Nora Cortiñas, dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea FundadoraLa Cámara Federal de Casación Penal ordenó que se tramite el pedido de hábeas corpus presentado por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, por la desaparición de su hijo durante la dictadura. La Sala IV del tribunal revocó el archivo del planteo, dispuesto por el juez de instrucción Ricardo Warley, y los rechazos de los recursos contra esa medida.
Los camaristas Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos le ordenaron al juez de primera instancia que se asegure la “efectiva adopción de todas las medidas posibles” para “acceder al conocimiento de lo ocurrido” a Carlos Gustavo Morales de Cortiñas, militante de la Juventud Peronista desaparecido en 1977.
Nora Cortiñas presentó el hábeas corpus para que se investigue qué ocurrió con su hijo tras el secuestro en la estación Castelar del ferrocarril Sarmiento, el 15 de abril de 1977. Carlos no fue visto en cautiverio en ningún centro clandestino de detención y tampoco sus restos fueron hallados en los 36 años posteriores. El juez Warley hizo lugar a la acción de hábeas corpus, instó al Poder Ejecutivo a realizar “todas las diligencias necesarias” para cumplir con el objetivo y poner a disposición de Cortiñas “todos los archivos y documentación” sobre su hijo. Dos días después, luego de notificar a las partes, archivó el expediente.
Una semana después, Cortiñas apeló la última decisión. El juez rechazó el planteo por considerarlo extemporáneo ya que la ley de hábeas corpus establece un plazo de 24 horas para apelar, y le ordenó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dar “inmediato cumplimiento” a su orden. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones respaldó al juez y rechazó un recurso de queja de Cortiñas, que entonces pidió la intervención de Casación.
Los camaristas consideraron que el hábeas corpus es el instrumento idóneo para garantizar el derecho a la información ante una desaparición forzada. Precisaron que, aun si el caso se tratase en un juicio penal, serían “procesos concurrentes y complementarios” (léase no excluyentes). Se detuvieron en la declaración de extemporaneidad, que calificaron como “un exceso ritual” que no se ajusta a derecho, y consideraron que corresponde “remover los obstáculos formales que impidan satisfacer el derecho” que se demandaba en el hábeas corpus. El archivo “aparece incongruente” con el fin de la acción, sostuvieron, y ordenaron que hasta que no se concreten todas las medidas ordenadas al Ejecutivo no se archiven las actuaciones, pues “lo contrario significaría vaciar de contenido” al hábeas corpus. El juez Gemignani disintió en un solo punto con Hornos y Borisnky: en lugar de pedir que el juez de primera instancia garantice que el Ejecutivo cumpla con las medidas ordenadas, propuso “condenar al Poder Ejecutivo a entregar toda la documentación” disponible sobre el hijo de Nora Cortiñas.
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Guatemala: La justicia debe seguir su curso
La
justicia debe seguir su debido curso en el juicio por genocidio y
crímenes de lesa humanidad que se sigue en Guatemala contra el ex
presidente Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar,
Mauricio Rodríguez Sánchez, dijo hoy Amnistía Internacional.“Este juicio histórico es una oportunidad única para el fortalecimiento del estado derecho y la justicia en el país”, aseguró Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional para Guatemala.
El 16 de abril fue publicado un campo pagado, firmado por dos ex vicepresidentes de la República, entre otros. El campo pagado, haciendo referencia a los Acuerdos de Paz, aseguraba que el juicio implica ‘serios peligros para el país’ y que la acusación por genocidio es una ‘fabricación jurídica contraria a los deseos de las víctimas’.
La organización se muestra preocupada por la aparición de llamamientos públicos que buscan conectar el actual juicio con los acuerdos de paz y otros argumentos de carácter político.
“Estas afirmaciones pierden de vista conceptos básicos de justicia y derechos humanos” dijo hoy Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional”.
“La persecución penal de los crímenes de lesa humanidad y el genocidio no es contraria a la justicia, la reconciliación nacional o la paz, sino que busca asegurar justicia para las víctimas de tales crímenes.”
Amnistía Internacional recuerda que los crímenes de lesa humanidad y genocidio, por su misma naturaleza, no son susceptibles de amnistía, tal y como lo prohíbe el derecho internacional, y reconocen los Acuerdos de Paz por medio de la Ley de Reconciliación Nacional.
“Lo importante es dejar que el juicio se desarrolle, y que los elementos considerados sean legales y no políticos: el debido proceso, los medios de prueba, la imparcialidad” dijo Elgueta.
En este juicio es la primera vez que un ex jefe de Estado en Guatemala es llevado ante la justicia por crímenes de derecho internacional.
“Este proceso reafirma el principio de que nadie está por encima de la ley. Esa es una de las razones de su importancia capital. La otra es que es representa, como Amnistía Internacional dijo cuando comenzó, una esperanza de justicia largamente esperada para las víctimas de los miles de decenas de crímenes contra la humanidad cometidos contra las comunidades mayas de Guatemala”.
En 1999, una Comisión de la Verdad respaldada por la ONU aseguró que durante los 36 años de conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996) unas 200.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas. Más del 80% de ellas cuales eran de origen maya. La Comisión de la Verdad estimó que había tenido lugar un genocidio.
El 3 de abril uno de los testigos del juicio relató como soldados mataron a su hija, abriéndole el pecho y sacándole el corazón. El 8 de abril otra testigo relató como a los 12 años fue llevada a un destacamento militar, le pusieron un trapo en la boca, y la violaron, sin saber cuantos soldados la violaron ya que perdió la conciencia.
Son sólo dos ejemplos de los cientos de testimonios que se han sucedido ante el tribunal desde que el juicio comenzara el 19 de marzo.
“Argumentar que el juicio nunca debió darse por razones políticas equivale a decir que nunca habría rendición de cuentas para alegaciones de esta naturaleza”, dijo Sebastián Elgueta.
El ex jefe de Estado, el general Efraín Ríos Montt, y su ex jefe de inteligencia militar, Mauricio Rodríguez Sánchez, están siendo juzgados como autores intelectuales de los asesinatos de 1.771 personas y el desplazamiento forzado de decenas de miles de personas de la región del triángulo Ixil, en el sur del departamento del Quiché.
El diario PrensaLibre.com de Guatemala publicó que Jazmin Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, el cual juzga a los militares retirados Efraín Rios Montt y José Rodríguez Sánchez, adversó este viernes la resolución que anula este juicio, hizo una pausa en el debate y anunció consultas a la Corte de Constitucionalidad (CC).
“No aceptamos la resolución de la jueza Carol Patricia Flores, porque afecta nuestra independencia”, expresó Barrios.
Posteriormente dijo que el Tribunal que preside "no obedece resoluciones ilegales" y se retiró junto a los otros dos jueces. Mientras entre el público se escucharon gritos de "justicia".
Barrios, quien vestía de negro, abrió el día de debate y dio aquellas declaraciones, a continuación fijó una pausa en el debate y anunció que el Tribunal hará consultas a la CC para ahondar en la resolución de Flores, jueza Primero de Mayor Riesgo.
A la audiencia acudieron Ríos Montt, ex jefe de Estado, y Rodríguez Sánchez, ex jefe de Inteligencia Militar, mas no llegaron los abogados.
Mientras tanto Franciso Dall’Anese, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se presentó y adelantó que accionará contra la jueza Flores.
Ésto luego que ayer jueves, la jueza Flores resolvió anular el juicio y regresar el proceso hasta como se encontraba al 11 de noviembre del 2011, cuando fue recusada por la defensa de los militares y el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) pidió que ella debía continuar con el proceso.
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