15 febrero, 2016 | Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-
La política editorial que han asumido la mayoría de los medios de
comunicación en Honduras para favorecer al gobierno, al ensalzar cada
una de sus políticas y acompañar al presidente Juan Hernández, en cada
uno de sus propósitos, poco o nunca se ha puesto en la palestra pública
por la indiferencia, complicidad o por el simple hecho de desconocer las
verdaderas razones.
Líderes de opinión consideran que el presidente Juan Hernández tiene controlada al 90% de la prensa hondureña.
Quienes
se preguntan qué es lo que realmente está pasando con la agenda
mediática son pocos, e incluso, este tema ha sido invisibilizado por
aquellos organismos que trabajan en la defensa de la libertad de
expresión y de prensa, que se han ido más a los efectos que a las
causas.
De
momento a la única organización que hemos visto que ha tocado el asunto
es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que en el
informe “Perfiles Macrofiscales de Centroamérica”, presentado el año
pasado hizo hincapié en el asunto y lo catalogó como un abuso y la
fomentación de clases privilegiadas en detrimento del resto de la
sociedad hondureña.
Otra
de las pocas voces disonantes es la del presidente del Partido
Anticorrupción (PAC), Salvador Nasralla, que al hacer un análisis del
contexto ha llegado a la conclusión que el gobierno está pagando a los
medios “para ensalzar la figura del presidente Juan Hernández e
impulsarlo en una eventual reelección presidencial y por eso no
cuestionan nada, ni critican lo malo”.
El
también controversial cronista deportivo, ha exigido en varias
oportunidades al gobierno que dé una explicación sobre el millonario
gasto publicitario y también ha pedido al Tribunal Superior de Cuentas
(TSC) que se pronuncie al respecto e investigue el asunto, que a su
juicio es otro acto de corrupción de la actual administración.
¿Pero por qué callan los medios?
La anterior interrogante tiene una respuesta sencilla y es la siguiente:
A raíz de la aprobación en el Congreso Nacional del decreto 86-2013 que contempla Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, los medios de comunicación han sido acogidos a un régimen especial que les permite canjear sus deudas concernientes al pago de impuestos y de servicios públicos y sus obligaciones presentes y futuras por dichos conceptos.
Los periodistas que cubren Casa de Gobierno deben sujetarse a la agenda oficial, ya que de lo contrario son sometidos al acoso y la intimidación.
“Los
valores que correspondan a cualquier tipo de publicidad que el Gobierno
de la República solicite a cualquier operador, o persona natural o
jurídica en el convenio regulador específico y dentro del marco de la
presente Ley, podrán ser canjeables por pagos de cualquier tipo de
impuestos, tasas, pago de permisos, cánones, servicios públicos,
licencias o cualquier otro tipo de multas, recargos, intereses
moratorios y otros conceptos u obligaciones financieras con el Estado ya
sea ésta pasada, presente o futura”, estipula el artículo dos de la
normativa.
Lea aquí la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones:
La
normativa fue aprobada en el Congreso Nacional en el 2013, cuando este
poder del Estado era presidido por el ahora presidente de la República,
quien en aquel entonces buscaba llegar a la máxima magistratura del
país, por lo que es más que evidente, que tejió una estrategia para
tener el control absoluto de los medios de comunicación.
Hernández
impulsó la ley, aprovechando una cruzada iniciada por el expresidente,
Porfirio Lobo Sosa, quien proponía una nueva Ley de Telecomunicaciones
que planteaba la democratización en el otorgamiento de frecuencias del
espectro radioeléctrico.
El
planteamiento de Lobo Sosa—que tampoco se descarta como una estrategia
para favorecer los propósitos de Hernández—fue rechazado por los dueños
de las corporaciones mediáticas de radio, televisión y prensa escrita,
que alegaron que se quería imponer una “ley mordaza”, lo que
aprovecharon porque al final se salieron con la suya al lograr negociar
con el ahora mandatario.
LO QUE SE NEGOCIÓ
En
ese legajo de negociaciones se estableció que “las personas naturales o
jurídicas dedicadas a la comunicación social, como ser: radio,
televisión, medios escritos, digitales y de publicidad en general en
cualquier forma de conformidad a la Ley o cualquier otra legislación
vigente aplicable, que al momento de la entrada en vigencia de esta Ley y
tengan deudas pendientes con el Estado por concepto de impuestos,
tasas, permisos, licencias, servicios públicos, multas recargos o
cualquier otro concepto de obligación financiera con el Estado ya sea
ésta pasada, presente o futura, podrán acogerse voluntariamente a los
beneficios del Programa
Voluntario de Rescate del Sector de las
Comunicaciones creado en esta Ley”.
Lo
anterior nos deja claro que los empresarios de los medios de
comunicación han quedado exonerados de todo tipo de obligaciones con el
Estado, pues lo único que se excluyó es el pago de las aportaciones
patronales a los institutos de previsión, al Instituto Hondureño del
Seguro Social (I.H.S.S.) u otras instituciones de seguridad social.
Sin
bastarles lo anterior, los dueños de medios también lograron, de
acuerdo al artículo dos, que podrán canjear el pago de la deuda exigible
a favor del Estado con publicidad, “en la forma en que se establezca
exclusivamente con el Presidente de la República o a quien éste
delegue”.
Lo
antes expuesto nos evidencia que la aplicación de la prerrogativa
queda exclusivamente en manos del presidente de la República, bajo sus
criterios de discrecionalidad. Lógico este se circunscribe a aquellos
medios que se han plegado al gobierno, no así aquellos que mantienen una
agenda independiente.
De
acuerdo a la ley, la publicidad canjeable servirá para la promoción de
valores, campañas sociales, educativas o actividades similares a cargo
de organizaciones no gubernamentales.
En
el mismo artículo dos se establece que “para los fines de la presente
Ley, los operadores o empresas que se acojan a la misma deberán firmar
un convenio con la Presidencia de la República donde se detallen los
acuerdos y establezca los arreglos de ejecución particulares para la
correcta implementación, control y seguimiento de cada caso”.
Por
otra parte estipula que las notas de crédito, créditos fiscales o
cualquier otro instrumento que el Gobierno emita a través de la
Presidencia de la República y represente los valores de la publicidad
adquirida por el Estado, serán transferibles, canjeables y negociables.
Los operadores pueden traspasar los créditos fiscales que adquieran con
el Estado en el marco de esta Ley a empresas o sociedades relacionadas
al operador, y podrán usarse para el pago del Impuesto Sobre la Renta o
cualquier otro impuesto que deba pagarse al Estado.
http://criterio.hn/medios-hondurenos-venden-silencio-cambio-no-pagar-impuestos/
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