Tegucigalpa. El Relator sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, presentó el jueves 2 de junio el informe: “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos”.
El Relator sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco expresó que la CIDH ha recibido de forma recurrente, apremiante información corroborando que las defensoras y los defensores en las Américas, son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento en varios países de la región, como una forma sofisticada e indebida para impedir, obstaculizar, paralizar y deslegitimar las causas que persiguen.
Orozco señaló que el informe “Criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos” analiza de manera detallada el problema del uso indebido del derecho penal con el objeto de criminalizar la labor de defensoras y defensores.
“Esta manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales tiene por objeto obstaculizar sus labores de defensa de los derechos humanos. Asimismo la CIDH ha observado que los procesos de criminalización por lo general se inicia, mediante la interposición de denuncias infundadas o denuncias basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad o que no cumplen con los estándares internacionales”, sostuvo el Relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esta situación es de suma preocupación para la CIDH ya que el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó Orozco.
Para la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz la utilización del aparato penal como una herramienta de criminalización estriba en la falta de reconocimiento de los estados, del derecho a defender derechos humanos.
Si no entendemos la importancia y el rol que tienen las y los defensores en el fortalecimiento de la democracia, de ahí es que se derivan una serie de problemáticas, o sea; si no tenemos discursos consecuentes con este reconocimiento, legislación que reconozca la legitimidad de la protesta social y discursos que sean consecuentes, es muy difícil que logremos por supuesto abordar este precepto, expuso Aguiluz.
Mientras tanto la representante Residente Adjunta de la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Silvia Lavagnoli expuso que la protección de los defensores y defensoras en Honduras ha sido uno de los temas prioritarios para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas.
“El informe de la CIDH ofrece valiosas herramientas para prevenir la criminalización de los defensores, herramientas que sin duda serán muy útiles al estado hondureño, a las organizaciones de la sociedad civil y también a la oficina en su trabajo de defensores, dijo Lavagnoli.
La ONU recomienda derogar disposiciones legales que son incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos
La funcionaria de Naciones Unidas indicó que en el caso de Honduras, el Alto Comisionado ya hizo varios llamados al país para la reforma legal, por ejemplo el caso de 2012, donde 24 campesinos y campesinas del Bajo Aguán fueron judicializados por manifestarse frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lavagnoli dijo que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay hizo en 2012 el llamamiento al estado de Honduras, en el sentido de revisar o derogar la legislación penal incompatible con las normas internacionales, en particular la disposiciones relativas a los delitos de sedición y manifestación ilícita.
“La presentación por el gobierno del Proyecto del Nuevo Código Penal que está siendo discutido en el Congreso en estos días, representa una importante oportunidad para hacer los avances legislativos que se requieren, y para que los nuevos tipos penales aprobados sean conformes a los estándares internacionales”, recomendó Lavagnoli.
Por su parte la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva señaló que el informe de la CIIDH llega en un momento preciso para el país y mostró su apoyo moral en momentos cuando el Relator de la CIDH, José de Jesús Orozco informara sobre la precaria situación económica que enfrenta este organismo continental que prevée la separación del 40 por ciento de su personal por falta de fondos, lo que supone un porcentaje considerable de desprotección hacia las demandas de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en América.
Oliva dijo que no quiere un pueblo resignado, sino un pueblo consciente, un pueblo que sabe que tiene derechos y que va a lograr colectivamente, revertir las cosas en el país, en materia de derechos humanos.
La Coordinadora General del COFADEH enfatizó sobre los altos niveles de criminalización que están enfrentando los defensores y defensoras de derechos humanos y citó el caso de Abel Pérez y Santos Hernández de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que ha formado y acompañado el COFADEH, y que están en prisión por defender el derecho a la tierra y a la subsistencia de sus familias en la Península de Zacate Grande.
Dentro de las recomendaciones planteadas al Estado de Honduras, el informe apunta que las autoridades o terceros no deben manipular el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensores de derechos humanos.
El informe recomienda al Estado hondureño, reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos para la garantía de la democracia y del estado de derecho en la sociedad, cuyo compromiso se refleje en todos los niveles estatales, sea municipal, departamental o nacional y en todas las esferas de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
La CIDH recomienda al Estado de Honduras fortalecer la protección para el derecho de la participación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, así como de las personas afectadas, o quienes podrían estar afectadas, en proyectos de desarrollo que impactan en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
La Comisión insta a abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores de derechos humanos y que sugieran que estas y estos , así como las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal , solo por el hecho de realizar labores de promoción y protección de derechos humanos. En el mismo sentido recomienda aplicar sanciones a aquellos funcionarios que no acaten dicha disposición.
La CIDH recomienda al estado hondureño la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a la Convención Americana.
La CIDH instó al gobierno de Honduras, a descriminalizar la difamación y promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones, a fin de eliminar procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de interés público.
El informe recomienda al estado hondureño, que debe asegurarse que el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social, no esté sujeto a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que obstaculicen su realización.
La mesa principal estuvo integrada por el Relator sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco, la representante Residente Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Silvia Lavagnoli, la directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz y la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.
Asimismo el evento contó con la presencia de los comisionados de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El informe recomienda al Estado hondureño, reconocer pública e inequívocamente el papel fundamental que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos para la garantía de la democracia y del estado de derecho en la sociedad, cuyo compromiso se refleje en todos los niveles estatales, sea municipal, departamental o nacional y en todas las esferas de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial).
La CIDH recomienda al Estado de Honduras fortalecer la protección para el derecho de la participación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, así como de las personas afectadas, o quienes podrían estar afectadas, en proyectos de desarrollo que impactan en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
La Comisión insta a abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores de derechos humanos y que sugieran que estas y estos , así como las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal , solo por el hecho de realizar labores de promoción y protección de derechos humanos. En el mismo sentido recomienda aplicar sanciones a aquellos funcionarios que no acaten dicha disposición.
La CIDH recomienda al estado hondureño la derogación de las leyes que consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son contrarias a la Convención Americana.
La CIDH instó al gobierno de Honduras, a descriminalizar la difamación y promover la modificación de las leyes penales ambiguas o imprecisas que limitan la libertad de expresión de manera desproporcionada, como aquellas destinadas a proteger la honra de ideas o de instituciones, a fin de eliminar procesos penales para inhibir el libre debate democrático sobre los asuntos de interés público.
El informe recomienda al estado hondureño, que debe asegurarse que el ejercicio del derecho de reunión a través de la protesta social, no esté sujeto a una autorización por parte de las autoridades ni a requisitos excesivos que obstaculicen su realización.
La mesa principal estuvo integrada por el Relator sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos de la CIDH, José de Jesús Orozco, la representante Residente Adjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, Silvia Lavagnoli, la directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Marcia Aguiluz y la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva.
Asimismo el evento contó con la presencia de los comisionados de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
http://www.defensoresenlinea.com/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=4144:defensores-y-defensoras-de-ddhh-estan-siendo-sujetas-de-procesos-penales-sin-fundamento-afirma-la-cidh&catid=71:def&Itemid=166
No hay comentarios :
Publicar un comentario