Una
parte de los recursos incautados al narcotráfico se ha destinado a
auspiciar el clientelismo político por medio de programas como el
denominado Bono diez mil.
Por: Redacción CRITERIO redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
La criminóloga Arabeska Sánchez presentó un estudio dentro del anuario
2015 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe titulado
“Crimen organizado, narcotráfico y políticas antidrogas en Honduras”,
donde da a conocer la situación sobre estos temas en este país
centroamericano.
Arabeska
Sánchez, mientras presentaba el informe, acompañada del director de
Ciprodeh, Wilfredo Méndez, la coordinadora de la FES en Honduras,
Jennifer Erazo y la periodista Thelma Mejía
El
estudio concluye que los altos niveles de violencia en Honduras están
muy ligados a la fuerte presencia del crimen organizado, el narcotráfico
y las Maras o pandillas, lo cual está provocando un éxodo migratorio
cuyo principal destino son los países del norte de América: Estados
Unidos y México.
Sánchez
encontró además que los indicadores de incidencia en incautaciones de
droga, movimientos de narconaves marítimas y narcoavionetas indican que
en los últimos diecinueve años el narcotráfico no ha suspendido su paso
por Honduras, independientemente de las políticas contra las drogas que
se desarrollen.
El estudio además concluye que los carteles de la droga en Honduras han cambiado su organización, pasando de las estructuras de los años setenta conformadas por capos y funcionarios de seguridad, a clanes familiares que utilizan a los funcionarios de la seguridad pública para tareas específicas.
La
experta en criminología manifestó además en su estudio que existen
pruebas de la existencia de siete carteles del narcotráfico en el
periodo comprendido entre 1970 y 2015, cuyos líderes han sido
extraditados a Estados Unidos y cuyos bienes han sido incautados por el
estado hondureño para fortalecer los patrimonios y presupuestos de las
tres principales instituciones que conforman el sector de seguridad y
justicia en el país. No obstante, una parte de esos recursos se ha
destinado a auspiciar el clientelismo político por medio de programas
como el denominado Bono diez mil.
Otra
de las conclusiones del estudio presentado por Arabeska Sánchez nos
dice que la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del
Estado acerca de la administración de los recursos provenientes de las
incautaciones, podría generar el enriquecimiento ilícito de
funcionarios públicos tomadores de decisiones discrecionales sobre esos
recursos, por lo que deben establecerse mecanismos externos de auditoría
permanente sobre ellos.
Con la creación del Consejo de Defensa y Seguridad, dependiente de la figura presidencial, instituciones autónomas como el Ministerio Público y el poder judicial quedaron sujetas al poder ejecutivo, violando la declaración constitucional de la independencia con que deben actuar estas instituciones en sus funciones principales de Crimen organizado, narcotráfico y políticas antidrogas en Honduras 219 persecución penal y administración de la justicia.
Además
este estudio nos dice que los cambios recientes en la política contra
las drogas no reflejan ningún enfoque de prevención o reducción de la
demanda, concentrándose exclusivamente en la represión de la oferta.
La
corrupción en la dirección de las instituciones públicas y dentro de
ellas ha sido factor determinante en su debilitamiento, hasta dejarlas
en su mínima operatividad.
El
alto nivel de impunidad de los casos de corrupción en el país genero
durante el 2015 un fuerte movimiento ciudadano que demandaba el auxilio
de la comunidad internacional para hacer frente a la impunidad,
proponiendo una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras
similar al modelo existente en Guatemala (CICIG), con el apoyo de la
ONU, pero al final se instaló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y
la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Fuente: Anuario 2015 de la Seguridad Regional en América Latina y el Caribe.
http://criterio.hn/crimen-organizado-ha-mutado-capos-clanes-familiares-usan-los-funcionarios-la-seguridad-publica/
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