Julio
C. Gambina
ALAI
AMLATINA, 13/06/2016.-
Los
primeros seis
meses del gobierno Macri sirven para preparar las condiciones
institucionales
de subordinación reclamadas por los grandes capitales.
El
programa de máxima de los capitales apunta a bajar el costo del
salario en el
proceso de producción y circulación, y al mismo tiempo, abaratar
las
condiciones de explotación de los bienes comunes.
Los
afectados son los derechos humanos de la mayoría trabajadora y
los derechos
ambientales.
El
ajuste del primer semestre se consolida con una inflación que
favorece a los
formadores de precios y afecta a la mayoría empobrecida, al
tiempo que
desalentó la producción local y estimuló la producción externa,
con invasión de
importaciones que compiten y desalojan la producción local.
Inflación
y recesión fueron dos efectos consecuencia de la política
económica del
gobierno Macri.
La
especulación derivada de altas tasas impulsadas por el BCRA y
festival de bonos
externos emitidos por el Ministerio de Hacienda, asociado al
acuerdo y pago a
los acreedores externos hipoteca el presente y el futuro de la
economía local a
las demandas del capital externo.
Es
más, en esta semana se anuncia el ascenso de la calificación del
mercado de
capitales de la Argentina.
Son
tres las categorías de los mercados de capitales: a) la de los
países
capitalistas desarrollados; b) la de los emergentes (Brasil,
India, China,
otros); c) la de los fronterizos (sin confianza entre inversores
externos).
La
nueva calificación apunta a escalar de la categoría c a la b; a
mercado
emergente, y receptar así el interés de inversores
internacionales que buscan
mejores opciones de rentabilidad en el marco de la crisis
capitalista mundial.
Apertura
económica, liberalización e integración subordinada
Argentina
ha sido aceptada como “observador” en la Alianza del Pacífico,
remedo del ALCA
luego de la derrota del 2005 y base de lanzamiento del acuerdo
transpacífico,
TPP.
Este
acuerdo se propone disputar las relaciones internacionales en
medio de la
crisis capitalista y la emergencia de China como potencia
mundial, con peso
creciente en la región Nuestramericana de la última década.
La
disputa global es por la hegemonía de la apertura y la
liberalización de la
economía mundial en crisis.
El
papel del gobierno argentino es clave para modificar las
relaciones de fuerza
que se habían construido en el último tiempo y que habilitaban
la discusión
sobre integración alternativa.
Lo
real es que las expectativas se frustraron por límites de los
procesos de
cambio político y la ofensiva de las clases dominantes.
Con
Argentina definida en el campo de la subordinación a la política
exterior de
EEUU y la posible convergencia con el Brasil luego del “golpe
blando
neoliberal” se facilita la discusión al interior del Mercosur.
Allí,
hace rato que Paraguay empuja la apertura y Uruguay ha dado
señales de
aperturismo (adhesión al TISA, más allá de su contramarcha).
Solo Venezuela
mantiene una posición crítica, por lo que resulta fundamental
activar el
movimiento popular “Nuestramérica mejor sin TLC” cuya versión
local se
despliega bajo la consigna: “Argentina mejor sin TLC”.
El
gobierno Macri estará en la Cumbre de la Alianza del Pacífico en
Chile EL 1/7
pregonando las ventajas del aperturismo, base para la atracción
de inversiones
externas.
Anticipará
sus opiniones en el Foro Económico regional que realiza esta
semana en Colombia
y al igual que en Davos en enero, tratará de mostrar que no solo
la Argentina
es favorable a la circulación de los capitales globales.
El
mensaje apuntará a señalar que la región está en un cambio de
orientación hacia
políticas de “mercado”, coherentes con lo que señalan los
organismos
financieros internacionales como “programa deseable” para
nuestros países
sudamericanos.
Convengamos
que las dificultades para atraer inversiones no son solo para la
Argentina,
sino que la situación brasileña y en particular de Sudamérica en
su conjunto,
no favorecen la demanda de elevada rentabilidad ofrecida hasta
hace poco
tiempo.
La
conflictividad no controlada por los gobiernos es un dato de la
realidad y
habilita a pensar en un escenario político abierto para disputar
sentido social
mayoritario para el proyecto del poder, o nuevas recreaciones de
proyectos
alternativos al orden capitalista en crisis.
Segundo
semestre de ajuste y posposición de la recuperación
Todos
los pronósticos auguran caída del PBI de la Argentina para el
2016 y quizá,
recuperación para el 2017. Es cierto que alguna vez se rebota
desde el piso de
la recesión, pero consolidando una pauta de empobrecimiento
estructural que
supera todo parámetro histórico.
La
pobreza crece y no remito a los picos de la pobreza, sino a los
pisos que se
consolidan en cada ajuste estructural acecido en este tiempo
constitucional
desde 1983.
En
los 90 se consolidó un piso de empobrecimiento que fue extendido
y luego
reducido, pero aun así, el resultado logró estabilizar un nuevo
basamento de la
pobreza y la indigencia que modifica sustancialmente la
estructura económica y
social del país.
La
Argentina de las clases dominantes y el gobierno se predispone,
desde las
nuevas condiciones políticas, a facilitar el funcionamiento del
orden
capitalista global, asegurando un papel dependiente y
subordinado de la
economía local al programa liberalizador de las transnacionales
que actúan en
el país, y de otras que son invitadas para la apropiación del
trabajo social
local.
¿Aceptará
la población este destino de subordinación, o en vísperas del
bicentenario de
la independencia política se generan condiciones para avanzar en
la
independencia económica?
En
1910, año del centenario de mayo, el conflicto intentaba
ocultarse en pleno
despliegue de la inserción subordinada de la Argentina en la
división
internacional del trabajo liderada por Inglaterra.
Ahora,
a 200 años del 9 de julio de 1816, Independencia de la
Argentina, el conflicto
social, especialmente de trabajadoras y trabajadores, discute el
sentido de la
inserción internacional del país y abre interrogantes sobre las
condiciones de
posibilidad para la independencia.
Buenos Aires, 13 de junio de 2016
-
Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y
Políticas, FISYP
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