16 febrero, 2016 | Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Un informe presentado por la organización Human Rights Watch (HRW),
destaca que en Honduras las violaciones a los derechos humanos en todos
los sectores continúan en ascenso y en lo que va del año se cuentan seis
masacres que suman más de 30 muertos.
Señala
además que sigue siendo un país sumamente peligroso donde ejercer el
periodismo o la carrera de abogado representa un altísimo riesgo de ser
asesinado, mientras las autoridades continúan coludidas con el crimen
organizado y la tan llevada y traída depuración policial es solo una
quimera.
Los
menores están expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada
mayormente por pandillas armadas. Muchos son reclutados o presionados
frecuentemente para unirse a estas pandillas.
El
temor a la violencia provoca que cientos de otros niños dejen sus
hogares cada año y se dirijan hacia destinos al norte, como México o
Estados Unidos, muchas veces sin estar acompañados por adultos.
Informe de Human Right Watch:
Existen
en Honduras gravísimos índices de criminalidad e impunidad de
violaciones de derechos humanos. El país presenta una de las tasas de
homicidios más altas del mundo, a pesar de la reducción de estos delitos
en los últimos años. Las acciones orientadas a reformar las
instituciones responsables de la seguridad pública han tenido escasos
avances. La actuación del poder judicial y la policía, en los cuales la
corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida
ineficaz.
Entre
los más vulnerables a actos de violencia se incluyen periodistas,
activistas, campesinos y lesbianas, gays, bisexuales y personas
transgénero. Las acciones gubernamentales para investigar y juzgar la
violencia contra miembros de estos grupos tuvieron escasos avances en
2015.
El
Consejo de la Judicatura no ha observado las garantías de debido
proceso al suspender y remover a jueces, y esto ha profundizado su
vulnerabilidad a presiones políticas. En diciembre de 2012, el Congreso
arbitrariamente removió y reemplazó a cuatro magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
El nuevo uniforme es similar al que usa la policía de Nicaragua.
Abusos y corrupción policial
El
uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye
un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han
estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde
muy poca información al respecto al público y en general prevalece la
impunidad.
Los
esfuerzos para abordar la corrupción endémica en la Policía sólo han
conseguido escasos avances. Según documentos policiales, cerca de 20
altos funcionarios que habían sido despedidos por no superar las pruebas
de confianza —incluidos controles de antecedentes penales y pruebas de
polígrafo— se encontraban en servicio a mediados de 2015, al igual que
varios funcionarios condenados por actividades delictivas.
El
Presidente Juan Hernández ha incrementado la participación militar en
la lucha contra el crimen violento, a pesar de que cuando la
intervención militar se anunció en noviembre de 2011 se señaló que esta
sería una medida provisoria hasta que se reformara la Policía Nacional.
Las denuncias de violaciones de derechos humanos por militares han
aumentado considerablemente desde entonces. Una investigación de Reuters
determinó que policías militares han sido acusados de al menos nueve
asesinatos, más de 20 casos de tortura y cerca de 30 detenciones
ilegales entre 2012 y 2014, y al menos 24 soldados estaban siendo
investigados en relación con los asesinatos.
Independencia judicial
Se
producen habitualmente actos de intimidación e interferencia política
contra jueces. En diciembre de 2012, el Congreso destituyó a cuatro de
los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, luego de que dictaran la inconstitucionalidad de una ley
contra la corrupción policial. Un mes después de la designación de
cuatro reemplazantes, en enero de 2013, la Corte, con su nueva
composición, desestimó un recurso interpuesto por los magistrados
destituidos.
En
abril de 2015, a instancias de legisladores oficialistas, la Corte
derogó una histórica disposición constitucional que prohibía la
reelección presidencial. La decisión permitirá que el Presidente
Hernández se postule a un segundo mandato en 2017 si así lo desea. Una
propuesta del ex Presidente Manuel Zelaya para convocar a un referéndum
con esta misma intención revocatoria fue uno de los principales motivos
invocados por las fuerzas militares para derrocar a Zelaya en 2009.
El
reemplazo de los cuatro magistrados de la Corte Suprema formó parte de
un patrón más amplio de interferencias. En 2015, organizaciones de
abogados acusaron al Consejo de la Judicatura, con potestad para
designar y destituir jueces, de recurrir a la amenaza de acciones
disciplinarias para intimidar a jueces e influir en decisiones
judiciales.
La
Comisión Internacional de Juristas sostiene que el proceso de selección
para el Consejo, que se creó mediante una reforma constitucional de
2011, no previó garantías contra la interferencia política y que, entre
otras irregularidades, se excluyó a representantes de una de las dos
asociaciones judiciales de Honduras. Hasta diciembre de 2014, el Consejo
había removido a 29 jueces y suspendido a 28, según datos de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien los
fundamentos de las medidas disciplinarias y las sanciones aplicables
todavía no habían sido definidos por ley.
Hasta la fecha van 95 masacres con 352 muertes en el presente año.
Ataques contra periodistas, abogados y defensores de derechos humanos
Persisten
las amenazas, los ataques y los asesinatos que tienen como víctimas a
periodistas, profesionales del derecho y defensores de derechos humanos.
Entre 2010 y 2014 fueron asesinados 43 periodistas, según datos del
Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). La CIDH
recibió información de ocho homicidios más de periodistas perpetrados
entre enero y julio de 2015. En la mayoría de los casos, las autoridades
no investigan ni juzgan delitos contra periodistas. A fines de 2014,
apenas 12 casos habían sido llevados a juicio, de acuerdo con datos del
gobierno.
En
febrero de 2015, Carlos Fernández, el conductor de un programa de
noticias en Canal 27 —que tiene sede en la isla de Roatán— murió en una
agresión armada mientras regresaba del trabajo a su casa. Fernández,
quien fue candidato en elecciones locales de 2013 y había criticado el
golpe de 2009, era miembro del partido opositor LIBRE y aparentemente
había recibido amenazas por su actividad periodística.
La
CIDH recibió denuncias sobre el asesinato de 86 profesionales del
derecho y 22 defensores de derechos humanos entre 2010 y 2014.
En
mayo de 2015, el gobierno promulgó una ley para proteger a defensores
de derechos humanos, periodistas y profesionales del derecho. La ley
dispone la creación de un Consejo Nacional de Protección para las y los
Defensores de Derechos Humanos, integrado por 14 miembros, que
representan a organizaciones de derechos humanos, asociaciones de prensa
y asociaciones de abogados, jueces y fiscales, así como un “sistema de
protección” encabezado por la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización.
Violencia rural
Más
de 90 personas han sido asesinadas en los últimos años en relación con
controversias por tierras en el valle del Bajo Aguán, la mayoría de
ellas a partir de 2009, según un informe publicado en marzo de 2013 por
el CONADEH. Muchas otras han sido víctimas de ataques, amenazas,
privaciones ilegales de la libertad y brutalidad policial.
Las
controversias relacionadas con tierras a menudo enfrentan a empresas
agroindustriales internacionales y organizaciones campesinas, que
reclaman ser las legítimas propietarias de tierras transferidas tras una
reforma de la ley agraria del país en 1992. Si bien la mayoría de las
víctimas han sido campesinos, también guardias de seguridad privada
fueron asesinados o resultaron heridos.
Las
autoridades hondureñas no han investigado eficazmente los abusos ni
brindado protección a personas en riesgo. Una investigación realizada en
2013 por Human Rights Watch, que examinó 29 casos de homicidio y dos
privaciones ilegales de la libertad, ocurridas en el Bajo Aguán entre
2010 y 2012, concluyó que ninguno había sido juzgado con resultados
satisfactorios. En abril de 2014, se creó una unidad de fiscalía
especial para investigar estos crímenes. El titular de esta unidad
señaló en una entrevista a los medios, en agosto de 2015, que aún no se
había conseguido esclarecer ninguno de los casos.
También
líderes indígenas que promueven causas ambientales han sufrido ataques
violentos que quedaron impunes. En abril de 2015, Luis de Reyes Marcía,
miembro de la comunidad indígena Tolupán en Locomapa, Yoro, —que se
opone a la tala y las actividades de minería en la zona— murió apuñalado
durante la noche en su vivienda. Otros tres líderes de la misma
comunidad murieron al recibir disparos en 2013, y los presuntos autores
seguían libres al momento de redacción del presente. La esposa de de
Reyes, Dilma Consuelo Soto, fue una de las 18 integrantes de la
comunidad que recibieron medidas de protección de la CIDH tras los
asesinatos de 2013.
Orientación sexual e identidad de género
La
violencia homofóbica es un problema gravemente extendido en el país. La
CIDH recibió denuncias de 174 asesinatos de lesbianas, gays, bisexuales
y personas transgénero e intersexo perpetrados entre 2009 y 2014 por
motivos de orientación sexual. En agosto de 2013, el gobierno creó una
unidad especial dentro del Ministerio Público que se ocuparía de
investigar y perseguir penalmente asesinatos de lesbianas, gays,
bisexuales y personas transgénero e intersexo y de otros grupos
vulnerables. Según estadísticas oficiales, 10 personas habían sido
condenadas por estos delitos hasta octubre de 2014, y se habían iniciado
42 causas judiciales.
Violencia contra menores
Los
menores están expuestos a altos niveles de violencia, perpetrada
mayormente por pandillas armadas. Muchos son reclutados o presionados
frecuentemente para unirse a estas pandillas, según información
difundida en la prensa. El temor a la violencia provoca que cientos de
otros niños dejen sus hogares cada año y se dirijan hacia destinos al
norte, como México o Estados Unidos, muchas veces sin estar acompañados
por adultos. Un informe de 2014 de la Agencia de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) concluyó que 43 menores migrantes
procedentes de Honduras (de una muestra de 98) identificaron a la
violencia por parte de actores criminales organizados como uno de los
motivos por los cuales abandonaron su país de origen. Algunos migrantes
que habían sido deportados nuevamente a Honduras dijeron a Human Rights
Watch que vivían escondidos y temían mostrarse en público.
Condiciones en centros de detención
Las
condiciones inhumanas, incluidas la sobrepoblación, la alimentación
inadecuada y la salubridad deficiente, son sistémicas en las prisiones
hondureñas. Según el servicio penitenciario, en febrero de 2015 había
más de 15.000 presos en las cárceles del país, diseñadas para albergar
hasta 8.600 personas. La corrupción es generalizada entre los
funcionarios penitenciarios. En numerosos establecimientos, los guardias
penitenciarios han renunciado en la práctica al control y la disciplina
de los internos, y esto ha provocado abusos, extorsiones y violentos
enfrentamientos.
Actores internacionales clave
En
mayo de 2014, el desempeño de Honduras en materia de derechos humanos
fue evaluado en el marco del proceso de examen periódico del Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Honduras aceptó considerar una
recomendación de Estados Unidos para que lleve a cabo una reforma
integral de la Policía y elimine paulatinamente la intervención militar
en tareas de orden público.
En
marzo de 2015, la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra
la mujer, que visitó Honduras en julio de 2014, informó que, a pesar de
las reformas impulsadas por el gobierno, las mujeres seguían expuestas a
discriminación, violencia y violaciones de los derechos sexuales y
reproductivos.
En
junio de 2015, el Comité de los Derechos del Niño publicó sus
observaciones finales relativas a los informes periódicos cuarto y
quinto sobre Honduras. El Comité recomendó que Honduras fortaleciera las
medidas orientadas a investigar, juzgar y sancionar casos de muertes y
ejecuciones extrajudiciales de menores.
En
octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó
que Honduras había violado los derechos de cuatro jueces que fueron
removidos por oponerse al golpe militar de 2009 contra el ex Presidente
Zelaya. La sentencia dispuso que los jueces debían ser reinstaurados en
el cargo.
En
enero de 2015, en respuesta ante la afluencia a Estados Unidos de
menores migrantes no acompañados, el Presidente Barack Obama pidió al
Congreso que aprobara la asignación de asistencia por USD 1.000 millones
para países de Centroamérica, una suma sin precedentes. De esta ayuda,
300 millones de dólares estaban destinados a mejorar la eficiencia
policial, apoyar planes comunitarios para reforzar la seguridad y
fortalecer la capacidad de persecución penal de crímenes violentos.
En
un informe de 2014 que se preparó a partir de entrevistas con 35
migrantes hondureños detenidos en Estados Unidos o deportados
recientemente a Honduras, Human Rights Watch concluyó que casi todos
fueron deportados en forma sumaria. De aquellos que manifestaron a
funcionarios de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que temían
regresar a su país de origen, menos de la mitad fueron derivados a una
evaluación adicional para determinar si su temor era “creíble” o
“razonable”.
http://criterio.hn/violaciones-derechos-humanos-violencia-asesinatos-parte-del-diario-vivir-honduras-hrw/
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