Lunes,30 de Junio 2014 - 18:22 - Marvin Palacios / COFADEH / Tegucigalpa. La anunciada conciliación consistente en que el jefe de seguridad de la Corporación Minerales Victoria, Wilfredo Fúnez reconocía que cometió los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad en contra de dos observadores internacionales de derechos humanos no se pudo concretar debido a fallas presentadas por la defensa del imputado.
Resulta que la defensa solicitó para efectos de conciliación, otros aspectos que no fueron consensuados con la Fiscalía, por lo tanto la jueza María Elena Guzmán del Juzgado de Letras Seccional de Tela, resolvió no dar lugar a la conciliación y ordenó a la Fiscalía y al acusador privado, en este caso al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la preparación para una audiencia preliminar del caso que se celebrará en una fecha posterior.En la audiencia, el Área de Acceso a Justicia del COFADEH consideró oportuno registrar el caso como un precedente tanto para las autoridades gubernamentales como para las compañías privadas, en el sentido que los abusos que se cometan contra defensores de derechos humanos, sean nacionales o extranjeros, estarán sujetos a la vigilancia, monitoreo, denuncia y acompañamiento legal de las organizaciones que realizan defensoría ciudadana.
El COFADEH también apuntó, que dado que se discute en primer debate en el Congreso Nacional una Ley de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos es el momento para que el Gobierno reconozca, proteja y promueva el ejercicio de la defensoría de derechos humanos en todo el territorio nacional.
Sobre la audiencia llevada cabo en el municipio de Tela, departamento de Atlántida y con la decisión adoptada por el tribunal de esa localidad, el jefe de seguridad de Wilfredo Fúnez, empleado de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez, (yerno del terrateniente Miguel Facussé) permanecerá recluido en el centro penal de Tela.
Para buscar un juicio abreviado, Wilfredo Fúnez se declaró culpable de los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad en perjuicio de Daniel Langmeier (Suiza) y Orlane Vidal (Francia) integrantes del Proyecto de Acompañamiento Honduras (PROAH).
Dicho proceso abreviado (que consistía en conmutar la pena para evitar la cárcel) no pudo llevarse a cabo por las acciones tomadas unilateralmente por la defensa del imputado, que no consensuó con la Fiscalía, ni tampoco con las víctimas, representadas por el COFADEH, en su condición de acusador privado.
La Fiscalía acusó a Fúnez y el Juzgado Seccional de Tela le decretó auto de prisión por los delitos de allanamiento, coacción, amenazas y privación injusta de la libertad, en perjuicio de los dos observadores internacionales de derechos humanos (un programa que aglutina a observadores de derechos humanos procedentes de varias nacionalidades, y que acompaña a organizaciones que trabajan en la defensoría, entre ellas al COFADEH).
Si bien la parte defensora había interpuesto un recurso de apelación contra la decisión adoptada por el juzgado, se conoció que en días posteriores desistió de tal recurso y retiró el escrito ante el tribunal.
En cambio propuso que su cliente (Wilfredo Fúnez) fuese sometido a un procedimiento abreviado, que es una medida alterna que contempla el Código Procesal Penal, estableciéndose como requisito que el imputado se declare culpable de los delitos.
Desde el mes de marzo de 2013, Wilfredo Fúnez ha permanecido recluido en una celda del presidio de Tela, municipio del departamento de Atlántida.
Cabe señalar que en los delitos participaron otros miembros de la seguridad de Corporación Minerales Victoria, pero la Fiscalía solo acusó a Wilfredo Fúnez.
Es importante señalar que este caso marca un precedente, ya que se logró acreditar en la audiencia inicial la comisión y la participación de los delitos cometidos por el imputado, lo cual llevó a la defensa a buscar una medida alterna, que al final no se concretó.
Contexto
El 25 de julio de 2013 guardias de seguridad fuertemente armados de la Corporación Minerales Victoria, propiedad de Lenir Pérez (yerno del terrateniente Miguel Facussé) merodeaban e intimidaban a los pobladores de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Masica Atlántida.
Las acciones hostiles de los guardias se produjeron porque la comunidad se opone a la extracción minera que desarrolla Lenir Pérez en esta zona, en vista que nunca se les consultó acerca de dicho proyecto y además porque dicho personaje presiona a pobladores para que vendan sus tierras.
De hecho César Alvarenga y Roberto García líderes del movimiento pacífico que se ha opuesto a las operaciones mineras fueron amenazados a muerte por parte de Lenir Pérez, situación que obligó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dictar medidas cautelares de protección para los ambientalistas.
El 24 de julio de 2013, los observadores de derechos humanos de PROAH, Daniel Langmeier de Suiza y Orlane Vidal de Francia, llegaron a la comunidad para alojarse allí en la casa de María Concepción Gutiérrez, cuya familia había sido blanco de amenazas de los guardias de seguridad de la Corporación Minerales Victoria.
Tanto Langmeier como Vidal habían notificado previamente a la Policía que estarían en dicha comunidad, sin embargo el día que ingresaron, no se encontraban agentes en la estación policial.
La mañana del 25 de julio de 2013, aproximadamente a las 9:00 am, un grupo de siete hombres fuertemente armados llegaron a la casa, acompañados por 25 trabajadores del proyecto minero, armados con machetes.
El grupo estaba encabezado por Wilfredo Fúnez, empleado de Corporación Minerales Victoria y miembro de las pocas familias que apoyan el proyecto minero en la zona.
Los individuos amenazaron a los dos miembros del PROAH que estaban acompañando a la familia y los obligaron a salir de la casa, afirmando que “desparecerían si volvían a la comunidad”. Se informó que simultáneamente, varios de los hombres armados corrieron siguiendo el dueño de la casa, y lo obligaron a volver a la propiedad mientras hacían disparos al aire.
Durante el trayecto varios hombres apuntaron sus armas contra la humanidad de los defensores de derechos humanos y profirieron todo tipo de insultos, además de amenazarlos que si intentaban ingresar nuevamente en la comunidad, serían víctimas de desaparición. Posteriormente los conminaron a que entraran en una camioneta junto con varios de los hombres. Después les forzaron a que mostraran las fotos que habían tomado con sus cámaras fotográficas, para luego borrar aquellas que comprometían a la empresa minera.
Tiempo después los bajaron en un sector donde había mucho lodo, allí se encontraba personal de la empresa minera. Según testimonios de los defensores, el trato fue diferente, fueron trasladados en otro vehículo pick up color negro, escoltado por 3 hombres armados con escopetas que se subieron en la paila y posteriormente fueron dejados en la comunidad de Nueva Florida
Finalmente los defensores de derechos humanos fueron liberados en la comunidad de Nueva Florida aproximadamente a las 11:30 de la mañana, con amenazas de que la comunidad de La Nueva Esperanza sufriría represalias si denunciaban el incidente. El individuo que profirió dicha amenaza fue Wilfredo Fúnez.
La tarde siguiente (el 26 de julio), hombres armados de la empresa minera atravesaron la comunidad de La Nueva Esperanza en motocicletas, dispararon al aire con sus armas de fuego causando zozobra entre el pueblo. La familia que alojó a los defensores de derechos humanos internacionales se vio obligada a huir de su casa, por temor a sufrir atentados.
Los hechos suscitados en contra de observadores internacionales de derechos humanos produjeron la condena de decenas de organizaciones tanto a nivel nacional como en el extranjero. La organización Front Line Defenders en aquella oportunidad manifestó en un comunicado: “Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad de La Nueva Esperanza y de los defensores de derechos humanos internacionales”.
Front Line Defenders nota con inquietud que los defensores de derechos humanos en Honduras, particularmente aquéllos que trabajan en el contexto de derechos a la tierra y proyectos mineros y de construcción, enfrentan un nivel de riesgo extremadamente alto de daño a su integridad física o incluso a su vida, y que la acción jurídica contra los responsables es inexistente en la gran mayoría de los casos, citó el comunicado.
No hay comentarios :
Publicar un comentario