La Alianza por los Derechos Humanos (ADH),
se solidariza con el sacerdote católico Cesar Espinoza, por las amenazas a
muerte de que ha sido objeto en los últimos días, por parte de empresas mineras.
Espinoza es cura párroco de la Iglesia
del Municipio de Arizona departamento de Atlántida, lugar al que pertenecen las
comunidades de Nueva Esperanza y la Florida, que se oponen a la instalación de
una empresa minera en defensa de sus derechos humanos y los derechos de la
madre tierra.
Según testimonio recibido de personas de
la comunidad de Nueva Esperanza, sujetos no identificados que utilizan máscaras
cubriendo sus rostros, fuertemente armados, persiguen a la población y cuyo
objetivo es atentar contra los dirigentes comunitarios.
De acuerdo a una denuncia transmitida en
conferencia de prensa “desde enero de este año está recibiendo amenazas a
muerte mediante mensajes de texto a su celular”. Otros miembros de las
comunidades han denunciado acoso de guardias de seguridad y amenazas a muerte.
La Alianza demanda una investigación inmediata
de los hechos para determinar de dónde provienen las amenazas y la protección
de la viva del sacerdote y los miembros de las comunidades amenazadas.
¡Alto a la violación de los derechos de
las comunidades y los derechos de la madre tierra!
Tegucigalpa 01 de julio del año 2013
Juan Almendarez Bonilla
Wilfredo Méndez
Andrés Pavón
CODEH Tel. 2221-8488 Correo Electrónico codeh@codeh.hn, página WEB www.codeh.hn
CIPRODEH Tel. 2232-3572 Correo Electrónico wilmendez@hotmail.es, página WEB www.ciprodeh.org
CPTRT Tel. 2231-1776 Correo Electrónico comunicacioncptrt@gmail.com página WEB www.cptrt.net
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COMUNICADO DE SOLIDARIDAD CON LOS
DEFENSORE Y DEFENSORAS DE LA VIDA
Y LA MADRE TIERRA
La Coalición Nacional de Redes Ambientales y el Centro
Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, ante el pueblo Hondureño,
organizaciones Defensoras de Derechos Humanos nacionales e internacionales, reiteramos
nuestra exigencia por el respeto a la vida de los hombres y mujeres del Sector
de La Florida, Municipio de Tela, Atlántida, que con valentía se han opuesto a
la instalación de un proyecto minero en sus territorios y nos expresamos en los
siguiente términos:
1.
El conflicto provocado por el gobierno de
Honduras al otorgar una concesión minera través de la Secretaria de Recursos
Naturales y el ahora Instituto Hondureño de Geología y Minas, a favor del empresario Lenir Pérez,
constituye una evidencia de los nuevos conflictos socio ambientales que se están
generando en diferentes partes de nuestro territorio nacional como consecuencia de la nefasta aprobación de
la Ley de Minería por el Congreso nacional en Enero de este año.
2.
Deploramos, denunciamos y rechazamos las
agresiones de que han sido víctimas en los últimos meses los pobladores de la
Comunidad de Nueva Esperanza, quienes ha n sufrido vejámenes por parte de la policía
al servicio de los interés del empresario Lenir Pérez, así como también de la
seguridad privada contratada por este empresario y últimamente por sujetos “desconocidos”
que fuertemente armados han generado un “estado
de sitio” en la zona, impidiendo la libre circulación de los habitantes de
Nueva Esperanza y enviando amenazas a los líderes de las comunidades y
organizaciones acompañantes.
3.
La gravedad de las amenazas a muerte, la intimidación
a través de la presencia de estos “oscuros personajes” y el Estado de Indefensión
en que se encuentra la población, ante la inoperancia de los organismos de
seguridad, El Ministerio Publico y los funcionarios de SERNA e INGEOMINH,
quienes han recibido las denuncias de estos hechos y a la fecha no han tomado
ninguna acción efectiva para garantizar la vida y los Derechos de los
Habitantes de Nueva Esperanza, ha llegado al extremo de que la escuela pública
ha sido cerrada por el temor de la población a que se pueda atentar contra la
vida de los niños y niñas del sector, generándose así una nueva Violación a
Derechos Funadmentales contra la población infantil, a vista y paciencia de las
autoridades.
4.
De manera particular compartimos públicamente nuestra
solidaridad con el Padre Claretiano Cesar Espinoza y demás líderes de la
comunidad que han recibido amenazas a muerte y hasta atentados contra sus vidas.
5.
Hacemos del conocimiento de los autores
materiales e intelectuales de esta graves agresiones, así como también a las autoridades
de gobierno que a través de su indiferencia e inoperancia se han convertido en cómplices
de violaciones a los Derechos Humanos de los pobladores de la Comunidad de
Nueva Esperanza, que ya se han
presentado las denuncias respectivas a los organismos internacionales de
Defensa y Protección de Derechos Humanos. Igualmente debido al cerco mediático
existente en nuestro país, que ha impedido la
divulgación de esta problemática, hemos impulsado una campaña de información
y solidaridad internacional, exponiendo mundialmente la voracidad de
empresarios mineros y las violaciones a Derechos Humanos cometidas por los
entes estatales que han permitido la generación de este conflicto.
6.
Tal y como lo denunciamos y alertamos en el
pasado, estos conflictos se están incrementando en diferentes partes del país como en Santa Bárbara, Atlántida, Valle y Ocotepeque a
partir de la aprobación de la Nueva Ley de Minería por el Congreso Nacional y
la aceleración de otorgamiento de concesiones y permisos de exploración y explotación
minera por parte de Ingeominh, disfrazados de permisos para “minería No Metálica”.
7.
El Rechazo generalizado a la actividad minera ha
quedado reflejado en las posiciones proféticas asumidas por organizaciones
sociales en todo el país, así como también por los obispos, sacerdotes y población
en general en los departamentos de Atlántida, Choluteca y Valle. Este firme
rechazo a la actividad minera y las demandas por la derogación de la Ley de
Minería y la cancelación der todas las concesiones mineras, evidencian que como
pueblo Hondureño no estamos dispuestos a seguir soportando la imposición de
leyes y políticas contrarias a la Vida y a los intereses ciudadanos, que
responden únicamente a intereses particulares de amasar grandes riquezas a
costa de la entrega del territorio y sus Bienes Naturales a empresarios nacionales y corporaciones transnacionales que amparándose
en una ley Inconstitucional y contraria
a los Derechos Humanos, pretenden despojar de su medios de vida a la población Hondureña.
8.
Finalmente, declaramos que como Coalición Nacional
de Redes Ambientales, no descansaremos hasta que cesen estas prácticas
violatorias a la vida, orientadas a la persecución, criminalización, destrucción,
despojo y saqueo territorial. Igualmente nuestra lucha se continúa enmarcando
en el acompañamiento a las personas y comunidades que defienden sus Bienes Comunes, se oponen a las
políticas y modelos extractivistas y corporativistas.
Por la Defensa de la Vida y la Madre Tierra
COALICION NACIONAL DE REDES AMBIENTALES
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