13 Enero,2016 / La Ceiba, Atlántida. El ataque por parte de elementos de la Fuerza Naval de Honduras a un grupo de Garífunas, el pasado 27 de diciembre en la barra de Iriona, tuvo como resultado la muerte de dos jóvenes, que se encontraban auxiliando a un vehículo atascado en la arena, en el cual transportaban familias desde Tocamacho hacia Tocoa.
Como
es de conocimiento público, la inexistencia de vías de comunicación en
el municipio de Iriona, obliga a sus habitantes a utilizar la playa como
la única vía para movilizarse entre los departamentos de Colón y
Gracias a Dios.
El
fatídico asalto con armas automáticas perpetrado por los militares
forma parte de la estrategia de militarización que sufren las
comunidades Garífunas cercanas a la Moskitia.
Desafortunadamente
el clamor de desmilitarización por parte de las comunidades ha sido
tergiversado por algunos funcionarios y militares los que han insinuado
de forma mal intencionada un contubernio de nuestro pueblo con el crimen
organizado.
Durante
las últimas dos décadas Honduras se convirtió en un trampolín para el
tráfico de estupefacientes desde los países productores en Sudamérica
hacia el mercado estadounidense. A partir del golpe de Estado del año
2009, Honduras se convirtió en un narco estado, donde existe una fina
cutícula entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.
Es
partir de mayo del 2012, cuando Estados Unidos finalmente interviene, y
ocurre la masacre de Ahuás, en la que helicópteros de la DEA masacran a
siete Miskitos inocentes, percance que hasta la fecha, tanto las
autoridades de los Estados Unidos como de Honduras han eludido
investigar de forma fehaciente y apegarse a derecho. Casualmente días
antes de la masacre el periódico New York Times publicó un artículo
intitulado “Lecciones de Irak ayudan a los Estados Unidos en su guerra
contra las drogas en Honduras”.
El
cambio de enfoque de los Estados Unidos de una cierta permisibilidad al
desmantelamiento de las bandas de crimen organizado, conllevó a la
represión directa de los pueblos indígenas que habitamos la costa caribe
de Mesoamérica. Sin embargo, la represión aplicada a los pueblos no
hizo mella alguna al contubernio existente entre crimen organizado y
funcionarios estatales.
La
putrefacción del aparato judicial causada por la politización,
especialmente después del golpe a la Corte Constitucional (12-12-12)
promovido por el actual presidente de Honduras, consolidó los espacios
adquiridos por el crimen organizado.
La
criminalización del pueblo Garífuna emprendida por los militares y
funcionarios estatales, no es más que una cortina de humo para ocultar
la alianza existente entre alcaldes, jueces y narcos. Las Fuerzas de
Seguridad poseen suficiente información sobre quiénes son y cómo actúa
el crimen organizado en el país.
Las
comunidades Garífunas se han mantenido al margen del lucrativo y
espeluznante negocio. Si bien hay algunos Garífunas involucrados, la
gran mayoría de nuestro pueblo se mantiene fuera de la esfera de
influencia del narcotráfico, y podemos señalar de forma contundente que
ejército y policía conocen bien quienes son los involucrados, pero se
abstienen de desmantelar las estructuras criminales.
Como
hemos repetido de forma frecuente, las comunidades Garífunas son islas
de paz en un mar de sangre. La desmilitarización que exigimos no implica
en ningún momento contubernio con el narcotráfico, el cual ha afectado a
nuestro pueblo a través de la apropiación ilegal de tierras y el
control de las municipalidades y juzgados.
La
guerra santa contra las drogas emprendidas por los Estados Unidos hace
más de cuatro décadas ha fracasado de forma contundente, sirviendo más a
los intereses de banqueros y empresarios que se han involucrado en lo
que se puede llamar el negocio más lucrativo en el planeta.
Afganistán
y Colombia son ejemplos de ese costoso fiasco, y a pesar de encontrarse
militarizados y en guerra, las drogas continúan siendo producidas y
exportados a los países industrializados. De no cambiar Estados Unidos
el enfoque, son las comunidades más pobres las que pagaran el precio de
la desacertada política esgrimida desde la época de Richard Nixon.
Uno
de las problemáticas más graves que afecta a Honduras además del
narcotráfico es la putrefacción y colapso de la policía y la conversión
del ejército en fuerza policial, labor que no corresponde con su
verdadera misión y da lugar a violaciones a los derechos humanos.
Mientras
tanto, las comunidades Garífunas reportan un incremento de la presencia
militar en Iriona y un acoso permanente al pueblo Garinagu, que lo
podemos relacionar más con una estrategia para impulsar un
desplazamiento de la población en aras del experimento neoliberal de las
Ciudades Modelo que del control del narcotráfico.
El doctor Luther Castillo Harry esta siendo acosado por los militares por defender a sus congéneres.
Exigimos
además de la desmilitarización, una intervención judicial efectiva para
desmantelar las estructuras políticas y económicas de los narcos, así
mismo que cese el hostigamiento a los líderes Garífunas, entre ellos al
Dr. Luther Castillo, y los testigos de la matanza acontecida en la Barra
de Iriona, los que vienen siendo hostigados por las fuerzas militares.
http://criterio.hn/garifunas-rechazan-la-presencia-militares-narcos-territorio/
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