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Foto: diariowebcentroamerica.com |
Víctor
Manuel Ramos
Juan
Orlando Hernández, Presidente del Congreso Nacional y candidato a presidente de
la República por el Partido Nacional, ha salido a las calles, respaldado por
una buena cantidad de sus partidarios, a exigir que el Tribunal Nacional
Electoral viole la ley, léase bien: él, encargado del Poder Legislativo, cuya
función es ni más ni menos hacer las leyes, exige que se viole la ley.
La petición
consiste en que se inscriba en la fórmula presidencial que él, Juan Orlando,
encabeza, a Ricardo Álvarez, como candidato a Designado Presidencial, a pesar
de que la Ley Electoral dice taxativamente que no podrán participar como candidatos
en las elecciones generales quienes compitieron en las elecciones internas y no
resultaron escogidos.
Esta prohibición se extiende incluso a quienes
pretendieran inscribirse como candidatos independientes o en las nóminas de
otro partido.
Los
alegatos de Juan Orlando son realmente endebles, sin ningún basamento jurídico:
él habla de que inscribir a su reciente adversario Ricardo -quien le calificó
de tramposo, de haber montado un fraude electoral-, es un acto de justicia y
clama al Tribunal Nacional Electoral para que haga esa justicia, porque así
como se les ha permitido a otros partidos escoger sus candidatos, lo mismo debe
permitirse a los nacionalistas, solamente que, en esta ocasión, violando la
ley, la ley y la constitución que juró respetar y cumplir cuando se hizo cargo
de la presidencia del Congreso Nacional. ¿Qué justicia pretenden estos
bárbaros, por parte del Tribunal Nacional Electoral? Porque si es a este ente a
quien corresponde administrar la justicia electoral, tendrá, en todo caso que sujetarse
a la ley y nada más que a la ley.
El
otro alegato de Juan Orlando es que el pueblo nacionalista decidió y debe
permitírsele que escoja a sus candidatos. Esto no deja de ser una perogrullada
porque en efecto, los nacionalistas ya decidieron en las urnas quien debe ir en
las listas de candidatos del Partido Nacional y no pueden venir ahora a exigir
que les permitan hacer, con las planillas de escogidos, lo que les venga en
gana porque, clarísimo está, el pueblo nacionalista no acuerpó a Ricardo,
quien, en todo caso, si realmente tuvo razón en sus alegatos de fraude, debería
ser el candidato y no un segundón en la planilla. Sobre este asunto terció el
subcoordinador de la campaña electoral nacionalista Juan Diego Zelaya, dejando
al desnudo su inocencia al asegurar que el nacionalismo expresó su voluntad, y
claro, se refiere a los que asistieron a la marcha que comentamos (que poco le
importan el resto de los cachurecos diseminados en el resto del país y que se
expresaron en las urnas). De ser congruente este argumento, cabría preguntarse entonces,
¿para qué demonios gastó el pueblo hondureño tanto dinero en elecciones
internas?
Rafael
Leonardo Callejas, un poco olvidadizo, trajo al recuerdo la campaña que
desarrollaron los nacionalistas para torcer la ley y lograr, de manera ilegal,
la inscripción de Maduro como candidato presidencial a pesar de que claramente este
señor era de nacionalidad panameña (Véase el opúsculo publicado por los
Abogados Corea y Quezada). El señor Maduro y quienes le acuerparon y apañaron podrían
ser objeto de querella judicial en cualquier tiempo. No olvidar que lo mismo pasó con Azcona del Hoyo.
Los
pocos nacionalistas que están en Tegucigalpa y los otros que pudieron ser
acarreados desde comunidades cercanas no pueden, bajo ningún concepto, imponer la
premisa de que el Partido Nacional es un Macho sin dueño, ajeno a la ley.
Lo
que Ricardo no ha llegado a suponer es que podría tratarse de una treta de Juan
Orlando, quien, sabedor de que esta pretensión es ilegal, la utilice luego de
que sea desechada en apego estricto a lo que manda la Ley Electoral, como
argumento para convencerle de que él, Juan Orlando, hizo lo que pudo para
incluirle en la planilla pero que si no le inscriben ese ya no es asunto suyo.
Y puede ser porque si antes le hizo Juan Orlando un fraude electoral a Ricardo,
¿qué podría esperar Álvarez de su dizque correligionario? Y, ¿los partidarios
de Álvarez se tragarán esa píldora, luego de que fueron burlados?
Pero
lo que gritaban los nacionalistas manifestantes, mediante consignas fuera de
lugar –“quién dijo miedo, como si se les estuviese amenazando, o gaseando, o
garroteando, o encarcelando y asesinando como ocurría cuando las
manifestaciones de la Resistencia- nos tiene sin cuidado. Lo que si nos pone
los pelos de punta y nos clarifica el panorama del país en que vivimos, sin ley
ni justicia, es la postura el Presidente del Congreso Nacional que llama, en
flagrante delito en contra de la institucionalidad, a violentar la ley. Habrase
visto. Mientras tanto, la Fiscalía, duerme el sueño de los justos.
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