Autor del articulo: Proceso Digital / 2.04.2013
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| (Vista parcial de fotos de victimas de la represión institucionalizada) * |
Tegucigalpa - Una radiografía de la
situación de los derechos humanos en Honduras, realizada por el estatal
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), reveló que
durante la administración del presidente Porfirio Lobo han muerto en
forma violenta alrededor de 80 periodistas y abogados y más de 160
víctimas en el Bajo Aguán.
- De acuerdo al
ombudsman hondureño tanto el ejercicio del derecho como del periodismo así como
el trabajo que realizan policías y taxistas se ha convertido, en los últimos
años, en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen.
A
lo anterior se suma, según el documento, la muerte de 420 privados de libertad,
135 policías muertos violentamente entre 2011 y el 2012, cerca de un centenar
de taxistas asesinados en 2012 y más de medio centenar de miembros de la
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transexual (LGTB), ejecutados en los últimos
tres años.
Ramón
Custodio, titular del organismo humanitario declaró que el contexto de la
realidad nacional de Honduras es bastante complejo.
Añadió
que en el país persiste una crisis financiera e institucional con una violencia
extrema que resulta de la precariedad de la seguridad pública frente al desafío
de la criminalidad común y organizada.
Aseguró
que, en Honduras, tanto el ejercicio del derecho como del periodismo así como
el trabajo que realizan policías y taxistas se ha convertido, en los últimos
años, en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen.
Crisis en el Bajo Aguán deja más 160
víctimas
El
informe del Conadeh reveló que alrededor de 92 muertos y más de 70 heridos es
el saldo trágico registrado en el Bajo del Aguán en los tres últimos años de la
presente administración.
El
informe establece que entre las víctimas habría, al menos, 52 campesinos, 18
guardias de seguridad, 4 policías, 2 soldados, 6 empleados de la Corporación
Dinant, el apoderado legal de un movimiento campesino y 9 particulares.
Entre
los años 2011 y 2012 el Conadeh registró alrededor de 58 hechos
violentos que dejaron como saldo más de 70 muertos e igual cantidad de personas
heridas, en su mayoría campesinos, pero también fueron víctimas guardias de
seguridad, policías, soldados, empleados de la Corporación Dinant e incluso
particulares.
Aunque
no se tiene un dato exacto, se estima que alrededor de una decena de personas
han desaparecido en el marco de la crisis, señala el documento.
Agrega
que entre los desaparecidos estarían campesinos y cuatro guardias de seguridad,
estos últimos interceptados por desconocidos el 25 de abril del 2011 cuando se
dirigían, en horas de la mañana, a la finca “La Consentida” para cumplir su
turno de vigilancia
De
acuerdo al organismo humanitario, todos estos hechos prueban la violencia
practicada por ambas partes e igualmente toleradas por las diferentes autoridades del país.
En
el informe se establece que desde el inicio de la crisis, el Conadeh percibió
que la situación de la tenencia de la tierra
en el Bajo Aguán, era un problema que demandaba la atención inmediata de
las autoridades concernidas.
53 abogados perdieron la vida
En
esta radiografía de la inseguridad que se vive en el país, al menos, 53 profesionales del derecho perdieron la vida
en circunstancias violentas, en lo que va de la presente administración del presidente
Porfirio Lobo (2010/2012).
Establece
que entre las víctimas figuran 43 son hombres y 10 mujeres, cuyos casos en
alrededor del 95% de los casos se encuentran en la impunidad.
Uno
de los hallazgos del estudio del Conadeh es que entre los abogados muertos en
forma violenta figuran especialistas en derecho penal, en derecho mercantil,
jueces de tránsito, de la niñez, de letras, fiscales del Ministerio Público,
asesores legales de sindicatos, de
instituciones bancarias, de instituciones del Estado, organizaciones campesinas
y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y
religiosas.
De
acuerdo al documento, la mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el
interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa,
de su trabajadora, del conductor, de amigos e incluso de sus clientes a los que
defendían.
El
informe establece que 49 casos, que representan el 92%, fueron ejecutados con
armas de fuego, 3 murieron estrangulados y uno por un supuesto suicidio.
Custodio,
admitió que los abogados cumplen una función esencial en la defensa de los
derechos humanos y del Estado de derecho.
Expresó
que es deber del Estado hondureño garantizar que los profesionales del derecho
realicen su labor sin ningún tipo de
intimidación y que cuando su seguridad esté amenazada por el ejercicio de su trabajo, es deber de las
autoridades brindarles la protección para salvaguardar su integridad física y
su vida.
27 periodistas asesinados durante la
gestión Lobo
A
las muertes violentas de abogados, policías, taxistas y las registradas en el Bajo
Aguán, se suman los asesinatos, secuestros, atentados, persecuciones, amenazas
a muerte, extorsiones, ataques a parientes, agresiones e incluso el exilio de
los que son víctimas los periodistas y comunicadores sociales en el país.
Desde
el inicio de la presente administración, (27 enero del 2010 a diciembre del
2012) el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos registró una serie de
hechos que se constituyen en verdaderas amenazas contra las libertades de
expresión y de información en Honduras.
El
informe hace énfasis que en 35 meses del actual gobierno, al menos, 27 periodistas y comunicadores
sociales perdieron la vida en forma violenta. Cantidad que representan el 79%
del total de homicidios registrados desde el año 2003.
El
Conadeh también registró 20 casos de amenazas a muerte, allanamientos ilegales
a medios de comunicación, agresiones cometidas por agentes policiales,
agresiones seguidas de robo por parte de particulares.
El
organismo estatal de los derechos humanos señala en su informe que de las 27
muertes registradas en este gobierno, en apenas un caso se condenó al responsable quedando en la impunidad los
victimarios de los 26 comunicadores restantes.
Otra
de las preocupaciones del ente estatal de los derechos humanos son las
constantes amenazas de las altas autoridades gubernamentales encabezadas por el
propio presidente de la República contra los medios de comunicación
Custodio
lamentó que los niveles de violencia, alcanzados en este gobierno, contra
periodistas y medios de comunicación, son y siguen siendo una amenaza muy grave
para el ejercicio de los derechos de expresión y de información, en particular,
contra quienes cubren problemas sociales, como el crimen organizado y la corrupción
gubernamental.
Según
Custodio, ningún gobierno, en su sano juicio, debe castigar la función
investigadora y de denuncia, como lo pretende el actual gobierno.
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* El criterio al pie de la foto es nuestra responsabilidad.
A.R.Dalton
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* El criterio al pie de la foto es nuestra responsabilidad.
A.R.Dalton
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