Los hechos se remontan a marzo de 2017, cuando habitantes de Pajuiles se tomaron la calle que conduce a las comunidades de San Antonio, La Fortaleza, Miramar, Jerusalén, Buena Vista y Planes, entre otras, para cerrar el paso a la maquinaria de la Empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep), propiedad del empresario Jason Hawit, y evitar la construcción de una hidroeléctrica.
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Inicialmente, el Ministerio Público presentó 17 requerimientos fiscales, cinco de los cuales fueron sobreseídos posteriormente, no así los de estos doce imputados, jornaleros, labradores y agricultores que debido a las medidas cautelares en su contra debían firmar todas las semanas el libro de registro en el juzgado de Tela.
Los cargos que se les imputaron fueron los de detentación de suelo y/o espacio al derecho de vía pública y calle de uso y dominio público en perjuicio del Estado de Honduras, según se lee en el expediente, los que no aparecen en el nuevo Código Penal, por lo que dejaron de ser delitos.
Los daños ocasionados por la hidroeléctrica al río Mezapa comenzaron a ser evidentes desde 2016 y “a raíz de que no se ejecutaban las acciones de requerimientos contra él (Hawit) y no se paraban las actividades” se decidió establecer el Campamento Digno por el Agua y por la Vida, que fue reprimido con violencia por policías y militares.
Martin Fernández
Fernández enfatizó “lo innegociable que es el tema de bienes naturales, en especial aguas para las comunidades”.
Por su parte, el abogado Víctor Fernández, también miembro del MADJ, calificó la resolución del tribunal como “una victoria popular”.
Dijo que “hablar de Pajuiles es hablar de resistencia, de dignidad, de lucha sostenida y permanente” porque los doce procesados nunca claudicaron ni cedieron a las presiones para negociar y permitir que la empresa Hidrocep siguiera operando.
Destacó el ejemplo de los habitantes de Pajuiles donde el enfoque individual y mezquino desapareció para darle un sentido de comunidad. Así mismo, que el modelo de resistencia “sostenido, tenaz, inclaudicable” de los pobladores y las pobladoras logró que la institucionalidad tuviera que rendirse.
“No se comete delito cuando se defiende el territorio, cuando se defienden derechos fundamentales, cuando se combate a los corruptos y las corruptas, que es lo que ha hecho Pajuiles”, , agregó.
“Debemos estar claros que el territorio hondureño está sometido a un proceso de despojo a través de la narcodictadura y de un sector empresarial que es criminal en el país, junto con la banca internacional”, dijo también el profesional del derecho.
La lucha de la comunidad de Pajuiles contra la explotación del río Mezapa fue objeto de ataques y campañas en contra y hasta de un asesinato, el del defensor Geovanny Díaz, quien fue sacado a la fuerza de su casa por sujetos vestidos con uniformes policiales y militares en enero de 2018.
Ese mismo año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas cautelares en favor de los “pobladores consumidores del agua del río Mezapa”, que comprende unas veinte comunidades.
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La otra lucha del MADJ es contra la construcción de una hidroeléctrica en el río Jilamito en el municipio de Arizona, Atlántida, propiedad de la empresa INGELSA, y a raíz del Decreto PCM-138-2020 “seguramente vamos a intervenir en algunos”, dijo Martín Fernández.
“Hay tantas demandas, tantos temas”, como el de Tegucigalpa que tiene casi un 80 por ciento de gente sin agua “y no hay un sistema organizativo que procure ese derecho humano”, reflexionó también Víctor Fernández, quien hizo un llamado a emular el ejemplo de Pajuiles contra tantos atropellos y abusos, con defensores y defensoras detenidos injustamente, “mientras los verdaderos criminales están libres disfrutando las mieles del poder”.
DEFENSORES SOBRESEÍDOS
-María Angélica Recinos Calderón
-Oscar René Martínez Bonilla
-Arnold Castro Ríos
-Santos Acevedo Murcia
-Pablo Peraza
-Andrés Reyes Alvarado
-German Leonel Moreno
-Rufuno Lara Lara
-Jesús Hernández Gavarrete
-Regino Menjívar
-José Lucas Mejía Martínez
-Manuel Molina Amaya
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