Posted On Martes, 30 Noviembre 2021 15:31 Written by Cesario Padilla
Nombrado como Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol, se encargará de documentar el desarrollo del juicio “de forma imparcial”, así como presentar información sobre el mismo, informaron un grupo de personas expertas, en una conferencia de prensa virtual.
En la misma línea, el espacio presentará análisis técnico-jurídicos, para evaluar los compromisos que tiene el Estado de Honduras en materia de derechos humanos. Por lo que hicieron un llamado a éste para que garantice la publicidad y transparencia del juicio.
Lo anterior, respaldado por una solicitud enviada al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, a fin que se permita el acceso, en persona, a las diligencias judiciales, que inician el próximo uno de diciembre. En las últimas horas se ha informado que se habría permitido la transmisión.
Las organizaciones que conforman el Observatorio son: El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Escuela de Derecho de la Universidad de Virginia, US, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Front Line Defenders, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
“Desde el Observatorio exigimos que exista un debido proceso, un juicio justo que hasta el momento estas personas (los defensores en prisión) no han tenido”, dijo Joaquín Mejía, abogado e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ).
Los defensores en prisión por defender el Rio Guapinol son: Daniel Márquez, Kelvin Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto, Orbín Hernández, Arnol Alemán, Ever Cedillo Cruz, permanecen encarcelados desde agosto de 2019 en el Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro, mientras que Jeremías Martínez, se encuentra bajo prisión desde diciembre de 2018 en el centro penal de La Ceiba, departamento de Atlántida.
Llamado internacional: Prisión a defensores es medida arbitraria
A raíz de la medida de cárcel a los ocho defensores de los bienes comunes, diferentes organismos internacionales han realizado llamados dirigidos a las autoridades judiciales hondureñas, para que se desista dicha penalización por la defensa del Rio Guapinol.
En febrero de 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, expuso en su Opinión número 85/2020 puntualizó que la medida de prisión que enfrentan los defensores del rio Guapinol es arbitraria
En el documento de 15 páginas, el Grupo de Trabajo de la ONU, insta al Estado hondureño a remediar “sin dilación” la situación que enfrentan los defensores privados de su libertad y en el contexto de la pandemia por COVID-19 tomar medidas urgentes para garantizar su libertad.
Sobre el tema, Clara Ferrerons, de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), aseguró en la conferencia de prensa virtual que actos como la detención prolongada, las formas en que se ha desarrollado la investigación y la amenaza de ser condenados por el ejercicio de sus derechos, son actos contradictorios al derecho internacional.
“Estos actos constituyen indicios preocupantes sobre la existencia de un patrón de prácticas estatales en beneficio del poder corporativo, en el cual se usa la institucionalidad del Estado para favorecer intereses privados, incluyendo el uso de las herramientas legales para criminalizar la participación pública de la población y la defensa de derechos humanos”, agregó Clara Ferrerons de la OMCT.
Desde el pasado 26 de agosto, se venció el plazo para mantener la prisión preventiva a los defensores del Rio Guapinol. Sin embargo, tras una resolución de la Sala Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), extendió seis meses más el encarcelamiento a los defensores.
Un grupo de expertos y expertas de Naciones Unidas, el pasado 19 de noviembre, llamó a las autoridades hondureñas a liberar a los defensores. Donde también indicó que la detención dicha detención “desprestigiaría los esfuerzos de Honduras para mejorar la situación de las personas defensoras de derechos humanos”.
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