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Sábado 05 de Abril de 2014 14:14
Desde el inicio del proyecto, se militarizó el sector amedrentando y persiguiendo a las y los líderes que se oponen a la hidroeléctrica; la represión sanguinaria llegó a su momento más cúspide el 15 de julio de 2013, cuando militares abrieron fuego contra una movilización pacífica que se dirigía hacia las instalaciones donde estaba la maquinaria de la empresa, asesinando al dirigente indígena lenca Tomás García e hiriendo de gravedad a su hijo Allan García.
El 5 de marzo de 2014, María Santos Domínguez, coordinadora del Consejo Indígena de Río Blanco, fue atacada salvajemente por cinco individuos armados con machetes y garrotes, sufriendo lesiones y amputaciones. Su hijo de 12 años y su esposo quedaron gravemente heridos.
“Yo ya había recibido constantes amenazas, pero ese día cuando regresaba de hacer la merienda de la escuela, en la zona donde mi hermano Tomás García, fue asesinado por los militares, fui atacada salvajemente por varios hombres dejándome heridas profundas de machete y siendo golpeada con palos y piedras. Mi esposo Roque y mi hijo fueron los que impidieron que me mataran, sin embargo uno de los individuos macheteó a mi niño desprendiéndole la oreja derecha y parte de su rostro y luego otros dos atacaron a mi compañero de hogar dejándolo con varias heridas de gravedad”, relató María Santos.
María Santos dijo que la denuncia ya está interpuesta ante las autoridades correspondientes pero no han capturado a los responsables de este del atentado “aun y cuando están identificados como personas que trabajan para DESA”
“Pedimos solidaridad nacional e internacional, para que las autoridades correspondientes no dejen impune este caso, como han quedado el caso de mi hermano Tomas García, asesinado por un miembro del Ejército de Honduras, o como tantas agresiones contra nuestros hermanos y hermanas indígenas de Río Blanco”, clamó.
Así mismo añadió que ella junto a su familia están amenazados por las personas “que casi los asesinan”.
“Nosotras tenemos miedo, pero no pararemos de luchar por defender lo que nos heredaron nuestros ancestros. Si algún día me tocara morir defendiendo la tierra y las aguas del río, para mi va a ser un orgullo”, manifestó María Santos.
El pueblo lenca de Río Blanco, Intibucá,
cumplió un año de lucha ejerciendo el derecho al control y
autonomía del Río Gualcarque, territorio ancestral donde la empresa de
capital hondureño Desarrollos Energéticos S.A. de C.V. (DESA),
pretende apresar por 30 años las aguas del afluente instalando
arbitrariamente el proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.
Desde el 01 de abril de 2013 las comunidades indígenas se han
movilizado contra la ejecución del proyecto; en cabildos abiertos
municipales, en Asambleas Indígenas y con una toma de carretera
desarrollada las 24 horas del día, han mostrado el rechazo rotundo, sin
embargo sus voces no han sido oídas, sus exigencias desatendidas y su
lucha ha sido criminalizada y reprimida por militares, policías y
paramilitares al servicio de DESA.Desde el inicio del proyecto, se militarizó el sector amedrentando y persiguiendo a las y los líderes que se oponen a la hidroeléctrica; la represión sanguinaria llegó a su momento más cúspide el 15 de julio de 2013, cuando militares abrieron fuego contra una movilización pacífica que se dirigía hacia las instalaciones donde estaba la maquinaria de la empresa, asesinando al dirigente indígena lenca Tomás García e hiriendo de gravedad a su hijo Allan García.
El 5 de marzo de 2014, María Santos Domínguez, coordinadora del Consejo Indígena de Río Blanco, fue atacada salvajemente por cinco individuos armados con machetes y garrotes, sufriendo lesiones y amputaciones. Su hijo de 12 años y su esposo quedaron gravemente heridos.
“Yo ya había recibido constantes amenazas, pero ese día cuando regresaba de hacer la merienda de la escuela, en la zona donde mi hermano Tomás García, fue asesinado por los militares, fui atacada salvajemente por varios hombres dejándome heridas profundas de machete y siendo golpeada con palos y piedras. Mi esposo Roque y mi hijo fueron los que impidieron que me mataran, sin embargo uno de los individuos macheteó a mi niño desprendiéndole la oreja derecha y parte de su rostro y luego otros dos atacaron a mi compañero de hogar dejándolo con varias heridas de gravedad”, relató María Santos.
María Santos dijo que la denuncia ya está interpuesta ante las autoridades correspondientes pero no han capturado a los responsables de este del atentado “aun y cuando están identificados como personas que trabajan para DESA”
“Pedimos solidaridad nacional e internacional, para que las autoridades correspondientes no dejen impune este caso, como han quedado el caso de mi hermano Tomas García, asesinado por un miembro del Ejército de Honduras, o como tantas agresiones contra nuestros hermanos y hermanas indígenas de Río Blanco”, clamó.
Así mismo añadió que ella junto a su familia están amenazados por las personas “que casi los asesinan”.
“Nosotras tenemos miedo, pero no pararemos de luchar por defender lo que nos heredaron nuestros ancestros. Si algún día me tocara morir defendiendo la tierra y las aguas del río, para mi va a ser un orgullo”, manifestó María Santos.
Amenaza contra pueblos indígenas y garífunas
Las concesiones mineras y proyectos
hidroeléctricos son una amenaza para los pueblos indígenas y garífunas
de Honduras, indicó Berta Cáceres, del Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras –COPINH-.
“Ante estas acciones las comunidades se
han organizado y desarrollan una lucha frontal contra las grandes
empresas y las instituciones del Estado quienes se han vuelto cómplices
en la aprobación de los proyectos sin el consentimiento de la población
y en clara violación a convenios internacionales que protegen a los
pueblos originarios”, argumentó la dirigente indígena.
Actualmente en Honduras hay 71
concesiones para hidroeléctricas que están en gestión y 16 concesiones
ejecutándose, indica un estudio realizado por el Organismo Cristiano
de Desarrollo Integral -OCDIH- y Oxfam Honduras.
Por otra parte se indica que en el área
de la minería existen más de 200 concesiones en 6 departamentos. Las
concesiones de minería metálica cubren el 31 por ciento del territorio
nacional.
“Felicitamos a las y los pobladores Río
Blanco por un año de resistencia inclaudicable, y por haber resistido
a las presiones, las amenazas, la persecución y el constante
hostigamiento de militares, policías y guardias privadas de la empresa”,
manifestó Cáceres.
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