defensoresenlinea.com/cms/ Nacaome, Valle.
La Sala II del Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle declaró el lunes sin lugar, la petición de revisar las medidas a la prisión, dictadas por un juzgado de Amapala en contra de los pescadores Abel Pérez y Santos Hernández, acusados por Jorge Luis Cassís de usurpación de tierras, daños y amenazas, en un terreno que reclama como de su propiedad en el sector de Playa Blanca, en la península de Zacate Grande.
Asimismo el tribunal fijó un término de 10 días para que las partes presenten recursos de nulidad, recusaciones y excepciones, previo a la celebración del juicio oral y público, citando para la celebración de la audiencia de proposición de medios de pruebas que tendrá lugar el 21 de julio de 2016.
A la audiencia de revisión de medidas compareció la fiscal Kenia Lagos en representación del Ministerio Público, el acusador privado y representante del terrateniente Jorge Cassís, el abogado Ismael Gonzáles y la abogada defensora de los pescadores, Denia Castillo.
En el público estuvo una misión del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) en su calidad de acompañante y garante de los derechos humanos de los privados de libertad y quien a través de un escrito asumiría la libertad vigilada de los imputados.
Cabe señalar que desde que inició la audiencia de revisión de medidas, Jorge Cassís estuvo muy cerca del acusador privado Ismael Gonzáles quien al proponer a su cliente como testigo (que quería expresar que recibió amenazas de parte de los imputados), fue rechazado por el tribunal porque consideró que su testimonio estaba viciado.
Durante décadas las comunidades de la Península de Zacate Grande han sufrido por los constantes despojos y procesos judiciales promovidos por terratenientes de la zona.
Los que se resisten frente a estos abusos pagan con la cárcel, como es el caso de Abel Antonio Perez y Santos Hernández del caserío Puerto Sierra en la Comunidad de Playa Blanca, quienes fueron remitidos al Centro Penal de Nacaome el 19 de mayo del 2016, ambos son dirigentes campesinos y miembros de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Abel Pérez es defensor de derechos humanos y pertenece a la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que ha recibido el respaldo, la formación y acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) desde hace casi 3 años.
En su exposición la fiscal Kenia Lagos quien se opuso en todo momento a la solicitud de la defensa de los pescadores, para que el tribunal revocara la medida preventiva de prisión, sostuvo que las organizaciones que acompañan a los imputados inducen a que éstos no cumplan con las disposiciones judiciales; expresión que a juicio de la misión del COFADEH fue expresada contra el comité y contra la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA).
Por su parte la abogada Denia Castillo expuso ante el tribunal que la medida de prisión preventiva era muy gravosa para sus defendidos, considerando los delitos imputados que no sobrepasan los 6 años de cárcel y que el privarlos de libertad; produce serias consecuencias para las familias que dependen económicamente de ellos.
Asimismo la abogada Castillo presentó a una caución depositaria de 10 mil lempiras por cada privado de libertad, como medida alterna que establece el Código Procesal Penal para que los acusados puedan ser oídos en libertad.
Al salir de la audiencia, la abogada Denia Castillo dijo a varios miembros de ADEPZA que esperaban en las afueras del palacio de justicia, que el tribunal tomó su decisión basado en el artículo 185, párrafo último del Código Procesal Penal, que establece que la revisión de medidas puede darse a los 3 meses después de dictada por el juzgado de primera instancia.
“En este caso el tribunal dijo que el término en que la habíamos solicitado no estaba en lo estipulado, o sea que hay que esperar hasta que se cumplan los 3 meses, ellos pueden hacer el cambio de medidas”, señaló la defensora de los pescadores.
El Juzgado de Amapala en audiencia de revisión de medidas del pasado 17 de mayo, dictaminó orden de captura por incumplimiento de medidas a Abel Pérez y Santos Hernández y los envió a prisión el 19 del mismo mes.
Cada año durante el período de Semana Santa, las playas de Zacate Grande se colman de visitantes. En el sector de Playa Blanca, en 2015, Santos Hernández y Abel participaron en la limpieza de playas y áreas de parqueo para los visitantes; pocos días después Jorge Casis Leiva, los acusó por usar el área de su supuesta propiedad como parqueo, ahora ellos están presos por no cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva impuesta por el Juzgado de Amapala.
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