"No basta filosóficamente con buscar la verdad, sino que
hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir
la libertad"...La justicia consiste en devolverle a cada uno su dignidad
humana…La
paz justa es la única alternativa a la violencia (Ignacio Ellacuría).
Juan Almendares
Queridísima conciencia:
La dialéctica de la verdad histórica y la lucha por la dignidad de los
pueblos es el camino de la justicia y la libertad
La justicia no solo puede definirse con la lente de la ley,
cuando la ley responde a los intereses económicos y políticos dominantes se
transforma en el instrumento violento estructural contra la justicia social. La
ley cuando se divorcia de la justicia es la forma jurídica que expresa el poder
del capital que aplasta los derechos históricos de nuestros pueblos que se
manifiestan en mayor grado en los , indígenas , garifunas, familias campesinas
y la clase trabajadora.
En este sentido la ley es la síntesis del racismo,
clasismo y sexismo patriarcal que
tiene su origen y reproducción histórica y estructural en el viejo y nuevo colonialismo, en la
mundialización del capital trasnacional que utiliza a los operadores de la
justicia legal :jueces, fiscales como integrantes de los cuerpos represivos:
militares y policías que
estigmatizan, persiguen y violan los derechos a los defensores(as) de la verdad, libertad y derechos
humanos y ambientales.
Honduras es un país singular donde se ha concentrado el
experimento geopolítico militar, donde la reorganización de la administración de la justicia tiene
como eje fundamental la inteligencia que controla la
información vigila, controla y reprime mediante los aparatos: militares,
policiales, académicos y fundamentalistas religiosos. Es el experimento que
caracteriza a la “democracia encarcelada y a la seguridad embozada”.
El experimento no solo es de inteligencia(orejas y cámaras electrónicas);
sino también de guerra psicológica, guerra mediática, guerra económica:
desempleo masivo, cierre de empresas; fundamentalismo religioso, femicidio,
asesinatos de la diversidad sexual, de abogados , periodistas, ambientalistas,
campesinos e indígenas y defensoras (es) de los derechos humanos.
Es una guerra total contra el pueblo en una sociedad
militarizada y ocupada no solo en el sentido castrense sino ideológico y político
por la nación del Norte. Con El Salvador y Guatemala somos parte del “Plan de
Prosperidad de los Estados Unidos de America”.
El asesinato de Berta Cáceres, dirigente del COPINH a igual que
el golpe de Estado Militar no sólo
son fenómenos locales sino están
articulados al complejo militar económico transnacional del modelo extractivo
minero, represas, agrocombustibles, transgénicos y mega proyectos turísticos. Por lo tanto este crimen simboliza un mensaje de terror del sistema para los que defienden los derechos el
agua y de la Madre Tierra: Si asesinaron a la mujer galardonada con el Premio
Goldman, tenemos la capacidad de reprimir o matar a cualquier ser humano que se oponga a
este monstruoso sistema.
La justicia “legal” con injusticia social se refleja en la
detención arbitraria del educador mexicano y defensor de los derechos humanos
Gustavo Castro; quien al ser testigo y objeto de atentado de asesinato es
convertido en forma ilegal e ilegitima en victima de tortura psicológica y
tratos crueles inhumanos y degradantes violando la Constitución de Honduras y
el derecho internacional. El objetivo es silenciar a los que tienen la vocación
humanista de educar a nuestros pueblos sobre el derecho al agua y a la Madre
Tierra.
Nuestra historia es representativa de la sevicia del poder; la
verdad sobre los responsables de los desaparecidos, el asesinato de la
dirigente campesina Margarita Murillo y más de un centenar de dirigentes
campesinos ni ha sido develada porque
en la práctica la ley en Honduras sirve en su mayor dimensión para ocultar la verdad y favorecer la
impunidad.
Según el Informe Honduras 2015 del sociólogo y
defensor de los derechos humanos
Roberto Briceño: “La policía y los organismos de seguridad y justicia
por omisión o por acción fomentan la impunidad principal factor de incremento
de la violencia y los actos criminales en el país. Los informes acerca de la
frecuencia de hechos criminales coinciden en que entre el 90 y 96 por ciento de
los hechos no se investigan. La policía omite investigar las causas de los
hechos culpando con estigmas a las victimas con los cliché de “pelea de territorios” “pleito entre maras” o capturando a
cualquier acusado para justificar su aparente función eficiente”.
En cuanto a los crímenes contra los dirigentes del
COPINH: Tomas García que antecede al asesinato de Berta Cáceres y posterior al
mismo de Nelson García; así como la persecución contra dirigentes campesinos
del Aguan, del Valle de Sula y del Occidente del país son indicadores de la
impunidad e injusticia social.
Según el jurista y
epistemólogo Allan Norrie la dialéctica de la totalidad social amenaza la
lógica analítica jurídica . Las
categorías legales están separadas
del contexto y de los valores
morales.
.
Por consiguiente en Honduras las categorías de la
formalidad legal son hechos técnicos despojados de la ética. Los aspectos
sociales del crimen, los políticos e históricos y de corrupción del
sistema son llevados a la rigidez
arquitectónica y congelada de la ley para deformar la realidad y culpar a los y las que están en contra del sistema hegemónico multinacional
articulado a las oligarquía locales.
La responsabilidad de
los intelectuales y de los movimientos sociales es luchar por la justicia
social al servicio de la vida ,
los derechos humanos y de la Madre Tierra.
Lo único que tenemos
es la conciencia histórica social de la verdad, la justicia y la libertad
frente al neoliberalismo imperial del capital mundializado.
Hagamos concreta esta
realidad mediante la solidaridad nacional e internacional con los pueblos indígenas,
garifunas , las familias campesinas, pobladoras de Honduras y demandemos la
libertad del mexicano Gustavo
Castro que esta detenido arbitrariamente en Honduras.
Tegucigalpa 28 de
marzo 2016
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