Dagoberto.rodriguez@laprensa.hn
Legal, ética y políticamente le toca al nuevo Legislativo elegir las nuevas autoridades del MP.
Elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público
El actual Congreso Nacional cometería un enorme abuso
y un exceso de poder al elegir un nuevo Fiscal General de la República y su
Adjunto en este período constitucional, arrogándose una facultad que corresponde
a los diputados y a las nuevas fuerzas políticas que emerjan en las elecciones
de noviembre próximo.
Así lo advirtieron ayer profesionales del derecho consultados por LA PRENSA en relación a la próxima elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) por los siguientes cinco años, tras las renuncias del Fiscal General , Luis Alberto Rubí, y el Fiscal General Adjunto, Roy David Urtecho.
Los juristas consideran que el Poder Legislativo debe elegir un fiscal interino para que termine el período de Rubí y Urtecho que concluía el 11 de marzo de 2014 o en su defecto ampliar el período de la Comisión Interventora del MP para que dirija la institución, mientras el Parlamento electo elige a los nuevos fiscales.
No obstante, todo apunta que el actual Congreso dominado por el Partido Nacional adelantará la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto para el próximo quinquenio, colocando a un profesional afín a los intereses del diputado presidente y aspirante presidencial Juan Orlando Hernández y del titular del Ejecutivo, Porfirio Lobo.
Elección podría desconocerse
El exdiputado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, expresó que aunque la ley no establece un artículo específico en ese sentido, la elección de los nuevos fiscales en esta legislatura sería un grave abuso de poder de los actuales diputados, que bien podría ser desconocida por los diputados electos.
Dijo que lo que refleja esta decisión es la intención que siempre se tuvo de presionar la renuncia del extitular del Ministerio Público, Luis Rubí, para poner un nuevo fiscal sintonizado en la línea política del actual Gobierno.
Agregó que la premura de elegir un nuevo Fiscal en este Gobierno refleja dos acciones bien claras: primero blindar sus acciones y segundo imponer profesionales afines en un escenario político electoral marcado por denuncias de irregularidades y un posible fraude electoral.
Por eso el nuevo fiscal que deberá asumir en marzo del próximo año debería ser elegido por el nuevo Congreso de la República que inicia actividades el 25 de enero de 2014, para que pueda acompañar a la nueva administración pública.
“Cualquier intento de elegir el Fiscal antes de que venza el período legal solo expresaría una intención peligrosa que podría ser revocada por el próximo Gobierno si el Congreso que viene se comporta de la manera tan autoritaria y arbitraria como lo ha hecho el actual Congreso”, afirmó.
Pineda Alvarado enfatizó que al nuevo Poder Legislativo que entre en funciones el 25 de enero de 2014, no solo le corresponde legalmente elegir al nuevo Fiscal General y Adjunto, sino que ética y políticamente es su derecho.
Explicó que el escenario político del nuevo gobierno será totalmente diferente y la correlación de fuerzas también será distinta a las del actual Congreso.
“Esa correlación de fuerzas expresa un sentido de voluntad popular que no tiene este Poder Legislativo”, anotó.
Por otro lado, el entrevistado analizó que el hecho de suspender la vigencia del artículo 22 de la actual Ley del MP, solo refleja la clara intención de un Gobierno que está terminando período, pero pretende mantener su influencia política a través de una elección que generará efectos futuros.
“Me parece que legal, ética y políticamente no corresponde la elección del nuevo Fiscal a este Congreso, aunque se estire la ley de manera que sacrifique la seguridad jurídica en aras de la conveniencia política”, afirmó. Pineda Alvarado insistió que en el contexto actual el control que se ejerce en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el Poder Judicial, se complementa con un “Fiscal obsequioso” en el Ministerio Público, que sería el encargado de presentar las denuncias por delitos electorales que acontezcan en las elecciones del 24 de noviembre.
“Teniendo controlado el ente acusador, el ente administrador y el ente juzgador que va resolver sobre la procedencia de estas acciones, prácticamente tienen un control sobre todo el manejo del proceso electoral”, dijo Pineda.
Deben ser nuevas fuerzas
En similares términos se refirió Rafael Virgilio Padilla, coordinador de la Barra de Abogados Anticorrupción, quien dijo que la elección del nuevo fiscal debe efectuarse por las nuevas fuerzas políticas que integrarán el próximo Congreso Nacional, entre ellos los diputados de Libre y del Partido Anticorrupción (PAC).
“Eso es un abuso del actual Congreso Nacional porque aunque es un Congreso legalmente constituido, pero ahí no está representada la totalidad de los hondureños que se abstuvieron de votar en las anteriores elecciones que se celebraron después del golpe de Estado en donde la oposición no participó”, arguyó.
En ese sentido, el profesional del derecho sugirió a los actuales diputados esperar que se integre el nuevo Congreso para que sea este el que elija a las nuevas autoridades del Ministerio Público, porque de lo contrario sería un evidente abuso de poder, comparado solo con la destitución de los exmagistrados de la sala Constitucional.
El lunes anterior el pleno legislativo instruyó a la Comisión de Seguridad iniciar la socialización de una nueva ley del Ministerio Público antes del 31 de julio del año en curso, bajo la cual se elegirían las nuevas autoridades de esa institución por el período constitucional de cinco años.
El anteproyecto de ley deberá estar listo antes de que concluya el plazo de 45 días que se le concedió a la Comisión Interventora del Ministerio Público, el cual expira precisamente a finales de julio.
En un mes estará lista la nueva Ley del MP
La Comisión Legislativa de Seguridad instaló ayer las mesas de diálogo con varias organizaciones e instituciones del sector público y de la sociedad civil para concertar el anteproyecto de la nueva Ley del Ministerio Público, que estaría lista en los próximos 30 días.
El diputado Tomás Zambrano dijo que en la reunión se entregó a los sectores los insumos necesarios para su análisis y que hagan sus posteriores recomendaciones.
También se programó una reunión para la próxima semana en la que recibirán las propuestas y aportes para construir la nueva Ley del MP.
Expuso que dentro de los insumos se incluyó un anteproyecto de decreto para la creación de una Agencia Técnica de Investigación Criminal.
Además otro paquete de leyes que elaboró la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP).
“En menos de un mes estaríamos impulsando la nueva ley de la Fiscalía, luego se escogerían en audiencias públicas los candidatos a Fiscal General y su Adjunto para luego enviar la nómina al Congreso”, afirmó Zambrano.
Aclaró que los nuevos fiscales se elegirán en base a la nueva legislación que aprueba el Congreso Nacional.
Asimismo, adelantó que se instalarán mesas de socialización para la nueva norma a partir del lunes en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
Así lo advirtieron ayer profesionales del derecho consultados por LA PRENSA en relación a la próxima elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) por los siguientes cinco años, tras las renuncias del Fiscal General , Luis Alberto Rubí, y el Fiscal General Adjunto, Roy David Urtecho.
Los juristas consideran que el Poder Legislativo debe elegir un fiscal interino para que termine el período de Rubí y Urtecho que concluía el 11 de marzo de 2014 o en su defecto ampliar el período de la Comisión Interventora del MP para que dirija la institución, mientras el Parlamento electo elige a los nuevos fiscales.
No obstante, todo apunta que el actual Congreso dominado por el Partido Nacional adelantará la elección del nuevo Fiscal General y Adjunto para el próximo quinquenio, colocando a un profesional afín a los intereses del diputado presidente y aspirante presidencial Juan Orlando Hernández y del titular del Ejecutivo, Porfirio Lobo.
Elección podría desconocerse
El exdiputado y analista político, Raúl Pineda Alvarado, expresó que aunque la ley no establece un artículo específico en ese sentido, la elección de los nuevos fiscales en esta legislatura sería un grave abuso de poder de los actuales diputados, que bien podría ser desconocida por los diputados electos.
Dijo que lo que refleja esta decisión es la intención que siempre se tuvo de presionar la renuncia del extitular del Ministerio Público, Luis Rubí, para poner un nuevo fiscal sintonizado en la línea política del actual Gobierno.
Agregó que la premura de elegir un nuevo Fiscal en este Gobierno refleja dos acciones bien claras: primero blindar sus acciones y segundo imponer profesionales afines en un escenario político electoral marcado por denuncias de irregularidades y un posible fraude electoral.
Por eso el nuevo fiscal que deberá asumir en marzo del próximo año debería ser elegido por el nuevo Congreso de la República que inicia actividades el 25 de enero de 2014, para que pueda acompañar a la nueva administración pública.
“Cualquier intento de elegir el Fiscal antes de que venza el período legal solo expresaría una intención peligrosa que podría ser revocada por el próximo Gobierno si el Congreso que viene se comporta de la manera tan autoritaria y arbitraria como lo ha hecho el actual Congreso”, afirmó.
Pineda Alvarado enfatizó que al nuevo Poder Legislativo que entre en funciones el 25 de enero de 2014, no solo le corresponde legalmente elegir al nuevo Fiscal General y Adjunto, sino que ética y políticamente es su derecho.
Explicó que el escenario político del nuevo gobierno será totalmente diferente y la correlación de fuerzas también será distinta a las del actual Congreso.
“Esa correlación de fuerzas expresa un sentido de voluntad popular que no tiene este Poder Legislativo”, anotó.
Por otro lado, el entrevistado analizó que el hecho de suspender la vigencia del artículo 22 de la actual Ley del MP, solo refleja la clara intención de un Gobierno que está terminando período, pero pretende mantener su influencia política a través de una elección que generará efectos futuros.
“Me parece que legal, ética y políticamente no corresponde la elección del nuevo Fiscal a este Congreso, aunque se estire la ley de manera que sacrifique la seguridad jurídica en aras de la conveniencia política”, afirmó. Pineda Alvarado insistió que en el contexto actual el control que se ejerce en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y en el Poder Judicial, se complementa con un “Fiscal obsequioso” en el Ministerio Público, que sería el encargado de presentar las denuncias por delitos electorales que acontezcan en las elecciones del 24 de noviembre.
“Teniendo controlado el ente acusador, el ente administrador y el ente juzgador que va resolver sobre la procedencia de estas acciones, prácticamente tienen un control sobre todo el manejo del proceso electoral”, dijo Pineda.
Deben ser nuevas fuerzas
En similares términos se refirió Rafael Virgilio Padilla, coordinador de la Barra de Abogados Anticorrupción, quien dijo que la elección del nuevo fiscal debe efectuarse por las nuevas fuerzas políticas que integrarán el próximo Congreso Nacional, entre ellos los diputados de Libre y del Partido Anticorrupción (PAC).
“Eso es un abuso del actual Congreso Nacional porque aunque es un Congreso legalmente constituido, pero ahí no está representada la totalidad de los hondureños que se abstuvieron de votar en las anteriores elecciones que se celebraron después del golpe de Estado en donde la oposición no participó”, arguyó.
En ese sentido, el profesional del derecho sugirió a los actuales diputados esperar que se integre el nuevo Congreso para que sea este el que elija a las nuevas autoridades del Ministerio Público, porque de lo contrario sería un evidente abuso de poder, comparado solo con la destitución de los exmagistrados de la sala Constitucional.
El lunes anterior el pleno legislativo instruyó a la Comisión de Seguridad iniciar la socialización de una nueva ley del Ministerio Público antes del 31 de julio del año en curso, bajo la cual se elegirían las nuevas autoridades de esa institución por el período constitucional de cinco años.
El anteproyecto de ley deberá estar listo antes de que concluya el plazo de 45 días que se le concedió a la Comisión Interventora del Ministerio Público, el cual expira precisamente a finales de julio.
En un mes estará lista la nueva Ley del MP
La Comisión Legislativa de Seguridad instaló ayer las mesas de diálogo con varias organizaciones e instituciones del sector público y de la sociedad civil para concertar el anteproyecto de la nueva Ley del Ministerio Público, que estaría lista en los próximos 30 días.
El diputado Tomás Zambrano dijo que en la reunión se entregó a los sectores los insumos necesarios para su análisis y que hagan sus posteriores recomendaciones.
También se programó una reunión para la próxima semana en la que recibirán las propuestas y aportes para construir la nueva Ley del MP.
Expuso que dentro de los insumos se incluyó un anteproyecto de decreto para la creación de una Agencia Técnica de Investigación Criminal.
Además otro paquete de leyes que elaboró la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP).
“En menos de un mes estaríamos impulsando la nueva ley de la Fiscalía, luego se escogerían en audiencias públicas los candidatos a Fiscal General y su Adjunto para luego enviar la nómina al Congreso”, afirmó Zambrano.
Aclaró que los nuevos fiscales se elegirán en base a la nueva legislación que aprueba el Congreso Nacional.
Asimismo, adelantó que se instalarán mesas de socialización para la nueva norma a partir del lunes en San Pedro Sula y Tegucigalpa.
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