Fuente: elpais.cr | 28/10/2011
Avances
- Honduras ocupa el deshonroso segundo puesto como el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental.
- Desde que el presidente Porfirio Lobo asumió el
poder, 15 periodistas han sido asesinados; el gobierno niega que estos
crímenes hayan sido cometidos por motivos políticos.
- Organizaciones de derechos humanos y de periodistas
insisten con mayores exigencias al sistema judicial y a la policía
hondureña a fin de identificar y castigar a los responsables.
Desde siempre, pero con una inusitada agresividad
desde 2010, la libertad de expresión y los periodistas de Honduras se
encuentran bajo ataque permanente por parte de grupos, organizaciones e
individuos hasta ahora no identificados. El periodista Medardo Flores,
cercano al ex presidente Manuel Zelaya, es la última víctima de esta ola
de violencia, dirigida contra los periodistas en Honduras. Con el
debido respeto al gobierno de Porfirio Lobo, desde este espacio no es
descabellado presumir que alguien con motivaciones muy particulares
procura acallar a los periodistas. Presidente Lobo, "¿quién es el
responsable de asesinar a los periodistas?" es la insistente pregunta
que formulan varios frentes nacionales e internacionales. Las respuestas
son el silencio y la impunidad. Sin embargo, este estado de
arbitrariedad desemboca en una autocensura generalizada y en la ausencia
de un periodismo de investigación en el momento en que los hondureños
más necesitan la protección de su democracia y de sus derechos humanos,
una protección que aún se mantiene en ciernes. Esas fuerzas oscuras
detrás de esta extendida ola de incertidumbre demuestran un amplio
espectro que abarca la violencia común, la violencia política y los
carteles de drogas, que han conseguido que los periodistas, por temor a
perder la vida, dejen de informar sobre los actos de corrupción y los
crímenes relacionados con el narcotráfico.
La sociedad hondureña está sumida en una pesadilla
donde los abusos a los derechos humanos, la muerte de periodistas y la
permanente violación a la libertad de expresión se ocultan con el manto
obscuro de la impunidad. Los medios de comunicación son objeto de acoso
incesante por su intento de mantener al país informado de lo que sucede
tanto en el ámbito político como en el social. Desde el golpe de estado
en 2009, 15 periodistas han sido asesinados; además, detrás de esta
fachada democrática, cualquier líder que disiente políticamente resulta
también víctima de persecución, al extremo de que Honduras ha caído en
un estado de miedo e inseguridad constantes.
Cuando el 28 de junio del 2009, con el apoyo del
parlamento, los militares expulsaron del poder al presidente Manuel
Zelaya por sus supuestas violaciones constitucionales, deterioraron aún
más esa frágil democracia. Es sabido que en un país donde la
Constitución no es la que dirige los destinos de sus ciudadanos, los
derechos humanos y la libertad de expresión son lo primero que resulta
perjudicado. Tras una intensa confrontación política y social, Honduras
eligió a Porfirio Lobo como nuevo presidente el 29 de noviembre de ese
mismo año. Zelaya, con el respaldo de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y tras 23 meses desde aquella madrugada en la que un
fusil le arrebató el poder, volvió el pasado mes de mayo. Está por verse
si su retorno, como aspiran sus partidarios y gobiernos afines,
contribuirá a la reconciliación ideológica que tanto necesita esa
nación. No obstante, las divergencias políticas han resultado
infranqueables en Honduras, donde considerables vulnerabilidades
institucionales y grandes ambiciones individuales impiden anteponer el
bien colectivo y devolverle su significado a la democracia. El
asesinato, el pasado seis de septiembre, del dirigente popular Mahadeo
Roopchand Sadloo prueba que la paz sociopolítica es una meta aún lejana
para los hondureños. Sadloo, de 62 años y originario de la India, era un
ferviente defensor del ex presidente Manuel Zelaya. Su muerte es para
el ex mandatario "una declaración de guerra contra nosotros" y un crimen
de Estado.
Con anterioridad al levantamiento en Honduras, ni los
derechos humanos ni la prensa gozaban del pleno respeto del poder
institucional ni estaban libres de peligro. Además, a partir de 2010,
tanto la seguridad como la libertad de expresión de los periodistas
entraron en crisis, de manera que el presidente Lobo se comprometió a
proteger la vida de los periodistas. Sin embargo, su gobierno ha sido
reacio a reconocer su responsabilidad sobre lo que ocurre en Honduras
con la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Con esta
actitud, Lobo deja un amplio margen para que sus críticos siembren
sospechas de que el actual Gobierno se encontraría vinculado con tales
asesinatos, puesto que varios periodistas que han perdido la vida habían
expresado públicamente su rechazo al golpe de Estado que llevó a Lobo
al poder en 2009. Por ejemplo, Victoria Amato, representante de Freedom
House en Latinoamérica, sin dejar de reconocer que la violencia y la
censura a los medios de comunicación eran realidades que ya existían
antes del golpe de Estado, precisó que "muchos de los periodistas
asesinados fueron contrarios al golpe"[1].
De esta manera, Amato sostiene que éste obstaculiza la investigación de
dichos asesinatos por parte del grupo político que se encuentra en el
poder.[2]
El Gobierno niega rotundamente que esos hechos
fatales tengan algún tinte de represión política y opone como defensa
que en abril de 2010 ofreció 5.000 dólares a quien proporcionara
información confidencial que facilitase las investigaciones sobre la
muerte de cinco periodistas. Aun con estas aparentes buenas intenciones,
el Gobierno debe demostrar su compromiso de que la justicia por estos
crímenes no sea un derecho postergado indefinidamente.
El segundo país más peligroso
Detrás de México, Honduras ostenta el humillante
segundo lugar en el continente americano como el país donde es más
peligroso ejercer el periodismo y como la nación que más cercena la
libertad de expresión.[3] El
informe "La Libertad de Prensa", publicado en 2011 por Freedom House y
referido al libre derecho de informar, otorgó a esta nación
centroamericana la deshonrosa calificación de ser país donde es más
difícil hacer valer la libertad de expresión. Amato reconoció que
"existe preocupación porque al gobierno le falta efectividad para
entregar a los culpables ante la justicia."[4] Press
Emblem Campaign también ubicó a Honduras el segundo lugar de la lista,
detrás de México. En un comunicado en 2010, el secretario general de la
organización, Blaise Lempen, hizo un llamado "urgente" a todos los
actores involucrados en la seguridad de los periodistas y la libertad de
expresión para proteger y respetar la vida de estos profesionales de
los medios.[5]
En este sentido, defensores de derechos humanos y
líderes sindicales peticionaron a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) que exigiera a Lobo respetar los principios universales
de los ciudadanos y garantizar la seguridad de quienes han sido
amenazados. Sin embargo, como ya se ha vuelto costumbre, el Gobierno se
hace esperar con el anuncio de medidas orientadas a proteger los
derechos humanos y las libertades de los hondureños, en particular
aquellas de los periodistas y los disidentes políticos. Sin embargo,
Ramón Custodio, el comisionado nacional de derechos humanos, ventiló su
desacuerdo con la CIDH y negó que las autoridades hondureñas hayan sido
negligentes frente al estado de incertidumbre. Según Custodio, "la CIDH
tiene una actitud negativa contra el Gobierno de Honduras. Hice
denuncias sobre las muertes de periodistas en el 2008 y 2009 y me
responden que han desestimado mis reclamos porque no reúnen los
requisitos. Eso me hace pensar que la OEA [Organización de Estados
Americanos] protege los derechos humanos conforme a la ideología de los
gobiernos"[6].
Sus cuestionamientos se extendieron a Estados Unidos, que indebidamente
restaría importancia al problema del tráfico ilícito de drogas. También
acusó a los carteles del narcotráfico, así como a las pandillas como
las Maras Salvatrucha, de estar detrás de los crímenes contra los
periodistas. Así es como Custodio rechazó las insinuaciones de que estos
asesinatos sean parte de un ardid político. "Cierto que Honduras antes
fue un país donde había terrorismo de estado, pero ahora estamos a
merced de las bandas criminales, por eso las acusaciones en contra del
Gobierno son dañinas distorsiones y manipulaciones."[7]
Asimismo, un informe gubernamental estadounidense
señala que Estados Unidos y México, al intensificar la guerra contra las
drogas, llevaron involuntariamente a los carteles del narcotráfico a
Guatemala, El Salvador y Honduras. "Creo que hemos desperdiciado nuestro
dinero inmisericordemente. Nuestro esfuerzo ha tenido efectos muy
corrosivos en todos esos países", dijo Bruce Bagley, quien analiza los
efectos contra el terrorismo.[8]
Ante la falta de acciones y respuestas del Gobierno
hondureño, el Comité de Protección de los Periodistas (CPJ, por sus
siglas en inglés) demandó del "presidente Lobo y del resto de
representantes gubernamentales denunciar con firmeza y a tiempo los
atentados en contra de la prensa. Su gobierno tiene que cumplir frente a
la OEA y reforzar las órdenes de protección para los periodistas y
otros opositores ideológicos."[9] Sin
embargo, los llamados del CPJ y Freedom House han sido desoídos por el
Gobierno, quizá porque, según Lisseth García, presidenta del Colegio de
Periodistas en San Pedro Sula, Honduras, "las muertes y las amenazas
contra los periodistas no son fáciles de identificar de dónde vienen.
Nuestros terribles enemigos son la impunidad y la falta de voluntad de
llegar hasta el fondo de esta tragedia. Nuestros periodistas están
siendo asesinados desde 1993, pero el 2010 fue el más trágico." La
imparable violencia ha hecho que los periodistas se autocensuren,
mientras la lista de periodistas amenazados de muerte aumenta. "Tres
colegas más están amenazados. Hemos hecho el llamado oficial para que
los protejan y se investigue de dónde vienen esas amenazas, porque ya no
queremos seguir llorando muertos."[10]
Defensa propia y licencia para matar
Mientras las organizaciones nacionales e
internacionales denuncian la impunidad y la poca voluntad de las fuerzas
de seguridad hondureñas para investigar estos crímenes, la policía
procuró calmar la tensa situación asegurando que al menos tres
periodistas fueron asesinados por razones no atinentes a su trabajo
profesional. En virtud de los 15 periodistas asesinados desde 2010, tal
versión resulta simplista e frívola, porque no se justifica que más
periodistas pierdan la vida ni que la libertad de expresión en Honduras
se encuentre entre la espada y la pared, mientras el Gobierno no emplea
todos los medios posibles a fin de garantizar la transparencia de la
información y la seguridad de los periodistas.
El temor generalizado y el aumento de los asesinatos
entre los periodistas no se aplacan con declaraciones como las del
fiscal general, Luis Rubí, quien ha insistido que se encontrará a los
culpables: "Usaremos todos los medios a nuestro alcance para que esos
crímenes no se queden sin castigo".[11] A
la vista de los hechos, ésta es otra promesa incumplida en un país
donde hasta Estados Unidos ha acudido en auxilio con el envío de agentes
del FBI. No haber podido garantizar la seguridad ni la vida de los
periodistas es uno de los puntos débiles del gobierno de Lobo.
En rigor de verdad, las amenazas, los ataques y los
asesinatos no apuntan solamente a los periodistas. Desde el 2008, en
Honduras han muerto 60 abogados, 155 mujeres y 59 homosexuales y
transexuales. Según la empresa periodística McClatchy, tales atrocidades
han convertido a Honduras en la nación con la tasa de asesinatos más
alta del hemisferio.[12] Dados
los 4.473 asesinatos en 2008 y 6.236 en 2009 en un país de apenas ocho
millones de habitantes, el futuro de Honduras se ve atrapado en una
vorágine de violencia, si las instituciones políticas y de seguridad
privilegian el perdón y el olvido en vez de buscar el castigo de
aquellos que pretenden debilitar a la sociedad hondureña asesinando a
sus periodistas.
Para José Osmán López, presidente del Comité por la
Libre Expresión (C-Libre), la policía y el sistema judicial no toman en
serio los reclamos cuando insisten que los asesinatos de los periodistas
nada tienen que ver con asuntos políticos.[13] Esta
actitud ha creado un ambiente de impunidad que parece extender una
"licencia para matar" a los periodistas y coartar a la libertad de
expresión. "En vez de avanzar hacia una relativa calma la tendencia es
agravarse. Este año el hostigamiento parecería estar dirigido a las
radios campesinas y a los periodistas que informan sobre la convulsión
social. Los comunicadores han sido víctimas de atropellos policiales,
con bombas lacrimógenas y balas de corcho."[14] No
existe nadie a quien dirigir con firmeza las acusaciones de estos
crímenes, que aumentaron significativamente a raíz del levantamiento. El
golpe de Estado contra Zelaya se llevó por delante los principios
democráticos y alteró el contexto político del país. Según López, "nos
dejó en un estado de indefensión, porque no sabemos en manos de quién
está el control de nuestra seguridad".[15]
Quienes demuestran que la violencia e intolerancia
política va más allá de los periodistas son los maestros, la tradicional
fuerza de choque contra las rupturas constitucionales. Ellos también
son objeto de amenazas de muerte y despidos. Freddy Alberto Castellanos,
líder del sindicato de maestros, acusa directamente a Lobo "del actual
estado de violación a los derechos humanos."[16] Una
huelga de maestros que reclamaba la devolución de más de 40 millones de
dólares al seguro social del magisterio y que se oponía a la
privatización de la educación pública terminó recién cuando Lobo aceptó
restituir a 300 maestros, entre ellos numerosos dirigentes, que habían
sido despedidos por su gobierno. Algunos dirigentes, como Castellanos,
están protegidos por medidas precautelares de la CIDH. "Mi vida está en
riesgo permanente, así como la vida de muchos de mis compañeros.
Estamos siendo testigos del mismo patrón de violencia que vivimos en el
2002 y el 2005, cuando Óscar Álvarez era Ministro de Seguridad y ahora
ocupa el mismo cargo".[17]
Conclusión
Las exhortaciones a que el gobierno de Lobo se
comprometa a proteger los derechos humanos y la libertad de expresión
han caído en oídos sordos. Las organizaciones regionales carecen de
fortaleza para demandar el estricto cumplimiento de estas garantías
democráticas. Aun con estas debilidades que ponen en peligro la
democracia latinoamericana, es una obligación hemisférica trabajar con
el Gobierno de Honduras con el objetivo de retirarle el vergonzoso
título de ser "uno de los países más peligrosos para los periodistas".
No huelga decir que, a la postre, la paz y la seguridad internas son
también una responsabilidad del establecimiento político, las cámaras de
la producción, los sindicatos y la sociedad civil en Honduras. Con la
participación de todos esos frentes quizá puedan curarse las heridas
sociales y reconstruirse las relaciones destruidas a lo largo de esta
turbulenta historia política.
El 22 de mayo de 2010, sin embargo, con el Acuerdo de
Cartagena, se sentó un precedente al permitir el reingreso de Honduras
al seno de la OEA. Tal regreso destruyó la confianza de la organización
hemisférica y guió el porvenir de las democracias latinoamericanas y la
seguridad de sus ciudadanos hacia un callejón sin salida. Al aceptar la
derrota que representa haber negado un castigo a quienes quebrantaron
los principios constitucionales, la OEA dio a entender que al final
nadie paga por las consecuencias de echar por tierra la democracia e
imponer a sus pueblos gobiernos autoritarios. Esto establece un
antecedente para futuras acciones de esta naturaleza y un lamentable
ejemplo para la frágil tolerancia política latinoamericana.
Hasta tanto se restablezca una democracia genuina en
Honduras, es preciso mantener la presión internacional por todos los
medios posibles. La intimidación se ha apoderado de la sociedad del país
y ha desmantelado sus derechos y libertades más esenciales. El Gobierno
carga con la responsabilidad de contener la violencia política,
restaurar los principios de libertad de expresión y llevar ante la
justicia a los culpables de los crímenes contra los periodistas. No
obstante, si el Gobierno posterga el reconocimiento de estas
responsabilidades, la OEA y sus miembros estarán en deuda con la
democracia latinoamericana, porque con el Acuerdo de Cartagena no se ha
honrado este derecho, sino que se ha abierto la posibilidad de nuevos
golpes de Estado en la región.
En julio de 2010, cuando se publicó el artículo
"Washington ha inventado la democracia hondureña", el Consejo sobre
Asuntos Hemisféricos (COHA) registraba la siguiente lista de periodistas
asesinados en Honduras durante el mencionado año:
1. Joseph Ochoa (1 de marzo, Tegucigalpa);
2. David Meza (11 de marzo, La Ceiba);
3. Nahún Palacios (15 de marzo, Topoa, cerca de La Ceiba);
4. Bayardo Mairena (26 de marzo, en una carretera del Departamento (provincia) de Olancho, fronterizo con Nicaragua)
5. Manuel Juárez (junto a Mairena)
6. Luis Antonio Chávez Hernández (12 abril, San Pedro Sula)
7. Jorge Alberto "Georgino" Orellana (20 de abril, San Pedro Sula)
Otros periodistas asesinados y amenazados de muerte desde nuestro último informe incluyen a:
1. Luis Arturo Mondragón Morazán (14 de junio, El Paraíso);
2. Israel Zelaya Díaz (24 de agosto, San Pedro Sula);
3. Henry Suazo (28 de diciembre, La Masica)
4. Héctor Francisco Medina Polanco (11 de mayo, Morazán)
5. Luis Mendoza (19 de mayo en la ciudad de Danli)
6. Adán Benítez (4 de julio en La Ceiba)
7. Jeremías Orellana (14 de julio 2011, Lempira).
8. Medardo Flores, (8 de septiembre, Bijao, norte de Honduras).
Un atentado
Manuel Acosta resultó herido en un tiroteo (23 de mayo 2011)
Para ver las referencias mencionadas en este artículo, haga click aquí.
(*) Analista de COHA Este análisis fue editado por analistas de COHA Gabriela Acosta, Lauren Paverman y Katie Steefel y colaborador Iván Ovejero.
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