Por: Gustavo Zelaya Herrera
Cualquier
diccionario dice que la condición laica es propia de algunos Estados y
de instituciones que existen y participan en la vida pública
independientes de la influencia de la religión y de la Iglesia, esto
incluye la idea del mutuo respeto y la autonomía de esas entidades sin
rechazar la religión; se refiere a la autonomía del Estado a regir por
si solo la organización jurídica, política, fiscal, militar, política de
la sociedad. Contiene la no confesionalidad del Estado que lo obliga a
no interferir en las diferentes religiones. Momento esencial en la
situación laica es la convicción en el poder de la razón para superar
los sueños religiosos y emancipar la conciencia.
Los
elementos anteriores subyacen en gran parte de la filosofía moderna. En
tal sentido, se pretende que el pensamiento no esté subordinado a las
verdades reveladas y que pueda enfrentar los dogmas que alienan la
conciencia.
Sin embargo, los
cambios sociales muestran que la razón no sólo está constreñida a la
técnica y a la ciencia en general; también existen espacios inseparables
de la razón llenos de símbolos propios de los sentimientos y relaciones
entre personas, como es el caso de la religiosidad y las creencias
propias de las culturas de los pueblos. Junto con la mítica y otras
formas de vincularse con la naturaleza y los seres humanos, la ciencia y
religiosidad son parte de la cultura universal.
A
esa diversidad se le ha tratado de imponer una especie de regla general
proveniente de la ilustración que propone que todos los seres humanos
tenemos la capacidad de guiarnos por la conciencia y relacionarnos por
medio de valores comunes como el respeto a la inviolable dignidad
humana, a la ley, la igualdad, la necesidad de la verdad y la idea de
justicia. Además de lo anterior, que en algún modo oculta las
diferencias, también se trata de afirmar lo individual en todas las
esferas sociales, políticas, religiosas, étnicas, sexuales,
psicológicas, derecho a la libre elección y que sean reconocidas por
toda la sociedad.
Esos
son algunos de los valores éticos de la convivencia social y política
que, junto a la equidad, pueden contribuir a fortalecer la sociedad y
fundamentarla desde la dignidad humana como núcleo de cualquier
ordenamiento social. Es importante sostener que en un Estado laico los
valores que lo apuntalan no pueden existir como exigencias formales sino
que deben edificarse a partir de y en función de hombres y mujeres que
de algún modo establecen complejas relaciones entre sí, con la sociedad y
con la naturaleza.
El
término laico requiere expresiones jurídicas que determinen que las
instituciones públicas no se identifican con creencias ni con
ideologías. Tal asunto está contenido en gran parte de las
constituciones modernas, propugnando la supuesta neutralidad del Estado
respecto a la religión; es uno de los fundamentos de la sociedad
moderna y de la cultura occidental. En gran parte de la historia iglesia
y Estado parecían integrados y la política estaba fundamentada en la
sagrada escritura. Con las concepciones modernas se desarrolló la idea
del Estado como la totalidad de la existencia de los ciudadanos sin
considerar que hay otros momentos de la vida humana que van más allá de
la actividad política como las emociones y los ideales utópicos
políticos o religiosos al estilo de la esperanza y del buen vivir como
finalidades sociales.
En
la historia hondureña hay dos momentos claves que le fueron dando forma
a esa condición del Estado laico. El primero arranca con el proceso
independentista y la fugaz instauración de la federación
centroamericana. Aquí desempeñaron papel fundamental los grupos
ilustrados formados a la sombra de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, algunos de ellos firmantes y redactores del acta de
independencia; destaca sobre todos el papel del autodidacta Francisco
Morazán que dio el impulso principal para el establecimiento de un
Estado laico. El 15 de septiembre de 1821 es la fecha que simboliza la
primera etapa de desarrollo político importante en el país.
El
otro momento inicia en 1876 con la Reforma Liberal de Marco Aurelio
Soto y Ramón Rosa. Se trataba de establecer un sistema económico que
necesitaba ferrocarriles, industria, destrezas técnicas, ciencias
aplicadas y poca teología. Intentaron modernizar la sociedad y a la
educación para generar conciencia nacional y trabajadores para el
taller industrial. Así, sostuvieron que la educación laica, gratuita y
obligatoria era necesaria para darle solidez al Estado y formar
individuos con conocimientos prácticos y útiles.
El
sentido laico podía verse en una educación independiente de las
religiones. En esa etapa se sostuvo que la libertad de creencias era un
derecho fundamental de la misma categoría que la libertad individual;
tales elementos democráticos tendrían que garantizarse desde el Estado
sin privilegios y en condiciones de igualdad. Ello obligaba a los
poderes públicos a no imponer ideas ni credos religiosos; y en el plano
de las libertades individuales establecer una serie de prácticas que
hicieran posible el acceso a la educación, que promoviera la conciencia
democrática respetuosa de las creencias. Así, los reformadores
eliminaron los estudios teológicos de los programas de la Universidad
Central. En teoría sería formalmente cierta la universalización de la
educación pero complicada de realizar debido a las insuficiencia
material del Estado para mantener un sistema educativo público y
obligatorio.
El
Estado que se estaba forjando en 1876 proponía la defensa y fomento de
la igualdad, la práctica de la libertad religiosa y la educación laica,
como fundamentos de la sociedad en la que todos los ciudadanos,
creyentes y no creyentes, conviven con respeto y tolerancia. Incluyeron
regulaciones jurídicas sobre las iglesias y garantizaron el monopolio
estatal sobre el control de las libertades fundamentales. Pero el mismo
Estado estaba siendo dirigido por personajes que no fueron escogidos por
procesos democráticos. Eso se convirtió en una tendencia de los
políticos nacionales: declararse demócratas y actuar de forma opuesta a
tal reivindicación.
Una de las intenciones de la Reforma Liberal era romper el control de la iglesia sobre la educación que incluía métodos de enseñanza, administración de centros educativos, selección de docentes y difusión de un determinado cuerpo de valores. Por ello se pensó que el Estado tendría que regular la educación y volverla laica, obligatoria y pública. En la actualidad, debido a la permisividad de los políticos, ese carácter de la educación se ha desacreditado, sobre todo por el papel otorgado a las autoridades religiosas convertidas en garantes de la política pública y en modelos de conducta social, al grado que muchos de los eventos de los gobiernos se inauguran con oraciones que exaltan al absoluto de una denominación y se pide que los gobernantes sean dirigidos por tal entidad.
Una de las intenciones de la Reforma Liberal era romper el control de la iglesia sobre la educación que incluía métodos de enseñanza, administración de centros educativos, selección de docentes y difusión de un determinado cuerpo de valores. Por ello se pensó que el Estado tendría que regular la educación y volverla laica, obligatoria y pública. En la actualidad, debido a la permisividad de los políticos, ese carácter de la educación se ha desacreditado, sobre todo por el papel otorgado a las autoridades religiosas convertidas en garantes de la política pública y en modelos de conducta social, al grado que muchos de los eventos de los gobiernos se inauguran con oraciones que exaltan al absoluto de una denominación y se pide que los gobernantes sean dirigidos por tal entidad.
Las
maneras de las iglesias para involucrarse en actividades públicas, poco
ligadas a su accionar espiritual, pueden verse cuando reciben fondos
del gobierno que parecen destinados a la seguridad y al combate de la
criminalidad, son partidas oficiales originadas en la secreta Tasa de
Seguridad Poblacional, emiten opiniones vinculantes sobre asuntos de
derechos de mujeres, tienen poder en el sistema educativo, el gobierno
les trasfieren fondos y propiedades para fines privados y, en especial,
participan decisivamente en políticas públicas y en elaborar criterios
fundamentales para nombrar magistrados. No es más que incultura
política, casi sustancial al quehacer político nacional.
Sin
embargo, el Estado hondureño mantiene en sus reglas el carácter laico
de la política y de la educación pública, considerada en sus aspectos
abstractos, formales, con poca expresión práctica. Ese laicismo teórico
adquiere más fragilidad con la intrusión de jerarcas religiosos en la
vida política, declarando y participando en ella, insistiendo en que las
creencias y sistemas de valores que ellos defienden deben ser los de
toda la sociedad, aunque muchas personas no las compartan. Además, tal
participación es a solicitud de los políticos. Eso se ha vuelto muy
normal: los políticos piden con gran fervor la mediación de las iglesias
en asuntos civiles y hacen del jerarca religioso el árbitro de algunas
actividades públicas. Ello pone en peligro la noción y la práctica del
laicismo, se pone en riesgo la convivencia de personas portadoras de
distintas creencias; se debilita la idea de la igualdad formal cuando
pastores y obispos son catalogados como seres de más categoría para
tratar asuntos morales, sobre la corrupción, el aborto, la compra de
medicamentos, temas científicos o la conducción de algunas
instituciones. Incluso, un presidente del congreso nacional legisló para
la práctica de lecturas obligadas de la biblia con la intención de
fortalecer los valores espirituales. Confundiendo religión con
espiritualidad y haciendo creer que los valores espirituales son
sinónimo de valores cristianos.
Dicho de otro modo: las máximas autoridades políticas alteran
libertades fundamentales como la libertad de conciencia, hacen a un lado
el papel fundamental de la educación pública como el lugar desde donde
se revisan las creencias y se enseñan valores universales para la
convivencia. Tal educación laica es la que puede contribuir a superar
conflictos religiosos y fortalecer prácticas de respeto, equidad y
tolerancia entre todos. Esto plantea algunas dificultades: ¿cómo
mantener el carácter laico en la enseñanza? ¿Qué tipo de códigos pueden
elaborarse para garantizar ese carácter cuando vemos actos civiles en
donde la agenda inicia con oraciones?
Con
ese simple hecho se está agrediendo las creencias de otros creyentes.
Tal vez no sea suficiente la separación de la iglesia respecto al Estado
cuando vemos procesos republicanos, sucesión de gobiernos, golpes de
Estado, en donde los políticos tradicionales se esmeran en llamar a los
religiosos para que les enseñen cómo actuar en la vida pública. Y del
lado de los religiosos tampoco hay señales de dignidad para rechazar
interesados halagos. Es tan pública la actuación política de ciertos
jerarcas religiosos que se pronunciaron claramente a favor del golpe de
estado de junio de 2009, mientras que en el presente respaldan
decididamente a un gobernante que declaró públicamente ser partícipe del
asalto al Instituto de Seguridad Social. Y así hay temas como la
contracepción voluntaria, el aborto en todas sus variedades, la forma de
la familia, los sistemas morales y valores sociales, con algunas
iglesias pretendiendo ser voz autorizada y reserva moral de la sociedad.
Lo
anterior es minúscula muestra de cómo se degeneró la política y de la
necesidad de hacer realidad la política verdadera, aquella que se
practica para mejorar las condiciones de vida de los más desprotegidos,
generando condiciones para reducir la desigualdad con menos desempleo y
mejoras en los sistemas de salud y educación pública. Esa política que
vale la pena repensar para democratizar la sociedad, respetar la
naturaleza, garantizar alimentos, reducir la criminalidad, combatir la
violencia contra las mujeres, frenar los crímenes de odio y, sobre todo,
el respeto a la vida humana. Estos momentos de desarrollo son
impensables de lograr en las condiciones actuales en donde gobiernan
grupos ávidos de mayores riquezas materiales, que tienen como regla de
vida la corrupción, el saqueo de los fondos públicos y la impunidad. A
pesar de los atrasos y del lentísimo ritmo de las luchas sociales hay
cierta posibilidad de edificar una sociedad más justa, laica y solidaria
a partir de un nuevo pacto social en donde se plasme la justicia como
norma y tenga como contenido fundamental la dignidad y el respeto a la
vida de los seres humanos.
http://criterio.hn/estado-laico-justicia/
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