Miércoles, 23 Marzo 2016 - 21:19
Written by
Dina Meza
pasosdeanimalgrande.com/
El Estado de Honduras vuelve a burlarse de los compromisos internacionales al utilizar la vieja estrategia del enredo jurídico para retener por la fuerza en el país, negándole el derecho a la libre locomoción, al periodista Julio Ernesto Alvarado, argumentando una supuesta alerta migratoria la cual no tiene sustento documental en un juzgado de San Pedro Sula, al Norte de Honduras.
Alvarado enfrenta una querella desde el año 2006 por haber prestado su programa de Tv el Noticiero Mi Nación, para que catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH denunciaran a la decana Belinda Flores, de haber cometido ilegalidades en el otorgamiento de títulos en la decanatura de Economía. Aunque un juzgado tribunal desestimó la querella la defensa de Flores se fue en apelación donde ganó una condena contra Alvarado por un año y cuatro meses de prisión, y la suspensión del ejercicio periodístico y otros derechos.
El Estado de Honduras vuelve a burlarse de los compromisos internacionales al utilizar la vieja estrategia del enredo jurídico para retener por la fuerza en el país, negándole el derecho a la libre locomoción, al periodista Julio Ernesto Alvarado, argumentando una supuesta alerta migratoria la cual no tiene sustento documental en un juzgado de San Pedro Sula, al Norte de Honduras.
Alvarado enfrenta una querella desde el año 2006 por haber prestado su programa de Tv el Noticiero Mi Nación, para que catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH denunciaran a la decana Belinda Flores, de haber cometido ilegalidades en el otorgamiento de títulos en la decanatura de Economía. Aunque un juzgado tribunal desestimó la querella la defensa de Flores se fue en apelación donde ganó una condena contra Alvarado por un año y cuatro meses de prisión, y la suspensión del ejercicio periodístico y otros derechos.
La denuncia se presentó ante la CIDH y se solicitó medidas cautelares, estas últimas fueron otorgadas el 05 de noviembre de 2014 y demandaban del Estado de Honduras la suspensión de la sentencia mientras la CIDH procediera a decidir sobre la admisibilidad del caso, lo cual aún está en espera.
Al estado le llevó más de un año implementar esa medida cautelar porque se resistía a hacerlo, llegando al extremo de suspender de la profesión a Alvarado el 29 de octubre de 2015 y retractarse de esa acción por la presión que se ejerció hasta el 11 de diciembre de ese mismo año.
Una artimaña diabólica
El 21 de octubre de 2015 se realizó una reunión de trabajo ante la CIDH con los representantes y peticionarias de Julio Ernesto Alvarado, a la misma debía ir el periodista, pero cuando intentó salir del país lo detuvieron en el aeropuerto manifestándole que tenía una alerta migratoria que databa desde el año 1986. El argumento es que otra persona usaba su pasaporte y había cometido ilegalidades, entre ellas homicidio. En concreto después de dilatorias en la Dirección de Migración y violentando la petición de la CIDH a los Estados de que no obstaculicen la presencia de las víctimas ante esta instancia, al comunicador social no se le dejó salir de Honduras.
Para verificar el sustento de esta artimaña diabólica, la abogada Kenia Oliva, de la Iniciativa Periodismo y Democracia y representante legal de Alvarado , se dio a la tarea de investigar el sustento de la supuesta alerta migratoria pero no tiene ninguno. Debería haber un expediente con un caso, pero no existe y la Jueza a cargo ha dicho que no firma una constancia para que Migración proceda a desactivar la alerta, hasta que aparezca el expediente.
Las actuaciones carecen de lógica y en especial violentan el acceso a la justicia de Alvarado y evitó que otra vez saliera del país a un viaje que tenía programado para finales de marzo.
País por cárcel
Esta reiterada violación a la libre locomoción del periodista, lo que obligó a las peticionarias ante la CIDH a presentar la denuncia, que en uno de sus párrafos señala:
El señor JULIO ERNESTO ALVARADO, se encuentra en una grave inseguridad jurídica, pero también ante una denegación de justicia, puesto que ha solicitado a la autoridad judicial que le informe sobre la situación de la alerta migratoria pero no ha recibido respuesta alguna y lo más grave son los argumentos del Juzgado que emitió la orden, que al no existir un expediente en su contra no pueden eliminar dicha alerta, y por otro lado las autoridades Migratorias, argumentan que sin una orden judicial que indique que se debe de desactivar la orden migratoria, esta seguirá vigente, en tanto Julio Ernesto Alvarado, no puede salir del país.
Aunque en la actualidad el periodista en mención no está suspendido de la profesión ni la parte acusadora logró ponerlo tras las rejas, en realidad el Estado de Honduras hace caso omiso a la medida cautelar y lo tiene preso prácticamente país por cárcel pues no puede salir de las fronteras patrias.
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/monitoreo-de-compromisos-internacionales/item/1288-estado-menosprecia-compromisos-internacionales-pais-por-carcel-tiene-ahora-el-periodista-julio-ernesto-alvarado
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Recomendaciones aceptadas por Honduras en el Examen Periódico Universal, EPU, en relación a la libertad de expresión
Jueves, 07 Enero 2016 12:00 Written by Dina Meza Published in Monitoreo de compromisos internacionales Read 302 times
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,ONU, llevó a
cabo el Examen Periódico Universal, EPU, al Estado de Honduras el 08 de
mayo de 2015 y de donde se desprendieron unas 152 recomendaciones en
las diferentes áreas de derechos humanos, en relación a la libertad de
expresión las Recomendaciones aceptadas fueron:
Adoptar todas las medidas necesarias, incluso mediante la realización de una reforma de la
legislación que regula el sector de las telecomunicaciones y garantizar el acceso a la información
pública, para garantizar la libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho de reunión
pacífica.
Continúa la búsqueda de la promoción de los derechos humanos, en particular a través de la
consolidación de las instituciones democráticas, la libertad de expresión, la protección de las
mujeres, y la asistencia a los pueblos indígenas y afro-hondureños.
Adoptar medidas para poner fin a las amenazas y el hostigamiento de defensores de derechos
humanos, periodistas y jueces, de acuerdo con la declaración de la Asamblea General sobre los
defensores de derechos humanos, tales como el establecimiento de un mecanismo para la aplicación
efectiva de las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de 1998 de Derechos
Humanos.
Aumentar los esfuerzos para proteger a los periodistas.
Tomar las medidas necesarias para mejorar la seguridad de los periodistas y defensores de los
derechos humanos, y llevar a cabo investigaciones independientes y creíbles de los asesinatos de
siete periodistas y amenazas contra varios otros que se produjeron en 2010, y llevar ante la justicia a
los autores de esos actos condenables.
Proporcionar suficientes recursos financieros y humanos para el nuevo Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos y la Oficina del Fiscal Especial de Derechos Humanos, para que puedan
realizar su función de prevenir y efectiva investigación de los casos de violaciones de los derechos
humanos, en particular los cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos
Continuar reforzando los recursos de investigación y enjuiciamiento a fin de llevar a cabo
investigaciones prontas, transparentes, creíbles y efectivas de los asesinatos de periodistas desde
marzo de 2010, y enjuiciar efectivamente a los responsables de estos crímenes.
Continuar para investigar los casos de violencia contra los periodistas y enjuiciar efectivamente a
los responsables de tales actos.
Continuar las investigaciones sobre los asesinatos de periodistas, activistas de derechos humanos y
de la oposición.
Intensificar los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes
recientemente denunciados cometidos contra periodistas.
Mejorar su capacidad de investigación para resolver los casos de mujeres asesinadas, periodistas y
defensores de los derechos humanos, y llevar ante la justicia a los responsables.
Aplicar plenamente la ley de transparencia y acceso a la información pública.
Continuar para proteger, a través de actos jurídicos y administrativos, la libertad de expresión y la
libertad de prensa, así como el acceso a la información.
Tomar todas las medidas necesarias para proteger la libertad de expresión, incluso asegurando que
los periodistas y miembros de la oposición política son capaces de expresar sus opiniones sin miedo
a la intimidación, y por investigar y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia dirigida
a los periodistas.
Llevar a cabo una política de prevención activa contra la violencia y los actos de intimidación
contra medios de comunicación y miembros de la oposición política, y dar a los mecanismos
establecidos los recursos y medios necesarios para cumplir su mandato en el ámbito de la
protección de los derechos humanos.
Adoptar medidas eficaces para garantizar el derecho a la vida y a la integridad física de los
periodistas hondureños, así como el ejercicio de la libertad de expresión, de adoptar todas las
medidas posibles para llevar a cabo investigaciones con el fin de acabar con la impunidad por el
asesinato de periodistas.
Adoptar medidas urgentes para hacer frente a la creciente vulnerabilidad de los periodistas que
trabajan en el país, incluso en el plano jurídico - ver delitos de prensa - y protegiéndolos de la
represión y la impunidad.
Garantizar la libertad de expresión, de conformidad con las obligaciones en virtud del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular en relación con los periodistas,
activistas de derechos humanos y miembros de la oposición.
Restablecer plenamente la libertad de los medios de comunicación, protegiéndolos de cualquier
acoso o intimidación, de conformidad con sus obligaciones internacionales.
Asegúrese de que los periodistas, formadores de opinión, miembros de la oposición y defensores de
derechos humanos puedan expresar sus críticas y opiniones libremente y en paz, y poner fin a los
actos de hostigamiento contra los opositores al golpe de Estado y en contra de los jueces, en vista de
la separación de poderes.
Garantizar la libertad de expresión, en particular mediante la lucha contra los ataques contra
periodistas y garantizar que los periodistas, formadores de opinión y miembros de la oposición
política son libres de expresar sus puntos de vista.
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ACERCA DEL EPULea este importante documento de Brigadas Internacionales de Paz-Misión Honduras
HONDURAS Examen Periódico Universal 2015-Briefing sobre la situación de las personas defensoras febrero 2015. Ver Aquí
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/monitoreo-de-compromisos-internacionales/item/1166-recomendaciones-aceptadas-por-honduras-en-el-examen-periodico-universal-epu-en-relacion-a-la-libertad-de-expresion
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