmitificando por un lado el hecho de que sólo aquellos que tienen un historial delictivo son víctimas de homicidio en el país (mito que no justifica en nada los homicidios ocurridos hasta ahora).
Aquí
se trata de estudiantes de niveles primario (124), secundario (624) y
superior (160) y otros sin dato preciso en el nivel educativo (275), que
han sido víctimas de esa violencia homicida que terminó arrebatando la
vida a estas jóvenes promesas del país.
Así
el nivel de inseguridad generalizado comienza a afectar de forma
directa el sector de educación; una expresión clara de ello ha sido el
anuncio emitido por las autoridades de educación del presente gobierno
que desde enero de 2016, se han venido emitiendo sobre el cierre de más
de 25 centros educativos en el país; pero ha sido durante la tercera
semana de agosto cuando la medida ha sido más contundente para once
centros que se ubican en el municipio del Distrito Central, siete en
Tegucigalpa y cuatro en Comayagüela.
El
gobierno a través de la Secretaría de Educación ha justificado el hecho
argumentando razones de inseguridad de los estudiantes y problemas de
transporte público, sin embargo la contradicción con los “logros” que
mensualmente publicita el gobierno en temas de seguridad no pasa
desapercibida.
Mientras
que por otro lado las cifras de la violencia contra la niñez y la
juventud son claros indicadores que tiran de cualquier velo publicitario
a la hora de medir los resultados concretos de la política de seguridad
implementada.
Entre
los elementos de análisis se encuentra aquella ruidosa estratagema de
seguridad por cuadrantes en donde el Municipio del Distrito Central se
dividió en términos de planificación en cuatro cuadrantes y cada uno de
ellos tendría su propia UMEP (Unidad Metropolitana Policial), cada una
de ellas sería responsable por la seguridad pública del territorio
asignado y tendría una evaluación por resultados; también aquella otra
estratagema denominada “Policía Escolar” en donde 60 mujeres policías
fueron asignadas a 25 centros educativos y sin tener formación clara de
lo que seguridad escolar significa, terminaron cuidando de los
perímetros de los edificios a la par del vigilante del lugar, sin
comprender lo que significa protección y atención de quienes asisten
diariamente a esos centros de enseñanza.
Y
qué decir de aquellas otras dos estratagemas sobre “guardianes de la
patria”, a cargo de las fuerzas militares y el programa policial
antipandillas “Great”, a cargo de la policía, o de la famosa “policía
comunitaria”; en fin, podríamos mencionar una serie de artificios
publicitarios que no han servido más que para justificar el gasto del
mayor presupuesto que este país ha tenido en el rubro de la seguridad
para la última década.
En el Presupuesto Nacional, está contemplado el fondo de la tasa de seguridad poblacional (tasa de seguridad), la cooperación externa, las donaciones privadas,, pero nada parece ser suficiente para que la niñez y juventud puedan desarrollarse de manera integral y haciendo ejercicio efectivo de sus derechos humanos y sus garantías constitucionales, sobre todo aquellas que invocan los artículos 119 y 123, acerca de la obligación que tiene el Estado de proteger la infancia y velar por sus derechos y de proporcionarles seguridad social y educación.
A
juzgar por la manera de resolver la inseguridad en los once centros que
serán cerrados, parece que esto solo ha quedado entre las páginas de la
olvidada Carta Magna sin que haya podido llegar a la conciencia de los
personajes de la política nacional, responsables de llevar estos
mandatos sobre “el interés superior de la niñez” a la práctica;
bloqueando así el acceso a la educación de más de 14,000 estudiantes de
once barrios y colonias, antes que establecer políticas de seguridad
más humano centristas. ¡Qué vergüenza señores!
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