Cabe señalar que Castillo fue declarado culpable el 5 de julio de 2021 como coautor del delito de asesinato de la ambientalista hondureña.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 cuando dormía en su casa en la Residencial El Líbano en la ciudad de La Esperanza, departamento de Intibucá, en el occidente de Honduras.
Por el caso del crimen de Cáceres han sido condenados a siete personas con distintas penas, cuatro de ellos fueron sentenciados a 50 años de prisión, mientras que 30 a tres personas como coautores.
Los imputados fueron: Mariano Díaz (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar) y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa del Proyecto Agua Zarca; además a Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández, Edilson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Torres Velásquez. AG
https://proceso.hn/reprograman-hasta-el-17-de-junio-lectura-de-sentencia-contra-david-castillo-por-el-asesinato-de-berta-caceres/
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Como una vergüenza nacional calificó resolución de juicio por Hospitales Móviles, el analista Raúl Pineda
“Ese juicio es una vergüenza nacional donde la ley terminó asesinando vilmente a la justicia (…), eso es una demostración de cómo la corrupción funciona como un sistema”, remarcó Pineda.
El juicio en contra de los acusados por el caso de los Hospitales Móviles, en el que, por unanimidad de votos, un Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró culpable al exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn, y el exadministrador Alex Moraes, es la eterna historia de que no siempre la legalidad coincide con la justicia.
Lo anterior porque la sociedad esperaba una pena ejemplar, pero lamentablemente la corrupción en Honduras, funciona como una máquina muy bien aceitada. LB
Lamentó que no se haya dado seguimiento a otras líneas de investigación como lo que trascendió de que varios funcionarios tenían cuentas en paraísos fiscales producto de la compra de los hospitales, además no hay autores intelectuales señalados.
Se necesita un nuevo Código Penal
El analista subrayó que previamente se había aprobado un nuevo Código Penal, que fue calificado como el código de la impunidad, ahora se ve la ralentización de las penas, es decir una rebaja de penas y delitos relacionados con corrupción que deriva del tráfico de drogas.
“Fue un código hecho para favorecer corruptos, narcotraficantes lavadores y ahí tenemos las consecuencias” anotó.
En ese sentido hay que hacer un nuevo Código Penal, que sea de acorde a la realidad nacional, indicó.
Finalmente, dijo que es necesario el nuevo código, pero sobre todo entender que realmente lo que hay que destruir es todo el sistema de la corrupción.LB
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