30 marzo, 2016 | Por: Redacción CRITERIO
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa.-
Los juristas hondureños que acompañan a Oscar Castro Soto, hermano de
Gustavo piden que la Sala de lo Constitucional resuelva un recurso de
habeas corpus que se interpuso el 16 de marzo, ya pasaron 14 días y no
hay respuesta y los magistrados de esa sala están incurriendo en un
delito de abuso de autoridad porque la Constitución de la República dice
que hay que resolverlo de inmediato.
Lo
anterior lo señaló, Edy Tabora, quien es parte del equipo jurídico
que representa al sociólogo mexicano, Gustavo Castro Soto, testigo del
asesinato de Berta Cáceres, el pasado 3 de marzo en la Esperanza,
Intibucá.
Tabora,
también miembro de la coalición de defensores humanos, señaló que la
primera resolución que emitió la jueza Victorina Flores el 4 de marzo
decía que Gustavo Castro podía salir del país y testificar desde su
país, pero 24 horas después dijo que no podía.
Esa
decisión la tomó la jueza, luego de una visita del presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta a ese juzgado.
La
sala de lo constitucional es nueva y no está integrada por ningún
constitucionalista y a pesar que hay 21 opiniones jurídicas de
organizaciones internacionales, incluyendo la opinión jurídica del
exjuez español Baltazar Garzón, para que la sala se ilustre como
resolver frente a los recursos que se han presentado.
Los
juristas hondureños que acompañan a Oscar Castro Soto, hermano de
Gustavo piden que la Sala de lo Constitucional resuelva un recurso de
habeas corpus que se interpuso el 16 de marzo, ya pasaron 14 días y no
hay respuesta y los magistrados de esa sala están incurriendo en un
delito de abuso de autoridad porque la Constitución de la Republica dice
que hay que resolverlo de inmediato, apunto de manera enérgica, Edy
Tabora.
Se
pide a la corte de apelaciones de la ciudad de Comayagua que resuelva
el recurso de amparo presentado el 16 de marzo por las violaciones al
derecho a la libertad, derecho a la libre locomoción y el derecho a la
integridad psicológica de Gustavo Castro.
Al
Fiscal General de la República, Oscar Armando Chinchilla, que se ha
hecho el desentendido, se le presentó una solicitud para que retirara la
petición que hicieron ante el juzgado de la Esperanza, Intibucá para la
prohibición de la salida del país a Gustavo Castro y le pidieron que
diera una respuesta por escrito a la solicitud presentada el 15 de
marzo.
Igualmente
se pide a la jueza de la Esperanza, Intibucá, Victorina Flores que este
miércoles se le presentó una reconsideración para que cambie su postura
de negar la salida a Gustavo Castro pese a que hay una petición de la
Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Tabora
señaló que la jueza Flores ha omitido muchos de los deberes que tiene
de conocer la Constitución de la Republica y los tratados
internacionales. Ha cometido distintos y diversos ilícitos establecidos
en el Código Penal como abusos de autoridad.
Finalmente
apuntó que estamos en una total indefensión jurídica en este país,
estamos en una incertidumbre jurídica, porque ni siquiera la Sala de lo
Constitucional que dijeron que iban a cambiar la situación de
administración de la ley en este país lo han hecho.
http://criterio.hn/magistrados-la-sala-constitucional-incurren-delito-al-no-resolver-recurso-habeas-corpus/
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Justicia hondureña niega salida a Gustavo Castro a sesión de la CIDH
30 marzo, 2016 | Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-
El régimen nacionalista rechazó el pedido de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, (CIDH), para que el sociólogo mexicano Gustavo
Castro Soto, sobreviviente del atentado criminal que costó la vida a la
líder ambientalista e indígena Berta Cáceres, comparezca ante el
organismo internacional para declarar conforme a este femicidio.
Oscar Castro, Ivania Galeano y Edy Tabora durante la conferencia de prensa
La
solicitud fue planteada ante el juzgado de lo penal de La Esperanza,
Intibucá por abogados defensores y la misma fue denegada por dicha
instancia bajo el argumento que el pedido de la CIDH no especificaba la
obligatoriedad para que Castro asistiera a dicha comparecencia.
El
rechazo al pedido de la CIDH trascendió en una conferencia realizada
este miércoles en el Centro Loyola ubicado en la capital hondureña, en
la que participaron defensores legales del ciudadano mexicano y
personeros del Centro para la Justicia Internacional, (CEJIL).
La
disposición de la justicia hondureña marca un claro contraste entre la
presunta voluntad del régimen de Juan Hernández Alvarado, en aclarar
este crimen y las actuaciones oficiales de la administración de
justicia en este país.
El
contexto de este nuevo desafuero sucede en el marco de dos hechos, la
visita de mandos del Comando Sur de Estados Unidos realizaron a
Austraberta Cáceres, madre de Berta Cáceres; y la denuncia ante el
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de activistas de
derechos humanos del pueblo Lenca, ante las amenazas y hostigamiento de
activistas del partido nacional que pretenden apropiarse de territorios
de esta etnia nacional.
Marcia
Aguiluz, representante de CEJIL para Centroamerica y México, dijo que,
condenan esta posición del Estado de Honduras emitida a través de la
decisión de una jueza y básicamente hay un claro incumplimiento de lo
que la CIDH ha pedido, que quiere que Gustavo Castro Soto asista a las
reuniones de sesión ordinaria a celebrarse el 6 de abril en Washington.
Recordó
que Castro no está en carácter de imputado, sino que él es testigo de
un crimen y por lo tanto la detención e impedirle que salga de Honduras
limita sus derechos humanos porque le están limitando su libertad de
movilización y además le están causando violaciones adicionales a su
integridad personal porque tiene derecho a regresar a su país y a estar
con su familia.
Aguiluz
señaló que hay una serie de violaciones que se están configurando y que
más bien están agravando la situación y están generando más
responsabilidad del Estado de Honduras.
Apuntó
además que esta decisión tomada por la jueza Victorina Flores ya ha
sido comunicada a la CIDH y están a la espera de una reacción de este
organismo, pero también hizo un llamado al estado de Honduras para que
prevalezca la cordura porque no es una isla y tiene obligaciones
integracionales y no tiene justificación para mantener a Gustavo Castro
en el país.
Esta
actitud asumida podría generar una nueva demanda contra el estado de
Honduras y que derivara en una nueva sentencia que tendrá una serie de
consecuencias políticas y económicas para el país, sentenció Aguiluz.
http://criterio.hn/justicia-hondurena-niega-salida-gustavo-castro-sesion-la-cidh/
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