Proceso Digital Miércoles, 23 Marzo 2016 - 11:55
Autor del artículo:
Tomado de Insight Crime
Redacción -
Un reciente informe llama la atención sobre la crítica problemática al
interior de las cárceles de Honduras, donde la prevalencia de la
violencia pandillera y las deplorables condiciones indican que el
sistema penal no hace nada por rehabilitar a los delincuentes.
Después
de una visita a Honduras en diciembre de 2014, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados
Americanos (OEA), encontró que los detenidos a menudo ejercen más poder
que el personal de las prisiones. La CIDH también encontró casos de
hombres y mujeres que comparten celdas y armas militares durante los
disturbios.
El consiguiente informe, titulado "Situación de derechos humanos en Honduras" (pdf), llama la atención sobre las graves deficiencias y las desacertadas iniciativas del sistema penitenciario de Honduras.
La población carcelaria aumentó 25% en 3 años
En
noviembre de 2014, a las cárceles de Honduras llegaron 14,805
detenidos, lo que representa un incremento del 25 por ciento desde el
2012. Esto llama la atención especialmente, dado que la población
penitenciaria de Honduras fue relativamente estable en la década entre
2002 a 2012, según señala el informe. La gran mayoría de los reclusos
son hombres: sólo el 4,5 por ciento de la población penitenciaria de
Honduras son mujeres.
En
general, el sistema penitenciario es incapaz de albergar a este número
de internos, dado que las 25 cárceles del país en la actualidad sólo
tienen aproximadamente 10,500 cupos. Un 11 por ciento de la población
carcelaria duerme en el piso.
Otro
aumento significativo está relacionado con el número de personas
recluidas en prisión preventiva. Mientras que en 2012 la proporción de
presos que estaban en espera de juicio era del 48 por ciento, para 2014
era del 54 por ciento, es decir, más de 8,000 personas. La CIDH señaló
que había fallas en la separación de los condenados por algún delito de
aquellos aún en espera de juicio.
La anarquía y el uso de AK-47
Dado
que las autoridades son incapaces de ejercer suficiente control en las
cárceles hondureñas, la violencia sigue siendo rampante. El informe
indicó que entre 2006 y 2012 se presentaron unas 641 muertes violentas
en las cárceles del país, lo que significa un promedio de 92 personas
por año.
La
violencia en las prisiones incluye desde "homicidios con armas de fuego
y ataques entre grupos de internos con explosivos y armas de guerra”,
dice el informe.
Por
ejemplo, un tiroteo en la cárcel de San Pedro Sula el 11 de marzo de
2014 dejó como resultado tres reclusos muertos y más de 30 heridos,
incluyendo ocho miembros de la policía militar. Tras el tiroteo, las
autoridades decomisaron "armas de fuego de grueso calibre, incluso
fusiles de asalto AK-47, chalecos a prueba de balas, drogas y licor,
teléfonos celulares, y otros objetos ilícitos".
Este
tipo de violencia está estrechamente relacionada con lo que la CIDH
considera una "deficiencia estructural" en las cárceles de Honduras: o
el hecho de que los internos manden.
En
Honduras, el 85 por ciento de las cárceles "se rigen por sistemas de
'autogobierno' o 'gobierno compartido' descontrolados, en los cuales son
determinados reclusos denominados 'coordinadores' los que ejercen el
control interno y dirigen actividades esenciales para la vida de la
generalidad de la población reclusa sin control o criterios decididos
por parte de la administración penitenciaria".
Durante
su visita a la prisión de San Pedro Sula, la CIDH dijo que a su
delegación sólo se le permitió ingresar a ciertas áreas con el permiso
del "coordinador general" de la penitenciaría.
Fuerzas de seguridad: militarización y tortura
Las
cárceles de Honduras siguen siendo controladas por los "coordinadores",
a pesar de que la seguridad en las cárceles se ha vuelto más
militarizada. La delegación de la CIDH observó que las tropas del
ejército estaban siendo utilizadas para tareas de seguridad en las
prisiones, incluyendo los centros de detención juvenil.
Según
los informes, altos oficiales militares están asumiendo cargos
directivos en las prisiones, y muchos de los directores de las cárceles
más grandes son miembros de las fuerzas armadas, a pesar de que ello
viola la ley del sistema nacional de prisiones.
Las
fuerzas de seguridad también son acusadas de torturar y maltratar a los
prisioneros. Según información del Centro de Prevención, Tratamiento y
Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), entre diciembre de
2013 y diciembre de 2014, seis de cada 10 reclusos fueron presuntamente
sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante
su detención en algunas ciudades. La fuerza nacional contra la extorsión
fue presuntamente la responsable de los casos más graves de tortura.
Sin
embargo, de los 253 informes de tortura presentados ante la defensoría
de los derechos humanos entre 2009 y 2014, sólo el 15 por ciento
llegaron a acusaciones.
Mujeres, población LGBT y menores en riesgo
El
informe llama la atención sobre los riesgos a los que se ven expuestos
los hombres y mujeres que conviven en algunas de las instalaciones. Al
visitar una cárcel de San Pedro Sula, la CIDH encontró que, aunque había
un pabellón específico para las reclusas, en otro pabellón había 26
mujeres con 300 hombres, y en otro había una mujer con 54 hombres.
Los llamados “coordinadores” fueron los encargados de la mezcla de géneros en la prisión.
Esta
situación parece haber afectado más a los presos de la población LGBT
en San Pedro Sula, donde son más vulnerables dada "su resistencia a
participar en la dinámica de sumisión y control ejercida por los
presos". Los reclusos LGBT son recluidos por separado o con los presos
con discapacidades mentales, y padecen violencia física y sexual por
parte de los demás internos.
La
CIDH informó además que los jóvenes reclusos en los centros de
detención juvenil carecen de actividades educativas o de atención
médica, y sólo se les permite una hora y media de recreación al aire
libre por semana. En un centro visitado por la CIDH, gran parte de las
instalaciones todavía no se han recuperado de un violento motín en 2012.
Análisis de InSight Crime
El
excesivo uso de la prisión preventiva ha contribuido claramente al caos
y la disfunción en el sistema penitenciario de Honduras. Así ha sido
desde 2009, cuando una reforma penal limitó las opciones diferentes a
las penas de prisión para los presuntos criminales. Junto con las
políticas de “mano dura”, mediante las cuales muchos sospechosos fueron
detenidos con base en escasas evidencias de "asociación" con las
pandillas, ello ha contribuido a saturar las cárceles del país.
De
esa manera, no sólo se ha puesto un gran número de civiles no
condenados en condiciones potencialmente mortales, sino que además ello
puede permitir la formación de grupos criminales organizados, según la
abogada Linda Rivera, diputada del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos (CONADEH). Estas pandillas luchan entre sí por el control de las
prisiones y de sus economías ilegales, por ejemplo, "cobrándoles a los
presos por ocupar espacios privilegiados... [con la] complicidad de los
guardias".
Este
clima violento ha hecho que las cárceles se conviertan en los lugares
más peligrosos de Honduras, con una tasa de mortalidad promedio de 780
por cada 100.000 detenidos entre 2004 y 2014.
Una
cuestión especialmente preocupante es la que se refiere a los centros
de detención juvenil, donde según informes recientes hay un violento
control por parte de las pandillas, lo que incluye asesinatos y
desmembraciones. Las condiciones inhumanas y la falta de rehabilitación
de los jóvenes problemáticos han creado un ambiente que es quizás
incluso más hostil que el de las calles de Honduras. De hecho, la mayor
parte de los casos de violencia entre pandillas ocurre en centros de
detención juvenil más que en las cárceles de adultos, según Rivera.
Las
autoridades penitenciarias han tratado de mantener estos conflictos
bajo control al dividir las pandillas en instalaciones o pabellones
independientes, pero este método conlleva el riesgo de permitir que las
pandillas consoliden su poder en las prisiones. En cambio, el informe de
la CIDH ofrece soluciones alternativas, al sugerir que los detenidos
organicen sus propios grupos culturales, deportivos o religiosos, en
lugar de conformar asociaciones basadas en las pandillas.
La
corrupción entre los empleados de las prisiones ha aumentado a medida
que el sistema penal se ha saturado cada vez más y ha sido incapaz de
controlar a sus empleados. Rivera le dijo a InSight Crime que el
personal de las prisiones, así como los oficiales militares que fueron
llevados para poner orden en el sistema, a menudo son ineptos,
inexpertos y propensos a las malas conductas. A cambio de regalos y
grandes sumas de dinero, los funcionarios permiten que continúe el flujo
de contrabando y les proporcionan armas de uso militar a los internos.
Los
diversos intentos que ha realizado Honduras para reparar su tambaleante
sistema penitenciario han tenido poco éxito. En primer lugar, la
militarización generalizada no ha logrado llevar la seguridad a las
cárceles. Por el contrario, la falta de entrenamiento profesional de los
militares puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.
En
segundo lugar, el Estado ha tratado de aumentar la capacidad de las
prisiones mediante la construcción de las polémicas megaprisiones, una
de las cuales se inauguró a principios de 2015 en el municipio de El
Porvenir, y que puede albergar hasta 2.000 presos. Sin embargo, el
informe de la CIDH encontró que estas megaprisiones pueden ser difíciles
de administrar.
"Los
centros penitenciarios más pequeños tienden a ser menos violentos, más
seguros y menos susceptibles a ser controlados por grupos criminales;
contribuyen de una manera más integral a la rehabilitación y, por lo
tanto, a disminuir la reincidencia; además, pueden reducir los costos.",
señala el informe de la CIDH.
Podría
decirse que la sola construcción de más prisiones son sólo pañitos de
agua tibia. Como señala el informe, una medida más efectiva consistiría
en promover estrategias de prevención del crimen, fortalecimiento del
sistema de justicia y control del excesivo uso de la prisión preventiva.
Sin
este tipo de iniciativas, y mientras Honduras continúe reforzando sus
enfoques de mano dura, las cárceles del país seguirán siendo caldo de
cultivo de grupos criminales más organizados y peligrosos.
http://www.proceso.hn/actualidad/item/121168-carceles-de-honduras-ponen-en-riesgo-a-presos-y-generan-violencia-pandillera-oea.html
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En camino propuesta de Ley para la prevenir la tortura en Honduras
Escrito por Redacción | Marzo 21 del 2016
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de
la Tortura y sus Familiares (CPTRT), socializa la “Propuesta de
Política De Prevención de Tortura Y TCID” que consiste en un documento
que contiene una iniciativa de ley para la protección de cada hondureño y
hondureña.
La
abogaba Jenny Almendarez, consultora y asesora del CPTRT manifestó
que actualmente esta institución lleva 30 casos de personas que han
sufrido tortura y violación de sus derechos.
Agregó
que muchas personas no denuncian cuando ocurre un acto que atenta a
sus derechos humanos, los objetivos principales de esta iniciativa es
la prevención, apoyo a las víctimas, y así mismo crear la cultura de la
denuncia.
Este
proyecto será presentado ante la Secretaria de Derechos Humanos
Justicia Gobernabilidad y Descentralización y posteriormente ante el
consejo de ministros para que se convierta en una ley de protección,
reparación y rehabilitación para las víctimas de tortura.
La
propuesta consta de cuatro capítulos que exponen una metodología para
determinar los daños, perjuicios, tratamiento psicológicos y económico
que debe recibir una persona víctima de tortura, de esta manera se
utilizarán mecanismos y canales adecuados para determinar y hacer
justicia en Honduras, en base a fundamentos jurídicos establecidos que
protegen y velan por los derechos Humanos.
http://conexihon.hn/site/noticia/derechos-humanos/derechos-humanos/en-camino-propuesta-de-ley-para-la-prevenir-la-tortura-en
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