Escrito por Redacción | Julio 16 del 2015 Secciones: Libertad de Expresión
Washington, D.C. –
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la
sucesión de asesinatos a periodistas y comunicadores en Honduras e
insta al Estado a que investigue exhaustivamente bajo la hipótesis de
que estos crímenes estuvieron motivados por el ejercicio de la actividad
periodística.
De acuerdo a la
información disponible, ocho comunicadores fueron asesinados en el
correr del presente año: los periodistas Carlos Fernández, del Canal 27
de Roatán, y Juan Carlos Cruz Andara, del canal Teleport de Puerto
Cortés, el comunicador Artemio Deras Orellana, de la radio 94.1 La Voz
de los Profetas de Lempira, el locutor Franklin Johan Dubón, de Radio
Sulaco de Yoro, el operador Erick Arriaga, de Radio Globo de
Tegucigalpa, los camarógrafos Deibi Adalí Rodríguez, del canal 13
Telemás de Copán, y Cristel Joctán López Bermúdez, del Canal 12 de
Comayagüela, y el empresario Aquiles Torres Alvarenga, propietario del
canal 67 Taulavisión de Comayagua. También fue asesinado Jacobo Montoya
Ramírez, hermano de dos periodistas de San Pedro Sula, en circunstancias
que podrían estar vinculadas con la actividad laboral de sus
familiares.
Esta serie de asesinatos
podría formar parte de una situación de ataque a la prensa que se ha
registrado en Honduras desde 2009.
Aún
no es posible afirmar si los crímenes tienen una conexión con el
trabajo de estas personas como periodistas y comunicadores sociales.
Para la Relatoría Especial es fundamental que el Estado hondureño
investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que
afectan a toda la sociedad hondureña y esclarezca sus móviles, y
determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad
periodística y la libertad de expresión. Las autoridades no deben
descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o
agresión antes de que se complete la investigación.
Al
respecto, Frank la Rue, ex Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión,
recomendó al Estado de Honduras en el marco de una visita oficial
realizada en 2012 que “todo caso de violencia contra periodistas, así
como contra defensores de derechos humanos, debe presumirse inicialmente
como producto de su profesión o actividades hasta que la investigación
pueda demostrar lo contrario”[1].
La
Relatoría Especial insiste en la necesidad de crear cuerpos y
protocolos especiales de investigación, así como implementar los
mecanismos de protección consagrados en la ley de Protección de
Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y
Operadores de Justicia, destinados a garantizar la integridad de quienes
se encuentran amenazados por el ejercicio de su actividad periodística.
Tras
la visita in loco a Honduras realizada en diciembre de 2014, la CIDH
reiteró que “es imprescindible que el Estado de Honduras adelante, de
manera urgente, investigaciones que conduzcan a esclarecer las muertes
de campesinos, personas privadas de libertad, defensores y defensoras de
derechos humanos, periodistas y comunicadores, mujeres, personas LGBT, y
a enjuiciar y condenar a las personas responsables de los mismos. El
mantenimiento de la impunidad no sólo constituye una denegación de
justicia para los familiares de las víctimas sino que envía un mensaje
social de que la violencia contra estas personas es tolerada por el
Estado”.
El principio 9 de la
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala:
“[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores
sociales, así como la destrucción material de los medios de
comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las
víctimas una reparación adecuada”.
La
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de
estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la
consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
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