e declaró ayer martes en huelga de hambre en las afueras de Casa de Gobierno.
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Con
las reformas a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de
2018, el gobierno de Juan Hernández está facultado para no pagar las
prestaciones laborales a los empleados públicos que no pertenezcan a las
filas del Partido Nacional y con esos recursos podrá contratar a sus
activistas, según el análisis del economista del Foro Social de la Deuda
Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.
El
artículo 123 de la Ley de Presupuesto dice que el pago de las
prestaciones, cesantías y otras indemnizaciones serán asumidas por el
Estado a través del presupuesto asignado para el 2018 a la institución
donde laboraba el trabajador. Eso quiere decir que si no dejaron
presupuesto para pagar estos beneficios, pues no los podrán cancelar.
En
este mismo artículo, el gobierno de Hernández se cubre las espaldas,
indicando que ningún funcionario o empleado público que intervenga en
actos administrativos que den lugar al pago de beneficios e
indemnizaciones, no será responsable de demandas por el incumplimiento
de los pagos.
“Si
por cualquier circunstancias el pago de estos no se hace efectivo y el
Estado fuere demando y vencido judicialmente tampoco este hecho hará
responsables a los funcionarios o empleados públicos”, agrega la
reforma.
Lo
anterior significa que a ningún funcionario se le podrá resarcir el
daño que ocasionare a los empleados que sean despedidos sin justa razón o
utilizando canales inadecuados.
El
economista del Fosdeh ilustró que la medida sólo es aplicable para el
año 2018 porque las disposiciones de la Ley de Presupuesto surten efecto
únicamente para el año fiscal, por lo que no es cierto que la reforma
beneficie al expresidente, Manuel Zelaya Rosales, porque el caso por el
que se le ha llevado a los tribunales es por una acción del 2008,
específicamente por el despido de la entonces presidenta del Banco
Central de Honduras (BCJH) Gabriela Núñez.
Zepeda
insistió que la reforma tiene la dedicatoria de despedir a todo aquel
empleado público que no pertenezca al partido de gobierno y con ello
Hernández cumplirá su promesa de darle empleado a sus activistas. Sin
embargo advirtió que este asunto será manejado como una exigencia del
Fondo Monetario Internacional (FMI) para disminuir la masa salarial y la
“barrida” de empleados se dará cuando se estampe la firma del acuerdo
con este organismo internacional.
“Antes
se hacían barridas de empleados públicos, pero ahora se va a hacer
una mega barrida y quienes no estén en el censo partidario de marzo del
2017 van a ser despedidos”, sentenció.
Adicionalmente
el artículo 124 autoriza a las instituciones del gobierno central,
desconcentrado y descentralizado a pagar los derechos adquiridos a todos
los empleados que sean despedidos a efecto de que cuando presenten la
demanda, estos beneficios sean restados de lo que comúnmente se conoce
como “salarios caídos”.
Para Zepeda la reforma es un zarpazo a los derechos de la clase trabajadora y atenta contra las leyes de administración pública.
Apuntó
que el gobierno está actuando de esta manera porque el Estado no tiene
los suficientes recursos para pagar los pasivos laborales de los
empleados públicos.
Noticia Relacionada: Honduras: MACCIH denuncia pacto de impunidad para proteger diputados y funcionarios
El
economista dijo además que todo lo aprobado sobre la Ley del
Presupuesto de 2018 fue trastocado por la Comisión de Presupuesto del
Congreso Nacional y va más allá de las denuncias presentadas por la
Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras
(MACCIH).
https://criterio.hn/2018/01/31/gobierno-no-les-pagara-prestaciones-los-empleados-publicos-llenara-plazas-activistas-cachurecos/
- La insurrección popular es la vía, lo demás son engaños
- Partido Libre se declara en insurrección total y crea los comandos de insurrección
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