Redacción Central / EL LIBERTADOR / 19 Enero,2016.
Tegucigalpa. El
juez Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, ahora entre los 45 candidatos a la
más alta magistratura del Poder Judicial en Honduras fue un destacado
violador de la libertad de prensa y de expresión durante el golpe de
Estado. Entre otras acciones de evidente abuso de autoridad, amenazó en
2009 con encarcelar al director del periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José
Lagos Henríquez, por la consulta al soberano de si quería o no una
nueva Constitución de la República.
Zelaya
Zaldaña, quien ha fungido como juez del Tribunal Contencioso
Administrativo, fue el responsable de amenazar a Lagos Henríquez y al
equipo de periodistas de este periódico, que los mandaría a la cárcel,
ya que promovieron la consulta popular, más conocido como la “Cuarta
urna”, que desembocó el 28 de junio de 2009 en un cruento golpe de
Estado contra el presidente Manuel Zelaya.
El
juez Zaldaña –reconocido activista del golpe de Estado– al prohibir el
derecho de opinión a la ciudadanía hondureña violentó el artículo 2 de
la Carta Magna que ordena: “La Soberanía corresponde al pueblo del cual
emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.
La soberanía del pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a
través del plebiscito y el referendo. La suplantación de la soberanía
popular y la usurpación de los poderes constituidos s tipifican como
delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es
imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier
ciudadano.
Aun
pisoteando el imperio soberano del pueblo hondureño y las convenciones
internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión, Zelaya
pretende que los diputados en el Congreso Nacional lo nombren alto juez
de la próxima Corte Suprema de Justicia hondureña; de hecho, fue
propuesto por el Poder Judicial para concursar como candidato a
magistrado por su incondicional y reconocida filiación nacionalista.
El
18 de junio de 2009, el activista del golpe militar, por petición del
exfiscal General, Luis Rubí – quien renunció en 2013 por incompetente al
no contribuir a reducir la mora judicial – envió la “Denuncia Judicial”
para que EL LIBERTADOR desistiera de promover la consulta popular y, de
no acatarla, el Director Lagos seria confinado de tres a seis años de
prisión mas una multa monetaria que sería establecida por el juez
Zaldaña. EL LIBERTADOR, ante semejante arbitrariedad, asumió el derecho a
desafiar el despotismo de la autoridad golpista.
La
amenaza de Zaldaña contribuyó al secuestro, tortura y persecución
contra periodistas y personal administrativo de EL LIBERTADOR, quienes
presentaron denuncias ante organismos defensores de la vida por el acoso
que padecieron por los cuerpos de seguridad y bandas paramilitares
afines al régimen dictatorial del transportista Roberto Micheletti,
quien buscó las vías legales para encarcelar a Lagos por denunciar las
atrocidades cometidas durante siete meses de dictadura.
Organizaciones
defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras certifican que
en el contexto del golpe de Estado se registraron alrededor de cinco mil
ataques graves contra personas, más de 200 crímenes cometidos durante
los toques de queda perpetrados por policías, militares y cuerpos
paramilitares. Asimismo, se reporta la violación sexual de 54 mujeres
durante las movilizaciones populares contra el régimen, más de 100
amenazas de muerte contra dirigentes gremiales opuestos al golpe y el
encarcelamiento de 114 opositores políticos.
También
se registró la detención ilegal de unas 3,033 personas; alrededor de
464 en Alauca, El Paraíso, zona oriental de Honduras, fueron detenidos
sin orden judicial por fuerzas policiales y militares. Se reportaron
alrededor de 53 ataques contra la libertad de expresión, fueron
documentados unos 27 cierres de medios de comunicación y 26 agresiones a
periodistas.
El
golpe convirtió a Honduras hasta hoy y por varias generaciones más en
una nación en permanente crisis sistémica e ingobernable. Un hecho que
oficialmente acepta los efectos caóticos de la ruptura del orden
constitucional ha sido la firma del gobierno y la OEA de la Misión de
Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).- La
pérdida del Estado ha ubicado al país como el más violenta del planeta.
Desde junio de 2009 hasta 2015, unas 55,480 personas fueron asesinadas y
la mayoría de crímenes siguen en impunidad, entre estos datos, fueron
liquidados más de 50 periodistas desde el golpe de Estado hasta la
fecha. Con esta brevísima historia, Zaldaña no tiene altura moral para
siquiera postularse a magistrado.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/958-juez-violador-de-derechos-humanos-aspira-a-magistrado-en-honduras
DATOS RELEVANTES SOBRE CANDIDATOS A MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
DATOS RELEVANTES SOBRE CANDIDATOS A MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS
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Felicitan a EL LIBERTADOR por investigación de candidatos a magistrados
Miembros
de la Junta Nominadora han felicitado a EL LIBERTADOR por haber
contribuido en la denuncia de candidatos a magistrados con fuertes
cuestionamientos de presunta corrupción o irregularidades en el
ejercicio de la abogacía.
Los
aportes hechos por este periódico facilitaron a depurar el listado de
aspirantes, ya que algunos eran parientes o tienen vínculos familiares
con miembros de la Junta que cesó sus funciones este 19 de enero.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa.
Después que fuera revelado el listado de los 45 candidatos a
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, este periódico
comprobó que de la lista preliminar de 97 candidatos, la Junta
Nominadora eliminó de la contienda a aquellos que EL LIBERTADOR denunció
por tener vínculos de parentesco, y otros por irregularidades
cometidas en el ejercicio de la abogacía.
En
la edición impresa de diciembre de 2015, EL LIBERTADOR alertó que
Felipe Artuto Morales Cárcamo y Roxana Lizeth Morales Toro, estaban
unidos por lazos de consanguinidad entre sí y también con la
desprestigiada expresidenta del Poder Judicial, Vilma Cecilia Morales
Montalván.
Roxana
Lizeth Morales también es pariente política de Linda Lizzy Rivera, que
hasta hoy fue la Suplente del Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh)
en la Junta Nominadora.
También
fue eliminado Carlos Roberto Ortega Medina, el "niño bonito" de Morales
Montalván y que ha seguido sus pasos en la CSJ, CNBS y el IHSS.
AGRADECEN A EL LIBERTADOR
Al
conocer estos hallazgos un miembro de la Junta Nominadora agradeció a
este periódico la información que aseguraba desconocer.
Sin
embargo, la liberal María Fernanda Castro Mendoza, cuñada del suplente
de las universidades, Carlos Izaguirre, logró colarse entre los 45.
FUERA CUESTIONADOS
Bajo
el subtítulo: "Avanti" ¡Notarios Peligrosos!, de la edición 134, de
diciembre de 2015, denunciamos a cuatro aspirantes cuestionados, unos
por su conducta irregular y otros por fuertes acusaciones por delitos
cometidos en el ejercicio profesional. Todos fueron descartados por la
Junta Nominadora.
Una
de las cuestionadas es Yolany Isabel Cámbar, nacionalista y esposa de
Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en
el periodo 2010-2012 y responsable directo del despilfarro de 41
millones de lempiras provenientes de los fondos de los agremiados al
CAH.
También
fue eliminada Norma Iris Coto –de filiación nacionalista–, magistrada
de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, norte de Honduras, ya que
tiene abierto un antejuicio en su contra por los delitos de tráfico de
influencias y abuso de autoridad.
Celino
Arístides Aguilera Amador (liberal), fue descartado de la lista final y
es suplente del Consejo de la Judicatura; tiene fuertes acusaciones por
delitos de abuso de autoridad y tráfico de influemcias cuando fungía
como juez en La Ceiba y Roatán (caribe hondureño).
Asimismo
fue eliminado del proceso el liberal Humberto Domínguez Aguiluz,
secretario de la Junta Directiva del CAH y que había sido suspendido del
ejercicio del notariado en 2013 por tres meses.
http://www.web.ellibertador.hn/index.php/justicia/959-felicitan-a-el-libertador-por-investigacion-de-candidatos-a-magistrados
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