New York Times www.nytimes.com/ Por ALEXANDER MAIN

Washington — La última primavera y verano, grandes protestas 
detonadas por escándalos de corrupción envolvieron a dos países de 
América Central.

En Guatemala, una investigación realizada por la 
Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por la ONU reveló 
un anillo de corrupción de largo alcance y destapó pruebas de que su 
líder no era otro que el presidente del país, Otto Pérez Molina.

Las protestas crecieron en Ciudad de Guatemala y,en septiembre,

Pérez Molina dimitió y fue encarcelado a la espera de juicio.

En Honduras,las protestas estallaron cuando un periodista local,David Romero

 reveló que millones de dolares de dinero público del sistema de  salud

 del país habían sido desviados hacia el gobernante Partido Nacional

 y hacia la campaña electoral del presidente Juan Orlando Hernández.

Un conjunto de administradores y ejecutivos de empresas han sido imputados por corrupción en el sistema de salud, pero no se han presentado cargos contra Hernández o contra otros altos cargos del partido por la desviación de fondos al partido. Decenas de miles de manifestantes exigieron antorcha en mano la dimisión de Hernández y una comisión apoyada por Naciones Unidas como la de Guatemala.

 En respuesta, Hernández llamó a un “diálogo nacional” estrechamente 
controlado, en el que muchos líderes de la oposición rechazaron 
participar, y a continuación propuso un órgano de investigación sin 
autonomía promovido por el gobierno. Cuando esto no logró aplacar a los 
manifestantes, la Organización de Estados Americanos intervino para 
tratar de diseñar un plan alternativo. El resultado fue la Misión de 
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). 

 La misión fue inaugurada en la sede de la OEA en Washington el mes 
pasado con gran ostentación y un sonoro respaldo por parte del 
Departamento de Estado. Un portavoz del departamento, John Kirby, dijo 
que la misión “responde a la demanda legítima del pueblo de Honduras de 
una acción vigorosa y significativa contra la corrupción”.

 Los opositores en Honduras, sin embargo, han denunciado que el plan no 
tiene eficacia real y han seguido insistiendo en un órgano 
independiente, apoyado por Naciones Unidas. Cincuenta y cuatro miembros 
del Congreso han urgido al secretario de Estado, John Kerry, a apoyar su
 demanda. Una coalición de casi todos los grupos de defensa de los 
derechos humanos del país declararon que la nueva misión era “limitada 
en su capacidad de luchar contra la corrupción y la impunidad en el 
país”.

A diferencia de la comisión de Guatemala, que 
tiene muchos antecedentes en la lucha contra el crimen organizado y la 
corrupción de alto nivel, la de Honduras no participará directamente en 
investigaciones ni procedimientos legales. En su lugar, su equipo 
internacional de jueces y abogados sólo aportará apoyo técnico a los 
investigadores y fiscales locales que forman parte del sistema judicial y
son susceptibles de presión política. La misión puede hacer 
recomendaciones para reformar el averiado sistema de justicia, pero el 
gobierno es libre de ignorarlas.

Honduras necesita ayuda. Sus niveles extremos de violencia, entre los más

altos del mundo,van de la mano con un terrible nivel de impunidad en los crímenes.

Las fuerzas de seguridad del país están fuertemente infiltradas por el 
crimen organizado –“podridas hasta el tuétano”, según un antiguo oficial
de policía declaró al Miami Herald–. Dos semanas después, el oficial 
fue asesinado a tiros. Numerosos periodistas, abogados, activistas por 
el derecho a la tierra, defensores de los derechos LGTBI y figuras de la
oposición han sido asesinados, sin consecuencias para sus asesinos.

Si la misión puede llegar a lograr algo dependerá de si hay tras ella 
suficiente voluntad política. Hay pocos motivos para ser optimistas: 
Hernández y el Partido Nacional tienen ya un historial de haber 
pisoteado el Estado de derecho.

En 2012,como presidente del Congreso, Hernández destituyó a varios jueces del 
Tribunal Supremo y llenó ilegalmente la magistratura de aliados suyos.

En 2014, su partido disolvió una –altamente respetada– comisión 
independiente de reforma de la Policía, sin aplicar sus principales 
recomendaciones. Y hasta ahora el fiscal general de Honduras, Oscar 
Chinchilla, no ha logrado investigar o procesar a líderes del Partido 
Nacional de Honduras por el desvío de los fondos del sistema de salud a 
las cuentas del partido.

Tristemente, el gobierno estadounidense está mal posicionado para ofrecer ayuda.

En 2009, el Departamento de Estado con Hillary Clinton como secretaria favoreció

el éxito de un golpe de Estado militar en Honduras bloqueando las acciones 
para restaurar al presidente de izquierda, Manuel Zelaya, en el poder.

Desde entonces, las acciones diplomáticas de Washington se han centrado 
en apuntalar a una serie de gobiernos corruptos post-golpe. Más de 100 
miembros del Congreso han pedido a la administración Obama que condene 
las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de 
seguridad y han puesto en cuestión la asistencia de Estados Unidos a 
Honduras en materia de seguridad.

De momento,Washington sigue apoyando a Hernández. En el clímax de las protestas

del año pasado, el embajador de Estados Unidos en Honduras proclamó que 
“las relaciones entre Estados Unidos y Honduras son quizá las mejores de
la historia”. Este año, el gobierno de Estados Unidos ha vuelto a 
incrementar el apoyo militar y policial a América Central, recibiendo 
Honduras un porcentaje significativo de estos fondos, buena parte de 
ellos a través de la opaca Iniciativa Regional de Seguridad para América
Central (CARSI, por sus siglas en inglés).

Dadas las limitaciones del mandato de la misión anti-corrupción y las alegaciones 
contra los altos cargosinvolucrados en la aplicación de sus 
recomendaciones, parece poco probable que este organismo pueda superar 
la crisis en Honduras. Más bien, parece querer dar una apariencia de 
respetabilidad al apoyo continuado de Washington al régimen de 
Hernández.

Aun así, la legislación sobre asignaciones de fondos del Congreso

estadounidense para 2016 ofrece herramientas para
presionar al gobierno de Honduras. La mitad de la asistencia a Honduras
–de decenas de millones de dólares– esté condicionada por la 
certificación por parte del Departamento de Estado de que las 
autoridades estén llevando a cabo acciones efectivas para combatir la 
corrupción, estén cooperando con comisiones contra la impunidad e 
investigando y procesando a “los miembros del ejército y la policía 
verosímilmente acusadosde violar los derechos humanos”.

Pero ¿está el Departamento de Estado dispuesto a tomarse el proceso de 
certificación en serio? Esto es algo sobre lo que muchos miembros del 
Congreso han dudado seriamente en los últimos años. Puede que la 
supervisión del Congreso sea la única garantía para que la debida 
diligencia se realice.

Los manifestantes continuarán sin duda protestando en las calles de Tegucigalpa

–como hicieron el mes pasado– exigiendo un órgano anti-corrupción más efectivo

apoyado por Naciones Unidas. Si la misión promovida por la OEA no logra resultados, 
Hernández podría llevarse otra dosis de poder popular como la que hizo 
caer al presidente de Guatemala.

Alexander Main es un asociado principal de política internacional del Center

for Economic and Policy Research de Washington

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The Opinion Pages | Op-Ed Contributor

An Anti-Corruption Charade in Honduras

New York Times www.nytimes.com/

By ALEXANDER MAIN FEB. 15, 2016

Protesters calling for the resignation of President Juan Orlando Hernández marched in Tegucigalpa, Honduras, last year. Credit Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images

In Honduras, protests erupted when a local journalist revealed that millions of dollars of public funds from the country’s health care system had been funneled to the ruling National Party and the election campaign of President Juan Orlando Hernández. A handful of administrators and business executives have been indicted for other corruption in the health system, but no charges have been brought against Mr. Hernández or other top party officials over the diversion of funds to the party. Thousands of torch-bearing protesters demanded Mr. Hernández’s resignation and a United Nations-backed commission like Guatemala’s.

In response, Mr. Hernández convened a tightly controlled “national dialogue,” in which many opposition leaders refused to participate, and then proposed a government-sponsored investigative body with no autonomy. When this failed to placate protesters, the Organization of American States stepped in to help design an alternative plan. The result was the Support Mission Against Corruption and Impunity in Honduras.

The mission was inaugurated at the O.A.S. headquarters in Washington last month amid much fanfare and a ringing endorsement from the State Department. A department spokesman, John Kirby, said the mission “responds to the legitimate demands of the Honduran people for vigorous and meaningful action against corruption.”

Opponents in Honduras, however, have denounced the plan as toothless and are insisting on an independent, United Nations-backed body — and 54 members of Congress have urged Secretary of State John Kerry to support their demand. A coalition of almost all the country’s human rights groups declared that the new mission was “limited in its ability to attack corruption and impunity in the country.”

Unlike the Guatemalan commission, which has a strong record of fighting organized crime and high-level corruption, the Honduran one won’t directly participate in investigations and prosecutions. Instead, its international team of judges and lawyers will merely provide technical support to local investigators and prosecutors who are part of the judiciary and susceptible to political pressure. The mission can make recommendations for reforming the broken justice system, but the government is free to ignore them.

Honduras needs help. Its extreme levels of violence, among the highest in the world, go hand in hand with an appalling rate of criminal impunity. The country’s security forces are heavily infiltrated by organized crime — “rotten to the core,” a former police official told The Miami Herald. Two weeks later, the official was shot dead. Scores of journalists, lawyers, land rights activists, gay rights advocates and opposition figures have been assassinated, without consequence for their killers.

Whether the mission can achieve anything will depend on whether there is sufficient political will. There is little cause for optimism: Mr. Hernández and the National Party have a record of running roughshod over the rule of law.

In 2012, as president of Congress, Mr. Hernández ousted several Supreme Court justices and illegally stacked the bench with his allies. In 2014, his party dissolved a widely respected independent police reform commission without enacting its recommendations. And the Honduran attorney general, Oscar Chinchilla, has so far failed to investigate or prosecute National Party leaders in the diversion of health care funds to party accounts.

Sadly, the American government is ill positioned to offer help. In 2009, the State Department under Secretary Hillary Clinton helped a military coup in Honduras succeed by blocking efforts to restore the left-leaning president, Manuel Zelaya, to power. Since then, Washington’s diplomatic efforts have focused on shoring up a series of corrupt post-coup governments. More than 100 members of Congress have called on the Obama administration to condemn human rights violations by security forces, and have questioned America’s security assistance to Honduras.

Yet Washington continues to back Mr. Hernández. At the height of last year’s protests, the American ambassador to Honduras proclaimed that “relations between the United States and Honduras are perhaps the best in history.” This year, the United States government has again increased military and police support to Central America, with Honduras receiving a significant percentage of those funds, much of it through the opaque Central America Regional Security Initiative.

Given the limits of the anti-corruption mission’s mandate and the allegations against senior officials involved in carrying out its recommendations, it seems unlikely that this body will overcome the crisis in Honduras. Instead, it seems intended to give a veneer of respectability to Washington’s continued support for the Hernández regime.

Still, the appropriations legislation in Congress for 2016 does provide tools to pressure the Honduran government. It makes half of the assistance to Honduras — amounting to tens of millions of dollars — conditional on State Department certification that the authorities are taking effective steps to combat corruption, cooperate with commissions against impunity, and investigate and prosecute “members of military and police forces who are credibly alleged to have violated human rights.”

But is the State Department willing to take the certification process seriously? This is something many members of Congress have had serious questions about in recent years. Congressional oversight may be the only guarantee that due diligence is done.

Protesters will doubtless continue to march through the streets of Tegucigalpa — as they did last month — calling for a more effective United Nations-backed anti-corruption body. If the O.A.S.-sponsored mission fails to deliver results, Mr. Hernández could get another dose of people power like the one that brought down Guatemala’s president.

Alexander Main is a senior associate for international policy at the Center for Economic and Policy Research.

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http://www.nytimes.com/2016/02/16/opinion/an-anti-corruption-charade-in-honduras.html?ref=international&_r=0

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