Tras el fraude electoral y relección ilegal de Juan Orlando Hernández en noviembre de 2017, millones de hondureños salieron a las calles a protestar, manifestaciones que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad del estado.
Centenares de personas fueron heridas, criminalizadas y judicializadas, y más de una veintena fueron asesinadas por salir a defender la soberanía nacional.
Las represiones en El Progreso fueron crueles, donde los agentes del Estado también realizaron allanamientos sin orden judicial, donde sometían a la gente, las golpeaban, se las llevaban detenidas y los acusaban con delitos inventados, todo por bajar la presión que ejercía la población contra la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.
El caso de Dany Javier Banegas y Olvin Nahún Villanueva y Omar Enrique Velásquez, fueron detenidos por la Policía Nacional en distintas partes de la ciudad de El Progreso en diciembre de 2017.
Para el caso, Olvin Nahún Villanueva fue capturado en el campo de fútbol de la colonia Quebrada Seca por haber levantado el celular cuando capturaban a Gabriel Godínez y a Anthony Acosta, quienes estaban siendo agredidos por los agentes policiales.
La policía regresó por él a las 7:00 de la noche del 25 de diciembre de 2017 y lo acusaron de robo agravado, daños agravado e incendio en perjuicio de la Secretaria de Seguridad.
Mientras que Dany Javier Banegas fue capturado frente al campo de fútbol de la colonia El Porvenir a eso de las 9:00 de la noche, donde la Policía militar le expresó a los familiares y vecinos que se lo llevaban porque le encontraron unas cosas en el celular. Al igual que Olvin Nahún, también fue acusado de robo agravado, daños agravado e incendio en perjuicio de la Secretaria de Seguridad.
Y Omar Enrique Velásquez, quien trabajaba como fotógrafo, fue detenido en la colonia 12 de julio a eso de las 9:10 de la noche por hacer escándalo público. Pero fue acusado por los mismos delitos que los dos anteriores.
Los tres defensores de la Soberanía Nacional fueron sometidos al proceso penal, pero con medidas distintas a la prisión preventiva.
El abogado Marcelino Martínez presentó el 2 de agosto del presente año, ante el Tribunal de Sentencia de El Progreso, solicitud de aplicación del decreto 04-2022 de la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho para que los Hechos no se Repitan, en relación al decreto de amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia con el fin de obtener la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo.
El 7 de agosto, los jueces del Tribunal de Sentencia, compuesto por Marlon Alberto Martínez Logan, como juez presidente, y como jueces integrantes Marianela Zúniga Sánchez y José Concepción Guzmán, por unanimidad resolvieron declarar con lugar la aplicación del decreto de amnistía 04-2022 presentada por el abogado Marcelino Martínez a favor de Dany Javier Banegas, Olvin Nahún Villanueva y Omar Enrique Velásquez”, a quienes se les venía acusando por el delito de daños agravados en perjuicio de la Secretaría de Seguridad.
En su resolución los jueces señalan que ese Tribunal no desconoce el hecho que en esos días que se presentó el requerimiento fiscal, el rechazo de la población a la reelección presidencial de Juan Orlando Hernández.
“Siendo servidores públicos, tenemos la responsabilidad depositarios de la autoridad, responsables de aplicar la ley, lo cual implica hacer un ejercicio de ponderación de derechos e integración de la normativa vigente, incluidos los convenios internacionales suscritos por el estado de Honduras”.
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