En Honduras no se amenaza a las inversiones, dice canciller ante señalamientos en Estados Unidos // Comisión de Honduras se reúne con expertos de la ONU para avanzar en instalación de CICIH
ByRedacción, TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, dijo este martes que
en su país no se amenaza a la inversión extranjera, luego de trascender
que un grupo de congresistas de EE.UU. le ha pedido al secretario de
Estado, Antony Blinken, que proteja las inversiones de su país en
Honduras.
«En Honduras no se amenaza ninguna inversión. Al contrario. La
Presidenta @XiomaraCastroZ está instaurando un régimen de seguridad
jurídica y estado de derecho», indicó Reina en un mensaje en Twitter.
Agregó que lo que está haciendo la presidenta hondureña, Xiomara
Castro, es «para que se genere un clima de negocios adecuados, justo y
equilibrado. Con reglas claras y se ponga fin al abuso de caso de
corrupción público-privada que provoca la creación de la CICIH»
(Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras).
Según una carta difundida hoy por medios locales de prensa, un grupo
de 16 congresistas de Estados Unidos le solicitó a Blinken y a la
representante Comercial de ese país, Katherine Tai, que se encarguen de
proteger las inversiones estadounidenses en Honduras ante la
expropiación.
«Les escribimos en relación con nuestra preocupación por los
recientes acontecimientos en Honduras que plantean un riesgo creciente
de inestabilidad en la región. En concreto, les pedimos que protejan los
intereses y las inversiones estadounidenses de la expropiación en
Honduras», subraya la carta.
Añade que es fundamental defender y hacer cumplir el estado de
Derecho, tal y como exige el Tratado de Libre Comercio entre la
República Dominicana Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR),
incluyendo a través de las protecciones a los inversionistas en los
tratados como el proceso de Solución de Controversias entre Inversores y
Estados (SDS, por sus siglas en inglés).
«Nuestras preocupaciones se derivan de las recientes acciones de la
presidenta hondureña Xiomara Castro de tomar decisiones políticas que
efectivamente nacionalizan la inversión estadounidense en el país»,
subraya la misiva dirigida a Blinken y Tai.
Señala además que la Administración de Castro «ha tomado medidas para
eliminar las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDES) hondureñas,
amenazando las inversiones estadounidenses y violando la garantía de
estabilidad jurídica de 50 años bajo el CAFTA-DR.
Las ZEDES, que son rechazadas por el Gobierno que preside Castro,
fueron aprobadas durante la Administración de Juan Orlando Hernández,
quien gobernó en Honduras durante ocho años (2014-2022).
«Un ejemplo son las acciones dirigidas directamente a las
considerables inversiones realizadas por Honduras Próspera, una empresa
estadounidense. Permitir una expropiación injusta no solo viola
principios jurídicos de larga data en el corto plazo, sino que también
es probable que frene cualquier otra inversión empresarial
estadounidense en Honduras», expresaron los congresistas en su carta.
Entre los congresistas que suscriben la carta figuran Steven
Horsford, Gregory W. Meeks, James E. Clyburn, Byron Donalds, Yvette D.
Clarke, Joyce Beatty, Debbie Wasserman Schultz, Frederica S. Wilson,
Donald M. Payne Jr, Jimmy Panetta, Stacey E. Plaskett, Jared Moskowitz,
María Elvira Salazar.
Comisión de Honduras se reúne con expertos de la ONU para avanzar en instalación de CICIH
ByRedacción, TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El grupo de expertos de la ONU que asesorará a Honduras en el futuro
establecimiento de una Comisión Internacional contra la Corrupción e
Impunidad (CICIH) se reunió este lunes con una comisión de alto nivel
del Gobierno para avanzar en el proceso, informó una fuente oficial.
Los funcionarios hondureños recibieron a los expertos de la ONU
encargados de «realizar trabajos de análisis y diagnóstico de las
condiciones necesarias para la instalación de la CICIH en Honduras»,
según un comunicado del Ejecutivo.
La llegada a Honduras de una comisión anticorrupción, con el apoyo de
Naciones Unidas, es una de las promesas de campaña de la presidenta del
país, Xiomara Castro, lo que ratificó cuando asumió el poder, el 27 de
enero de 2022.
La comisión de alto nivel de Honduras destacó el compromiso de la
presidenta Castro, su Gobierno en la lucha contra la corrupción y «su
voluntad de cumplir» lo previsto en el memorándum de entendimiento (MOU)
para lo que sería la CICIH, suscrito en diciembre pasado con la ONU en
Nueva York, para «combatir las redes de corrupción público-privada de
alto impacto».
Por su parte, el equipo de la ONU reconoció la disposición del
Gobierno hondureño y señaló «la voluntad del Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas de apoyar a Honduras para avanzar en la
construcción del sistema de justicia eficaz e independiente que responda
a las aspiraciones de la sociedad hondureña», señaló.
En la reunión participaron por Honduras el canciller, Eduardo Enrique
Reina, y los ministros de Finanzas, Rixi Moncada, y el de Transparencia
y Lucha contra la Corrupción, Edmundo Orellana.
Los expertos, que llegaron este domingo a Honduras, apoyarán al país
centroamericano a preparar la eventual instalación de «un mecanismo
internacional, imparcial, independiente y autónomo contra la corrupción y
la impunidad», según un comunicado de Naciones Unidas.
Se encargarán también de «evaluar los instrumentos, instituciones y
capacidades nacionales existentes para la lucha contra la impunidad y la
corrupción y su enjuiciamiento».
Además, contribuirán a actividades de asesoría y asistencia técnica, e
identificarán las reformas constitucionales, legales y administrativas
necesarias en la legislación hondureña para el posible establecimiento
de la CICIH.
La Secretaría General de la ONU y el Gobierno hondureño negociarán
los términos del acuerdo bilateral requerido para el establecimiento del
eventual mecanismo».
Según la ONU, el mecanismo internacional contra la corrupción entrará
en vigor cuando ese acuerdo esté vigente, haya un acuerdo por escrito
sobre las garantías legales mínimas y los requisitos para el
funcionamiento de la comisión y un órgano intergubernamental de Naciones
Unidas haya otorgado el mandato correspondiente.
La dirección de la Comisión será designada por el secretario general
de la ONU para «garantizar su independencia, imparcialidad y autonomía»,
según Naciones Unidas.
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