Berta nació
en la Esperanza a inicio 1970, su participación en la defensa del medio
ambiente inicio en 1993 cuando se fundó el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), para lucha en
contra de los proyectos mineros e hidroeléctricos en territorios
lencas, dentro de su actividad destaco su mediática participación en
contra de la privatización y concesionamiento de los ríos y los
proyectos de represas hidroeléctricas de privatización.
Concretamente apunto su lucha contra la represa hidroeléctrica de Agua
Zarca, en el Rio Gualcarque en Santa Bárbara, cuya construcción afecta
gravemente a las comunidades indígenas.
El asesinato
de Berta es producto de la conflictividad y el rompimiento del tejido
social provocado por las empresas extractivas instaladas en las diversas
comunidades del país, bajo condiciones de irregularidad e ilegalidad
en los procedimientos de otorgamiento de contrata de aguas, licencias
ambientales, permisos de construcción y operación, entre otros, en los
cuales juega un papel permisivo y cómplice la institucionalidad
hondureña coludida a los intereses de la clase económica.
Mientras el
Estado hondureño criminalizo, encarcelo y se acusó a Berta Cáceres, su
lucha fue reconocida en el año 2015 con el Premio Medioambiental
Goldman, un galardón denominado el ”Nobel Verde” que se concede
anualmente como recompensa a defensores de la naturaleza y el medio
ambiente, el máximo reconocimiento mundial para este tipo de defensores.
A un año de su asesinato, han sido detenidos ocho implicados que permanecen a la espera del juicio. Su nombres Douglas
Geovanny Bustillo: teniente retirado, trabajó en la Seguridad de DESA;
Mariano Díaz Chávez: Instructor de la Policía Militar del Orden Público
y Mayor activo de las Fuerzas Armadas quien fue dado de baja deshonrosa a partir del 10
de junio de 2016; Edilson Atilio Duarte Meza: Capitán retirado del
Ejército; Sergio Ramón Rodríguez: Gerente Social, Ambiental y de
Comunicaciones de la Empresa DESA; Elvin Heriberto Rápalo Orellana; Emerson Eusebio Duarte; Henry
Javier Hernández Rodríguez: ex militar; Oscar Arnoldo Torres Velásquez,
con la clara participación del ejército hondureño y la empresa DESA.
Sabemos que
además de denunciar y cuestionar el papel del sistema de justicia en el
manejo del proceso judicial, debe también investigarse la
responsabilidad del Estado en el asesinato de Berta ya que, a pesar de
ser beneficiaria de medidas cautelares dictadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), nunca se dio una
implementación eficaz por parte del Estado para salvaguardar su vida,
más bien fue actor principal en los cuatro procesos judiciales
ejecutados en contra de Cáceres, por constante labor en la defensoría de
los bienes comunes y derechos humanos del pueblo lenca y del pueblo
hondureño en general.
El artículo
publicado por el New York Times en septiembre del 2016, se lee que la
eliminación física de defensores del ambiente en América Latina está
llegando a límites insospechados: "Una cifra que la organización enmarca
en otra cifra mayor, que sirve para dimensionar el problema: en 2015,
según datos de la organización ambientalista Global Witness, hubo 185
asesinatos de líderes ambientales registrados a nivel global; 122
ocurrieron en América Latina". El mapa editado por la ONG Global Witness
arroja las siguientes cifras para el único período 2010-2015: Brasil
con 207 muertes, Honduras con 109, seguido por Colombia con 105, Perú
(50), México (33), Nicaragua (15), Paraguay (13) y Argentina con 6
activistas asesinados.
Finalmente
desde nuestras organizaciones exigimos justicia para Berta y demás
campesinos y líderes de los pueblos originarios que han sido asesinados
por defender los medios comunes de la patria honduras, por lo que
demandamos castigo para los actores intelectuales de los asesinatos, y
ante información que circula en diarios internacionales sobre posibles
vínculos entre los actores materiales del crimen de Berta Cáceres y
las fuerzas especiales del ejército nacional que han sido apoyadas con
fondos del Gobierno de Estados Unidos, llamamos a la Embajada de este
país realice una investigación exhaustiva para explicar la veracidad de
estos hechos y sus posibles consecuencias.
Atentamente,
Karla Zelaya
Facilitador & Comunicaciones
Plataforma Agraria
Teléfono: (504) 3289-7793
Skype: plataforma.agrariahonduras
¡Cosechemos Justicia en el Campo!
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