Honduras acepta su responsabilidad en el asesinato del ambientalista Carlos Escaleras

 Escrito por Redacción | Agosto 27 del 2015         Secciones: Derechos Humanos

San José, Costa Rica (Conexihon).- Honduras se comprometió a cumplir con las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del ambientalista Carlos Escaleras Mejía y sus familiares. 

 

Ante la familia Escaleras y abogados del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), representantes de la víctima, se firmó ayer el acuerdo de cumplimiento.

En julio de 2014 la CIDH estableció la responsabilidad de Honduras por la violación del  derecho a la vida, a la libertad de asociación y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Escaleras; así como la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de su madre, esposa, hijos y hermanos. En consecuencia, la Comisión Interamericana recomendó al Estado reparar dichas violaciones de derechos humanos, así como reivindicar la labor de Carlos Escaleras.

Para cumplir con las recomendaciones de la CIDH el Estado se comprometió a elaborar y difundir - por cadena nacional de radio y televisión - un documental sobre la problemática ambiental en Honduras y la labor de Carlos Escaleras como activista. Además, el Estado cambiará el nombre del “Parque Nacional Montaña de Botaderos” por el de “Carlos Escaleras Mejía” y remodelará la Plaza del Centro de Tocoa la cual pasará a llamarse “Plaza Carlos Alfonso Escaleras Mejía”, debiendo colocar en ella un busto en su honor. Para inaugurar la remodelación de la Plaza se hará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que contará con la presencia de las más altas autoridades estatales.

De igual forma, la CIDH estableció que el Estado debe efectuar una investigación judicial para establecer las circunstancias en que resultó muerto Carlos Escaleras y ejecutar las medidas disciplinarias o penales frente a los funcionarios que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos. 

Reducir el riesgo de defensores

Asimismo se ordenó al Estado adoptar medidas para reducir el riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo ambientalistas y ecologistas, elaborando protocolos de investigación que permitan combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores.

Al respecto, Honduras se comprometió a continuar con las investigaciones sobre el caso y aprobar un protocolo de investigación para los crímenes en contra de defensores y defensoras de derechos humanos. Además, el Estado permitirá la participación efectiva de los defensores y defensoras de derechos humanos y la sociedad civil en el diseño y adopción de todos los reglamentos y protocolos que se desarrollen para la implementación de la “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, recientemente aprobada.

CEJIL y el ERIC instan al Estado de Honduras a cumplir cada uno de los compromisos que de buena fe ha asumido con el fin de reparar las violaciones cometidas contra Carlos Escaleras y su familia. El cumplimiento de dichas obligaciones permitirá corroborar si existe un verdadero compromiso de las autoridades con el derecho internacional y con la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en el país.

Las partes acordaron que la CIDH evaluará en doce meses el acatamiento de todo lo establecido en el acuerdo, momento en que el Estado, CEJIL y el ERIC-SJ deberán presentar información sobre el cumplimiento de cada uno de los compromisos. La Comisión evaluará dicha documentación y determinará –eventualmente- el envío del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carlos Escaleras Mejía fue un destacado defensor del derecho al medio ambiente en las comunidades del Aguán. Fue asesinado el 18 de octubre de 1997.

  

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