jueves, 17 de febrero de 2022

Honduras: Poder Judicial mantiene secuestro contra defensores de Guapinol

Redacción CRITERIO.HN - Febrero 17, 2022                                                   
Tegucigalpa.- Pese a existir dos amparos emitidos por la Sala de lo Constitucional a favor de la libertad de los defensores de Guapinol, tal parece que nadie del Poder Judicial quiere responsabilizarse por su ejecución. Dejando a los ambientalistas «atrapados en un limbo judicial» que beneficia a la empresa minera Los Pinares del Grupo EMCO Holding.

               «Lo estamos considerando ya un secuestro por parte del Poder Judicial. Nadie quiere dar una respuesta, aunque hay dos sentencias del máximo tribunal de este país que ordena su libertad», afirmó el abogado del bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tabora, en relación con los ambientalistas detenidos arbitrariamente desde hace 906 días.

Los dos amparos corresponden a la ilegalidad de la prisión preventiva y la ilegalidad del proceso judicial a los que fueron sometidos los defensores de los ríos Guapinol y San Pedro y que significan la liberación inmediata de los defensores y la anulación del simulacro de juicio y persecución política y penal al que han sido expuestos a lo largo de 29 meses.

Las declaraciones fueron realizadas durante una movilización frente a la Corte Suprema de Justicia en la capital de Honduras, organizada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos para exigir la liberación de los seis defensores que continúan en prisión ilegal a pesar de la nulidad del juicio realizado por el Tribunal de Trujillo.

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«Tenemos instancias internacionales e instancias internas que ordenan que cese la privación de la libertad de estos defensores del medio ambiente, pero nadie quiere dar una respuesta efectiva para que los compañeros regresen a sus casas», expresó Tabora.

En el caso internacional, Tabora se refiere a las conclusiones del Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que instó a la liberación de los ocho defensores encarcelados de forma arbitraria, pidió reparaciones por el daño causado y la «investigación exhaustiva e independiente» contra los fiscales y jueces que promovieron el juicio.

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Son 906 días de «tortura psicológica permanente por parte del Estado hondureño», de detención arbitraria con graves violaciones a derechos humanos básicos como la libertad física y el derecho a la integridad psicológica, y tampoco hay una tutela judicial efectiva porque no se da respuesta pese a que hay dos sentencias de la Sala de lo Constitucional que ordena su libertad, explicó al abogado.

Además de denunciar a la Corte Suprema de Justicia por haber tardado 16 meses en resolver los amparos, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Público responsabilizó a los jueces Henry Geovanny Duarte Zaldívar y Ricardo Rodríguez Barahona; el Ministerio Público de Oscar Chinchilla y el abogado privado de Inversiones Los Pinares, Miguel Lara, de coludir para castigar a los defensores del agua por su labor de protección y defensa del medio ambiente.

De interés: Dos de tres jueces en caso Guapinol se niegan a dejar en libertad a ambientalistas hondureños

Los defensores de Guapinol actualmente encarcelados arbitrariamente desde hace 29 meses son: Ewer Alexander Cedillo Cruz, José Abelino Cedillo Cantarero, José Daniel Márquez Márquez, Kelvin Alejandro Romero Martínez, Porfirio Sorto Cedillo y Orbin Nahún Hernández. Mientras que Jeremías Martínez Díaz, quien permaneció bajo detención ilegal por 39 meses, y Arnold Javier Alemán fueron absueltos el pasado miércoles, 9 de febrero, durante un juicio que fue declarado nulo por la Sala de lo Constitucional.

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos declaró a través de un comunicado que los defensores son inocentes y su protesta para proteger los ríos Guapinol y San Pedro de la explotación minera a cielo abierto en el Parque Nacional Carlos Escaleras es legítima.

También denunciaron las continuas campañas de estigmatización que están siendo fomentadas a través de falsas narrativas que llevan a aumentar los riesgos que enfrentan los defensores, sus familias, el Comité Municipal, su equipo legal y las organizaciones acompañantes.


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