En ese sentido, calificó como un “avance” la firma del memorándum de entendimiento entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Honduras a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, sin embargo, se desconocen hasta ahora, mayores avances en el proceso.
Seguidamente, el diputado oficialista mencionó que en la siguiente etapa habrá acuerdos para tener un procedimiento definido, pero enfatizó que la lucha contra la corrupción es imperativa en el país debido a los altos niveles del flagelo en los últimos doce años, por tanto, se «quiere una intervención para que ninguno de esos delitos quede en la impunidad».
Cuestionó que el sistema de judicial hondureño no ha sido capaz de dar respuestas contundentes a todos los casos de corrupción, por lo que se necesita el apoyo de la comunidad internacional para que el pueblo sediento de justicia tenga esperanza de que el flagelo desaparezca del país.
Sabio, además, propuso que el dinero drenado en los actos de corrupción sea devuelto para invertirlo en educación, salud y en infraestructura, y en ese sentido, darle al país mejores condiciones de vida.
“Creemos que en la etapa del nuevo gobierno hay esperanzas porque solo con el hecho de darle apertura a la CCIH a que intervenga en el país es un buen signo”, señaló.
El entrevistado reseñó que la Misión de Apoyo para el Combate de la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) abandonó el país porque algunos sectores “se sintieron amenazados y perseguidos”.
Cabe señalar que, a casi cuatro meses de la firma del memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la ONU, desde varios sectores de la sociedad no ven voluntad de parte de los políticos para la instalación de la CICIH.
El convenio
El documento en cuestión habilita dos fases previas y de su cumplimiento dependerá el arribo del mecanismo anticorrupción a Honduras.
En la primera fase, las Naciones Unidas enviarán a Honduras un equipo de expertos que realizará un diagnóstico de los instrumentos, las instituciones y las capacidades nacionales existentes, en materia de combate a la corrupción y la impunidad.
Este equipo de expertos apoyará y asistirá técnicamente con relación a las reformas legales que se consideren necesarias, entre ellas la derogación del decreto 116-2019, la reforma al Código Penal y la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz; además, realizará un diagnóstico de las fortalezas y debilidades del sistema de operación de justicia.
De estas sugerencias la mayoría no se han cumplido y las otras están a medio vapor, un claro ejemplo es la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz ha sido discutida y aprobada en un primer debate, sin embargo, en el Congreso Nacional no se ha agendado su segundo y tercer debate.
El decreto 116-2019 tampoco es tema en el Poder Legislativo, pues no hay los votos suficientes según la declaración del presidente de ese poder del Estado, Luis Redondo.
Las condiciones previas que se deben tomar en cuenta es garantizar un marco jurídico adecuado, el nombramiento del nuevo fiscal general que priorice desde el Ministerio Público la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico.
Por último, un punto importante es el actuar del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), pues es desde el ente contralor desde donde se emiten informes financieros de funcionarios públicos.
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