Un informe especial del CPJ elaborado por Sara Rafsky
La violencia generalizada y la impunidad impiden esclarecer los asesinatos.
Un hombre vende llaveros con la imagen del asesinado presentador radial hondureño Ángel Alfredo Villatoro (AFP/Orlando Sierra)En un contexto de violencia e inestabilidad en Centroamérica provocado por el crimen organizado y la corrupción, Honduras y Guatemala han experimentado un alarmante aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa.
La impunidad casi absoluta que
rodea estos crímenes significa que la mayoría de los casos no llegan a
resolverse y los móviles quedan sin esclarecer. Mientras el temor invade
a las redacciones en la prensa de ambos países, gobiernos cada vez más
intolerantes al disenso intentan controlar a medios y periodistas
críticos.
Si se busca una respuesta sobre quién ordenó el asesinato del conocido presentador radial hondureño Ángel Alfredo Villatoro,
ocurrido en 2012, sólo basta con preguntarle a cualquier periodista de
la capital, Tegucigalpa. Cada uno de ellos tiene una teoría --que sólo
están dispuestos a compartir en voz baja y sin atribución de la fuente--
y cada versión es marcadamente distinta. En Honduras los únicos que no
muestran interés son las autoridades. En reuniones a finales de mayo con
el CPJ, declararon con orgullo el caso como resuelto y apuntaron a las
recientes condenas
de los presuntos sicarios, a pesar de que las autoridades nunca
esclarecieron el móvil del crimen ni lograron identificar a los autores
intelectuales.
En la vecina Guatemala, la policía anuncióque en junio había capturado a un sujeto a quien señalan de haber asesinado al periodista Jaime Napoleón Jarquín Duarte y al propietario de una radioemisora y político Luis Alberto Lemus Ruano en dos ataques distintos en 2013. Del mismo modo, no se abordó el móvil de los crímenes ni la posible existencia de nexos entre las víctimas.
En los últimos años, Honduras y Guatemala han sido escenarios de un alarmante aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. En ambos países --con algunas de las más altas tasas de homicidios del mundo, según estadísticas de la ONU-- impera la impunidad y no queda claro quiénes son los artífices ni las causas de la violencia. Esta incertidumbre ha exacerbado la tensión constatada en Centroamérica, región que registra violencia generalizada y la ruptura del ya de por sí limitado estado de derecho debido al auge de la delincuencia organizada. Las persistentes divisiones y la debilidad institucional derivadas de la violencia política y los conflictos de las décadas del '70 y el '80, sumadas a la llegada de miembros de pandillas o maras que fueron deportados de Estados Unidos y la presencia de los carteles del narcotráfico mexicanos, están afectando toda la región. Pero a diferencia de otros países con altos índices de violencia como El Salvador --donde el más reciente asesinato de un periodista debido a su labor profesional ocurrió en 2011, según datos del CPJ--, en Honduras y Guatemala estos problemas se han manifestado con mayor gravedad en la forma de ataques contra la prensa.
En las ciudades y pueblos del interior de Honduras y Guatemala, donde el estado de derecho brilla por su ausencia y los grupos del crimen organizado ejercen considerable control, los periodistas ven amenazas en todas partes y tienen temor de informar sobre temas sensibles. En Tegucigalpa y la Ciudad de Guatemala, muchos periodistas están preocupados por la desaparición de espacios para la crítica y la denuncia bajo gobiernos que ellos califican de intolerantes a las opiniones divergentes. Tanto en Honduras como en Guatemala, la persistente polarización política nacida de conflictos sociales anteriores y las antiguas rivalidades han dividido a los medios y han provocado que estén renuentes a cerrar filas frente a amenazas comunes. Como consecuencia, las sociedades de ambas naciones terminan privadas de información en momentos que enfrentan enormes desafíos.
La situación de Honduras es más dramática y constituye una advertencia de lo que le podría suceder a su vecino. El golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009 desembocó en una ruptura del tejido social que originó una ola de asesinatos políticos y violencia contra la prensa. La polarización incluyó a los medios, que se dividieron entre partidarios y opositores del golpe, con lo cual algunos periodistas quedaron más vulnerables frente a los ataques.
En los años transcurridos desde entonces, y a medida que la violencia
y el crimen han ganado inclusive más terreno, los peligros para el
ejercicio del periodismo se han intensificado. Desde el golpe, el CPJ ha
identificado tres casos en los que tiene razonable certeza de que un
periodista hondureño fue asesinado en represalia directa por su labor.
El CPJ investiga de manera independiente todos los casos de asesinato de
periodistas y define como "caso confirmado" solamente aquellos en que
logra constatar que existió un atentado deliberado contra un periodista
en represalia por su labor. En el mismo período, la organización ha documentado
otros 14 casos de asesinato donde el ejercicio del periodismo pudiera
ser uno de los móviles del crimen pero no se tiene certeza razonable de
ello. La organización los clasifica como "casos pendientes de
confirmación" y continúa sus investigaciones.
Como lo demostró un informe especial publicado por el CPJ en 2010, la lentitud y negligencia en las investigaciones han dificultado esclarecer los móviles en la mayoría de los crímenes. Otras organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa poseen cifras más elevadas, que incluyen al menos 19 casos de asesinato de periodistas respecto a los cuales el CPJ no ha podido revelar ningún nexo con el ejercicio del periodismo por parte de la víctima. En ningún caso las autoridades han enjuiciado tanto a los autores materiales como a los intelectuales.
El caso de Villatoro, conocido presentador de la popular radioemisora HRN y confidente del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, fue insólito. El secuestro del periodista y el descubrimiento de su cadáver, vestido con el uniforme de un escuadrón de operaciones especiales de la policía y con un pañuelo rojo en la cara, estremecieron al país y fueron el detonante que movilizó a la prensa. Después de ignorar por varios años el asesinato de periodistas menos conocidos y de zonas del interior del país, los periodistas de los principales centros urbanos y poderosos propietarios de medios interpretaron el asesinato como un mensaje que "nadie aquí está libre", de acuerdo con las palabras de Thelma Mejía, del canal TN5. "Por primera vez sentimos el miedo y nos dimos cuenta de que no estamos exentos de la violencia", declaró Mejía al CPJ. En las semanas posteriores al crimen, los periodistas se lanzaron a las calles a protestar y a exigir justicia.
Los posteriores arrestos, el juicio y las penas de cadena perpetua dictadas contra tres sujetos acusados de perpetrar el crimen, con base en elementos de prueba entre los que se encontraban una pistola y un cabello de la víctima hallados en las viviendas de los sujetos, fueron logros notables para la justicia hondureña, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta tras el juicio. "¿Quién ordenó el crimen?", Fernando Berríos, jefe de Redacción del diario El Heraldo, preguntó al CPJ. "¿Qué garantía tenían [los sospechosos] que nadie los iba a tocar?" Interpelada sobre esos puntos, Karla Cueva, Viceministra de Derechos Humanos y Justicia, declaró al CPJ: "Creo que este caso va a seguir avanzando. Lo importante es que hubo una investigación y hubo una sanción".
El Heraldo publicó las preguntas de Berríos y otras más en un artículo titulado "Misterios sin responder en el caso Villatoro". Pero en la mayoría de las notas periodísticas, pese a las páginas de detalles morbosos acerca de cómo la banda criminal de "Los Osorio" había perpetrado el crimen, no se mencionaba el móvil, que continúa sin esclarecerse. Esto no es algo poco común. Un estudio de la Fundación MEPI, una organización de periodismo investigativo mexicana, concluyó que "siete de cada 10 historias sobre crimen publicadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa no incluían detalles sobre las víctimas y los posibles motivos del crimen". Esta carencia informativa se explica en gran medida por la falta de voluntad de las autoridades para abordar la cuestión con los medios, ya sea porque no poseen elementos de prueba o porque recurren a la excusa de rutina de que ello "obstaculizaría una investigación en curso".
Pero cada periodista entrevistado por el CPJ en un viaje de investigación a Tegucigalpa a finales de mayo admitió otra razón. "Es por temor y autocensura", expresó al CPJ Renato Álvarez, conocido presentador de noticias del canal TN5. "Tratamos de obviar una investigación relacionada con los autores intelectuales de un crimen. ¿Y por qué? Por temor a represalias. Por el temor a que nos vayan a matar." Visiblemente consternado, Álvarez señaló al CPJ: "Me da vergüenza admitirlo. Pero no tenemos seguridad. Nuestras familias andan sin seguridad... El Estado no nos cuida. Nuestros medios no nos cuidan. Yo siempre me hago la pregunta y la autocrítica: [Tener la información y no difundirla] ¿es cobardía?".
Álvarez tiene motivos para estar preocupado. El año pasado las
autoridades anunciaron que habían descubierto un complot para
asesinarlo, aunque nunca divulgaron mayores detalles. En enero, su
guardaespaldas fue asesinado cuando se dirigía a la casa del periodista
en un incidente que según las autoridades no estaba vinculado con
Álvarez, pero el periodista "tiene sus dudas".
Si los periodistas hondureños están particularmente temerosos, es porque se enfrentan a una amenaza que según ellos es aún más insidiosa que los represores gubernamentales de épocas anteriores. El auge de las pandillas o maras trasplantadas desde Estados Unidos, el crimen organizado y la incursión de los carteles de narcotráfico mexicanos han puesto en peligro a toda la sociedad hondureña. Rodrigo Wong Arévalo, propietario del Canal 10 y presentador de un noticiero, se refirió con confianza a la cantidad comparativamente saludable de libertad de expresión que afirma existe hoy en Honduras, en particular si se compara con la época de las juntas militares de la década del 70. Wong, una conocida figura en el país, fue saludado por los camareros y amablemente posó para fotos con otros clientes del restaurante del hotel exclusivo donde se reunió con el CPJ a finales de mayo. Pero al referirse al crimen organizado, primero miró por encima del hombro y luego bajó el tono de su voz hasta terminar en susurros. Los periodistas tienen que "someterse a un sistema de autorregulación individual por el sentido de sobrevivencia que tienen como seres humanos", declaró al CPJ. Uno tiene que "conocer ciertos límites. Saber hasta dónde se puede llegar y tratar de no pasar de esos límites porque sabe que puede costarle caro. Las cosas han cambiado", añadió. Cuando los militares estaban en el poder, "uno sabía a quién tenía enfrente. Ahora, con el crimen organizado, uno no sabe a quién tiene enfrente".
Casi todos los periodistas y editores entrevistados por el CPJ en mayo hablaron con franqueza del tema de la autocensura en lo referente al crimen organizado y el narcotráfico. Geovanny Domínguez, jefe de Redacción del diario El Tiempo, afirmó que el periódico decidió no investigar a fondo las actividades del crimen organizado hace unos tres años, alrededor de la época cuando la sede del diario La Tribuna fue blanco de los disparos de pistoleros luego de que el periódico publicara denuncias que vinculaban a agentes de la policía con asesinatos. Domínguez sostuvo que los periodistas que se dedican a la cobertura informativa del crimen organizado y el narcotráfico recurren a comunicados oficiales del gobierno o de embajadas extranjeras. Otras de las medidas de precaución son colocar la firma del periodista solamente en las notas más inofensivas sobre cultura o sociedad.
La situación es más dramática para los periodistas que viven fuera de los principales centros urbanos y en particular en zonas como el departamento de Olancho, donde el crimen organizado tiene tan afianzado su control que los delincuentes armados manejan sus vehículos libremente en las calles, de acuerdo con el periodista freelance de radio and televisión Rolando Iscoa. Todo periodista de la zona sabe que informar sobre estas cuestiones está prohibido y todo el que rompa estas reglas "sabe lo que le espera", Iscoa expresó al CPJ. José Luis Maradiaga Paz, corresponsal de Radio y Televisión Globo en Olancho, indica que los narcotraficantes "tienen identificados a los familiares [de los periodistas] y los movimientos que hacen. Tienen orejas y sapos infiltrados en la policía y el ministerio público que saben lo que uno hace o informa".
En la vecina Guatemala, la policía anuncióque en junio había capturado a un sujeto a quien señalan de haber asesinado al periodista Jaime Napoleón Jarquín Duarte y al propietario de una radioemisora y político Luis Alberto Lemus Ruano en dos ataques distintos en 2013. Del mismo modo, no se abordó el móvil de los crímenes ni la posible existencia de nexos entre las víctimas.
En los últimos años, Honduras y Guatemala han sido escenarios de un alarmante aumento en las cifras de asesinatos de periodistas y ataques contra la prensa. En ambos países --con algunas de las más altas tasas de homicidios del mundo, según estadísticas de la ONU-- impera la impunidad y no queda claro quiénes son los artífices ni las causas de la violencia. Esta incertidumbre ha exacerbado la tensión constatada en Centroamérica, región que registra violencia generalizada y la ruptura del ya de por sí limitado estado de derecho debido al auge de la delincuencia organizada. Las persistentes divisiones y la debilidad institucional derivadas de la violencia política y los conflictos de las décadas del '70 y el '80, sumadas a la llegada de miembros de pandillas o maras que fueron deportados de Estados Unidos y la presencia de los carteles del narcotráfico mexicanos, están afectando toda la región. Pero a diferencia de otros países con altos índices de violencia como El Salvador --donde el más reciente asesinato de un periodista debido a su labor profesional ocurrió en 2011, según datos del CPJ--, en Honduras y Guatemala estos problemas se han manifestado con mayor gravedad en la forma de ataques contra la prensa.
En las ciudades y pueblos del interior de Honduras y Guatemala, donde el estado de derecho brilla por su ausencia y los grupos del crimen organizado ejercen considerable control, los periodistas ven amenazas en todas partes y tienen temor de informar sobre temas sensibles. En Tegucigalpa y la Ciudad de Guatemala, muchos periodistas están preocupados por la desaparición de espacios para la crítica y la denuncia bajo gobiernos que ellos califican de intolerantes a las opiniones divergentes. Tanto en Honduras como en Guatemala, la persistente polarización política nacida de conflictos sociales anteriores y las antiguas rivalidades han dividido a los medios y han provocado que estén renuentes a cerrar filas frente a amenazas comunes. Como consecuencia, las sociedades de ambas naciones terminan privadas de información en momentos que enfrentan enormes desafíos.
La situación de Honduras es más dramática y constituye una advertencia de lo que le podría suceder a su vecino. El golpe de estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009 desembocó en una ruptura del tejido social que originó una ola de asesinatos políticos y violencia contra la prensa. La polarización incluyó a los medios, que se dividieron entre partidarios y opositores del golpe, con lo cual algunos periodistas quedaron más vulnerables frente a los ataques.
Vigilia
realizada en 2012 en honor a los más de 20 periodistas asesinados en
Honduras en los últimos tres años (AFP/Orlando Sierra).
Como lo demostró un informe especial publicado por el CPJ en 2010, la lentitud y negligencia en las investigaciones han dificultado esclarecer los móviles en la mayoría de los crímenes. Otras organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa poseen cifras más elevadas, que incluyen al menos 19 casos de asesinato de periodistas respecto a los cuales el CPJ no ha podido revelar ningún nexo con el ejercicio del periodismo por parte de la víctima. En ningún caso las autoridades han enjuiciado tanto a los autores materiales como a los intelectuales.
El caso de Villatoro, conocido presentador de la popular radioemisora HRN y confidente del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa, fue insólito. El secuestro del periodista y el descubrimiento de su cadáver, vestido con el uniforme de un escuadrón de operaciones especiales de la policía y con un pañuelo rojo en la cara, estremecieron al país y fueron el detonante que movilizó a la prensa. Después de ignorar por varios años el asesinato de periodistas menos conocidos y de zonas del interior del país, los periodistas de los principales centros urbanos y poderosos propietarios de medios interpretaron el asesinato como un mensaje que "nadie aquí está libre", de acuerdo con las palabras de Thelma Mejía, del canal TN5. "Por primera vez sentimos el miedo y nos dimos cuenta de que no estamos exentos de la violencia", declaró Mejía al CPJ. En las semanas posteriores al crimen, los periodistas se lanzaron a las calles a protestar y a exigir justicia.
Los posteriores arrestos, el juicio y las penas de cadena perpetua dictadas contra tres sujetos acusados de perpetrar el crimen, con base en elementos de prueba entre los que se encontraban una pistola y un cabello de la víctima hallados en las viviendas de los sujetos, fueron logros notables para la justicia hondureña, pero muchas preguntas quedaron sin respuesta tras el juicio. "¿Quién ordenó el crimen?", Fernando Berríos, jefe de Redacción del diario El Heraldo, preguntó al CPJ. "¿Qué garantía tenían [los sospechosos] que nadie los iba a tocar?" Interpelada sobre esos puntos, Karla Cueva, Viceministra de Derechos Humanos y Justicia, declaró al CPJ: "Creo que este caso va a seguir avanzando. Lo importante es que hubo una investigación y hubo una sanción".
El Heraldo publicó las preguntas de Berríos y otras más en un artículo titulado "Misterios sin responder en el caso Villatoro". Pero en la mayoría de las notas periodísticas, pese a las páginas de detalles morbosos acerca de cómo la banda criminal de "Los Osorio" había perpetrado el crimen, no se mencionaba el móvil, que continúa sin esclarecerse. Esto no es algo poco común. Un estudio de la Fundación MEPI, una organización de periodismo investigativo mexicana, concluyó que "siete de cada 10 historias sobre crimen publicadas en San Pedro Sula y Tegucigalpa no incluían detalles sobre las víctimas y los posibles motivos del crimen". Esta carencia informativa se explica en gran medida por la falta de voluntad de las autoridades para abordar la cuestión con los medios, ya sea porque no poseen elementos de prueba o porque recurren a la excusa de rutina de que ello "obstaculizaría una investigación en curso".
Pero cada periodista entrevistado por el CPJ en un viaje de investigación a Tegucigalpa a finales de mayo admitió otra razón. "Es por temor y autocensura", expresó al CPJ Renato Álvarez, conocido presentador de noticias del canal TN5. "Tratamos de obviar una investigación relacionada con los autores intelectuales de un crimen. ¿Y por qué? Por temor a represalias. Por el temor a que nos vayan a matar." Visiblemente consternado, Álvarez señaló al CPJ: "Me da vergüenza admitirlo. Pero no tenemos seguridad. Nuestras familias andan sin seguridad... El Estado no nos cuida. Nuestros medios no nos cuidan. Yo siempre me hago la pregunta y la autocrítica: [Tener la información y no difundirla] ¿es cobardía?".
Periodistas hondureños participan en una protesta en demanda de mayor libertad de prensa. (AP/ Fernando Antonio)
Si los periodistas hondureños están particularmente temerosos, es porque se enfrentan a una amenaza que según ellos es aún más insidiosa que los represores gubernamentales de épocas anteriores. El auge de las pandillas o maras trasplantadas desde Estados Unidos, el crimen organizado y la incursión de los carteles de narcotráfico mexicanos han puesto en peligro a toda la sociedad hondureña. Rodrigo Wong Arévalo, propietario del Canal 10 y presentador de un noticiero, se refirió con confianza a la cantidad comparativamente saludable de libertad de expresión que afirma existe hoy en Honduras, en particular si se compara con la época de las juntas militares de la década del 70. Wong, una conocida figura en el país, fue saludado por los camareros y amablemente posó para fotos con otros clientes del restaurante del hotel exclusivo donde se reunió con el CPJ a finales de mayo. Pero al referirse al crimen organizado, primero miró por encima del hombro y luego bajó el tono de su voz hasta terminar en susurros. Los periodistas tienen que "someterse a un sistema de autorregulación individual por el sentido de sobrevivencia que tienen como seres humanos", declaró al CPJ. Uno tiene que "conocer ciertos límites. Saber hasta dónde se puede llegar y tratar de no pasar de esos límites porque sabe que puede costarle caro. Las cosas han cambiado", añadió. Cuando los militares estaban en el poder, "uno sabía a quién tenía enfrente. Ahora, con el crimen organizado, uno no sabe a quién tiene enfrente".
Casi todos los periodistas y editores entrevistados por el CPJ en mayo hablaron con franqueza del tema de la autocensura en lo referente al crimen organizado y el narcotráfico. Geovanny Domínguez, jefe de Redacción del diario El Tiempo, afirmó que el periódico decidió no investigar a fondo las actividades del crimen organizado hace unos tres años, alrededor de la época cuando la sede del diario La Tribuna fue blanco de los disparos de pistoleros luego de que el periódico publicara denuncias que vinculaban a agentes de la policía con asesinatos. Domínguez sostuvo que los periodistas que se dedican a la cobertura informativa del crimen organizado y el narcotráfico recurren a comunicados oficiales del gobierno o de embajadas extranjeras. Otras de las medidas de precaución son colocar la firma del periodista solamente en las notas más inofensivas sobre cultura o sociedad.
La situación es más dramática para los periodistas que viven fuera de los principales centros urbanos y en particular en zonas como el departamento de Olancho, donde el crimen organizado tiene tan afianzado su control que los delincuentes armados manejan sus vehículos libremente en las calles, de acuerdo con el periodista freelance de radio and televisión Rolando Iscoa. Todo periodista de la zona sabe que informar sobre estas cuestiones está prohibido y todo el que rompa estas reglas "sabe lo que le espera", Iscoa expresó al CPJ. José Luis Maradiaga Paz, corresponsal de Radio y Televisión Globo en Olancho, indica que los narcotraficantes "tienen identificados a los familiares [de los periodistas] y los movimientos que hacen. Tienen orejas y sapos infiltrados en la policía y el ministerio público que saben lo que uno hace o informa".
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