No, no son los únicos, pero son dos de los más sonados mediáticamente en los últimos meses. En esta ocasión nos enfocaremos en el caso de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de La Unión, departamento de Copán, en el occidente de Honduras, donde la población indígena Maya Chortí se ha movilizado para defender su cementerio de la ambición extractivista.
Pese a dos sentencias judiciales emitidas por la Sala de lo Constitucional y la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán decretando el cese de las exhumaciones en el camposanto de San Andrés, Azacualpa, estas han continuado con apoyo del juez de Letras, Rafael Rivera Tábora, y autoridades municipales, como el reelecto alcalde por el Partido Nacional, Víctor Hugo Alvarado.
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Las sentencias que decretan el cese de las exhumaciones datan del 27 de noviembre de 2019 por la Sala de lo Constitucional, con expediente SCO-0122-2019; y del 4 de febrero de 2022 por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, registrada bajo expediente 01-2022.
Durante el fin de semana la titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque Sandoval, visitó los escombros que quedan del cementerio de San Andrés y se comprometió a llevar los testimonios de los pobladores y generar oficios a los titulares de las Secretarías de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Salud y el Poder Judicial.
El abogado del bufete Estudios para la Dignidad, Víctor Fernández, mostró indignación por lo que calificó de irrespeto a las propias resoluciones judiciales de las autoridades en favor de intereses empresariales.
«Nosotros quisiéramos que desde nuestro ejercicio de representación popular pare la empresa. No puede seguir funcionando. Debemos lograr que el cementerio vuelva a ser el cementerio, le guste o no a la empresa», declaró Fernández.
DESCONOCER LA LEY EN FAVOR DE LA AMBICIÓN EXTRACTIVISTA
Las labores de exhumación, traslado e inhumación, impulsadas por la empresa Minerales de Occidente S.A de C.V. (Minosa), filial de la transnacional Aura Minerals, han continuado y para esto, la comunidad de Azacualpa fue acordonada por miembros de la Policía Nacional a petición del juez de Letras Rivera Tábora de Santa Rosa de Copán, quien emitió el 12 de diciembre el oficio número 565-2021 en el que solicitó la intervención del entonces titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco.
En esa ocasión, Vijil expresó que es necesaria una respuesta integral al tema de conflictividad, que para ella tiene su génesis en las concesiones que no solamente abarcan a Azacualpa y Guapinol, sino a una importante porción territorial de Honduras y que se instalan a la fuerza en los territorios generando conflicto socioambiental.
«Más allá de la respuesta jurídica, hay que colocarlo en un contexto nacional como una narrativa política que necesita y está sedienta de colocar en el centro de la conflictividad y el origen de la conflictividad», que son las concesiones extractivas, dijo Vijil en esa ocasión.
IRRESPETO A LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS MAYA CHORTÍ
El irrespeto a las sentencias y al derecho del pueblo indígena Maya Chortí de Azacualpa a su autodeterminación ha llevado a situaciones donde sus derechos humanos fueron violentados por la defensa del camposanto donde sus ancestros descansan. Como fue el caso de Nicolás Rodríguez, quien fue agredido y detenido por 24 horas después de intentar ingresar al cementerio de San Andrés, para evitar la exhumación de los restos de sus padres.
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Lo ocurrido a Rodríguez no es una situación única, varias denuncias contra el accionar de las autoridades han ocurrido sin que los derechos de la ciudadanía de Azacualpa sean resguardados por las autoridades. No es de extrañar entonces que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitó la zona.
En esa visita expresó su preocupación por el incumplimiento de estándares internacionales sobre impacto ambiental y social de la actividad minera en Azacualpa, Copán, en el occidente de Honduras. Así como la vulneración a los derechos de los pueblos indígenas en actuaciones administrativas y judiciales.
Los intereses del empresariado extractivista se han encarnado en diferentes instancias del Poder Judicial, autoridades edilicias; sin embargo, no se puede negar que fue un problema creado a partir de la política entreguista que se instauró durante doce años desde el Poder Ejecutivo.
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